Sumario

Artículos

El valle de Soba (Cantabria): vecinos, concejos 9

y ayuntamiento a fines del siglo xviii

María Concepción Gavira Márquez

Estrategias femeninas ante el incumplimiento 47

a la palabra de matrimonio

José Gustavo González Flores

Ma. Isabel Marín Tello

La secularización del convento franciscano 69

de Tzintzuntzan. Resistencia de un pueblo

José Manuel Martínez Aguilar

Historiografía sobre los ministros del 92

Supremo Tribunal de Justicia de Ario

Moisés Guzmán Pérez

Comer, dormir y divertirse en el camino 116

de Tehuantepec entre 1858 y 1860

Ana Rosa Suárez Argüello

El nacimiento de la Escuela de Enfermería 139

en la ciudad de México (1888-1911)

Josefina Torres Galán

José Sanfilippo y Borrás

¿Cómo se tomó la decisión de suspender 165

el culto en México en 1926?
Jean Meyer

El México callista y la Italia fascista, sus relaciones 195

Rogelio Josué Ramos Torres

Las relaciones entre México y el Tercer Reich, 1933-1941 223

Daniela Gleizer

La revolución mexicana en los cines de Roma 259

de la posguerra, 1950-1973

Bernd Hausberger

Francisco Franco y Fulgencio Batista: 296

complicidad de dos dictadores en el poder (1952-1958)

Katia Figueredo Cabrera

Entrevistas

Cuando las negras de Chambacú se querían 329

parecer a María Félix. La época de oro del cine

mexicano y su influencia en el público de Cartagena

de Indias, Colombia. Entrevista a Ricardo Chica Geliz

Boris Caballero Escorcia

Rocío Castellanos Rueda

Reseñas

Sobre Hauserberger, Bernd, y Antonio Ibarra 353

(Coordinadores), Oro y plata en los inicios de la economía

global: de las minas a la moneda, México, Centro de Estudios

Históricos de El Colegio de México, 2014, 349 pp.

Yeniffer Alexandra Camargo Padilla

Sobre el Diario de Ángel Calderón de la Barca. 358

Primer Ministro de España en México, edición y estudio

introductorio de Miguel Soto, México, Dirección del Acervo

Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones

Exteriores-Clements Center for Southwest Studies,

Southern Methodist University, 2014, 344 pp.

Eduardo Flores Clair

Sobre Olivar, José Alberto, Automovilismo, vialidad 363

y modernización. Una aproximación a la historia de las vías

de comunicación en Venezuela durante la primera mitad

del siglo xx, Caracas, Academia Nacional de la

Historia-Fundación Bancaribe, 2014, 170 pp.

Luis Fernando Castillo Herrera

Sobre Zavala, Ana, Mi clase de historia bajo la lupa. 368

Por un abordaje clínico de la práctica de la enseñanza

de la historia, Montevideo, Trilce, 2012, 120 pp.

Dení Trejo

Sobre Marcano Salazar, Luis Manuel, Salcedo Bastardo. 373

Su concepto de historia, estudio biográfico-historiográfico,

Caracas, Editorial Latinoamericana de Ciencias Jurídicas, 2014, 109 pp.

Mercedes Sosa Rodríguez

Sobre Butler, Matthew, Devoción y disidencia. 377

Religión popular, identidad política y rebelión cristera

en Michoacán, 1927-1929, México, El Colegio de Michoacán-Fideicomiso “Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor”, 2013, 382 pp.

Eduardo Mijangos

Sobre Sánchez, María Eugenia, y Delia Salazar, 383

(Coordinadoras), Los niños. El hogar y la calle, México,

Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2013,

(Colección Científica), 365 pp.

Rogelio Jiménez Marce

Sobre Aguilar Cortés, Marco Antonio, y José Herrera Peña 389

(Coordinadores), Sentimientos de la Nación. 14 de septiembre

de 1813-14 de septiembre de 2013, Morelia, Secretaría de Cultura

del Gobierno del Estado de Michoacán, 2013, 293 pp.

Moisés Guzmán Pérez

Sobre Gámez, Moisés, Cohesión, movilizaciones y tenacidad. 396

Trabajadores y empresas en la minería y la metalurgia potosina,

1880-1926, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2014, 260 pp.

José Alfredo Uribe Salas

Investigación en el Instituto 405

Publicidad 411

Artículos

El valle de Soba (Cantabria): vecinos, concejos

y ayuntamiento a fines del siglo xviii

María Concepción Gavira Márquez

Resumen

Este trabajo pretende reconstruir y explicar las instituciones municipales en un valle montañés, el valle de Soba (Cantabria), situado al norte de la península ibérica. Nos interesa saber quiénes ejercieron los cargos municipales y cómo se sirvieron las familias más importantes del valle de diferentes estrategias para consolidar su poder local. Abordaremos a través del estudio de una de las familias más importantes de Soba, los conflictos que generaron el ejercicio y abuso de estos cargos. En definitiva, analizaremos la cultura política de un valle rural del norte de España durante el siglo XVIII, de donde salieron un grupo importante de migrantes que se incorporaron a las colonias americanas.

Palabras clave: administración municipal, concejos, regidores, valle de Soba

María Concepción Gavira Márquez ∙ Facultad de Historia

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Correo electrónico: cgaviram@hotmail.com

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos ∙ Número 64 (julio-diciembre 2016)

ISSN: 1870-719X ∙ ISSN-e: 2007-963X

CONFLICTO Y BANDIDAJE EN LA VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA A FINALES DEL SIGLO XVIII. EL CASO DE LOS ESCLAVOS DE JUAN GREGORIO ALMEIDA

José Antonio Serrano Ortega

Resumen

El principal objetivo del artículo es estudiar las estrategias militares que diseñaron los insurgentes y los realistas en la congregación de Dolores entre 1810 y 1821. Los insurrectos, entre 1813 y 1814, organizaron fuerzas militares en Dolores con el objetivo de controlar el real minero guanajuatense y así tratar de dominar las ciudades, villas y pueblos del bajío; después de 1814, esa población fue de suma importancia para intentar atacar la parte sur de las intendencias de San Luis Potosí y Zacatecas, así como el “granero de la Nueva España”. Por su parte, después 1816, los gobiernos realistas establecieron una “Comandancia General del Norte de la provincia de Guanajuato” con sede en Dolores, que tenía como principal razón militar pacificar por completo esta parte de la Nueva España.

Palabras clave: Dolores Hidalgo, Guanajuato, proceso de independencia, realistas e insurgentes, obispado de Michoacán, historiografía militar

The Soba valley (Cantabria): neighbors, councils

and local government at the end of the 18th century

Abstract

The present article seeks to reconstruct and explain municipal institutions in a mountain valley, namely the Soba Valley (Cantabria), located north of the Iberian Peninsula. We are interested in finding out who held the municipal posts and which were the strategies used by the most important families of the valley in order to consolidate their local power. The study focuses on one of the most influential families in Soba and the conflicts generated by the occupation and abuse of these posts. Last, we will analyze the political culture of a rural valley in the North of Spain in the 18th century from where an important group of migrants left the country in order to go to the American colonies.

Key words: municipal administration, councils, councilors, Soba Valley

Le val de Soba (Cantabrie): habitants, conseils

et municipalité à la fin du xviiie siècle

Résumé

Ce travail vise à reconstruire et expliquer les institutions municipales dans une vallée montagnarde, le val de Soba (Cantabrie), situé au nord de la Péninsule ibérique. Nous porterons notre intérêt sur les personnes qui exercèrent les charges municipales et sur les stratégies qu’utilisèrent les familles les plus importantes de la vallée pour consolider leur pouvoir local. Nous aborderons par l’étude d’une des familles les plus importantes de Soba, les conflits que générèrent l’exercice et l’abus de ces charges. En définitive, nous analyserons la culture politique d’une vallée rurale du Nord de l’Espagne au cours du xviiie siècle, région d’où provint un groupe important de migrants qui s’établirent dans les colonies américaines.

Mots clé : administration municipale, conseils, conseillers municipaux, val de Soba

ste trabajo pretende abordar la población del valle de Soba, municipio de la actual comunidad autónoma de Cantabria, localizada al norte de España. Nos interesa analizar las instituciones de gobierno local o municipal durante el siglo xviii y las estrategias que utilizaban los vecinos para ejercer los cargos locales en beneficio propio. Nos parece interesante el análisis de estas culturas campesinas del norte de la península porque durante este periodo de crecimiento demográfico en la región tuvieron entre sus estrategias de reproducción individual y familiar la emigración hacia América o Cádiz, ciudad donde se centraba la actividad comercial con las colonias. Conocer su lugar de origen y su cultura política1 es muy importante para entender el comportamiento de los migrantes y sus relaciones dentro de la nueva sociedad donde se insertan.

Según los estudios de Tomás Mantecón, fue a fines del siglo xviii cuando se produjeron cambios en las sociedades rurales de Cantabria al reforzarse los caciques locales en detrimento de los señores tradicionales. La emigración y el acceso a otros recursos lograron crear unos linajes locales que consiguieron imponerse a través de las medidas clientelares y del ejercicio de los cargos municipales. En este trabajo nos ocuparemos de estudiar las instituciones municipales y sus competencias, para poder analizar el papel de algunas de las familias importantes en el ámbito local y los conflictos que provocaron en el ejercicio de poder en los valles, concretamente en el valle de Soba. Pretendemos abordar la organización política a nivel local, sin perder de vista las relaciones e interdependencia con el nivel central, en este caso la corona, pero haciendo especial hincapié en las relaciones horizontales entre los vecinos, sus representantes y las instituciones. Nuestra intención no es ocuparnos de la normativa sino de las prácticas, de las relaciones y los conflictos que generaban el ejercicio de los cargos municipales como detentador de poder, entendido éste como “la capacidad y posibilidad de actuar eficazmente con logro de resultados tangibles”.2

Las fuentes documentales utilizadas para recomponer y analizar las instituciones municipales y las relaciones de sus vecinos o pobladores con estas instancias han sido especialmente las ubicadas en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria en Santander, el cual contiene un importante número de expedientes de gran riqueza, especialmente los protocolos judiciales. Tal y como señala Tomás Mantecón, se destaca dentro de esta cultura campesina de Cantabria el frecuente uso de la justicia para solucionar sus conflictos, lo cual nos ha dejado muchas evidencias a los historiadores para poder analizar la sociedad, las relaciones y los conflictos locales.3 Nuestra propuesta no se centra por tanto en realizar un estudio institucional tradicional que se remita a la legislación y las competencias de los concejos o ayuntamientos como instituciones municipales, nuestra intención es abordar estas instituciones a través de las fuentes judiciales de manera que éstas nos permitan analizar las prácticas y ejercicio de poder dentro del valle.

Para abordar el estudio de la población hemos contado con los padrones de hidalguía, estos censos realizados con motivos fiscales se remontan en Soba hasta el siglo xvii y tenemos la fortuna de que se encuentran publicados por Amada Ortiz.4 El registro de los vecinos o cabezas de familia comienzan en 1605, y para el siglo xviii encontramos una mayor cantidad de información que nos permite conocer la composición familiar y la emigración. Aunque todos los historiadores aluden a la fiabilidad de estas fuentes, nos interesa destacar también sus limitaciones. En realidad, el padrón perdió su razón de ser en 1724 cuando se suprimió la moneda forera, sin embargo, los vecinos continuaron registrándose por intereses ajenos a los fiscales, es decir, estar registrado en este padrón constituía la primera evidencia de hidalguía y pertenencia al valle con los derechos y deberes que otorgaba como vecino; por ejemplo, para ejercer cargos municipales.

Vecinos y concejos

Cantabria o también llamada las Montañas de Santander era una región del norte de la península cuyos pobladores, los cántabros, se han considerado el bastión del catolicismo y la cuna de la “reconquista”. La mayoría de sus tierras quedan ubicadas entre la costa y la cornisa cantábrica y son terrenos poco aptos para la agricultura por lo difícil del terreno montañoso y con un clima excesivamente lluvioso por lo cual la mayoría de sus tierras estaban dedicadas a la cría del ganado.5 Estas condiciones, junto con el crecimiento demográfico del siglo xviii,6 fueron algunos de los motivos fundamentales para que se produjera un importante flujo migratorio, con especial importancia los destinados hacia Cádiz o América.7

La población de Soba, dedicada mayoritariamente a la ganadería, se encontraba relativamente dispersa por el valle. La unidad administrativa era y sigue siendo el concejo, vigente en la actualidad, cuyos representantes constituían el ayuntamiento. Según la representación de los concejos en la junta general o ayuntamiento del valle de Soba a mitad del siglo xviii, la distribución era la siguiente: Aja, Astrana, Bustancilles y la Peña, Cañedo, Hazas, Lavín, Valcaba, Quintana, San Bartolomé y Sangas, San Martín, San Pedro, Santayana, Valdició y Calseca, Veguilla, Villar y Villaverde en el valle alto; en el valle bajo, Fresnedo, Herada, Incedo, Pilas, El Prado, Rehoyos, Revilla, Régules, Rozas, San Juan.

El vecino8 lo componía el cabeza de familia, hombre de la casa que pagaba sus impuestos y tenía derecho a los bienes comunales y otros servicios que ofrecía el concejo y el ayuntamiento. Las viudas eran consideradas desde el punto de vista fiscal como “medio vecino” y tenían sus tasas impositivas reducidas, aunque también tenían derecho a los mismos servicios municipales, sin contar las consideradas limitaciones de su sexo en esta época. Por ejemplo, no podían ejercer cargos municipales, no prestaban servicios de arreglos de caminos ni salían a las batidas de lobos, aunque en el caso de tener hijos, este podría cumplir con esas obligaciones.

Las actividades principales de estos vecinos consistían en la ganadería y la siembra de trigo y maíz, aunque la mayoría de los terrenos estaban dedicados al alimento del ganado, prados y eriales donde se alimentaban vacas, ovejas y cabras. El valle en este periodo era un lugar escasamente monetarizado y como ya aludimos con una población dispersa resultado de esta actividad campesina y ganadera que le obligaba también a la trashumancia y a llevar a sus ganados de un lugar a otro buscando pastos propicios para su alimento y reproducción.

El trabajo campesino era distribuido entre todos los miembros de la familia, según género y edad, por lo que siempre eran bien recibidos unos brazos activos. Por lo general, los hijos no se casaban a una edad temprana sino que se mantenían en el hogar paterno ayudando a sus padres, quizás hasta que ellos decidieran su momento de casarlos, pues eran los padres los que con sus dotes y aportaciones a través de las “legítimas”, brindaban a los jóvenes la posibilidad de independizarse. En el valle de Soba por lo general los jóvenes dependían de sus padres para obtener los suficientes recursos que les permitieran sobrevivir.

El valle de Soba era uno de esos lugares que gozaban de una hidalguía territorial, todos los vecinos eran hidalgos, posición más baja dentro del estamento de la nobleza. Los padrones del valle tenían el objetivo principal de registrar todos los vecinos hidalgos y que por tanto no pagaban el impuesto llamado “moneda forera”, en estos queda constancia de todos los vecinos del valle y sus descendientes, pues era el principal testimonio para acreditar la hidalguía; esto no significaba riqueza ni propiedades, pero era la principal acreditación que mostraban estos montañeses cuando salían de sus tierras, especialmente hacia América, como carta de presentación y prestigio.

La comunidad de vecinos asentados en pequeños barrios o estancias cercanas constituían los concejos, los cuales elegían un representante o regidor para representarlos en una institución mayor que era el ayuntamiento.9 Esta cédula básica de organización territorial tenía una amplia competencia y autonomía aún en la edad moderna, como vamos a apreciar. A pesar de que durante los reinados de Alfonso xi (1312-1350) y Enrique iii (1390-1406) se produjo una fuerte intervención en las instituciones municipales integrando al corregidor para controlar el gobierno local, en la práctica en el mundo rural y especialmente en el norte de la península los concejos medievales consiguieron mantenerse con una relativa libertad e independencia, tan sólo condicionados por los grupos de poder locales.10 En el caso del valle de Soba, vamos a presentar cuáles eran las competencias de los concejos y abordaremos los conflictos que surgieron entre los vecinos durante la elección de sus representantes.

Los regidores convocaban a los vecinos a toque de campana para tratar todo lo concerniente al gobierno de la población. Las ordenanzas del valle recogían la obligatoriedad de todos los vecinos de asistir a estas juntas bajo multas de medio real, si era la primera vez de su falta.11 El regidor de cada concejo debía velar por el cumplimiento de lo estipulado en las ordenanzas del valle y los acuerdos del ayuntamiento o junta general donde se reunían todos los representantes de cada concejo. Especialmente se encargaban de hacer públicas las órdenes reales, y los precios de los productos establecidos, como por ejemplo el vino.12

Era también su responsabilidad encargarse del buen estado de caminos y puentes que correspondía a cada lugar. Vigilar los terrenos comunes y protegerlos del fuego, así como evitar que el ganado penetrase en los sembradíos, para lo cual se levantaban los cierros, y debían de hacer cumplir las reglamentaciones y vedas de la caza y pesca.13 También tenían la obligación de llevar el control social del vecindario, haciendo cumplir las repetidas normas de los autos de buen gobierno.14 En estas reglamentaciones se recogían pautas sociales como la prohibición de blasfemar, jugar, llevar armas, sobornar a oficiales o jueces, vivir en amancebamiento, abusar del vino, y el asentamiento de “gitanos, vagos o maleantes”. Para todas estas competencias los regidores contaban con oficiales ayudantes como eran los diputados y otros oficiales nombrados para labores concretas, como los “coxidores”, o encargados de repartir y recoger diferentes impuestos, o los montoneros, vigilantes de los montes.15 En muchas ocasiones estas competencias se dividían en dos, representando cada una de las mitades del valle: alto y bajo.

Pero ciertamente este sistema no se remitía únicamente al control e imposición de obligaciones a los vecinos sino que posibilitaba ciertos servicios de orden social como era la asistencia médica, ayuda en catástrofes personales, etc. Esta institución representaba a los vecinos a nivel superior en las juntas generales de todo el valle, a través de la cual se defendían los intereses de los diferentes lugares. La asistencia médica, por ejemplo, suponía acuerdos supraconcejiles. Los servicios eran contratados por diversos concejos próximos. Entre los diferentes contratos, haremos alusión al establecido por los concejos de San Martín, Hazas, Cañedo, Astrana, Villaverde y Lavín con el cirujano Francisco Murga. Este cirujano debía “asistir a los vecinos de dichos pueblos, sus familias y criados” durante el tiempo de un año. El costo de estos servicios quedaba regulado en dos celemines de trigo y uno y medio de maíz por cada vecino, excepto los pobres de solemnidad, a los cuales el cirujano debía atender de forma gratuita. El cirujano también se comprometía a poner un suplente a su costa en caso de no poder asistir por enfermedad o ausencia.16 En otro de los contratos de estos mismos pueblos efectuado en 1770, se establecían diferencias entre las viudas, las cuales pagaban como medio vecino, a excepción de las que tenían un hijo “que se afeite”, contando entonces como un vecino.17

La elección de los regidores se realizaba convocando a los vecinos “a son de campana tañida y sitio acostumbrado”,18 que podía ser en el pórtico de la iglesia o la ermita de cada lugar. El día acostumbrado era a principios de mayo hasta que una real orden del 30 de mayo de 1761 designó que los nombramientos de los cargos debían de realizarse a principios de cada año. Una vez terminado este periodo anual, a principios de enero, el regidor saliente se reunía con un número de electores y en “secreta” se elegía el próximo regidor. En el caso de estar empatados a votos se requería otro elector en discordia para terminar de decidir. Algunos de los testimonios encontrados sugieren que estos electores simplemente nombraban al elegido, pero pudiera ser que como en otros sitios se realizase una elección por medio de papeletas con los nombres de los propuestos. Esto ocurría en el valle de Villaverde, donde los nombres de ocho electores, propuestos por los vecinos, se introducían en un cántaro y se extraían cuatro papeletas designando a los cuatro regidores elegidos.19

Para sustituir al regidor se nombraba un teniente de regidor que hacía las funciones de éste por ausencia o enfermedad. Esto era bastante frecuente, pues aparecen, muy a menudo, nombrados vecinos ausentes y residentes en otros lugares como podría ser en Cádiz o Indias (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Regidores del valle de Soba, 1770-1775

Concejos

Regidores 1770

Regidores 1771

Regidores 1772

Regidores 1773

Regidores 1774

Regidores 1775

Astrana

Agustín Fernández

Alfonso Zorrilla de San Martín, T: Miguel Zorrilla (P)

Agustín Ortiz de la Torre (A. Cádiz) T: José Ortiz (P)

Antonio del Corral

T: José del Corral

Marcelo Gutiérrez de la Garnilla

José M. del Corral (A. Cádiz) T: José del Corral (P)

Aja

Domingo Fernández

Manuel Pérez de Soto

Manuel Fernández

Isidro Gutiérrez de Otero (A. Cuzco) T: Manuel Pérez

Antonio Martínez de Soto

Bustancilles y Peña

Francisco Ruiz

Antonio de la Peña Saravia

Fernando García

José Ruiz

Domingo Ruiz del Hoyo

Esteban Crespo

S. Bartolomé y Sanga

Francisco Bringas

Fco. Gutiérrez del Valle

Fco. Pardo Santayana

Manuel Martínez Verde

Francisco. García de Rozas

Juan Manuel de Rozas

Cañedo

Juan de Dios de la Peña Saravia (A),

T: Antonio Zorrilla de San Martín

Manuel Sainz de la Media

Juan Ortiz de Espinosa

Antonio Zorrilla de San Martín

Fco. De la Peña y Mier (A. Indias) T: Mateo de la Peña

Roque de la Peña (A. Indias) T: Diego de la Peña

Fresnedo

Pedro Sainz de la Maza,

T: Fco. López

José de Helguero

Santiago Arroyo Castillo

Bartolomé López de Pilas

Juan Gómez Freire

Antonio Martínez de Helguera

Herada

Santiago Santiesteban

Bartolomé Pérez Roldán (A. Cádiz)

T: Fco. Santiesteban

José Pérez Roldan T: Fco. Santiesteban

Gaspar de Romero

Gaspar Santiesteban

Manuel Gutiérrez del Valle

Incedo

Bartolomé Gutiérrez de Rozas, T: Bartolomé Sainz

Prudencio Martínez de Soto

José M. de Rozas, T: Prudencio Martínez

Hazas

Pablo García de Portilla

José Zorrilla de San Martín

Manuel Ortiz de la Torre

José García de Socasa

Antonio Fernández del Cueto

Domingo Sainz Bravo

Pilas

Diego López

Manuel Sainz de la Lastra

v

Manuel Zorrilla de Santana (A. Granada) T: Stgo. Pérez de Soto

Fca. Gutierrez Arena (A. Cuba) T: Manuel Gil

Lorenzo Martínez Setien

Lavín

Fco. Sainz de la Media

José Quintana (A. Sevilla) T: Antonio Quintana (P)

Juan Sainz Trapaga

Santiago Ortiz

Manuel Sainz de la Peña

Antonio del Arroyo

Valdicio y Calseca

Fernando Cobo

T: Andrés Abascal

Juan Gutiérrez de Solana

San Pedro

Santiago García

Santiago Sainz de la Maza

Melchor Ruiz

Pedro Gutiérrez de Rozas

José Zorrilla de Rozas

Manuel Fernández

San Juan

Bruno V. Leyta

T: Antonio García

Santiago Martínez de Soto

Antonio López de la Peña (A. Indias),

T: Santiago Martínez

Juan Sainz de Hoz

Lorenzo Sainz de Oz (A. Segovia) T:

Juan Sainz de Hoz

Francisco García Santayana

Santaya

José de la Roza (A. Galicia) T: Diego de la Peña

Manuel Martínez del Campo

Fco. Antonio de la Peña. T: Diego de la Peña Saravia

Manuel del Corral

José Sainz de Rozas

Luis del Corral (A. Lanzarote) T: Juan García

San Martín

Julián Gutiérrez de la Garnilla

Juan Sainz de la Maza

Juan García de Socasa

Juan Sainz de Trueba

Juan Gutiérrez

Diego Sainz de la Maza

Villaverde

Antonio Gutiérrez del Regato

Gaspar Arredondo Zorrilla (A. Indias)

T: Antonio Gómez de la Maza

Joaquín de la Peña

Florencio Fernández Peña (A. Indias), T: Joaquín Fernández Peña (P.)

Domingo Gómez Fraile

José M. Gutiérrez del Regato, T: Domingo Pérez

Villar

Antonio Ruiz

Antonio Sainz de la Torre

Antonio Gutiérrez de Otero

Tomás Sainz de la Peña (A. Indias) T: Domingo Gutiérrez de Otero.

Antonio Sainz de la Peña

Manuel Martínez del Campo

La Revilla

Nicola Gutiérrez de Rozas

Diego Fco. Pérez (A. Madrid) T: José Pérez

Fco. Martínez de Rozas (A. Madrid), T: Juan J. Pérez

Angel A. de Rozas T: José Martínez de Rozas

Juan Sainz de Hoz

Sebastián Gómez

Rehoyos

Eusebio Sainz T: Juan Gutiérrez de Rozas

José García de la Arena

Antonio Fernández de Lavín

José Gutiérrez del Valle, T: José Gutiérrez (P)

Santiago Gutiérrez Barquín

Eusebio Sainz Manteca, T: Juan Gutiérrez

Régules

Pedro Zorrilla

Antonio Sainz de Rozas

Casimiro García Socasa

Antonio Martínez (A. Indias) T: José López

Juan Sainz de Rozas

Simón Martínez de Soto (A. Cuba) T: José Martínez

Rozas

Juan Sainz Calleja

Esteban Sainz Calleja

Baltasar Gutiérrez del Valle

Pedro Sainz de la Fuente

Cristóbal Sainz de la Calleja

Fco. López de Pilas

Veguilla

Pedro Pardo Santayana

Domingo Pardo

Fco. Gutiérrez

José Pérez soto

Juan Sainz de la Calleja

José Pérez de Soto (A. Chile) T: Juan Gutiérrez

Valcaba

Antonio Zorrilla de San Martín

Fco. Gutiérrez Crespo

Domingo Ortiz del Río

Antonio Gutiérrez Crespo

Gabriel de la Puente T: Antonio Gutiérrez

Juan de la Peña

Quintana

Antonio García del Hoyo

Manuel López del Ribero

Manuel Martínez del Campo

Juan Arroyo Castillo

Lorenzo Arroyo Castillo (A.Zamora) T: Fco. Arroyo

Joaquín del Ribero (A. Vizcaya), T: Antonio García

Fuente: ahpc, Soba, ayuntamiento, legs. 8-10.

Con respecto al nombramiento o elección de los tenientes nos encontramos diferentes situaciones. En un pleito sobre los nombramientos en Astrana se querelló Francisco Fernández porque como regidor saliente decía ser “la costumbre” que ejerciese de teniente de regidor el año siguiente. Algunos de los vecinos no estaban conformes con este supuesto y decidieron nombrar concejo (asamblea) para elegir otro teniente de regidor. Estos argumentaban que esa costumbre ya no era vigente y que en otras ocasiones el concejo a propuesta del regidor había aceptado nombramientos de tenientes que no habían ejercido el año precedente. Efectivamente, si observamos los cuadros elaborados con los regidores representados en los ayuntamientos, comprobamos que no es del todo riguroso, siendo más común que los tenientes fuesen familiares de los nominados, sobre todo si se encontraban residiendo fuera de la ciudad. En estos casos lo más frecuente era que ejercieran el padre o el hermano sustituyendo al elegido.20

¿Quiénes podían ser elegidos regidores? En el caso del valle de Soba todos sus vecinos como hidalgos podían desempeñar este cargo para el cual se exigían “sujetos beneméritos”, argumentando su limpieza de sangre. Las ordenanzas del valle no reglamentan nada sobre las elecciones, ni las condiciones para ser elegidos, pero en todo caso sabemos que debían ser vecinos, residentes o no en el lugar. Eran reconocidos como vecinos los habitantes naturales del lugar que aparecían en las listas de vecinos o padrones de hidalguía. Se supone que estaban excluidos las mujeres y los hijos no emancipados como electos, pero encontramos que los solteros habían ejercido el cargo de regidores en algunas ocasiones. Por ejemplo, Francisco Fernández fue regidor de Astrana en 1761, aunque era soltero. Éste fue uno de los argumentos referidos en el interrogatorio efectuado a los vecinos, que no le quisieron reconocer como teniente el año siguiente. Al preguntarles si Francisco era hidalgo y vecino de Astrana, respondieron “que no es vecino ni ha contribuido con los maravedíes o reales que satisfacen los que son vecinos”.21 Este argumento, ciertamente, no debía ser de mucho peso porque los ausentes o residentes en lugares tan lejanos como las Indias tampoco cumplían con las cargas impositivas. También hemos observado que no debían existir impedimentos para nombrar regidores “menor en días”, es decir, menores de 25 años. En definitiva, encontramos entre los nombramientos una gran diversidad de circunstancias como ausentes en la península o en las Indias, menores, tenientes ejercidos por los familiares, pero todos tienen un denominador común: se hallan inscritos en los padrones como vecinos. Suponemos, entonces, que éste podía ser uno de los motivos por el cual los hijos de los residentes fuera del valle, en ocasiones, se encontraban registrados en los padrones de los concejos de donde eran originarios sus padres. Por ejemplo, los hijos de Gabriel Ortiz de Espinosa nacidos y residentes en Argentina, aparecen registrados en el padrón de Cañedo de 1818.22 Seguramente fueron sus familiares los que les registraron porque su padre murió en América en 1809, sin haber vuelto a su valle natal.

En el valle de Soba no se encuentran evidencias de cargos vendibles ni perpetuos como ocurría en otros municipios de la península o de las colonias, el tiempo estaba limitado a un año y no se podía ejercer otra vez hasta que no pasaran tres años.23 Quizás estas prácticas fueran por imposición de la “costumbre” o porque se trataba de un municipio rural, pero en todo caso el acceso a los oficios municipales no era a través de la compra, como empezó a generalizarse a partir del siglo xvii. Como han señalado algunos autores, la patrimonialización o privatización de los oficios municipales no implicaban que la administración funcionara mejor o peor, porque como comprobamos para el caso de Soba, el ejercicio de los cargos estaba en manos de las clientelas o principales familias de forma directa o a través de los dependientes o paniguados.24

A la vista de los conflictos suscitados en las elecciones, podemos advertir que en muchas ocasiones se trataba de una lucha de fuerza entre los vecinos más influyentes de los concejos, los cuales podían permitirse hacer uso de sus influencias entre las autoridades del valle, argumentando, dependiendo o no del caso, la institucionalización de las costumbres o la legitimización del proceso de elección vecinal. En el caso referido anteriormente del concejo de Astrana, la mayoría de los vecinos no aceptaron el propuesto por el regidor como teniente, y eligieron a Miguel Zorrilla. El nombrado por el regidor consideró el hecho como una injuria a su calidad de hidalgo y puso un pleito denunciando al que consideraba usurpador, pese haber sido elegido por los vecinos. Para agravar la conducta del denunciado le imputó la frase siguiente: “que el rey no podía quitarle lo que le habían dado los vecinos”, es decir, le acusaba de desacato a la corona.25 En este caso, “la costumbre” equivalía al rey por la legitimización de ésta, la cual se argumentaba para designar al teniente de regidor como el regidor saliente.

Como era de esperar, los concejos vecinos tenían en muchas ocasiones motivos de disputas, bien por la competencia de recursos, problemas de linderos, aguas, o algunas veces por el abuso de autoridad de los mismos regidores. Según Mantecón, el gran uso de la justicia ordinaria por parte de los campesinos de Cantabria estaba relacionado con lo reducido de los distritos judiciales (los valles), con el bajo precio de las costas y con el incremento de la población, así tanto a los vecinos como a los concejos se les hacía fácil litigar.26

En 1762, los regidores de Hazas y Villaverde, concedieron a un vecino, Dionisio García del Hoyo, un terreno, el cual se encontraba en tierras comunales que también disfrutaban los vecinos de Lavín y Quintana. Este terreno siempre había estado abierto para el aprovechamiento de pastos y tránsito de los cuatro concejos, y si ahora se permitía a Dionisio cerrar se producirían daños y perjuicios para todos los vecinos, los cuales se decidieron a llevar el caso ante la justicia.27 No parece que fuera ésta la única ocasión en que se crearon este tipo de conflictos por cerramientos de terrenos comunales cedidos por los regidores. En 1769, en el ayuntamiento del valle de Soba se advertía que se estaban cerrando pedazos de terreno en grave perjuicio del común y preguntaron a los regidores si habían dado permiso para ello. La respuesta de los capitulares fue negativa, aunque era responsabilidad de ellos evitar semejantes perjuicios al común.28

También los concejos a través de sus representantes defendían sus intereses ante instancias judiciales. En cierta ocasión, el concejo de Pilas fue multado por considerarse responsable de un fuego. El teniente de regidor exigía el ganado que se le había requisado para el pago de la multa y decía que este fuego se propagó desde el concejo vecino de Rehoyos. El teniente dijo que a través del regidor, ausente en Madrid, se apelaría ante el concejo de Castilla.29 Éste era uno de los momentos cuando los ausentes demostraban el servicio a sus vecinos en reciprocidad a su nombramiento.

Para solventar las distintas necesidades, los consejos requerían dinero que no siempre tenían disponible. Estas urgencias que consistían en pleitos por límites, construcciones o reparaciones de edificios públicos eran solucionadas pidiendo censos a distintos vecinos acomodados, generalmente del valle. Por ejemplo, en 1753, los concejos de San Pedro y Régules estaban en litigio por problemas de límites, igual que Aja y Veguilla. Todos tuvieron que acudir a préstamos para pleitear y defender sus derechos. En momentos de urgencias también sabemos que procedieron a vender tierras comunales a distintos vecinos para obtener dinero, o bien otras veces eran los mismos concejos los que se permitían prestar dinero a los vecinos.

Mantecón señala que en la Cantabria de la edad moderna, la sociedad rural no estaba fuertemente polarizada y existían resortes capaces de atenuar los efectos de la indigencia absoluta, pero también se dieron grandes diferencias entre el 96 por ciento de la población y los grandes mayorazgos.30

El ayuntamiento o junta general

El valle de Soba, Ruesga y Villaverde conformaron un solo corregimiento señorial dependiente del duque de Frías durante el periodo que comprende el antiguo régimen. La casa de los Velasco, en quienes recayó este título, entre muchos otros, representó uno de los linajes más importantes de la baja edad media. Se remonta al siglo xiv la donación de los valles de Soba y Ruesga a los Fernández de Velasco, condestables de Castilla, por Enrique iii.31 Sin embargo, aunque dentro de la jurisdicción señorial, la dependencia de los vecinos de Soba, al menos en el siglo xviii, era muy relativa. Los habitantes de este valle, de condición hidalga, no pagaban ningún tributo ni tenían ninguna obligación personal hacia los duques de Frías. Así lo demuestran las respuestas de los diferentes concejos sobre sus dependencias, recogidas en las respuestas generales del catastro de la Ensenada de 1753:

Que es de realengo, pues aunque en él y todos los demás de que se compone este valle de Soba tiene derecho y regalía el duque de Frías de poner corregidor, teniente, escribano, y alguacil; que en todos ellos ejerzan la jurisdicción ordinaria, civil y criminal y con la obligación de mantener y reparar a sus expensas el torreón que sirve de cárcel, sin que tenga otro señorío, ningún vasallaje ni por esto perciba derechos algunos.32

Por tanto, las competencias del duque en el siglo xviii, eran más jurisdiccionales que económicas, nombrando un corregidor para los tres valles y también tenientes de corregidor en los dos valles en que no estaba asentado el dicho corregidor, para de esta manera agilizar el gobierno y la justicia de cada uno de los valles.

El ayuntamiento o junta general era la institución a nivel del valle. Ésta se realizaba en la casa consistorial ubicada en Veguilla, donde se reunían todos los regidores de los diferentes lugares “para el regimiento e cosas de bien e buena gobernación de la tierra e República las veces que les paresciese e ansí juntados miren bien lo que convenga a la República e vecinos del Valle”.33

En la junta realizada a principios de enero se confirmaban los cargos correspondientes a ese año. El cargo de corregidor del valle era nombrado, como aludimos anteriormente, por el duque de Frías y aglutinaba los tres valles: Soba, Ruesga, Villaverde. Cuando el nominado no era vecino de Soba, el duque nombraba también un teniente de corregidor para el valle, y en caso de no presentarse este título o durante las ausencias lo ejercía el regidor decano o más antiguo. Los nominados no podían volver a ejercer hasta pasados tres años, y después de haberse sometido a un juicio de residencia. La duración del cargo de corregidor estaba estipulada en el título y nombramiento realizado por el duque de Frías, que por lo general era de tres años; sin embargo, el de teniente era anual. Aunque la nominación era privilegio del duque, el corregidor seguía siendo un representante del rey del cual recibía legitimización de su cargo, como se puede comprobar en el acto de posesión: “y lo puso en el asiento que como a tal corregidor le corresponde entregándole el bastón con la expresión de que se le entregaría a nombre de su Rey y Señor...”34

Tanto corregidor como teniente de corregidor tenían entre sus principales competencias ejercer como justicias ordinarias, lo que equivaldría en otros lugares a la figura del alcalde ordinario. Sus competencias judiciales tenían algunas excepciones, las cuales eran privativas de la real chancillería de Valladolid. Por ejemplo, la chancillería declaró nulos en 1798 los procedimientos del corregidor en un conflicto sobre la elección de procurador, y se le advirtió que “en lo sucesivo se abstenga de tomar conocimiento en las de esta naturaleza”.35 Otras de las advertencias que se transmitió a los corregidores por una real orden del 23 de febrero de 1759, era la de evitar que los eclesiásticos tomasen parte en la justicia civil u ordinaria, por lo visto habían llegado noticias especialmente sobre la intervención de éstos y el abandono de las justicias ordinarias de “los partidos de Santander, Laredo y Cuatro Villas de la Costa”.36 El poder de la Iglesia y la defensa de sus intereses se manifestaban en la intervención en los pleitos civiles sobre patrimonios.

Otro de los conflictos sobre competencias judiciales se producía a consecuencia del fuero militar. En cierta ocasión apeló ante la justicia militar un soldado, natural de Herada, que junto a su padre había sido castigado por el regidor de este lugar por haber llevado sus vacas a pastar a las tierras del concejo. La resolución del coronel determinó que los acusados no incumplieron ninguna norma, por lo que debían devolverles sus “prendas”. El teniente de corregidor del valle parece que no acató esta sentencia y se le atribuyeron las palabras siguientes:

Venga a mi presencia ese sargento que a tiempo llegará para llevar lo que necesite, métase en cosas de su regimiento y no en lo que yo mando, y si en mis manos estuviera el decreto original de su coronel, le haría mil pedazos.37

Un ejemplo de las competencias de la justicia ordinaria en el valle lo representaba también el velar por “el bien común”. En 1761 el teniente de corregidor Juan Francisco de Rozas fue alertado de que algunos padres de Quintana, Valcaba y Cañedo no estaban dispuestos a que sus hijos recibieran enseñanza por tenerlos ayudando en otras labores, por lo que “no se puede formar escuela de primeras letras”.38 El teniente informó que los regidores de cada uno de estos concejos debían obligar a estos padres, bajo pena de tres mil maravedíes. Suponemos que cuando se referían a no poder “formar escuela”, aludían a la imposibilidad de contratar un maestro, si no participaban la mayoría de los padres. El maestro debía enseñar a los niños a leer, contar y la doctrina cristiana, y era pagado en especies, “una fanega, mitad trigo mitad maíz”. Los regidores hicieron una relación con los niños que debían de ir a la escuela “por un año”. En Cañedo el número de niños era de “15 chicos” (no se especifica sexo, pero suponemos que serían varones). En el caso de Quintana aparecen 12 chicos, aunque algunos señalan “por medio año”, quizás ésta fuera la forma de compaginar la asistencia a la escuela con las labores agrícolas. Valcaba tenía nueve chicos, de los cuales dos sólo por medio año.39

Los regidores convocados admitían el nombramiento de corregidor impuesto por el duque bajo la fórmula: “el que se obedeció con la veneración debida y se admitió por dicho regimiento”, al igual que ante el título de teniente de corregidor. Sin embargo, tampoco faltaron algunos conflictos ante el cuestionamiento de los nominados, como ocurrió en 1704. Reunidos el mes de junio en Ayuntamiento, se presentó el título de corregidor a nombre de don Juan de Arredondo y por decisión de la mayoría de los regidores se suspendió el acatamiento bajo protesta de algunos Concejos: Astrana, Rozas, Incedo, La Revilla, Veguilla y Villaverde, argumentando que no querían pleitos. Lógicamente sabían que sería muy costoso y arriesgado meterse en un pleito ante el duque. Después de una carta del duque al ayuntamiento, por fin el día 6 de agosto, y ante la orden recibida, se decidió aceptar al nominado corregidor.40

En otra ocasión los acontecimientos se resolvieron de forma más radical. En 1782 se produjo un motín para destituir al corregidor impuesto por el duque, don Manuel Francisco de la Puente. El cabecilla de este tumulto fue Nicolás del Corral, el cual destituyó al nominado aludiendo que no podía ejercer el cargo por no haber pasado los tres años reglamentarios, erigiéndose él mismo como corregidor. El resultado fue una sentencia condenatoria de la real chancillería de Valladolid que multó a los implicados,41 y también destituyó a Manuel Francisco de la Puente. Este conflicto fue estudiado por Mantecón como ejemplo de la desviación del poder, pues Nicolás del Corral se proclamó corregidor no por el duque ni por el rey sino por los amotinados. Las causas para que se produjera el motín eran las siguientes: De la Puente aumentaba los costos de la justicia, mostraba propensión al cohecho, defraudaba a la corona, era usurpador de bienes del común, y además abusaba de sus criadas. Al parecer había sido denunciado en ocasiones anteriores, pero la red clientelar había evitado los testimonios ante la justicia. Sin embargo, otro grupo o facción rival se amotinó y, usurpando el poder del duque y del rey, nombró un nuevo corregidor que pasó a administrar justicia sin ser nombrado conforme a la ley o la costumbre. Este motín o sedición, según Mantecón, tuvo una resolución poco radical, puesto que tan sólo se le condenó a Nicolás del Corral a tres años de inhabilitación de cargos administrativos, muy lejos del rigor que pudiera haberse aplicado después de los motines de Madrid de 1766 y las leyes posteriores que se impusieron para evitar los delitos de sedición.42

El duque de Frías también nombraba el alguacil y el juez de residencia, que debía supervisar todos los ejercicios oficiales dentro del valle. El alguacil se encargaba de hacer cumplir las sentencias de la justicia, para lo cual estaba a cargo de la cárcel, que se encontraba en el torreón de Quintana. Esta torre medieval era propiedad del duque, el cual tenía la obligación de mantenerla. En la segunda mitad del siglo xviii, el cargo de alguacil lo desempeñaron Antonio de la Quintana y Bartolomé Zorrilla que además administraban las propiedades que el duque poseía en Quintana. Sin embargo, y aunque hay alusiones en las respuestas generales del catastro de la Ensenada al nombramiento del escribano de ayuntamiento por el duque, no tenemos referencia que sucediera así, pues en los acuerdos de ayuntamientos aparecen nombrados los escribanos por el tiempo de un año, sin presentarse ningún título, y son pagados con los recursos del valle.

A diferencia de los anteriores, el cargo de síndico procurador “de los caballeros hijosdalgo”, era elegido y nombrado por los representantes de los concejos del valle. Sus atribuciones eran muy amplias: “para que haga y practique todos los actos y diligencias, negocios y dependencias que en todo dicho año se ofrezca a este referido valle y sus individuos”.43 Entre estas diligencias destacaba la de llevar la contabilidad de los recursos del valle, desplazarse para pagar los impuestos hasta Burgos o Laredo, informarse de la leyes o normas a cumplir, representar al valle en los pleitos y “todos los demás negocios”.

Al final de cada año, el procurador debía rendir cuentas de las gestiones y tesorería del valle, para lo cual cada principio de año se nombraba un contador por parte del Ayuntamiento y otro por parte del procurador y se señalaba el día de la supervisión de las cuentas. Terminada y aceptada esta gestión se entregaba todo lo correspondiente al próximo procurador. Considerando sus amplias atribuciones, entre las que destacaba este control y manejo de los recursos y caudales del valle, era un cargo además de prestigioso bastante apetecido. Según la costumbre, se nombraba alternativamente un vecino de “medio valle arriba y otro de medio valle abajo”, y por el contrario el contador que designaba el ayuntamiento para el cierre y supervisión de las cuentas, era de la otra mitad que el síndico procurador.44

La elección de este cargo, como ocurría con los regidores, también promovió ciertos conflictos. La elección, como tal, parece bastante restringida por “la costumbre”, de manera que consistía en la aceptación de la propuesta ejercida por el procurador saliente y su antecesor. El procedimiento se encuentra perfectamente ilustrado en un pleito donde se discutía sobre la nominación o elección del cargo. En 1799, el nombramiento que hicieron a primeros de enero del síndico procurador, a proposición de dos procuradores antecesores, fue discutido por tres regidores que decían que no podían aceptar al propuesto por no ser la opción de sus vecinos y pedían votación. Según los descontentos el procedimiento era así:

Júntanse los regidores con el procurador que va a salir en el primer día del año. Pide este perdón por sus faltas y en seguida propone que a quien les parece se haga procurador para aquel año, y en consecuencia o se conforman con el que propone dicho procurador o eligen el que les parece, y en este caso sale electo el que tiene el mayor número de votos.45

Otro de los testimonios decía, que “no ha visto, ni oído ejemplar alguno de tomar intervención dichos capitulares para proponer, sino sólo aprobar al propuesto por el síndico que concluye”. En definitiva, la elección por votación, a juzgar por estos trámites, quedaba en todo caso bastante limitada, al igual que la aludida “voz de los vecinos”, pues la mayoría de las veces la propuesta del cargo saliente era aceptada. Sin embargo, en 1799 se reclamaba la elección por votos y se respaldaba con la voluntad de los representados, es decir, los vecinos. La excusa que puso el teniente de regidor que encabezaba la oposición era que sus vecinos le habían instruido sobre a quién debían votar. Este argumento fue rebatido por todos los testigos diciendo que: “los concejos de este valle nunca han acostumbrado prevenir a sus capitulares el sujeto en quien ha de recaer la sindicatura”.46 La sentencia no fue favorable para los que requerían votación y se mantenía la “costumbre” del nombramiento de los propuestos por el procurador saliente y el anterior.

Otra de las circunstancias que nos llama la atención, es la cantidad de ausentes que son nombrados y que residen fuera del valle (véase cuadro 1). El motivo no puede ser otro que la solidaridad vecinal. Para quien se encontraba fuera del valle, este nombramiento en su memorial le daba posibilidad y prestigio para aspirar a mejores cargos o privilegios, y los sobanos siempre podrían contar con la alianza y agradecimiento de vecinos influyentes en la península o las Indias, red muy importante para la integración de los continuos emigrantes. En 1707, encontramos una carta de don Luis de Rozas, residente en Madrid, dirigida al ayuntamiento, donde aludía a “la honra” que representaba para su persona el nombramiento como síndico procurador. Luis de Rozas, capitán y caballero de la orden de Alcántara, reconocía este honor muy agradecidamente:

[…] no hay duda que esta demostración la mantendré siempre en mi agradecimiento, por lo mucho que la venero, pues es mi mayor vanidad el haber debido a la fortuna el origen en ese noble país a que corresponderé aplicándome a cuanto sea de mayor servicio de ese valle y sólo siento no hallarme libre de mis dependencias para ir personalmente a manifestar mi gratitud.47

El cargo terminaba ejerciéndolo su primo Gabriel de Rozas, por tanto quedaba dentro del linaje familiar.

Gestión y recursos del valle

En las reuniones o juntas generales del valle de Soba se solían tratar los asuntos concernientes a éste, y sus relaciones con el medio exterior. En estas juntas se leían y acataban las reales órdenes, las cuales quedaban registradas en el libro de actas o acuerdos que redactaba el escribano del ayuntamiento, y como todo lo concerniente a éste, estaba custodiado en el arca de tres llaves que se guardaba en el archivo de la sacristía de la iglesia de San Martín. Los “claveros” o llaveros eran el síndico procurador, el teniente de corregidor, y el escribano del ayuntamiento. Hasta esta institución llegaban también las obligaciones del pago de impuestos, que en última instancia realizaba el procurador en representación de todo el valle, y también las obligaciones de reparar los caminos reales. Además de las relaciones municipio-estado, se trataban otros temas de índole más doméstico. El precio del vino era uno de los temas más frecuentes y se hacían referencias en muchas ocasiones a que el valle no tenía cosechas propias, por lo que debía conseguirse fuera. Los precios eran diferentes según el tipo, la calidad y el origen, que en su mayoría provenían de Aranda y La Rioja. La preocupación por los lobos también era muy frecuente, hasta el punto que se organizaban batidas de lobos conjunta para todo el valle, y donde debían participar “todos sus vecinos y domiciliados de la edad de catorce a sesenta años”.48 Además se recompensaba a los vecinos por la caza de lobos, zorros y osos.

Las relaciones y tensiones con los valles vecinos era también un tema bastante preocupante. La competencia por los recursos, sobre todo los derechos de pastoreo y corta de leñas, generaron muchos conflictos. Generalmente solían nombrarse comisionados especiales para vigilar los montes y realizar visitas de lindes y apeos. El valle de Carranza tramitó en 1772 una denuncia contra el ayuntamiento de Soba porque se había negado a reparar un camino que había sido utilizado durante años por todos los pueblos de alrededor. Se exigió al valle de Soba una explicación sobre lo sucedido. El informe enviado por el ayuntamiento de Soba argumentó que el camino aludido como San Fernando, era un desfiladero muy peligroso que no se usaba por personas ni carros y que se creó en 1750 para deslizar las maderas destinadas a la fabricación de barcos reales. El procurador Alonso Gutiérrez de Rozas argumentaba que el valle de Carranza y la villa de Lanestosa pertenecían a otra jurisdicción, la de Vizcaya, “las que en ningún tiempo ha tenido concordia, ni hermandad con este valle”. Soba contribuía con el mantenimiento de cuatro caminos, que eran la Lunada, la Sia, el Hocejo, y la Hoz de Herada, los cuales se encontraban, según el procurador, en buen estado y por el que podían transitar todos los habitantes sin peligro ninguno.49

También el ayuntamiento era el medio indicado para tramitar la defensa de los intereses de los vecinos. En la junta general de 1763, se expuso la queja por la subida de las tasas eclesiásticas por los entierros que de cuatro reales, según la costumbre, subirían a cinco reales y medio. Se decidió otorgar poder al procurador para que concurriese a los tribunales debido al perjuicio que ocasionaba al común de los habitantes.50

En el siglo xviii, la intervención de la corona sobre los bienes comunales era cada vez más estricta. Las tierras que poseían los concejos o el mismo valle no podían ser vendidas o enajenadas, pero tampoco se les brindaba a los vecinos la oportunidad de disponer totalmente de los recursos forestales. Estas tierras, generalmente montes altos con numerosos y nobles árboles como nogales, robles, hayas y encinas, no podían usufructuarse libremente, en cuanto que los árboles y las leñas estaban destinados para abastecer de carbón vegetal las fábricas de hierro colado de La Cavada y Liérganes.51 Los árboles, sobre todo los robles, estaban bajo jurisdicción militar, de manera que se destinaban a la fabricación de los reales bajeles de la marina, concretamente al astillero de Guarnizo. Los nogales eran requeridos para la fabricación de “cureñas”, utilizadas para las cajas de fusiles o palos de ballestas. En 1764 llegó una real orden requiriendo madera de nogal para las fábricas de Plasencia.52 Tan sólo se permitía a los vecinos, bajo permiso y supervisión, cortar algunos árboles para la edificación de casas y molinos.

Por supuesto, este control de la corona fue motivo de tensiones con los ayuntamientos, como entre los mismos vecinos y el municipio, porque de manera ilegal se extraía en muchas ocasiones árboles o leñas. El mercado para esta leña eran los tradicionales ferrones o ferrería, los cuales necesitaban del combustible vegetal o carbón para la producción de hierro. A pesar de la supuesta competencia por los recursos, el historiador Ramón Lanza sugiere que tras la caída de algunos obstáculos fiscales a mediados de siglo xviii y la mejora de las comunicaciones, las ferrerías aumentaron su capacidad productiva para suministrar a las fábricas de artillería de La Cavada y Liérganes.53 En la cuenca del río Asón, según Carmen Ceballos,54 había instalado 16 ferrerías, y cinco de ellas se levantaron entre 1750 y 1800.

Los ferrones compraban directamente el carbón al ayuntamiento. La corona estipuló que los montes cercanos a las ferrerías55 surtieran a éstas para su alimento, sin permitir que se sacaran carbones de las jurisdicciones con este tipo de industria. Sin embargo, en 1762, ante la competencia por la subida de la demanda, los ferrones de Soba se quejaban porque se extraían carbones del valle para otras ferrerías de fuera, y pedían que:

Hagan todas las diligencias para cortar semejante abuso de extraviar dichos carbones, así judiciales como extrajudiciales y que todos los carbones que se cuezan se entreguen por sus justos precios a los dueños de las ferrerías de dicho valle y no a la del Salto del Oso [junta de Parayas], ni otras foráneas.56

La carga de carbón tenía el precio estipulado en un cuartillo. Para reglamentar esta medida, en 1778 el ayuntamiento acordó hacer una medida estándar que se guardaría con el resto de las pesas y medidas, y sobre las que tenían que cotejarse la de los particulares. Se trataba de una caja de “madera bien sellada y marcada, de cabida de un costal de cinco cuartas de alto y tres de ancho”.57

Los carboneros no podían cortar leña si no era de determinados árboles y lugares, y con permiso del Ayuntamiento, aunque nunca faltaron transgresiones de los vecinos de dentro y fuera del valle. Por ejemplo, en 1770, el regidor de Rozas sorprendió y condenó a ciertos vecinos de la junta de Parayas que se introdujeron ocultamente en el valle a cortar leñas. Esta gran demanda, tanto por parte de la corona como de particulares, propició una gran pérdida forestal para el valle, a pesar de que según las ordenanzas de Montes se debían de repoblar los árboles talados.

Por otra parte, el control de la corona sobre las tierras comunales era cada vez más apremiante. Ciertamente éste era uno de los recursos de los concejos o ayuntamientos para conseguir dinero en momentos de necesidad, bien con la venta de ciertos terrenos o a través de la explotación bajo renta de los vecinos. La consideración de las tierras comunales como realengas le permitió a la corona en tiempos de crisis (Felipe ii) la enajenación y venta de las mismas. Sin embargo, a mitad del siglo xviii se reconoció la propiedad comunal volviendo a pasar su competencia a los municipios. De todas formas, la intervención de la corona se manifestaba a través de múltiples disposiciones como las que mandaban repartir estas tierras baldías o concejiles entre los más necesitados para que “se rompiesen y labrasen en ellas”, a cambio de una pequeña renta.58 El ayuntamiento respondió a esta real provisión diciendo “que esta república es corta de terrenos e inútil para dichas familias”.59 Lógicamente se refería a la inutilidad para la labranza, porque además eran tierras necesarias que permitían la explotación tradicional de su ganadería. De hecho, encontramos que en las cuentas de ciertos años aparecen partidas por “consentimiento” de algunos números de carros de tierra a los vecinos. Generalmente estas tierras, que suponemos cedidas en rentas, “regulados a cinco reales cada uno”, se encontraban lindando con los prados propiedad de cada uno de los vecinos. También al declarar la jurisdicción militar de la marina sobre los recursos forestales se limitaba la disponibilidad de los bienes propios del valle.

La intervención más significativa de la corona la constituyó la creación de la contaduría de propios y arbitrios y la obligación de cada municipio de mandar sus cuentas una vez al año con todos los detalles al respecto. De esta manera y según las instrucciones de 1760, había que dar noticias de los bienes o propios comunales y los arbitrios (impuestos o derechos destinados al municipio). Tenían que registrarse detalladamente la cantidad y origen de los gastos, la procedencia de los ingresos, los censos impuestos y se estipulaba la forma como se debían administrar los bienes. Además de la obligación de rendir cuentas, los intendentes tenían que aprobar los gastos extraordinarios, en consecuencia, la libre disponibilidad de los recursos era cada vez más limitada.60 Todavía en 1768, Soba no había cumplido la reglamentación sobre bienes de propios y arbitrios, y en el ayuntamiento de principios de año, quedaba registrado en el libro de acuerdos que ante la obligación de llevar estas cuentas a Burgos, “respecto que no las hay, se copien las cuentas de un quinquenio” y que el procurador las entregase.61

Las reformas borbónicas, más intensas en la segunda mitad del siglo xviii, crearon motivos de confusión y conflictos en los espacios municipales. La legislación sobre recursos comunales fue uno de los frentes que crearon más irregularidades. Según Alfonso Blanco, la ilustración fue el principal enemigo de los bienes comunales, que los consideraba un despilfarro.62 Este autor dice que el origen de esta especial propiedad común en España, además de la ocupación o repoblación, está en una economía primordialmente ganadera. Estos bienes de aprovechamiento común de los pueblos consistían en los ejidos, las dehesas, los baldíos y los montes.

Para hacernos una idea de las gestiones de los recursos y obligaciones del valle y su administración, haremos una relación ateniéndonos a las cuentas que presentaba el síndico procurador al final de su ejercicio. Las cuentas estaban divididas en dos partes: cargo y data. En la primera parte o cargo se recogían los recursos e ingresos del valle y en la segunda, las partidas que se habían pagado bajo concepto de gastos. Las cuentas comienzan siempre haciéndole al síndico procurador cargo de los “papeles” custodiados en el arca de tres llaves, los cuales debía presentar, y del “motacén de las pesas y medidas” que se decía en custodia del “motacenero”. Este era el encargado de tener los modelos de las pesas y medidas para supervisar una vez al año las de todo el valle.63 Después se pasaban directamente a los cargos por impuestos según lo estipulado en los repartimientos para todo el valle. El síndico debía presentar las cartas de pago del impuesto de “sisas, cientos y millones” y del impuesto de “utensilios”. Las alcabalas no aparecen porque estaban bajo arrendamiento en un particular.

Otros ingresos que solían aparecer en el cargo eran, por ejemplo, el alquiler de las tabernas de Asón y de la Pared. En las cuentas de 1773, por este concepto se registraban 75 reales anuales por el alquiler de la primera y 320 reales al administrador de la segunda.64 También solían registrarse entradas en concepto de la venta de algunos árboles o de la leña utilizada para elaborar carbones, combustible de las ferrerías, y la recogida por el asentista de La Cavada.

Uno de los conceptos más frecuentes eran los provenientes de las “prendarías”. Generalmente se prendaba el ganado de la villa de Espinosa de los Monteros que sin permiso se adentraba en la jurisdicción del valle. Por ejemplo, el ganado mayor era penado con 16 reales por cabeza y el menor con 8 reales.65 Dependiendo de la coyuntura en las relaciones con la villa de Espinosa de los Monteros, unas veces más tensa que otras, se llegaba hasta la determinación de comisionar en el ayuntamiento personas que fueran a vigilar y realizar “prendarías”.66 Este conflicto de larga duración, desató interminables pleitos y acciones recíprocas, pues no sólo eran los sobanos quienes prendaban. En 1764, los vecinos de Espinosa prendaron la cantidad de 6 285 cabezas de ganado de las Tres Villas de Pas que aprovechaban las brenas altas de Trueba y la Lunada.67

En la data se rescindía, una vez presentadas las cartas de pagos, los conceptos por impuestos de sisas, cientos y millones y utensilios. Después se recogían los gastos entre los que eran frecuentes: los salarios a los conductores de órdenes desde Burgos y Laredo, los gastos por convocatoria de ayuntamiento y de papel sellado, las conducciones de los impuestos, los salarios del procurador por salidas y trámites de la administración del valle. Al escribano de ayuntamiento se le pagaba por asistir a las secciones donde levantaba actas y por los diferentes informes, memoriales y cartas necesarias de tramitar. Otro de los oficios fijos del valle era el motacenero, el cual cobraba 44 reales.

Dependiendo de los años, podemos encontrarnos referencias a gastos especiales, como el de abrir una ventana en la casa consistorial, ubicada en Veguilla, o de la confección de un arca “que se ha de poner en la casa del ayuntamiento”.68 Este arca posiblemente era la que debía de custodiar las cuentas de propios y arbitrios, a la cual se hace alusión en las instrucciones de 1760. Entre los gastos encontramos algunos conceptos que dan idea de la labor social, o servicios de mutua que ofrecía el ayuntamiento del valle de Soba. Los vecinos que habían tenido la desgracia de perder sus casas en incendios eran auxiliados con cierta cantidad de dinero y proveídos con árboles para su reconstrucción.69 Regularmente, también encontramos cierta cantidad de dinero destinada a los pobres, y que consistía, por lo general, en 10 reales.

Al final de la cuenta se hacía balance entre cargo y data, de manera que si la data o gastos superaban al cargo o ingresos, los vecinos del valle tenían que reintegrar la diferencia al síndico procurador.

Conflictos y clientelas

Como hemos podido comprobar, los cargos públicos del valle, a diferencia de otros municipios, no se solían comprar, pero ello no significaba que no se produjera cierto acaparamiento de cargos en las familias más principales y poderosas de Soba. Los diferentes conflictos y pleitos que hemos encontrado por motivo de las elecciones, o por abusos de autoridad, ponen en evidencia que el ejercicio de estos cargos era, hasta cierto punto, no sólo motivo de honor y prestigio sino también de poder. Como señala Mantecón:

[…] el ejercicio de un oficio de justicia reforzaba la acción de otros instrumentos de persuasión como la capacidad de intervenir en la oferta de trabajo o de administrar los abastos en un concejo o en el valle, además de la que se derivara de la potencialidad intimidatoria de cada clientela.70

Para analizar las estrategias de las familias más importantes del valle nos remitiremos a casos concretos que evidencian las alianzas, abusos y conflictos por el poder local. Si observamos la relación de los cargos de ayuntamiento, comprobamos que el apellido “De la Peña” es uno de los más frecuentes, pues concretamente tres miembros de la familia de la Peña Saravia, vecinos de Cañedo, ejercieron de corregidor (véase cuadro 2). Sin embargo, no destacan estos Peñas en el catastro de la Ensenada 1753, por tener grandes propiedades, aunque podría suponerse que estaban adquiriendo riqueza y poder, precisamente durante estos años en que ejercían sus cargos.

Cuadro 2. Cargos del ayuntamiento del valle de Soba, 1760-1784

1759-60

corregidor: Francisco Severino de la Peña Saravia

procurador: Juan Francisco Gutiérrez de Rozas

1760-61

corregidor: Francisco Severino de la Peña Saravia

ten. corregidor: Pedro Gómez de Rozas

procurador: Miguel Sainz de la Lastra Zorrilla

1761

ten. corregidor: Juan Fco. Gutiérrez de Rozas

procurador: Cayetano López de la Peña (A. Indias)

ten. procurador: Andrés López de la Peña

1762

ten. corregidor: Juan Fco. Gutiérrez de Rozas

procurador: Ignacio García de Trevilla

1763

corregidor: Mateo Fernández de la Peña Saravia

procurador: José Pérez Roldan (A. Madrid)

ten. procurador: Andrés López de la Peña

1764

corregidor: Mateo Fernández de la Peña Saravia

ten. corregidor: Domingo Gutiérrez de Otero

procurador: Gaspar Vicente Gutiérrez del Regato

1765

ten. corregidor: Tomas García de la Portilla

procurador: Juan Fco. Gómez de Rozas

1766

corregidor: ANDRES López de la Peña

ten. corregidor: Francisco Martínez de Soto

procurador: Antonio Fernández del Torco

1767

ten. corregidor: José García de Santayana

procurador: Juan Gaspar López de la Peña

1768

corregidor: Andrés López de la Peña

ten. corregidor: Juan García de Rosas

procurador: Manuel Zorrilla del Corral y San Martin

ten. procurador: Francisco Martínez del Campo

1769

ten. corregidor: Francisco Martínez de Soto y Rozas

procurador: Juan Martínez de Rozas

1770

ten. corregidor: Juan Antonio Gutiérrez del Regato

procurador: Gabriel Ortiz de la Torre

1771

corregidor: Gregorio de la Lastra y Cortés

ten. corregidor: Fco. Gutiérrez de la Garnilla y Otero

procurador: José Martínez de Rozas

1772

corregidor: Bernardino de Arredondo

ten. corregidor: Francisco López de Pilas Arredondo

procurador: Fernando Sainz Trapaga

1773

ten. corregidor: Diego de la Peña Saravia

procurador: Alonso Gutiérrez de Rozas

1774

corregidor: Bernardino de Arredondo

ten. corregidor: José Sainz de los Torreros

procurador: Manuel Fernández del Torco

ten. procurador: Ignacio García de Trevilla

1775

corregidor: Pedro A. de la Maza y Mollinedo

ten. corregidor: Diego de la Peña Saravia

procurador: Francisco Martínez de Soto

1776

ten. corregidor: Francisco A. Gutiérrez de Rozas

procurador: Juan Antonio Ortiz de la Torre

1777

ten. corregidor: Cristóbal González de Santayana

procurador: José Antonio de Rozas

1778

ten. corregidor: Francisco Gutiérrez de Rozas

procurador: Fernando del Ribero Arredondo

ten. procurador: Juan A. Ortiz de la Torre

1779

ten. corregidor: Nicolás Gutiérrez de Rozas

procurador: Bartolomé López de Pilas

Fuente: ahpc, Soba, ayuntamiento, legs. 8-10.

En 1764, un número de vecinos de Cañedo protestaban por el abuso de su regidor, Miguel Zorrilla de San Martín (menor en días), al cual le acusaban de ser instrumento y cómplice de los poderosos: “los dichos Peñas [...] que han aumentado con crecidos cierros y orillas, haciendo casas cabañas, de manera que hasta en esto le están disfrutando crecidos daños y perjuicios al común por haberse cerrado fuentes y abrevaderos, pasos y pastos”. Le acusaban de estar coaligado con los Peñas, los cuales tenían en la familia al corregidor, Mateo Fernández de la Peña Saravia.

Esta familia avecindada en Cañedo optaba por múltiples estrategias para consolidar su poder e influencia en el nivel local. Además del ejercicio de los cargos públicos, sumaba otras estrategias que le permitía obtener cada vez más riqueza y expandir sus redes sociales, consistente en el envío de ciertos miembros a las Indias o Andalucía. Diego de la Peña Saravia, teniente de corregidor en 1751 y 1773, y hermano del corregidor en 1760, Francisco Severino de la Peña, tenía cinco hijos varones: Roque, Manuel, Antonio, Jerónimo y Juan de Dios y una hija, Gabriela. Todos los hijos, salieron del valle. Jerónimo partió en 1762 en una expedición para el Orinoco.71 Roque se instaló en Puebla de los Ángeles, dedicado al comercio, desde donde le enviaba a su padre ciertas cantidades de dinero.72 Fue nombrado regidor en 1775, y por ausencia ejerció su padre Diego, como teniente. Manuel también terminó trasladándose a Puebla de los Ángeles con su hermano. Antonio se instaló en Andalucía durante algunos años, posiblemente estuviese residiendo en Cádiz, donde sabemos habían otros sobanos, concretamente de Cañedo como su pariente Pedro de la Peña. Juan de Dios se asentó en Granada donde se casó y tuvo tres hijos, que fueron registrados en los padrones aunque posiblemente no pisaran nunca el valle de donde era originario su padre.73

Encontramos en el Archivo Histórico de Santander un gran número de evidencias de cómo estas familias apoyaban a algunos de sus miembros para que salieran hacia América. Sirva de ejemplo este testimonio de Juan García Lavín, quien fue apoyado por su cuñado Antonio de la Peña Saravia y su hermana para buscar fortuna en los “Reynos de Indias” a cambio de que les dejase sus tierras, de manera que también fue ésta una estrategia de acumulación de propiedades, además de ampliación de redes:

[…] pasar a Indias a disfrutar la fortuna que Dios Nuestro Sr. le diese para pasar su vida y atento que para la ida de su viaje Antonio de la Peña Saravia y María García vecinos de dicho lugar, su hermana y su cuñado, se han empeñado para surtirle de dinero, alhajas y vestidos y para lograr también muchos viajes y ocupaciones […] como también ha solicitado cartas de recomendación para Cádiz y otros puertos de esta España e Indias […] y dinero por cuenta ajustada ha recibido el otorgante setecientos reales de vellón y para gratificación y paga de tanto beneficio que nos llega, dejo sin renta alguna a los dichos toda la hacienda raíz que me corresponde de los dichos difuntos mis padres”.74

La acumulación de propiedades para las grandes familias era muy importante, se aplicaron diferentes estrategias como el mayorazgo, la compra de tierras, hacerse con el patrimonio de los familiares migrantes y también con propiedades comunales. Estas estrategias eran más factibles a partir de contar con el beneplácito de las competencias de los cargos municipales o del propio ejercicio. Según Bernardo Ares, no se puede entender las dinámicas locales de los gobiernos municipales sin entender los intereses socioeconómicos de sus elites.75

El abuso y manipulación de los cargos públicos por algunos miembros de esta familia, no se redujo al acaparamiento de tierras o uso de las propiedades comunales de Cañedo, sino que, según testimonios posteriores, fueron acusados de delitos mucho más graves que finalmente fueron denunciados. Uno de los principales implicados era hijo del que fuera corregidor del valle, Mateo de la Peña. El pleito que se abrió en 1799 por la elección de síndico procurador, reveló muchas de las actuaciones encubiertas de los procuradores, que era uno de los cargos más ambicionados, pues controlaba y disponía de los caudales del valle. En este caso Bartolomé López, cabeza de la oposición, se negó a admitir la propuesta del procurador saliente, Alonso de la Peña Saravia (hijo de Mateo) en acuerdo con el procurador anterior, Francisco de la Peña Saravia, y exigía una libre elección por votación. Se argumentó que el año precedente se había previsto un decreto en el ayuntamiento para que el nombramiento de este cargo fuese por votación de los capitulares. Como decía Bartolomé en su testimonio, se debía evitar que este cargo estuviese en “una sola casa y sus particulares” (véase el cuadro 2); efectivamente los dos procuradores salientes eran parientes. Bartolomé declaró que era público y notorio que Francisco de la Peña debía gran cantidad de dinero de los caudales del valle, y que Alonso de la Peña tenía en su poder las dos llaves del archivo, siendo reconocido el extravío de papeles, tachaduras y borraduras en los padrones, actas de Ayuntamientos, pruebas de hidalguías y otros papeles. Ambos, según Bartolomé, habían elegido como propuesto al regidor de Herada, para que éste como aliado no molestara ni reclamara los delitos cometidos por los dos Peñas. Todo ello, finalmente, fue ratificado por los regidores del valle que decidieron respaldar la acusación de Bartolomé López ante la real chancillería de Valladolid.

Este pleito representa una importante evidencia de las estrategias y argucias de la familia Peña para consolidar y acrecentar su poder en el valle. El ejercicio de los cargos municipales a través de las redes familiares y clientelares, les permitía hacerse con capital, con tierras, utilizar los instrumentos judiciales a su alcance y fortalecer los lazos de fidelidad76 y clientelismo en la región.

Conclusión

En este trabajo hemos abordado las instituciones locales y las prácticas políticas de los vecinos del valle de Soba (Cantabria) durante el siglo xviii. La cultura política en este valle tenía dos características: una, la de resistir al proceso de disciplinamiento de los dos poderes cada vez más controladores: iglesia y monarquía; y el otro era el uso frecuente de la justicia para dirimir los conflictos locales. De estas manifestaciones, nos hemos detenido con especial interés en el análisis de las prácticas a partir del gobierno y la representación en los concejos y ayuntamiento.

El abuso y utilización de los cargos municipales formaron parte de las estrategias más frecuentes de las elites locales que hacían uso de la autoridad para consolidar su poder, disponer de caudales, y agrandar sus patrimonios. El ejercicio del cargo podía inclinar la balanza hacia la familia y sus aliados, y podía reportar la complicidad de la justicia.77 En este caso se ha tomado como referencia un apellido o linaje del valle, pero igualmente podríamos encontrar casos más concretos de abusos de autoridad que llegaron en ocasiones hasta las instancias judiciales. Existen muchos testimonios de cómo las familias más poderosas del valle abusaron de las competencias que suponían estos cargos para consolidar su poder, y reforzar los lazos de clientelismo. Por supuesto, estos comportamientos no eran exclusivos del valle de Soba, pues como lo refleja en su trabajo Tomás Antonio Mantecón, era una de las pautas integradas dentro de la reproducción social de los linajes, donde las clientelas aldeanas estaban compuestas no sólo por parientes sino por “paniaguados” y dependientes que mantenían fuertes vínculos de fidelidad.78

El avance del clientelismo y refuerzo de ciertos linajes, como los Peñas, fue una constante a medida que avanzaba el siglo xviii en la región. Otra de las estrategias de las grandes familias era la migración hacia América o la Península de algunos de sus miembros para ampliar las redes de influencia. Si observamos los padrones, o la elección de los regidores, que presentamos en el cuadro 1, podemos constatar la presencia de muchos migrantes electos, aunque el ejercicio quedaba en manos de la familia u otro miembro clientelar. Las fidelidades y lazos de dependencia fortalecían las redes sociales, tal como hemos apreciado en los múltiples conflictos que se dirimieron ante la justicia por motivos del ejercicio de poder y de los cargos municipales en el valle de Soba.

Fecha de recepción: 12 de enero de 2015

Fecha de aprobación: 24 de agosto de 2015

1 Tomás Antonio Mantecón aborda la discusión sobre cultura política en el antiguo régimen desde su análisis del proceso de disciplinamiento social en la población de Cantabria: “Desde el punto de vista teórico la oposición al disciplinamiento social se asentaba en el marco de atribuciones y potestades que el pueblo se había reservado cuando trasladó el poder al rey en el momento constitucional de la comunidad política (traslatio). Desde el punto de vista de la práctica política, esas capacidades limitativas del pueblo hacia el disciplinamiento social de las Iglesias y monarquías se manifestaban siempre que los grupos, cuerpos sociales o individuos se oponían a las excesivas demandas de los gobernantes, o bien cuando protegían costumbres locales, socialmente muy arraigadas, frente a los proyectos reformistas de las iglesias cristianas”. Véase de este autor, “Cultura política popular, honor, y arbitraje de los conflictos en la Cantabria rural del antiguo régimen”, en Historia Agraria, 16 (1998), pp. 121-151.

2 Bernardo Ares, José Manuel, “El régimen municipal en la corona de Castilla”, en Studis Historia Moderna, 15 (1996), pp. 23-61. Este autor analiza la historiografía acerca de los estudios sobre la administración local, haciendo especial mención en la necesidad de abordar estos estudios poniendo atención en las dinámicas socioeconómicas regionales y las relaciones horizontales entre gobernados y gobernantes.

3 Véanse los trabajos de Tomás A. Mantecón, entre ellos: Conflictividad y disciplinamiento en la Cantabria rural del antiguo régimen, Santander, Universidad de Santander, 1997 y “El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen durante la edad moderna”, en Estudis, 28, (2002), pp. 43-75.

4 Ortiz Mier, Amada, Padrones de hidalguía del valle de Soba (1605-1842), Santander, Archivo Histórico Provincial de Santander, 1990.

5 Ramón Lanza señala que el relieve de fuertes pendientes y el clima preferentemente húmedo proporcionaba unos recursos forrajeros muy aptos para el pastoreo especialmente del ganado vacuno, pero por otra parte el desarrollo de las actividades forestales y la difusión de cultivos intensivos como el maíz y la patata competía con la ganadería por la asignación de tierras y el trabajo familiar. A pesar de ello, la ganadería experimentó un crecimiento hasta las últimas décadas del siglo xviii en Cantabria. Véase de este autor, “El crecimiento de la ganadería de Cantabria entre los siglos xvi y xix: una temprana especialización regional”, en Historia Agraria, 23 (1998), pp. 79-118.

6 Lanza, Ramón, La población y el crecimiento económico de Cantabria en el antiguo régimen, Santander, Universidad de Cantabria, 1993.

7 Véanse como ejemplo los trabajos siguientes: Ma. del Carmen González Echegaray, “Pasajeros a Indias del valle de Toranzo”, en Santander y el nuevo mundo, Santander, Diputación Provincial de Santander, 1779; Conti, Viviana, “De las montañas de Santander a los Andes del sur: migraciones, comercio y elites, en Andes Antropología e Historia, 8 (1997); Gavira, Concepción, “La emigración en el valle cantábrico de Soba a fines del siglo xviii. La casa Gutiérrez y el comercio con Indias”, en Andes Antropología e Historia, 10 (1999) y Pérez Vejo, Tomás, “La vida como un estereotipo: memorias de un comerciante montañés en la Nueva España del siglo xviii”, en Historia Mexicana, v. 1, 57 (2007).

8 En la obra de Santayana Bustillo, Lorenzo de, Gobierno político de los pueblos de España, Madrid, Imprenta viuda de Eliseo Sánchez, 1769. En el capítulo primero “El ayuntamiento o concejo”, se dice: “vecino se dirá el que habita en el pueblo la mayor parte del año, y el que esté reputado por tal en la población”, p. 9.

9 Los concejos podían comprender diferentes barrios que a lo largo del tiempo conforman nuevos concejos, como ocurrió en Soba durante los siglos xvii, xviii y xix. Amada Ortiz nos muestra la evolución de los barrios hasta erigirse en concejos, aumentando en número de 18 hasta 27, desde 1605 hasta 1833. Sin embargo, no hay que confundir con la división eclesiástica en parroquias, las cuales llegan a constituirse en 19 contando con la de Valdició y Calseca. La autora recoge la evolución de muchos de estos barrios convertidos en concejos y las parroquias a las que pertenecen. Ortiz Mier, Amada, Las ordenanzas del valle de Soba, Santander, Diputación Provincial de Santander, 1977.

10 Baró Pazos, Juan, “Conflictividad y representación en el concejo de Potes en la época moderna”, en I Encuentro de Historia de Cantabria, Santander, Universidad de Cantabria-Gobierno de Cantabria, 1999.

11 Ortiz Mier, Las ordenanzas del valle de Soba, p. 256. Amada fecha las ordenanzas, que se encuentran incompletas, aproximadamente en el siglo xvii.

12 El vino tenía establecido el precio dependiendo de su calidad y procedencia, pues en la segunda mitad del siglo xviii los representantes del valle dicen que no se producía vino. Además de diferentes productos tenían que ser establecidos de forma pública los aranceles de los escribanos. Esto quedaba recogido en las ordenanzas del valle y en los diferentes autos de buen gobierno.

13 El periodo de veda absoluta quedó establecido en 1756: “desde el primero de marzo hasta fin de julio de cada un año”. Archivo Histórico Provincial de Cantabria (en adelante ahpc), Soba, ayuntamiento, leg. 8, doc. 2.

14 Estos son dictados por el corregidor de los valles de Soba, Ruesga y Villaverde. Véase, por ejemplo, el del corregidor Don Andrés López de la Peña, dado en Villaverde en 1768. ahpc, Soba, ayuntamiento leg. 9, doc. 2.

15 Véase Ortiz Mier, Las ordenanzas del valle de Soba.

16 ahpc, protocolos, 3624, año 1774.

17 ahpc, protocolos, 3623, año 1770.

18 ahpc, protocolos, 3723, año 1762.

19 Rodríguez Fernández, Agustín, Alcaldes y regidores. Administración territorial y gobierno municipal en Cantabria durante la edad moderna, Santander, Institución Cultural de Cantabria-Ediciones de Librería Estudio, 1986, p. 82.

20 ahpc, protocolos, 3723, año 1762.

21 ahpc, protocolos, 3723, año 1762.

22 Ortiz Mier, Padrones de hidalguía.

23 Dentro de los oficios vendibles, Tomás y Valiente denomina los regidores como oficios de poder. Según este autor eran codiciados por la baja nobleza porque suponían ciertas cuotas de poder local, pero sus sueldos eran muy bajos y se pagaban de los bienes municipales. Habla de que eran cargos vendibles, pero no tenemos noticias de que en el valle de Soba se vendieran y en cambio tenemos noticias de las elecciones. Tomás y Valiente, Francisco, “Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos xvii y xviii”, en Gobierno e instituciones en la España del antiguo régimen, Madrid, Alianza Editorial, 1982.

24 Bernardo Ares, “El régimen municipal”, pp. 38-39.

25 ahpc, protocolos, 3723, año 1762.

26 Mantecón, Tomás A., “Desviación, disciplina social e intervenciones judiciales en el Antiguo Régimen”, en Studia Histórica: Historia Moderna, 4 (1996), pp. 223-243.

27 ahpc, protocolos, 3723.

28 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 9, doc. 2.

29 ahpc, protocolos, 3622, año 1764.

30 Mantecón, “Desviación, disciplina social e intervenciones judiciales”, p. 232.

31 Rodríguez Fernández, Alcaldes y Regidores, p. 13.

32 Maza Solano, Tomás, Relaciones históricas-geográficas y económicas del partido de Laredo en el siglo xviii, Santander, Diputación Provincial de Santander-Centro de Estudios Montañeses, 1970, p. 470.

33 Ortiz Mier, Las ordenanzas del valle de Soba, p. 265.

34 ahpc Soba, ayuntamiento, leg. 10, doc. 6, año 1782.

35 ahpc, Soba, varios, leg. 34, f. 145 v.

36 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 8, doc. 2. Real orden recogida en el libro de acuerdos del ayuntamiento, año 1759.

37 ahpc, protocolos, 3623, año 1770.

38 Existía una escuela en el concejo de San Martín, la cual había sido fundada por Juan Sainz de la Lastra, muerto en las Indias. En 1765 unos vecinos de Valdició impusieron un censo a favor de la escuela que consistía en 33 reales. Sin embargo, no podemos confirmar si era la única escuela del valle. Véase ahpc, Soba, leg. 32, doc. 2.

39 ahpc, protocolos, 3620, año 1761.

40 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 5, doc. 1.

41 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 10, doc. 6.

42 Mantecón, Tomás A., “Cultura política popular, honor y arbitraje de los conflictos en la Cantabria rural del Antiguo Régimen”, Historia Agraria, 16 (1998), pp. 121-151.

43 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 8, doc. 2

44 ahpc, Soba, varios, leg. 34, doc. 2.

45 ahpc, Soba, varios, leg. 34, doc. 2.

46 ahpc, Soba, varios, leg. 34, doc. 2.

47 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 5, doc. 1.

48 Véase, por ejemplo, el libro de acuerdos del ayuntamiento de 1762. ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 9, doc. 1.

49 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 10, doc. 1.

50 ahpc, protocolos, 3623.

51 Son numerosas las reales órdenes que se encuentran a mediados del siglo xviii que hacen referencia al privilegio concedido por el rey para estas fábricas. Los valles comprendidos “en las cinco leguas a la redonda” tenían la obligación de ceder la explotación forestal a estas fábricas a través de un asentista. Véanse ahpc, Soba, ayuntamientos.

52 Se necesitaban 30 000 cureñas, para lo que se pedía ejecutar el corte de leña en las jurisdicciones de Bilbao, Vizcaya y Laredo. ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 9, doc. 1, año 1764.

53 Ramón Lanza, La población y el crecimiento económico, p. 169.

54 Ceballos, Carmen, “Las ferrerías de la cuenca del río Asón: nuevas aportaciones al estudio de la industria siderúrgica tradicional de Cantabria”, en Monte Buciero, 8 (2002), pp. 213-244.

55 Las ferrerías estaban instaladas en el margen del río Asón. Dos de las ferrerías de Soba eran la de Puente del Canto, y la de Cabo de Mar, esta última pertenecía a Juan Francisco López de la Peña y Lorenzo López de la Peña; de la primera en el catastro de Ensenada se decía que estaba arruinada y no fabricaba hierro desde hacía 16 años, pertenecía a Gaspar de Rozas. Véase García Alonso, et al., El valle de Soba: arte y heráldica, Santander, Universidad de Cantabria, 1995.

56 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 9, doc. 1, año 1762.

57 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 10, doc. 4. Ésta debía guardarse por el motacenero junto con las otras medidas como medía fanega, un celemín y medio celemín. Una vez al año los regidores debían llevar las pesas y medidas de sus pueblos a cotejar con las del motacén.

58 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 9, doc. 2, real cédula del 29 de diciembre de1767.

59 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 9, doc. 2, real cédula del 29 de diciembre de1767.

60 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 8, doc. 2, real cédula 1760, ff. 22-31.

61 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 9, doc. 2, año 1768.

62 Blanco Higuera, Alfonso L., “La imprescriptibilidad de los bienes comunales: su trascendencia para la conservación de la propiedad forestal pública”, en Revista Jurídica de Castilla y León, 32 (2014), pp. 1-37. Este autor dice que el origen de esta especial propiedad común en España, además de la ocupación o repoblación, está en una economía primordialmente ganadera. Estos bienes de aprovechamiento común de los pueblos consistían en los ejidos, las dehesas, los baldíos y los montes.

63 El motacenero también debía llevar las pesas y medidas a Laredo donde pasaban igualmente certificación.

64 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 10, doc. 6, año 1773.

65 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 10, doc. 6, Año 1773.

66 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 5, doc. 2. En el ayuntamiento de 1698 se elige un regidor de medio valle arriba y otro de medio valle abajo para que “hallan de salir a prendar los ganados de la villa de Espinosa de los Monteros”.

67 García Alonso, Manuel, La cabaña pasiega. Origen y evolución arquitectónica, Santander, Autor-Editor, 1984, p. 55.

68 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 10, doc. 6, cuentas de 1776.

69 ahpc, Soba, ayuntamiento, leg. 8, año 1760, acuerdos de ayuntamiento del 28 de febrero de 1760. Se conceden 200 reales por la pérdida de tres casas incendiadas.

70 Mantecón, “Desviación, disciplina social e intervenciones judiciales”.

71 Archivo General de Indias, contratación, 5506, núm. 1, r. 57, 1762. “Expediente de información y licencia de pasajeros a Indias”.

72 ahpc, protocolos, 3624, año 1773. Se hacen referencia al envío de dos cantidades, 7 852 reales de vellón y 570 pesos fuertes.

73 Ortiz Mier, Padrones de hidalguía.

74 ahpc, protocolos, 3623, año 1770. Sobre las causas de la migración y las condiciones en que viajaban los migrantes, véase Gavira, “La emigración en el valle cantábrico de Soba”.

75 Bernardo Ares, “El régimen municipal”, p. 33.

76 Mantecón define la fidelidad como “nexo capaz de articular solidaridades familiares, clientelares o vecinales de tipo comunitario”. Véase de este autor, “Cultura política popular”, p. 140.

77 Mantecón, Conflictividad y Disciplinamiento. En ciertos casos, como hace referencia este autor, los cargos estaban a nombre de una persona, pero en realidad lo ejercía el superior o patrón de la clientela, “La potestad del oficio se sometía a la jerarquía clientelar”, p. 234.

78 Mantecón, Conflictividad y Disciplinamiento, cap. ii.

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos ∙ Número 64 julio-diciembre 2016 ∙ ISSN: 1870-719X ∙ ISSN-e: 2007-963X

E

Estrategias femeninas ante el incumplimiento

a la palabra de matrimonio

José Gustavo González Flores

Ma. Isabel Marín Tello

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la falta a la palabra de matrimonio a partir de los casos del juzgado eclesiástico de Taximaroa en el obispado de Michoacán. Los fines que persiguen las mujeres que demandan es denunciar su honor mancillado a través de la celebración del matrimonio prometido o en su defecto el beneficio económico de una dote. A través de estos casos también se pueden puntualizar la importancia del matrimonio en aquella época y las estrategias que hombres y mujeres empleaban para obtener el fallo a favor en las demandas de esponsales. Al respecto, las mujeres se insertaban en el discurso de la época haciéndose pasar por débiles, vulnerables y “engañadas” ante los hombres, quienes se aprovechaban de eso para tener relaciones sexuales con la promesa de matrimonio. Los hombres demandados, más allá de negar el acto sexual, tildaban a aquellas de “poco íntegras” utilizando toda clase de recursos que iban más allá de los valores morales, señalando incluso que la propia situación socioeconómica, que las llevaba a salir de su casa para trabajar, era motivo para acusarlas de libertinas.

Palabras clave: falta a la palabra, matrimonio, sexualidad, estrategias femeninas, Taximaroa

Women’s strategies facing

the unfulfillment of marriage promises

Abstract

This paper aims to study the unfulfillment of marriage promises based on cases registered in the Taximaroa ecclesiastical court in the Michoacán bishopric. Women who complained aimed to denounce that their honour was sullied following the unfulfilled marriage, or alternatively, to claim a compensation dowry. Such cases help to understand the importance of marriage back then, as well as the strategies used by plaintiffs, either men or women, in order to win the case. For instance, women pretended to be appear as weak, vulnerable and “cheated on” with respect to men, who allegedly took advantage of them in order to have sexual relations. The defendants did not only refuse these accusations but also labeled women as dishonest and libertines.

Key words: unfulfillment, marriage, sexuality, women’s strategies, Taximaroa

Stratégies féminines face

au non-respect de la promesse de mariage

Résumé

Les fausses promesses de mariage sont l’objet de cette recherche basée sur les archives du tribunal ecclésiastique de l´évêché du Michoacán. Les femmes y dénoncent ceux qui ont porté atteinte à leur honneur et cherchent à les obliger à se marier comme convenu ou bien à obtenir d’eux une dote. Les différents cas montrent l’importance du mariage à cette époque et les stratégies mises en place aussi bien par les hommes que par les femmes, pour avoir gain de cause. Les femmes reprennent le discours alors en vigueur invoquant leur faiblesse et leur vulnérabilité pour expliquer qu’elles ont été «trompées» par les hommes qui en ont profité pour avoir des relations sexuelles avant le mariage. Les hommes, outre le fait de nier l’acte sexuel, les traitent de «peu intègres» et recourent non seulement aux valeurs morales, mais profitent également de la situation socioéconomique qui les oblige à sortir de chez elles pour travailler, afin de les accuser de libertinage.

Mots clé : manque à la promesse, mariage, sexualité, stratégies féminines, Taximaroa

Sea lo que fuere, respondió Dorotea, lo que en mi cuento pasa fue que tomando don Fernando una imagen que en aquel aposento estaba, la puso por testigo de nuestro desposorio; con palabras eficacísimas y juramentos extraordinarios me dio palabra de ser mi marido, puesto que, antes que acabase de decirlas, le dije que mirase bien lo que hacía, y que considerase el enojo que su padre habría de recibir de verle casado con una villana, vasalla suya; que no le cegase mi hermosura…

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha

atarina Ortega y Antonio Correa contrajeron matrimonio en 1736, en la parroquia de Taximaroa en el obispado de Michoacán; este acontecimiento de rutina que debía cumplir una pareja sale de lo normal, pues el casamiento se celebró después de que la muchacha ganó un juicio de esponsales por incumplimiento de palabra de matrimonio. Cuando se hacía una denuncia por incumplimiento de esponsales la mujer por lo regular tomaba el papel de “engañada”, aunque había accedido a tener relaciones sexuales, previa promesa de palabra de matrimonio. Entonces, los fines que perseguía una “mujer engañada” eran denunciar que su honor había sido mancillado; las posibles soluciones al conflicto eran celebrar el matrimonio prometido o recibir el beneficio económico de una dote.

La historiografía sobre la formación de la familia y las implicaciones de la que se deriva nuestro tema de estudio, ha sido abordado en México en las últimas tres décadas; aquí citaremos algunos de los trabajos más relevantes que coinciden con la línea de trabajo en la que desarrollamos nuestra investigación. En el estudio del matrimonio y la sexualidad en la época colonial destaca Asunción Lavrín (1989),1 quien es una de las pioneras sobre estas temáticas. Posteriormente la misma autora vuelve sobre la falta a la palabra de matrimonio en “la sexualidad y las normas de moral sexual” (2005).2 Otro estudio clásico es el de Patricia Seed, Amar honrar y obedecer en el México colonial (1991, versión en español).3 Ambas autoras coinciden en que había una línea muy delgada entre la moral sexual dictada y la conducta real de los novohispanos. Ha habido otros estudiosos como Juan Javier Pescador (1994),4 Richard Boyer (1995),5 Nohemí Quezada (1996),6 y Bernard Lavallé (1998)7 quienes directa o indirectamente abordan el tema de la falta a la palabra de matrimonio. En los últimos años, ha habido varios trabajos en torno al tema a nivel hispanoamericano entre los que encontramos el de María Luisa Candau Chacón (2005 y 2008),8 María Victoria Montoya Gómez (2010).9 Todos estos trabajos han contribuido para derrumbar la impresión de que, en el periodo colonial, la Iglesia y la monarquía controlaron el ejercicio de la sexualidad y lo suscribieron sólo dentro del matrimonio. Al respecto, también se reveló que las relaciones sexuales fuera del matrimonio fueron más comunes de lo que se pensaba. Vale la pena mencionar aquí un trabajo muy utilizado y poco reconocido por los estudiosos del tema de la familia y el matrimonio, nos referimos al de Daisy Rípodas Ardanaz El matrimonio en Indias, realidad social y regulación jurídica.10

Nuestro artículo se divide en cuatro partes además de la conclusión: 1) Familia, matrimonio y esponsales; 2) La importancia de la parroquia de Taximaroa; 3) El incumplimiento de la palabra de matrimonio y 4) Matrimonio y la vida cotidiana parroquial del siglo xviii.

Familia, matrimonio y esponsales

El matrimonio en la época estudiada era la forma legítima de formar una familia y ésta era reconocida como la célula de la sociedad. Para llegar a la celebración de dicho matrimonio hacía falta una serie de acciones previas que están ligadas a las relaciones sociales de los individuos que conviven en un espacio determinado. En el periodo estudiado en este artículo, la sociedad cumplía con lo estipulado en el concilio de Trento (1545-1563) y ratificados en la Nueva España por el tercer concilio provincial (1585). La abrumadora mayoría de los matrimonios de la época cumplieron con los requisitos de la época y de ello tenemos las evidencias en los archivos parroquiales que se conservan y, para el caso del obispado de Michoacán, en el archivo del provisorato. Sin embargo, había algunas excepciones, en las que se infringía el orden establecido, que era la celebración de esponsales y su reducción al matrimonio.

Detengámonos un poco en la norma para comprender la anomia. Los esponsales se celebraban en la península ibérica desde la época romana. Durante el reinado de Alfonso x, Las siete partidas retomaron el tema del casamiento; en la partida iv se sistematiza todo lo relativo al matrimonio en Castilla partiendo de los esponsales. Podían contraer esponsales todos aquellos que tenían la capacidad de prestar su consentimiento para unirse en matrimonio; por esta razón estaba prohibido a los furiosos, mentecatos, impedidos para engendrar (castrados) y niños.11 Había dos tipos de esponsales, unos de presente y otros de futuro; éstos eran el consentimiento para un matrimonio remoto y aquéllos para un matrimonio próximo. Se podían celebrar esponsales de futuro desde la edad de los siete años si los padres daban su consentimiento. En estos casos más bien eran los padres los que celebraban los esponsales a nombre de sus hijos. Los esponsales se llevaban a cabo con el solo consentimiento de los “esposos”; sin embargo, algunas veces se confirmaba con la bendición sacerdotal o con la firma de escrituras y en presencia de testigos, o con donaciones esponsalicias que el hombre hacía comúnmente a la mujer y rara vez al contrario. De los esponsales nacía la obligación de contraer matrimonio. Si los esposos se rehusaban a cumplir la palabra, no se les podía obligar, pues el matrimonio debía contraerse en el mutuo amor y no por coacción. Pero “sólo la abstinencia de relaciones sexuales daba a quien prometía matrimonio la posibilidad de revocarla”.12 Coincidimos con Asunción Lavrín, cuando afirma que “el examen de los juicios civiles y eclesiásticos novohispanos en los cuales la mujer —o el hombre— denunciaban la falta de cumplimiento de la palabra de casamiento, corrobora que la presunta promesa de matrimonio fue la premisa que usaron quienes tenían relaciones sexuales antes del mismo”.13 Existían los argumentos legales para deshacer una promesa matrimonial y Las siete partidas legislaron al respecto; una característica es que dejaba en manos de la Iglesia regular ese tipo de conflictos.

La celebración del matrimonio pasaba entonces por varias etapas: 1) los esponsales o promesa de matrimonio entre la pareja, 2) la presentación en el templo para notificar el deseo de casarse y correr las amonestaciones, 3) la celebración del matrimonio en la parroquia, ceremonia en la cual se llevaba a cabo el sacramento y la velación, 4) la consumación del matrimonio a través de la unión sexual. En esta ocasión nos ocuparemos solamente de la primera parte del procedimiento: los esponsales. De los esponsales nacía la obligación de contraer matrimonio; si los esposos rehusaban cumplir la palabra, no se les podía obligar, pues el matrimonio debía contraerse por mutuo amor y no por coacción. “Pero si las circunstancias aconsejan otra cosa, si la honestidad fue mancillada por el ósculo, o si la esposa perdió su virginidad, debe ser obligado el esposo a casarse”.14 Las normas del derecho canónico explícitamente señalaban al respecto que:

Así, el que desflora a una virgen bajo la promesa fingida de matrimonio está definitivamente obligado a casarse con ella, si la misma no pudo fácilmente percibir la intención falaz y el daño no puede ser resarcido de otra manera. Si no puede repararse de otro modo, el que así desflora está obligado a constituir una dote o a tomarla por esposa.15

La palabra de esponsales era una forma de convencer a la mujer de tener relaciones sexuales, con la certeza de que el matrimonio se celebraría en breve. Sin embargo, si esta promesa era fingida y el varón se negaba a cumplir su parte del trato, se incurría en el incumplimiento de palabra de matrimonio y la mujer podía acusar al hombre ante un juez eclesiástico. Una vez que la mujer abría un juicio por incumplimiento de palabra se seguía un proceso judicial. El juez eclesiástico era el único al que correspondía conocer en estos casos y podía, con penas espirituales, llegar a compeler al matrimonio a la parte renuente.16

Las relaciones sexuales durante el periodo de los esponsales hacían indisoluble la unión de la pareja. Los canonistas de la escuela teológica de Bolonia señalaban que la cópula consumaba el matrimonio a diferencia de la escuela de París, que sostenía la sacramentalidad del matrimonio desde la promesa hecha de palabra. Ambas teorías, consensualistas y copulativas, se fusionaron con el tiempo dando lugar al matrimonio iniciatum, para los esponsales o palabras de futuro, el matrimonium ratum para las palabras del presente, momento en el que quedaba creado el vínculo y matrimonium consummatum para la unión sexual, cuando el matrimonio ya era indisoluble.17

Las demandas de esponsales se ponían en el provisorato o juzgado eclesiástico del obispado, pues Las siete partidas señalan que los obispos podían obligar a los desposados a cumplir su palabra de matrimonio cuando una de las partes se resistía y la otra quería que se cumplieran los esponsales.18 Los tribunales eclesiásticos se concretaban en asuntos que tuvieran que ver con la vida matrimonial y las transgresiones que atentaran contra dicho sacramento.19 El tribunal eclesiástico se apoyó en diversos juzgados eclesiásticos ubicados en las parroquias seculares que se encontraban en el obispado; el apoyo consistía en la recopilación de la información sumaria y la declaración del acusado, pero las resoluciones las daba el provisor del obispado. Los jueces eclesiásticos tenían la encomienda de la reforma de las costumbres de los cristianos de su jurisdicción y del resguardo del orden evitando cualquier clase de atentado y escándalo público en contra del sacramento del matrimonio.

El concilio de Trento (1545-1563) reafirmó que la unión del hombre y la mujer para la formación de una familia requería inexorablemente la certificación de la Iglesia mediante la presencia de un ministro del clero en la celebración. El mencionado concilio “fijó un modelo matrimonial que impuso a la sociedad en las regiones católicas”.20 Dentro de la regulación tridentina destaca la reafirmación del matrimonio como sacramento, la necesidad y el registro de los matrimonios en los libros parroquiales; este último fue una herramienta de control de las uniones matrimoniales al quedar registrados en los libros de matrimonios, los cuales eran inspeccionados regularmente por el obispo o sus delegados en las visitas pastorales. En el obispado de Michoacán era más común que las mujeres demandaran el cumplimiento de la palabra de matrimonio, bajo la cual habían accedido a tener relaciones sexuales con sus esposos; para este artículo usamos solamente los casos de la parroquia de Taximaroa.21

La parroquia de Taximaroa

La parroquia de Taximaroa fue fundada a mediados del siglo xvi gracias a que había sido un importante enclave político-militar y demográfico desde la época prehispánica. Su administración quedó en manos de los franciscanos, hasta mediados del siglo xviii cuando se secularizó. Situada en el oriente del obispado de Michoacán, desde principios del siglo xvii hasta ya avanzado el siglo xix, colindó al norte con la de Maravatío que se encontraba a cinco leguas, al sur con la de Tuzantla a veinte leguas, al oriente con Tuxpan e Irimbo (que desde mediados del siglo siglo xviii quedó convertida en parroquia), a sólo dos leguas; por el poniente la parroquia de Taximaroa fue vecina del real de Otzumatlán y Queréndaro, a 14 leguas de distancia.22

Fisiográficamente, la mayor parte del espacio por ese rumbo es accidentado. El sistema volcánico transversal procedente del valle de México da origen a varias ramificaciones montañosas entre las que destacan la de Mil Cumbres, San Andrés, Huajúmbaro, Pucuato, Jaripeo,23 cuyas elevaciones alcanzan entre 2 300 y 2 600 metros sobre el nivel del mar. Se describe ya este accidentado relieve en las primeras fuentes coloniales; en 1548 se señalaba que Taximaroa “está asentado en unas lomas entre unas sierras, tiene buenas aguas y montes, la más parte es tierra fragosa”.24 El relieve montañoso aunado al clima generalmente frío, fueron características que se recalcaron en el informe mandado hacer por el virrey don Pedro de Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara en 1743. En este último se precisaba que la jurisdicción de Taximaroa tenía un temperamento frío por estar entre cerros con excepción de la zona de Chapatuato que era cálida.25

Pese a la superficie serrana de la jurisdicción, la cabecera parroquial comprendía dos valles. En el oeste estaba un valle conocido como de Jacuaro, “espacioso y fecundo”,26 rodeado por las barreras montañosas de Pucuato, Huajúmbaro y San Andrés. Al este se encontraba el valle de Jaripeo, que se extendía de norte a sur y colindaba con la jurisdicción de la parroquia vecina de Tuxpan que dominaban los cerros de El Padre, El Fraile y la Campana por el oeste y el Molcajete, Ojo de Agua y Pedregoso. Entre las cadenas montañosas había varios puertos que comunicaban los diversos asentamientos de los alrededores. Entre los más importantes, estaban el de San Bartolo Cuitareo hacia el sur y el que se situaba entre el valle de Jacuaro y Huajúmbaro. En ambos valles y puertos se ubicaron los principales asentamientos humanos, tanto de indios como de españoles. En los valles, pasaban además las principales corrientes fluviales: el río Taximaroa y sus ramificaciones que permitían desarrollar actividades agrícolas. Gracias a este entorno geográfico, las actividades económicas de la población fueron principalmente la agricultura de maíz y trigo y la ganadería.

En cuanto a los asentamientos humanos, la parroquia de Taximaroa estaba compuesta por el pueblo de indios cabecera de Taximaroa, los pueblos de indios sujetos de San Pedro, San Lucas, San Matías, San Bartolo Cuitareo y San Lorenzo que se habían formado luego de las congregaciones de pueblos entre fines del siglo xvi y el primer tercio del siglo xvii. También se encontraban haciendas, estancias y ranchos creados a partir de las mercedes de tierras otorgadas a los primeros españoles.27 La mayoría de los indios se encontraban en los pueblos de indios sujetos, mientras que los españoles, las castas y mestizos vivían en la cabecera, pero también en las distintas haciendas y ranchos.

Con las reformas borbónicas, se promovió la “secularización de doctrinas”.28 En agosto de 1754, los franciscanos perdieron la administración de la parroquia de Taximaroa que tuvieron que ceder al clero diocesano. Simón Tadeo Sendexas fue el primer beneficiado secular que tomó posesión de la parroquia.29 Desde mediados del siglo xviii y durante el resto de la época colonial el clero secular administró la parroquia, pero, como ya se mencionó, la jurisdicción territorial no se modificó. Sin embargo, hubo cambios notables en las partidas sacramentales, puesto que los seculares asentaron la muerte de los niños, que no registraban los francisanos. En cambio, a partir de la llegada de los seculares, el otorgamiento de la calidad se tornó muy laxa.

En cuanto a la jurisdicción civil, alrededor de 1560, Taximaroa formaba parte de la alcaldía mayor de Tlalpujahua, creada después del hallazgo de importantes yacimientos mineros en la década anterior.30 Pero a inicios del siglo xvii, Taximaroa fue incorporado a la jurisdicción de la alcaldía mayor de Maravatío erigida por esos años; se mantuvo subordinada a esta última hasta la aplicación de la real ordenanza de intendentes de 1786. A partir de entonces, Taximaroa junto con el resto de los pueblos de la antigua jurisdicción de la alcaldía mayor de Maravatío, pasó a formar parte de la subdelegación de Zitácuaro, que pertenecía a su vez a la intendencia de Valladolid.31

Mapa 1. Jurisdicción parroquial de Taximaroa

a mediados del siglo xviii

El incumplimiento de la palabra de matrimonio

Para profundizar en las implicaciones jurídicas y sociales de la falta a la palabra de matrimonio, se exponen cuatro casos del juzgado eclesiástico de Taximaroa ocurridos a lo largo del siglo xviii, desde 1736 hasta 1789.32 Se utilizan estas denuncias porque son los expedientes más completos que se encontraron sobre el asunto, sólo se excluyeron algunos que estaban mutilados y era difícil la reconstrucción de los hechos.

Las denuncias que analizamos fueron presentadas por la parte femenina; en todos los casos se persigue la celebración del matrimonio. Sin embargo, nos llama la atención el de Catarina Ortega y Antonio Correa, pues es un claro ejemplo en el que el honor de la familia de la joven queda en entredicho; también es importante porque fue el padre de Catarina el que presentó la denuncia por incumplimiento de palabra de matrimonio. Es importante señalar el papel que el honor jugaba en estos casos, pues como se ha discutido ampliamente en la historiografía sobre el tema, el honor de la familia recaía en la mujer. “El honor fue un conjunto de valores morales demostrados en el comportamiento personal y aceptados como rasero para juzgar a los miembros de la sociedad. La mujer estaba sujeta a restricciones más fuertes en su conducta personal, ya que la transgresión sexual femenina afectaba no solo su honor, sino el familiar”.33 Los otros tres casos fueron presentados directamente por las mujeres, que argumentaban haber accedido a los deseos sexuales del demandado bajo promesa de matrimonio.

En el contexto de la defensa del honor, de la limpieza del deshonor, nos detenemos en el caso de Catarina de Ortega y Antonio Correa, pues es un claro ejemplo en el que el honor de la familia de la joven quedaba en entredicho, por tanto el padre de Catarina, don José de Ortega, para limpiar su deshonra inició un juicio para obligar al seductor a cumplir la promesa de matrimonio. El 2 de julio de 1736 Joseph de Ortega oriundo de la hacienda de Jaripeo, llegó al pueblo de Taximaroa con el cura del lugar demandando a Antonio Correa, un peón a su servicio al cual acusaba en los términos siguientes: “entrando y saliendo en mi casa trató y comunicó con ilícita amistad a Catarina de Ortega mi hija legítima y le desfloró como así el y ella me lo tienen confesado y haber sido con palabra de casamiento. Luego de escucharlo el cura, en calidad de juez, mandó declarar a Catarina, la cual argumentó que “conoce al expresado Antonio Correa con quien ha tenido ilícita amistad y desfloró a la que declara y fue con palabra de casamiento y que quiere casarse con él a su voluntad.34

Cuando Antonio Correa acudió a declarar reconoció haber tenido “ilícita amistad” con Catarina, y también reconoció la promesa de matrimonio, sin embargo, argumentaba que se había alejado de la joven porque Joseph Correa, hermano del demandado, había asegurado haber tenido una relación amorosa con Catarina. Obviamente Joseph fue llamado a declarar y entonces reconoció que su comentario había sido para “bufonearse” de su hermano. Ante tal respuesta, el juez declaró que Antonio ya no tenía argumentos para incurrir en el incumplimiento de la palabra de matrimonio. Así, la boda se celebró a los pocos días de la resolución de la causa.

Las cosas se complicaban cuando los hombres se negaban a reconocer su “ilícita amistad” y a cumplir con la palabra de matrimonio. Por ejemplo, Joseph Ruiz en el careo con Antonia Mexía reconoció que es verdad que se lo dije (promesa de matrimonio) pero fue como lleva dicho, por darle entretenida.35 Sin embargo, siguió en la negación con respecto a celebrar el matrimonio; dicha conducta mereció que lo retuvieran en la cárcel mientras se negociaba la cantidad con la que dotaría a Antonia. La primera propuesta de dote fueron 60 pesos, que por supuesto la demandante no aceptó. El arreglo fue la cantidad de 110 pesos que la joven aceptó como compensación económica por el incumplimiento de la palabra de matrimonio.

Otra mujer que se acercó a demandar a un hombre por no cumplir con los esponsales fue Rosa Martínez “concediendo a su torpe y libidinoso gusto, le entregué mi cuerpo y violó mi virginidad y cuando esperaba que remediase mi desnudez y demás notorias necesidades […] se ha dado por desentendido y de eso hace ya seis meses”.36 Rosa seguía juicio contra Antonio Padilla, quien fue llevado a prisión; éste salió bajo fianza cuando se comprometió a pagar una dote, pero tampoco cumplió esta parte, de manera que Rosa volvió a demandarlo y Antonio volvió a la cárcel de donde salió al poco tiempo, cuando Rosa Martínez contrajo matrimonio con otro hombre.

Otra demanda fue la de Gertrudis de León contra Pedro Sánchez. Este caso llevaba la complicación adicional de que la joven estaba embarazada. Ella argumentaba que Pedro “reiterándome siempre la palabra de matrimonio […] me cogió de voluntad y me despojó de mi virginidad en la orilla del río []”.37 A la demanda hecha por Gertrudis de León, Pedro Sánchez respondió de forma similar a los anteriores casos, no sólo negando la declaración de la demanda sino desacreditando a la contraparte con todos los argumentos posibles. En la defensa, el demandado fue más allá, cuestionando incluso la honorabilidad de la familia de la demandante señalando que “la susodicha no ha tenido ninguna sujeción y menos educación, honestidad y recogimiento que procurasen sus padres que la tuviera, pues la consintieron que unos días se mantuviera entre los indios del pueblo de Cuitareo, otros días en el Monte con los pastores en cuyas peregrinaciones la desfloraron […]”. Tanto Gertrudis como Pedro se mantuvieron en su postura, pasó el tiempo y no llegaron a ningún acuerdo.

Estos casos representativos sobre la falta a la palabra de matrimonio durante el siglo xviii ventilan diversos temas de la sociedad y la vida cotidiana en Nueva España, en los que destaca la importancia del honor y la virtud de la mujer, pero también su capacidad de negociación o la de su familia para obtener los fines propuestos: un matrimonio o una compensación económica.

Matrimonio y relaciones sexuales

en la vida cotidiana parroquial del siglo xviii

Con base en el lenguaje y conceptos usados en los casos aquí abordados se puede construir el imaginario de las instituciones y de las personas que lo vivieron. Como menciona Pilar Gonzalbo, la historia de la vida cotidiana puede reconstruirse a partir de testimonios que plasman discordancias de individuos con las normas establecidas, además de que no hay documento que sólo responda a un único tipo de preguntas, pues tienen implícitos una multiplicidad de actitudes y valores que arrojan luces sobre lo cotidiano.38 En este apartado resaltamos tres aspectos implícitos en los casos mencionados: la importancia del matrimonio, las relaciones sexuales en la vida de los parroquianos y las estrategias de hombres y mujeres para lograr sus fines cuando demandaban o eran demandados por falta a la palabra de matrimonio.

Durante la época colonial el matrimonio eclesiástico fue la única vía legal para fundar una familia y procrear hijos en todas las posesiones españolas. El estado idóneo de una persona al cumplir cierta edad era estar casado, por tanto, elegir una pareja era un suceso por el que casi todos los individuos debían pasar. El matrimonio era un evento por medio del cual se permitía el ingreso a la edad adulta productiva y reproductiva, etapa en la que se asumía el rol social impuesto al varón y a la mujer.39 La importancia del matrimonio era tal que las parejas que no acudían al matrimonio eclesiástico, además de ser mal vistas, traían al mundo hijos que cargaban después con el “lastre” de la ilegitimidad al recibir el bautismo. Ante este panorama fueron pocos los que optaban por el estado de soltero. Para casos como el de Taximaroa, sólo una mínima parte (entre el 3 y el 4 por ciento) de los difuntos mayores de treinta años no había contraído nupcias.40

En los casos sobre la falta a la palabra de matrimonio se percibe cómo las mujeres ofendidas utilizaban el discurso eclesiástico oficial sobre la importancia del matrimonio como un medio para magnificar su afrenta y obtener un veredicto favorable. Por tanto, si el matrimonio era un signo de seguridad social para la mujer, una relación sexual antes de la celebración del matrimonio debía ser garante de un matrimonio futuro. El incumplimiento a la palabra era la amenaza más grande para una mujer cuando tenía la intención de obtener legalmente el bien preciado de casarse o por lo menos los medios para hacerlo posteriormente mediante la dote otorgada por el incumplido. Resulta interesante analizar cómo las mujeres iban a un tribunal y peleaban contra un individuo con la finalidad de coaccionarlo a ser su esposo para salvar su honra. En realidad, no hay certeza sobre si había intención real de las mujeres de casarse con el supuesto incumplido, pues esto contradecía el principio de libertad de uno de los contrayentes, requisito indispensable para tomar estado. Sobre esto volveremos más adelante.

Lo que sí se puede mirar a través de estos casos es que el matrimonio era entendido no como la unión de dos personas que se aman sino de dos individuos que buscaban insertarse a la sociedad con un estatus de reconocimiento como lo era el estar casado. De esta manera, el matrimonio para los individuos comunes podía definirse como el requisito impuesto por la Iglesia para que un hombre y una mujer pudieran cohabitar y construir una familia. En este estudio se comprueba dicha definición, puesto que las mujeres que fueron allanadas en su virginidad exigían el matrimonio a costa incluso de la oposición del hombre. En síntesis, y salvo excepciones, el matrimonio en el siglo xviii era visto como una etapa más en la vida cotidiana, una etapa que se debía asumir para insertarse en la sociedad de ese entonces. El amor y la atracción por la pareja era tema secundario (pero si éste existía era mejor), lo importante del matrimonio era el procrear hijos y formar familias o instituciones desde donde continuara perpetuándose la cultura cristiana.

Pero una cosa era la difusión que la Iglesia hacía entre la sociedad novohispana acerca de la importancia del matrimonio y otra muy distinta sancionar eficazmente que no hubiera relaciones sexuales antes del sacramento. La cohabitación de las parejas antes o fuera del matrimonio pareció ser algo común en la sociedad novohispana. Las demandas de la falta a la palabra de matrimonio y el alto porcentaje de hijos ilegítimos son prueba de ello, sin mencionar toda la gama de delitos que atentaban contra el matrimonio, tales como sevicia, adulterio, malos tratos, separación, incesto, concubinato entre otros que no ahondaremos en este estudio, pero que llegaban al provisorato y a los juzgados eclesiásticos.41 Además, varios estudios histórico-demográficos han señalado que las relaciones prenupciales de las que resultaba un hijo oscilaron alrededor del 10 y el 20 por ciento del total de las familias reconstruidas en los casos de parroquias rurales.42

En el caso de las demandas por incumplimiento a la palabra de matrimonio, las relaciones prematrimoniales salen a la luz por el desacuerdo entre las partes, quienes no habían podido arreglar sus diferencias en privado. Pero también había casos cuando algunas mujeres tenían relaciones fuera del matrimonio y decidían abandonar a sus hijos como lo demuestran la existencia de niños que eran llevados a bautizar como hijos ilegítimos. El nacimiento de hijos fuera del matrimonio fue más común en las ciudades que en el área rural, pues mientras en las ciudades como México43 y Guadalajara44 casi la mitad del total de bautizados eran ilegítimos; en el caso de Taximaroa, apenas alcanzó el 9 por ciento en toda la época colonial.45 Pero no todos los hijos ilegítimos eran expósitos o abandonados, frecuentemente las parejas decidían en común acuerdo formar una familia y procrear hijos fuera del matrimonio, y cuando sus hijos eran registrados en las actas de bautismo aparecían casi siempre como hijos de padres no conocidos porque dichos padres no estaban “legítimamente” unidos por el matrimonio. En algunos casos se registraba sólo el nombre de las madres, las cuales sospechosamente llevaban a bautizar a varios hijos de forma frecuente, lo que denota que probablemente llevaban una vida en pareja al igual que una casada por la Iglesia.46

Este fue el caso de Gertrudis de León, una de las demandantes de los casos de estudio presentados. Como ya se señaló, esta mujer se vio envuelta en un pleito con Pedro Sánchez, a quien demandó en el juzgado eclesiástico de Taximaroa por incumplimiento de palabra de matrimonio y por desentenderse del hijo que estaba esperando.47 No se sabe cómo terminó el pleito, sin embargo, poco después de la querella, en abril de 1790, la susodicha llevó a bautizar a un párvulo ilegítimo producto de dicha relación y en el transcurso de los nueve años posteriores llevó a las aguas del bautismo a otros tres hijos, cuyo padre aparecía como “no conocido”.48 Casos como este revelan que frecuentemente las supuestas madres solteras que llevaban a bautizar a sus hijos cohabitaban con un hombre fuera del matrimonio por lo que los hijos ilegítimos eran criados en un ambiente familiar similar a los de los hijos legítimos, al lado de su madre y de su padre. Este fenómeno también lo encuentra David Carbajal para el caso de Bolaños.49

Cuando se estudia el tema del incumplimiento de la palabra de matrimonio del siglo xviii salta a la vista también cómo el lugar destinado para las relaciones sexuales de las parejas era lo privado, al interior del matrimonio, después de la bendición nupcial y con el fin de procreación.50 El ejercicio de la sexualidad fuera de lo establecido por la Iglesia era señalado como algo denigrante, deshonroso o ignominioso. Baste mencionar algunos adjetivos tales como “agresor del robo y la integridad de la pureza de la mujer, deshonroso, torpe y libidinoso gusto”, entre otros.

Sin embargo, los casos sobre el incumplimiento de la palabra de casamiento reflejan la libertad sexual y el disfrute del mismo al momento de que la oportunidad se presentara sin importar la normatividad existente. Así vemos cómo Joseph Ruiz valiéndose de que entraba y salía de la casa en la que estaba trabajando y que en ella vivía Catarina, aprovechó un descuido del papá y tuvo relaciones sexuales con ella. La susodicha no opuso ningún tipo de resistencia ante tal acto porque había una promesa de matrimonio. En el caso de Rosa Martínez y Antonio Padilla se describe de manera formidable cómo las relaciones sexuales no eran fortuitas sino premeditadas por ambas partes, sin importar el hecho de transgredir las normas. Al respecto tenemos también el caso de Gertrudis de León, quien tuvo relaciones sexuales con Pedro Sánchez más de una vez durante varias semanas en distintos lugares: la primera vez a la orilla del río, tres veces arriba y frente a la casa de su tía, dos veces más arriba del puente grande, otras dos veces junto al puente chico; en total nueve encuentros sexuales que descartan toda posibilidad de que fueran relaciones casuales.

Finalmente, los casos analizados son ideales también para comprender las estrategias empleadas por las mujeres querellantes para obtener sus fines. Como ya se adelantó, es difícil determinar si la intención de las mujeres era obtener el matrimonio o simplemente sacar partida del pleito. Por tanto, lo más probable es que las mujeres que denunciaban haber sido “desfloradas” con promesa de matrimonio, fuera cierto o no, buscaran una compensación económica. El caso de Joseph Antonio Correa y Catarina Ortega se trató de una confusión provocada por las bromas de su hermano. En este caso parece ser que la promesa de matrimonio del demandado había sido genuina por lo que una vez aclarado todo, se casó con la demandante. Pero en la demanda sobre Joseph Ruiz, Antonia Mejía ganó el juicio y consiguió una dote de 110 pesos a costa del demandado, mucho más de lo que el acusado había ofrecido en un principio.

Asunción Lavrín destaca que una de las principales estrategias de las mujeres para asegurar el fallo a su favor era insertarse en el discurso machista de los procesos.51 La mujer se asumía como frágil, indecisa, proclive a errar o ingenua. Luego argumentaba que el hombre “maliciosamente” se aprovechaba de su situación y doblegaba la voluntad femenina utilizando el artilugio de la palabra de matrimonio, por tanto, al acudir al juzgado la mujer adoptaba el papel de engañada. Esta maniobra surtía efecto la mayoría de las veces como señala Pescador para varios casos del provisorato de la ciudad de México, donde casi siempre los juzgados daban la razón a las demandantes.52

Ante esto resulta curioso cómo en la mayoría de los casos el hombre no negaba el acto sexual, sino que armaba su defensa recurriendo a la descalificación de la integridad femenina. En todos los casos encontramos a los demandados refiriéndose a las mujeres como mentirosas, poco íntegras, libertinas, deshonestas, livianas, entre otros defectos relacionados directamente con la lujuria. En casos como el de Gertrudis de León, el demandado extendió el descrédito hasta la propia familia tildando a los padres de blandos y permisivos. Cabe señalar que las descalificaciones no siempre partían de un examen moral de las costumbres. En algunos casos la honestidad de la mujer era cuestionada basándose en criterios socioeconómicos, es decir, había menos honestidad en una mujer que para vivir tenía que salir de su casa a trabajar que en aquellas cuya vida acomodada las mantenía en sus casas en “recogimiento.” Este fue el caso de Juan Antonio Padilla que para probar la poca honorabilidad de Rosa Martínez recurrió al argumento de que trabajaba de criada con varios vecinos y acarreaba agua, lo cual la mantenía ocupada fuera de su casa. Pedro Sánchez cuestionó también la integridad de Gertrudis León apelando a su poco recogimiento, puesto que había residido en el pueblo de Cuitareo, en el rancho del Monte y asistiendo a su hermana en una enfermedad. En estos lugares el demandado relaciona a la mujer con los indios (de Cuitareo) y con los pastores (del Monte) sin pruebas contundentes, más que los prejuicios sociales que catalogaban a una mujer de ligera cuando iba más allá de su casa en busca de sustento.

Conclusiones

Con el concilio de Trento, la Iglesia impuso su autoridad para validar las uniones entre un hombre y una mujer mediante el sacramento del matrimonio. Desde tiempos romanos, una práctica cotidiana antes de la celebración del sacramento había sido la promesa de matrimonio dada de palabra que se denominaba también esponsales. Los esponsales podían romperse, pero cuando la promesa de matrimonio, además de la palabra, incluía las relaciones sexuales o desfloración, el matrimonio debía ser inminente. Si después de la cópula una de las partes se negaba a casarse, la contraparte (comúnmente eran mujeres) podía acudir a demandar en un juzgado eclesiástico el delito de falta a la palabra de matrimonio. Si éste era entendido como la unión de un hombre y una mujer con la finalidad de la procreación, la sexualidad pasó a formar parte de la jurisdicción de la Iglesia, pues su ejercicio era exclusivo dentro del matrimonio. La falta a la palabra era una transgresión que atentaba contra el matrimonio, puesto que llevaba a las parejas a alterar el orden normativo para ejercer la sexualidad, por tanto, representaba una amenaza al orden colonial cuya institución primigenia era la familia cristiana.

Las demandas sobre la falta a la palabra de matrimonio son una fuente de utilidad para entender la importancia del matrimonio, pero sobre todo las relaciones sexuales fuera del mismo y las estrategias empleadas por mujeres y hombres para obtener el fallo a su favor. Aunque el matrimonio era un estado al que la mayoría aspiraba a acceder, las relaciones sexuales prematrimoniales fueron muy comunes en la época colonial, incluso hubo casos como el de Gertrudis de León que, después de una demanda de falta a la palabra de matrimonio, llevó a bautizar a cuatro hijos de “padre no conocido”. Probablemente esta mujer llevaba una vida marital, pero su pareja no podía ser registrada en el acta de bautizo de sus hijos por haberlos procreado en una unión “ilegítima” o fuera del matrimonio. Otra posibilidad era que cada uno de los hijos correspondió a un padre distinto, pero esto no se puede confirmar por el anonimato del padre en el registro del bautismo.

Pero cuando el hombre no cumplía lo acordado en dicha relación extramatrimonial, se acudía al juzgado eclesiástico como una estrategia de presión social. El objetivo primordial: presionar para la celebración del matrimonio o, en última instancia, obtener un beneficio económico o dote que también estaba prescrito en las leyes. Para obtener el fallo a su favor la mujer debía insertarse en el discurso de la época adoptando el papel de “engañada” debido a su supuesto “débil estado”, por lo que necesitaba la protección institucional. El hombre, más que negar el acto sexual, recurría a la descalificación de la mujer.

Nuevamente en el vaivén de la demanda y la defensa de los documentos judiciales se descubren distintas facetas de la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la época colonial en un poblado rural como el de Taximaroa, donde los casos de algunas mujeres demuestran que la indefensión total en la que vivían era sólo aparente, muchas de ellas asimilaron las herramientas de defensa a su alcance bajo estrategias como demandar al hombre por la falta a la palabra de matrimonio haciéndose pasar por mujeres engañadas.

Fecha de recepción: 7 de agosto de 2014

Fecha de aprobación: 30 de junio de 2015

1 Lavrín, Asunción, “La sexualidad en el México colonial: un dilema para la Iglesia”, en Asunción Lavrín (Coordinadora), Sexualidad y matrimonio en la América hispánica, siglos xvi-xviii, México, Grijalbo-Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 1991, pp. 55-104.

2 Lavrín, Asunción, “La sexualidad y las normas de la moral sexual”, en Antonio Rubial (Coordinador), Historia de la vida cotidiana en México, t. ii, México, Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México, 2005.

3 Seed, Patricia, Amar, honrar y obedecer en el México colonial. Conflictos en torno a la elección matrimonial, 1574-1821, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Alianza Editorial, 1991.

4 Pescador, Juan Javier, “Entre la espada y el olivo”, en Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell (Coordinadoras), La familia en el mundo iberoamericano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994.

5 Boyer, Richard, Lives of the bigamist. Marriage, Family, and Community in Colonial Mexico, Alburquerque, University of New Mexico Press, 1995.

6 Quezada, Noemí, Sexualidad, amor y erotismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y Valdés, 1996.

7 Lavallé, Bernard, “Promesas y falacias: el incumplimiento de esponsales en la Lima del siglo xviii”, en Amor y opresión en los Andes coloniales, Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos, 1999.

8 Candau Chacón, María Luisa, “Otras miradas. El discurso masculino ante el incumplimiento de las promesas de matrimonio. Sevilla, siglos xvii y xviii”, en Temas de historia de España: estudios en homenaje al profesor D. Antonio Domínguez Ortiz, Madrid, Asociación Española del Profesorado de Historia y Geografía, 2005. De la misma autora, “El matrimonio presunto, los amores torpes y el incumplimiento de la palabra: Archidiocesis de Sevilla, siglos xvii y xviii”, en Jesús María Usunáriz y Rocío García Bourrellier (Coordinadores), Padres e hijos en España y el mundo hispánico: siglos xvi y xviii, Madrid, Editorial Visor, 2008.

9 Montoya Gómez, María Victoria, “La promesa de matrimonio y las representaciones de género en la ciudad de México y sus alrededores a fines del siglo xviii”, en Revista Latinoamericana de Estudios de la Familia, v. 2 (2010).

10 Buenos Aires, Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1977.

11 Las siete partidas, cuarta partida, título ii, ley 6.

12 Lavrín, “La sexualidad y las normas de la moral sexual”, p. 502.

13 Lavrín, “La sexualidad y las normas de la moral sexual”, p. 502. Ver también Marín Tello, Ma. Isabel, “Los problemas matrimoniales en el corregimiento e intendencia de Valladolid, 1776-1804”, tesis de licenciatura inédita, Morelia, Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1994, pp. 144-151.

14 Cavalario, Domingo, Instituciones de derecho canónico, París, Librería de A. Bouret y Morel, 1848, p. 364.

15 Murillo Velarde, Pedro, Curso de derecho canónico hispano e indiano, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1791, libro cuarto, título primero: “De los esponsales y matrimonios”, p. 2 (Edición en cd rom con la traducción de Alberto Carrillo Cazares).

16 Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, p. 63.

17 Ghirardi, Mónica, y Antonio Irigoyen, “El matrimonio, el concilio de Trento e Hispanoamérica”, en Revista de Indias, v. lxix, núm. 246 (2009), Madrid, pp. 241-272.

18 Rodríguez de San Miguel, Juan, Pandectas hispanomegicanas, Mégico, Impreso en la oficina de Mariano Galván Rivera, 1840, partida cuatro, título i, ley vii, p. 371.

19 Traslosheros, Jorge E., Iglesia justicia y sociedad en la Nueva España. La audiencia del arzobispado de México, 1528-1668, México, Porrúa-Universidad Iberoamericana, 2004, p. xi. El tribunal eclesiástico también estaba encargado de testamentos, capellanías, obras pías, justicia civil y criminal del clero.

20 Ghirardi e Irigoyen, “El matrimonio, el concilio de Trento e Hispanoamérica”, p. 245.

21 Marín Tello, “Los problemas matrimoniales”, trabajo ya citado en el que se exponen otros casos estudiados desde el archivo del provisorato del obispado y permiten confirmar que la estructura del expediente y los argumentos de las demandas son una constante.

22 Archivo Histórico de la Parroquia de San José, Hidalgo, Michoacán (en adelante ahpsjhm), fondo parroquial, sección padrones, serie padrones de feligreses, subserie padrones, caja 96, exp. 1, “Informe general del curato de Taximaroa del año de 1831”. Lo tardío del informe no repercute en la veracidad de los datos, ya que desde inicios del siglo xvii los pueblos mencionados coinciden con los límites parroquiales del primer tercio del siglo xix.

23 Pérez Escutia, Ramón Alonso, Taximaroa, historia de un pueblo michoacano, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1986, p. 26.

24 Del Paso y Troncoso, Francisco, “Suma de visitas de los pueblos de la Nueva España”, en Papeles de la Nueva España, Madrid, 1905, p. 180.

25 Archivo General de Indias (en adelante agi), indiferente, 107, “Informe sobre Taximaroa, sujeto a la jurisdicción de la alcaldía mayor de Maravatío. Año de 1743”.

26 Villaseñor Y Sánchez, Antonio, Theatro americano, descripción general de los reinos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, 1748, pp. 61-62.

27 Entre 1543 y 1617, se solicitaron y otorgaron aproximadamente diez estancias para ganado mayor, dieciocho para ganado menor y cincuentaiuna caballerías de tierra sin contar aquellas mercedes en la que no se especificaba el tamaño de la concesión, como en el caso de las primeras mercedes otorgadas a los Salazar. Hacia la segunda década del siglo xvii la tercera parte de la superficie de la jurisdicción parroquial de Taximaroa ya no estaba en manos de los indios. Para más información ver Pérez Escutia, Taximaroa, pp. 61-69; Paredes, Carlos (Editor), Y por mi visto… mandamientos, ordenanzas, licencias y otras disposiciones virreinales del siglo xvi, México, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1994, pp. 151, 167, 405.

28 Con la reforma de la “secularización de doctrinas” las órdenes religiosas debían ceder la administración de sus parroquias para que éstas fueran tomadas por el clero secular o diocesano. Para más información ver Mazín Gómez, Óscar, “Secularización de parroquias en el antiguo Michoacán”, en Relaciones, núm. 26 (1986), p. 70.

29 ahpsjhm, libro de bautismos de indios, núm. 9 (1754-1761), f. 18.

30 Pérez Escutia, Taximaroa, p. 85; Nettel Ross, Margarita, Colonización y poblamiento del obispado de Michoacán, Morelia, Instituto Michoacano de Cultura, 1990, p. 247.

31 Marín Tello, Isabel, Delitos, pecados y castigos. Justicia penal y orden social en Michoacán, 1750-1810, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008, p. 44.

32 Los documentos estudiados se encuentran en el archivo parroquia de San José en la dirección siguiente: ahpsjhm, fondo parroquial, sección correspondencia, serie cartas y circulares, subserie cartas y circulares, exp. 1, caja 94. Se trata de un expediente voluminoso que contiene diversos casos que debía resolver el juez eclesiástico.

33 Lavrín, “La sexualidad”, p. 500.

34 ahpsjhm, fondo parroquial, sección correspondencia, serie cartas y circulares subserie cartas y circulares, exp. 1, caja 94.

35 ahpsjhm, fondo parroquial, sección correspondencia, serie cartas y circulares subserie cartas y circulares, exp. 1, caja 94.

36 ahpsjhm, fondo parroquial, sección correspondencia, serie cartas y circulares subserie cartas y circulares, exp. 1, caja 94.

37 ahpsjhm, fondo parroquial, sección correspondencia, serie cartas y circulares subserie cartas y circulares, exp. 1, caja 94.

38 Gonzalbo Aizpuru, Pilar, Introducción a la historia de la vida cotidiana, México, El Colegio de México, 2006, pp. 19 y 49.

39 Quezada, Sexualidad, amor y erotismo, p. 179.

40 Se tomó como muestra para el índice de soltería el periodo de agosto de 1754 a diciembre de 1760, pues solamente en este periodo se registra la edad de los difuntos y es posible determinar el porcentaje de solteros que moría desde los 30 hasta los 70 años. De los 480 decesos registrados en dicho periodo sólo 22 fueron solteros mayores a los treinta años.

41 Pescador, “Entre la espada y el olivo”, p. 194.

42 Aguilera, Ana Rosalía, La población de Teitipac: ensayo de reconstrucción de familias y dinámica demográfica de antiguo régimen, 1730-1820, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2011 pp. 73-75.

43 Gonzalbo Aizpuru, Pilar, “Familias y convivencia en la ciudad de México a fines del siglo xviii”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (Coordinadora), Familias iberoamericanas. Historia, identidad y conflicto, México, El Colegio de México, 2001, p. 163.

44 Calvo, Thomas, “Familias mexicanas en el siglo xvii: un intento de reconstitución”, en La Nueva Galicia en los siglos xvi y xvii, México, El Colegio de Jalisco, cemca, 1989 p. 31.

45 González Flores, José Gustavo, Mestizaje de papel. Dinámica demográfica y familias de calidad múltiple en Taximaroa (1667-1826), tesis de doctorado inédita, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2013, p. 270.

46 González Flores, Gustavo, Mestizaje de papel, p. 275.

47 ahpsjhm. “Expediente sobre demanda de incumplimiento de palabra de matrimonio hecho por Gertrudis de León contra Pedro Sánchez”.

48 Los hijos de Gertrudis de León fueron encontrados en: ahpsjhm, fondo parroquial, sección sacramentos, serie bautizo, subserie libro de bautismos de castas, núm. 5 (1778-1798).

49 Carbajal López, David, La población en Bolaños, 1740-1848. Dinámica demográfica, familia y mestizaje, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2008, pp. 97-98.

50 Lavrín, “La sexualidad y las normas de la moral sexual”, pp. 496 y 503.

51 Lavrín, “La sexualidad y las normas de la moral sexual”, p. 504.

52 Pescador, “Entre la espada y el olivo”, pp. 194-202.

José Gustavo González Flores ∙ Facultad de Historia

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Correo electrónico: minerito3@hotmail.com

Ma. Isabel Marín Tello ∙ Facultad de Historia

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Correo electrónico: imarinse@hotmail.com

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos ∙ Número 64 (julio-diciembre 2016)

ISSN: 1870-719X ∙ ISSN-e: 2007-963X

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La secularización del convento franciscano

de Tzintzuntzan. Resistencia de un pueblo

José Manuel Martínez Aguilar

Resumen

La muerte del guardián fray Miguel de Mesa, en enero de 1762, marcó el inicio de la secularización del curato y doctrina franciscana de Tzintzuntzan, provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. A partir de entonces, los frailes de la provincia, el cabildo y los indios del lugar rogaron al obispo y al virrey que no removieran a los franciscanos de aquel convento. Sin embargo, las súplicas y protestas no pudieron evitar que a finales de 1766 se secularizara uno de los conventos más importantes de Michoacán.

Palabras clave: secularización, Tzintzuntzan, franciscanos, provincia de Michoacán, borbones

The secularization of the Franciscan convent

of Tzintzuntzan. Resistance of a town

Abstract

The death of the guardian Fray Miguel de Mesa, in January 1762, marked the beginning of the secularization of the parish and Franciscan doctrine of Tzintzuntzan, province of San Pedro and San Pablo of Michoacán. Since then, the friars of the province, the council and the local Indians begged the bishop and viceroy not to expel the Franciscans from the convent. In spite of their pleas and protests, they could not prevent that the most important monasteries of Michoacán underwent secularization by the end of 1766.

Key words: secularization, Tzintzuntzan, Franciscan province of Michoacán, Bourbons

La sécularisation du couvent franciscain

de Tzintzuntzan. Résistance d’un village

Résumé

La mort du tuteur Fray Miguel de Mesa, en Janvier 1762, a marqué le début de la sécularisation de la paroisse et de la doctrine franciscaine de Tzintzuntzan, province de San Pedro et San Pablo de Michoacán. Par la suite, les frères de la province, le conseil et les indigènes de la région, ont supplié l’évêque et le vice-roi de ne pas déplacer les franciscains du couvent. Cependant, les suppliques et les protestations ne purent empêcher, fin 1766, la sécularisation d’un des monastères les plus importants de Michoacán.

Mots clé : sécularisation, Tzintzuntzan, province franciscaine de Michoacán, Bourbons

urante el siglo xviii las políticas borbónicas implementaron reformas fiscales, comerciales, militares y religiosas encaminadas a hacer más eficiente la recaudación de impuestos en las colonias españolas, así como crear una milicia y disminuir el poder de la iglesia, en especial del clero regular. Para este último propósito, la corona introdujo, a partir de 1749, fuertes medidas encaminadas a reducir la jurisdicción eclesiástica de las órdenes mendicantes, dejándolas a cargo del clero secular, para apropiarse de parte de sus bienes e ingresos, fortalecer las mermadas finanzas de las administraciones pasadas y financiar la guerra contra Inglaterra. En la Nueva España, tales medidas causaron malestar a las órdenes afectadas, principalmente a los agustinos de la provincia de San Nicolás Tolentino, quienes para entonces poseían fructuosos bienes y rentas.

Aunque se ha dicho que los franciscanos no pusieron mayor resistencia a la secularización, se sabe de casos, como el de San Juan Zitácuaro, donde los religiosos impugnaron el proceso por dos años, logrando que se le restituyera; o el de San José de los Naturales de la ciudad de México, donde los frailes menores pidieron fehacientemente conservarlo, sin tener éxito.1

El caso de la secularización del curato y doctrina de Tzintzuntzan es poco conocido y por demás interesante, puesto que no sólo los frailes y el cabildo del lugar enviaron varias misivas solicitando que se les concediera conservar el convento, bajo el argumento de que había sido el primero de la provincia de Michoacán, desde donde se comenzó la evangelización de los naturales y en el cual residieron muchos de los frailes más destacados de la orden franciscana, sino que los indios y españoles de la doctrina rogaron que se conservara a los frailes, mientras un grupo de mujeres protestaba públicamente para que no se tomara posesión del convento, y los hermanos de la tercera orden se negaban a entregar las llaves de su capilla. Aquí ahondaremos más en este proceso en particular.

Los primeros intentos

Las primeras acciones para fortalecer al clero secular en detrimento del regular comenzaron a partir de 1555 cuando, mediante un decreto del papa Paulo iv, se mandó que los regulares se abstuvieran de entender en causas matrimoniales, de fundar iglesias, conventos y demás relacionados con su propagación y adelantamiento.2 Al siguiente año, fray Alonso de Montufar, arzobispo de México, le quitó a la provincia del Santo Evangelio la sexta parte de sus doctrinas, aunque éstas eran consideradas de segunda categoría.3 Desde entonces la organización diocesana estuvo marcada por un primer afán secularizador que intentaba remediar la escasez de clérigos y encontrar recursos para la formación del incipiente clero criollo.4

Vasco de Puga criticaba el sistema tradicional por los abusos que cometían algunos frailes, haciendo ver “las enormes cantidades de tributos con que se defraudaba el fisco”, principalmente los que poseían bienes, como haciendas y trapiches. En una carta fechada en 1560, afirmaba que el rey salía defraudado “en más de ochenta mil ducados cada año y los encomenderos en otros muchos”. En el mismo tenor, el visitador Jerónimo de Valderrama criticaba la manera en que los doctrineros administraban los pueblos de indios, alegando que la actividad misionera iba más allá de los límites necesarios, pues intervenían en la impartición de justicia, la legislación local, la elección de autoridades indígenas y en la administración del dinero de las comunidades. Con estos argumentos y con apoyo de las nuevas ideas administrativas del rey Felipe ii, se determinó quitar los servicios de los indios a los doctrineros y caciques, poner a los frailes bajo salario y aumentar los tributos de los pueblos.5 Los frailes conscientes de los problemas que les causaba inmiscuirse en asuntos de la sociedad indígena, fuera de sus labores doctrinales, incluyendo la posibilidad de perder el apoyo del rey, decidieron dejar casi por completo lo referente a los castigos, aunque en la práctica siguieron habiendo denuncias del abuso de autoridad de algunos religiosos.6

En 1583, una real cédula hizo perder a los frailes regulares gran parte de sus privilegios, con los que disminuía también su relación exclusiva con los indios. Tres años más tarde Felipe ii pidió a las órdenes religiosas informar sobre el número de los conventos y curatos que éstas tenían, con atención a una petición de los obispos que trataban de secularizar algunas doctrinas. Estas y otras relaciones solicitadas durante la primera mitad del siglo xvi, tenían la finalidad de conocer la situación de las órdenes para tomar las decisiones que le parecían pertinentes con miras a fortalecer el clero diocesano, centrado en la figura del obispo.7 Si su afán secularizador no se propagó con mayor fuerza, fue debido a que las fuertes protestas de los frailes regulares tuvieron efecto.

Al comenzar el siglo siguiente, se vislumbraba una pugna entre dos grupos claramente identificados. Por un lado los mendicantes, los corregidores y los oficiales indígenas de los pueblos; por otro, el clero diocesano, encabezado por el obispo, que se fortalecía con el crecimiento de la población hispana y criolla.8 El motivo real del conflicto, que se venía fraguando desde hacía varias décadas, era que la enorme influencia de los religiosos mendicantes en tantos campos (episcopal, gubernamental, económico y social) molestaba grandemente a la burocracia civil y al clero secular que se volvía cada vez más fuerte. Mientras tanto, la corona, que había venido equilibrando la balanza entre ambas fracciones, ahora estaba más interesada en recibir los beneficios económicos de los feligreses, puesto que la labor evangelizadora se había logrado en lo básico y los regulares se habían vuelto incómodos.9

En el caso de la diócesis de Puebla, el obispo Juan de Palafox y Mendoza dio un golpe enérgico a las órdenes regulares, al lograr que entre 1640 y 1641 hicieran entrega de los beneficios eclesiásticos al clero secular, pero sin despojarlos de sus conventos e iglesias.10 Para fortuna del resto de los mendicantes novohispanos, esta medida no se extendió a otras diócesis, al menos no de la manera tan drástica como en el caso de Puebla.11

La secularización del siglo xviii

Hasta entonces las medidas tomadas por el clero diocesano no habían tenido un gran impacto en el accionar de las órdenes mendicantes. Sin embargo, la imposición de un incisivo programa de secularización, impulsado por las autoridades reales y el clero diocesano desde mediados del siglo xviii, cambiaría el rumbo de la administración religiosa de manera determinante en la Nueva España. Mediante dos cédulas, emitidas en 1749 y 1753, respectivamente, se ordenó que todas las doctrinas administradas por las órdenes mendicantes de ultramar fuesen entregadas para ser administradas por el clero secular.12

La cédula emitida por la corona española en 1749 ordenaba que todas las parroquias o doctrinas administradas por las órdenes religiosas de Lima y México deberían confiarse al cuidado del clero secular. La de 1753, impulsada por el marqués de Ensenada y por José Carvajal de Lancaster, los dos principales ministros de Fernando vi, extendía el proceso de secularización a todas la diócesis del imperio de España en América. Esta determinación fue un duro golpe para los mendicantes, sobre todo por la forma tan categórica en que se aplicaron dichas leyes, pues con la adjudicación de las doctrinas al clero secular los frailes tenían que dejar sus conventos sin demora, llevando sólo sus ropas y breviarios.13

La justificación que externaban las autoridades para tomar estas medidas era que la mayoría de conventos en la Nueva España habían sido edificados sin la autorización legal correspondiente, y que los privilegios que les habían concedido en el siglo xvi habían sido temporales ante la escasez de clérigos. Como esta situación ya no existía, las doctrinas debían ser secularizadas y los religiosos únicamente podían continuar con su labor si contaban con una aprobación episcopal expresa. También argüían que había un número excesivo de frailes en la Nueva España, pero que en la mayoría de los conventos sólo había uno o dos frailes residentes, además de que habían relajado su disciplina, inmiscuyéndose en asuntos de otro orden y que algunos de los antiguos conventos se estaban convirtiendo en establos, talleres textiles o refugios para pobres.14

De fondo, lo que más molestaba a los borbones, como lo había hecho con los monarcas predecesores, era que las órdenes religiosas tenían enorme influjo en distintos ámbitos de la sociedad novohispana, además de que las parroquias controladas por los frailes no contribuían a las cajas reales. Al respecto, el conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España, exteriorizaba que las órdenes religiosas eran ya tan prósperas que absorbían la mayor parte de las riquezas de la corona, debilitando así su comercio con la península.

Si bien los franciscanos no adquirían tierras y apenas mantenían sus casas gracias a los parandis (ofrendas), limosnas, donativos, obvenciones y bienes testamentarios, en la primera mitad del siglo xviii los agustinos, jesuitas y dominicos habían incrementado enormemente su capacidad económica con las ganancias que les dejaba lo que producían sus haciendas y la rentas de propiedades, además de sus estipendios y otros ingresos. Mientras tanto la corona española se encontraba sumida en una crisis económica causada, entre otras razones, a los costos que significaba administrar sus territorios de ultramar y a los continuos conflictos bélicos en los que se encontraba involucrada.15

En una labor conjunta del virrey Juan Francisco de Güemes y Horcasitas conde de Revillagigedo y el arzobispo Manuel Rubio y Salinas, se ejecutó el retiro sistemático de las doctrinas entre 1749 y 1755. Como era de esperarse, estas acciones desataron numerosas protestas por parte de los frailes y las repúblicas de indios, así como algunos grupos de españoles y criollos que veían en la secularización una amenaza para la supervivencia de sus cofradías y bienes, y que probablemente eran influidos por los religiosos regulares.

Los frailes advertían las dificultades que tendrían para encontrar los recursos y el espacio con los cuales sustentar y alojar en sus conventos urbanos a los numerosos frailes expulsados de las parroquias rurales. Se quejaban de las consecuencias que tenían dichas acciones para los mendicantes y para los indios, haciendo comparaciones entre lo que significaba la administración secular y lo que ellos habían hecho a través de los siglos precedentes, pues mientras los mendicantes educaban y se habían propuesto administrar en las lenguas nativas, pocos sacerdotes sabían alguna lengua “india”, por lo que sólo se limitaban a decir misa y a administrar los sacramentos, predicando poco. Además, denunciaban que algunos sacerdotes tenían costumbres impropias, que se vestían de seda y se portaban con pompa y autoridad, comportamientos que podían tener como consecuencia que los indios se relajaran y regresaran a sus antiguas prácticas e idolatrías. También hacían ver los altos costos que representaba tener clérigos en las parroquias, mientras que ellos, los regulares, eran austeros y requerían de pocos ingresos para subsistir y realizar sus actividades. En el caso de los franciscanos, además de lo anterior, decían estar en la miseria.16

En respuesta al argumento de que los seculares no hablaban las lenguas de los indios, el arzobispo Manuel Rubio y Salinas negaba que esto fuera así. En todo caso, replicaba que el verdadero problema no era que los sacerdotes no dominaran las lenguas de los indios, sino que los indios no hablaran el español. Explicaba que la decisión asumida por los mendicantes en el siglo xvi para predicar el evangelio había sido la de valerse de las lenguas indígenas, pero, mediante éstas, era casi imposible explicar los principales dogmas cristianos, por el riesgo de cometer disonancias e imperfecciones, así que la verdadera solución para que los indios escaparan a su miseria y a los vicios habituales de su “raza”, era obligarlos a aprender el español.17

Mientras que el virrey conde de Revillagigedo había ignorado la mayoría de las protestas e insistía en aplicar la transferencia de parroquias con agilidad, su sucesor, el marqués de Amarillas, permitió hacer más lento el proceso mediante un decreto de 1757. En él se determinó que se debía dejar a los frailes en el lugar en que habían sido canónicamente nombrados párrocos y que sus parroquias sólo serían secularizadas tras la muerte o renuncia del ministro que las ocupara, de modo que el proceso sería más gradual y más lento el traslado de los frailes de los pueblos a los conventos urbanos.18 Asimismo, determinó que todos los conventos que albergaban regularmente de ocho frailes en adelante se mantendrían abiertos y, si ya habían sido expropiados, se les devolverían. Agregaba que en cada provincia las órdenes religiosas tenían derecho a conservar una o dos parroquias de las más prósperas, para que ahí pudieran residir los frailes y se educara a los religiosos que irían a las misiones del norte. Por último, les concedía conservar los conventos que se hubieran fundado con las solemnidades debidas y ratificaba que se respetarían aquellos donde vivieran ocho o más religiosos de continua habitación.19

La secularización en Michoacán

Mientras que una gran parte de los conventos del centro de México había perdido presencia, en la diócesis de Michoacán las antiguas misiones de frontera se habían convertido en prósperas ciudades rodeadas por ricas posesiones agrícolas. Esta prosperidad se había reflejado claramente en la materialidad de los edificios religiosos de la región, con ampliaciones erigidas de calicanto: se les habían colocado altares ricamente decorados y sus muros se encontraban decorados con cuadros pintados por artistas de renombre.

Para mediados del siglo xviii, los franciscanos mantenían en la provincia de San Pedro y San Pablo tres grandes conventos: en Querétaro, Valladolid y Celaya, así como 36 doctrinas. El número máximo de religiosos llegó a ser de 326 en 1755, de los cuales casi la mitad vivían dispersos en grupos de dos a cuatro. Los conventos de Querétaro y Valladolid tenían noviciados y enfermería, mientras que Celaya mantenía un colegio donde los estudiantes graduados obtenían un grado que otorgaba la Universidad de México.20 Por su lado, los agustinos tenían 24 doctrinas en la provincia de San Nicolás de Tolentino, de las cuales 16 pasaron al clero secular. Los jesuitas, que no tenían doctrinas, fueron expulsados de la Nueva España en 1767, por razones que no se tratarán aquí.

Dice Mazín que la secularización en Michoacán se resintió más que en ningún otro lugar de la Nueva España,21 puesto que en ésta las órdenes religiosas seguían teniendo amplia influencia sobre los pueblos de indios. Como era lógico, los agustinos a quienes se les retiraban sus prósperos conventos, haciendas y demás propiedades, fueron los que reaccionaron con más vehemencia para intentar conservarlas. Los reclamos y pruebas a su favor tuvieron efecto, al conseguir una cédula del rey que les permitía recuperar tres de sus principales conventos, a saber: Yuriria, Charo y Ucareo.22

Los intentos por parte de la orden franciscana de la provincia de Michoacán no tuvo el éxito que esperaban, pero sí lograron que se les permitiera quedarse con algunas doctrinas, conventos y colegios. En 1785 se les concedió conservar la iglesia y cofradía de la Purísima Concepción de Celaya, que tenía uno de los mayores ingresos en toda la provincia.23 También se logró que se restituyera el curato de Acámbaro, con sus respectivas asistencias de Jerécuaro, Contepec y Coroneo y, en 1770, la iglesia de San Juan Zitácuaro, que había sido secularizada años antes. Igualmente se les permitió conservar, la parroquia de San Juan de la Vega y las misiones del Río Verde, el colegio de Santa Cruz de Querétaro y los conventos de Valladolid, Pátzcuaro, San Miguel y San Felipe, sin sus beneficios, quedando como casas de recolección.24 Las fundaciones del siglo xviii, como Irapuato, el Pueblito, Zamora y el nuevo convento de Tlalpujahua no fueron afectados por tener permiso real.

Los franciscanos lamentaron la pérdida de sus doctrinas, pero finalmente se resignaron a dejarlas atrás y se dedicaron a administrar los conventos que les quedaron y misiones en Nuevo México y Texas, a través del colegio apostólico de propaganda Fide de Santa Cruz de Querétaro.25 Algunos regresaron a Europa y otros de los que se quedaron en la provincia fueron albergados en los conventos de recolección, llevando una vida similar a la de los monjes europeos.

Los balances que se tienen sobre los conventos y doctrinas que le quedaron a la provincia michoacana después del proceso de secularización no coinciden del todo de una fuente a otra. Según Chauvet, la Provincia de San Pedro y San Pablo entregó 18 casas y le quedaron 23, incluyendo las misiones,26 mientras que en un documento hecho desde la misma provincia se puede leer que al final del proceso les quedaban 12 conventos, 10 vicarías y 12 misiones.27

El conteo de los religiosos sacerdotes, coristas y legos, para 1771, era de 274, un 20 por ciento menos que los que contaban en 1733.28 Otro informe sin fecha, posiblemente elaborado entre 1772 y 1777, indica que el número de religiosos en la provincia de Michoacán era de 244.29

La resistencia de Tzintzuntzan

Si bien en la diócesis de Michoacán los franciscanos no opusieron gran resistencia a la secularización y en algunos casos sólo manifestaron su preocupación por el destino de los indios o la pena de abandonar sus antiguos conventos, en el caso de Tzintzuntzan sí se intentó, de manera insistente, conmover a las autoridades para que dejaran a los franciscanos en la ciudad, tras la muerte de su ministro de doctrina fray Miguel de Mesa, en enero de 1762.30

En esta ciudad, como seguramente ocurrió en muchos otros pueblos, los franciscanos habían sido por mucho tiempo parte importante en la vida de los indios, figurando como guías espirituales y tutores queridos y respetados. Su convento fue el primero de la provincia de Michoacán, en donde se formaron y desde donde salieron muchos de los frailes más ilustres de la orden a evangelizar y administrar un amplio territorio. En dicho convento se escribieron también no pocos libros, cartillas y manuales en tarasco. Llegó a ser la cabeza de la custodia de San Pedro y San Pablo de Michoacán y Jalisco, y seguía siendo uno de los principales de su provincia, cuando se supo la noticia de la muerte del padre Mesa, quien tenía poco de haber tomado el cargo de guardián.

El 2 de febrero de 1762, el provincial de Michoacán en turno fray Cristóbal Grande envió desde Querétaro una notificación al obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle sobre el deceso de fray Miguel de Mesa. Junto a la notificación solicitó licencia para que fray Antonio Villalobos, aprobado en el idioma tarasco, administrara los sacramentos en Tzintzuntzan mientras se determinaba el destino de la parroquia. Parece ser que no tuvo respuesta inmediata, pues unos días después remitió otra carta insistiendo al obispo que enviase al fraile Villalobos a la ciudad lacustre. En esta última agregaba que en el convento de Tzintzuntzan habían ocurrido numerosos milagros y prodigios, y que en él “florecieron en señaladas virtudes nuestros primeros santos fundadores y están sus paredes impregnadas con olor de santidad [...]” Proponía que, aunque se secularizara el convento y la parroquia, se conservara a la comunidad franciscana en Tzintzuntzan, teniendo como sede la “iglesia” de la Soledad,31 la capilla del hospital o la capilla de la Tercera orden.32

Al mismo tiempo, un grupo de frailes que ejercían su ministerio en el convento grande de México enviaron una carta al obispo de Michoacán, en la cual le recordaban que el convento de Tzintzuntzan fue por muchos años el principal de la provincia de San Pedro y San Pablo, en donde se encontraban sepultados “sus más venerables padres, con otros varios monumentos de piedad y ternura”, por lo que pedían se apiadara de su destino.33 En el mismo tenor, el cabildo de Tzintzuntzan, al dar aviso de la vacante de la doctrina al virrey, le rogaron que no desamparara la ciudad.34

En otro escrito, el gobernador, alcaldes, oficiales y común de la ciudad de Tzintzuntzan, le recordaban al virrey que la provincia había sido convertida por los franciscanos poco después de la conquista de México por Cortés, por lo que le suplicaban que no se les retirara. Además ofrecían, como lo hizo el provincial, que la “iglesia” de la Soledad fuera erigida a parroquia, con las palabras siguientes:

[…] sirva dicha iglesia de parroquia la que voluntariamente y de común consentimiento ofrecemos, todo a fin de que por las muchas circunstancias que tiene dicho convento, pues fue la primera y principal casa de esta Provincia, el haber florecido en él tantos padres venerables, haber obrado en dicho convento la Divina majestad singulares maravillas; habernos criado y enseñado los referidos padres el camino de nuestra salvación y habernos administrado con singular amor y promptitud; y sólo así nos quedará el consuelo de nuestras aflicciones y bien espiritual de nuestras almas.35

Las autoridades y naturales del pueblo de Cocupao, jurisdicción de Tzintzuntzan, se sumaron a la causa y dirigieron una carta al virrey donde manifestaban su pena debido al despojo de su doctrina y ausencia de los frailes, pidiendo que no se desamparara la primera fundación que había sido en Tzintzuntzan en las palabras siguientes:

[queremos expresar la] consternación que nos conmina con el despojo y ausencia de los apostólicos santos que han nutrido al calor de su favor la asentada y firme fe que nos mantiene; pues siendo la expresada ciudad de Tzintzuntzan donde riego de la doctrina se plantó la primera viña para propagar los fructos perfiles de Santo Evangelio, es asequible que no se desampare la primera fundación.36

Aunque se imploraba que no retiraran a los franciscanos, se tenía en el pueblo una buena imagen del párroco que sería asignado: el reverendo don Manuel Gregorio González de Anzo.37 Según las noticias que tenían, éste se había desempeñado destacadamente en la iglesia Catedral y cuando aún vivía el padre Mesa había alentado a la reparación de la “pobre iglesia de Tzintzuntzan”.38

Después de haber sido notificado del fallecimiento del ministro de Tzintzuntzan, el obispo de Michoacán debió a su vez hacerlo de su conocimiento al virrey de la Nueva España, pero esta obligación no fue cumplida inmediatamente porque el prelado había estado enfermo, como él mismo lo hizo saber. Fue hasta el 20 de julio de 1762 cuando remitió la carta al virrey don Joaquín de Monserrat y Cruillas,39 informando el deceso del fraile franciscano y manifestándole que en breve ejecutaría los preceptos para la secularización de la doctrina. En sus palabras dijo lo siguiente:

Mui señor mío: los embarazos que han ocasionado los consabidos atrapados negocios sobre doctrinas a que se agregaron los de la peligrosa enfermedad que notoriamente me asaltó por Abril próximo pasado, no me han permitido poner en la inteligencia de Vuestra Excelencia la vacante de la doctrina de Tzintzuntzan por muerte del R [reverendo] P [padre] fray Miguel de Mesa, religioso de la orden de San Francisco de esta Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Hágalo ahora diciendo que es de cortos emolumentos y que parece que ha llegado el caso de ocuparla por clérigo secular conforme a las Reales ordenes de Su Magestad, en cuia consecuencia se servirá V. E. expedir el decreto acostumbrado para su execución de tan soberanos preceptos, que estoi premiso a cumplirlos con la exactitud que es mi obligación.40

Mientras se ejecutaba la secularización o se determinaba si se dejaba la parroquia a los franciscanos se asignó un padre provisional. Como lo había solicitado el provincial fray Cristóbal Grande, se envió a fray Antonio de Villalobos a Tzintzuntzan, pero en 1765 fue jubilado y retirado de la parroquia. Ante esta situación, el nuevo provincial fray Domingo de Ocaranza pidió licencia para enviar, en lugar de Villalobos, a fray Joaquín Vriondo, quien había sido ministro en Salvatierra, Jiquilpan y Cocupao. La solicitud fue aceptada sin inconvenientes, por lo que se nombró al padre Vriondo como cura interino, a fray Miguel Valverde como guardián y a fray Narciso de Guevara como predicador, todos interinos hasta que se decidiera el destino del convento.41

Ninguno de los argumentos y súplicas de los franciscanos y del cabildo convenció al virrey para frenar la secularización del convento y parroquia de Tzintzuntzan. El 3 de septiembre de 1766 el nuevo virrey, el marqués de Croix,42 había enviado una misiva al obispo Sánchez de Tagle donde le adelantaba la posible secularización de Tzintzuntzan.43 Aunque la encomienda de analizar la situación le correspondía al clérigo, en realidad ya había una consigna del virrey para que el obispo emitiera una resolución definitiva y contundente a favor de su secularización.

Ante las peticiones de conservar a los franciscanos en Tzintzuntzan, ya sea en el templo de San Francisco o en la capilla de la Soledad, la repuesta del obispo emitida el 19 de septiembre del mismo año fue negativa, pues consideraba que “ni lo indios, ni los españoles del lugar, ni de otra casta, podrían mantener una comunidad de religiosos por la pobreza de aquel vecindario”. Además “la Soledad” era una capilla antigua de los indios que no tenía las dimensiones correspondientes para servir de iglesia parroquial y no podía funcionar sin despojar a la de San Francisco de sus altares, cofradías, ornamentos y demás cosas que se requerían. Agregaba que el convento había sido el hogar de muchos santos varones apostólicos, pero que, al igual que la ciudad de Tzintzuntzan que con el tiempo fue decayendo, el convento ya no era lo que había sido. Agregaba que el convento principal, que era el de Valladolid, se encontraba a siete leguas y el de Pátzcuaro a sólo tres leguas, por lo que alguno de estos conventos podía recoger a los religiosos de Tzintzuntzan sin problema, al igual que los restos de sus santos fundadores. La opinión que tenía el obispo de todas las protestas hasta ese momento era que habían sido alentadas por unos “amigos descarriados” de los frailes y que no representaba a la opinión común.44

El dictamen del obispo de Michoacán fue entregado al marqués de Croix, quien ordenó proceder a la secularización del curato el 6 de octubre de 1766. Poco después el obispo Sánchez de Tagle notificó al padre provincial fray Domingo Ocaranza la resolución de secularizar los curatos de Tzintzuntzan y Tancítaro, haciéndole saber que dos cédulas previas, una del virrey marqués de Cruillas, firmadas el 3 de agosto, y otra del virrey de Croix del 6 de octubre, respectivamente, ordenaban la ejecución.45

Para hacer las diligencias necesarias para la entrega de la doctrina de Tzintzuntzan, el obispo Sánchez emitió una carta al cura de Erongarícuaro Felipe Benicio Martínez de Borja, para comisionarlo a que pasara a Tzintzuntzan y ocupara la parroquia, ermitas y capillas. Días después, el 8 de noviembre, le comunicó que luego que se ejecutara la entrega de todo lo expresado, la administración del lugar la llevaría el bachiller don Manuel Gregorio de Anzo,46 por lo que le pedía se hiciera el acto de posesión con las solemnidades y ceremonias acostumbradas; que se tocaran las campanas para que el pueblo se reuniera en el templo y que el notario lo anunciara desde el púlpito.

El 22 de noviembre de 1766, el teniente de alcalde mayor de Tzintzuntzan Manuel de la Campa fue informado de la inminente secularización del curato y se le solicitó que informara a quienes estuvieran habitando el convento que lo desocuparan, sin sacar más cosas que las de uso personal. También le solicitaron que pusiera en posesión a don Manuel Gregorio como cura y que hiciera proceder al inventario de todos los bienes y libros de capellanías, censos, dotaciones y ornamentos de la iglesia.47

Los autos de secularización

Así se ejecutaron los autos de la secularización del curato y doctrina de Tzintzuntzan, en la cual se expuso el decreto del obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, el obedecimiento, el requisitorio al juez real y la notificación a los religiosos. Como testigos de estos autos estuvieron el cura Benicio Martínez de Borja, el teniente de alcalde mayor Manuel de la Campa, el último guardián franciscano fray Miguel Valverde, el último cura interino fray Joaquín Vriondo, el predicador fray Narciso de Guevara, así como los vecinos de Pátzcuaro Joaquín Carranza, Joseph María Abarca y Joseph de Tapia. Acto seguido, el notario dio lectura del acta de secularización y el cura tomó las llaves del sagrario a donde se dirigió, mientras hacía oraciones y un grupo de niños cantaba un solemne te deum laudamus.

Es interesante que el documento asiente que al nuevo cura “le fueron besando la mano los indios, muestra de reconocimiento y obediencia”, pues, a juzgar por las protestas que más abajo se expondrán, podría pensarse que había un cierto recelo con la nueva administración. No obstante, como ya se dijo, se tenía buen concepto del nuevo cura, quien no tenía la culpa de la situación.

Al día siguiente se hizo el inventario del templo parroquial, los altares, imágenes, lienzos, púlpito, atrio, convento, capilla del hospital, capilla de la tercera orden, capilla de San Nicolás, capilla de la Soledad y capilla de Guadalupe, así como lo propio con los pueblos sujetos a Tzintzuntzan, que eran Ihuatzio, Cucuchucho y Cocupao. Como ejemplo de la descripción que se hace al hacer el inventario de los edificios, imágenes y objetos, se presenta la primera parte, que señalaba lo siguiente:

Primeramente, el altar mayor que llena toda la testera con cuatro cuerpos muy bien dorado, con un Santo Cristo de vara y tres cuartas en el tercer cuerpo y en el segundo una bella imagen del titular San Francisco y en el primer cuerpo el sagrario con separación y quince lienzos, muy decentes, en los marcos colaterales [...] y también en el mismo lado una capilla de siete varas de fondo y cinco de ancho y en el arco de su entrada tiene puertas de barandillas, en medio un altar viejo de tres varas de alto, dos y media de ancho, con cuatro pilares y en el nicho principal una imagen de bulto de San Diego de dos varas de alto y en su circunferencia siete lienzos viejos, los cuatro de dos varas y los tres pequeños [...] y también la iglesia cuyo cañón tiene sesenta varas de largo, catorce de ancho y quince de alto. Toda es de cal y piedra, muy bien proporcionada, con sus puertas de coginillo, con sus correspondientes herrajes y llaves, así la principal como la del bautisterio y la de la sacristía y el bautisterio separado con puerta de a la iglesia y su pila de piedra al lado de la epístola y entrada de la iglesia, que toda está cubierta de teja muy firme y bien acondicionada. Su pavimento está muy bien encuartonado; el coro muy capaz, con su órgano grande muy decente la puerta para su tránsito, con su llave y en medio del coro su facistol, rodeado dicho coro de sillería de madera, decente [...] no tiene artesón, pero si tres andanas de canes y las vigas sobre ellos en bella proporción de altura, y todo muy fuerte. Y también la torre muy hermosa con su cubo, tres cuerpos, su media naranja, linternilla con su cruz de fierro, con bien proporcionada simetría.48

A pesar de que la secularización estaba consumada y se había dictaminado la salida de los franciscanos, los indios y gente “de razón” de Tzintzuntzan seguían solicitando, a través del gobernador Nicolás Tzurumba, que se conservara a los religiosos franciscanos, sin ninguna respuesta.

La resistencia había alcanzado su clímax cuando llegó el momento de entregar el curato, con su convento, templo y capillas, el 27 de noviembre de 1766. Ese día, una parte de la sociedad tzintzuntzeña, compuesta por un crecido grupo de mujeres indias “de razón” ocupaba el convento, esperando al alcalde Manuel de la Campa, al cura Benicio Martínez de Borja y al notario designado para asentar el cambio de administración. Éstos, al ver el grupo de manifestantes, decidieron entrar por el convento. Pero al momento de emitir la notificación de la entrega fue tal el griterío y escándalo de las mujeres que “sería imposible que se oyesen las voces del notario que publicase el título, lo que quizá pretendían impedir”. Para tranquilizar a la muchedumbre tuvo que intervenir el cabildo indio con varios naturales.49

Por otro lado, los miembros de la hermandad de la Tercera orden, como medida desesperada, se rehusaban a entregar las llaves de su capilla.50 El mismo fray Miguel Valverde permaneció en Tzintzuntzan por lo menos por un año más después de que fue retirado de su cargo provisional, para sostener reuniones con los indios y con los Terciarios en casa del capitán Gaspar Sanabria, con la asistencia de Juan Cuadradas y Joseph Antunes, dos hermanos terciarios, miembros respetables de la sociedad.

A pesar de que pasaron alrededor de cinco años para que culminara el proceso de transferir la parroquia al clero diocesano, finalmente todos los involucrados en la resistencia tuvieron que resignarse a perder a los religiosos que por tantos años los habían administrado, protegido y apoyado en distintas causas. Si bien quedó registrado en las memorias de la orden que, cuando se secularizó el convento de Tzintzuntzan “se entregó todo sin reserva alguna, dejando allí muchas reliquias y cuerpos de venerabilísimos padres de los fundadores”. Lo que no se asentó es que se hizo todo lo posible para conservar el curato y la comunidad franciscana en Tzintzuntzan sin resultados.51

El padre Anzo, ya en posesión, informó el 29 de noviembre que se había hecho el inventario de los bienes de templo, capillas y cofradías, tal como se había ordenado, y que había tomado posesión del curato.52 En el mismo mes y año se corrió la noticia que en el templo parroquial había acontecido un milagro: varios testigos aseguraban haber presenciado la aparición del Divinísimo Señor Sacramentado como una nube negra o en forma de custodia sobre el sagrario. Ante el acontecimiento se citó a varios vecinos, entre los que destaca el bachiller don Manuel Nicolás de Lezo, clérigo presbítero y vecino de Tzintzuntzan (a quien se le atribuye la construcción de la capilla de la Soledad), quien declaró que sólo podían distinguirse unas “rayas mal circuladas” en medio del vidrio, lo cual era una muestra de la imaginación de la gente de que era la voluntad del Santísimo Sacramento que los religiosos no se fuesen de esta ciudad. Quizás era una última artimaña de los habitantes de Tzintzuntzan para llamar la atención del obispo y revertir el retiro de los regulares, la que no tuvo éxito.

En abril de 1767, el virrey de la Nueva España informaba al ministro de Marina e Indias, don Julián de Arriaga, que se había secularizado el curato de Tzintzuntzan con toda la paz y quietud.53 Unos meses después don Pedro Antonio Sánchez de Tagle acusó de recibido los testimonios que acreditaban la secularización del cuarto de Tzintzuntzan, con lo que se cerró el expediente.54

Reflexión final

Hemos expuesto que en el caso particular de Tzintzuntzan, ante el inminente proceso de secularización, la comunidad francisana de la provincia, el gobernador, alcalde, oficiales de república y común de Tzintzuntzan (entre los que se encontraba un grupo de españoles y criollos), así como el pueblo de Cocupao, hicieron todo lo posible para conservar la doctrina, incluyendo protestas públicas y resistencia pacífica. Las razones que tuvieron cada una de las fracciones para hacerlo pueden ser motivo de una investigación más profunda. Ya vimos que el obispo Sánchez de Tagle consideraba que las protestas habían sido orquestadas por unos “amigos descarriados” de los frailes y que no representaban a la opinión común.55 ¿Acaso se refería a los miembros de la tercera orden? Lo más probable es que los franciscanos también hayan influido a la feligresía y al cabildo para que se manifestaran en contra de la secularización.

Al parecer, el obispo de Michoacán no les prestó demasiada importancia a las manifestaciones de descontento ocurridas en noviembre de 1766, como tampoco lo hizo el virrey, al informar a don Julián de Arriaga que se había secularizado el curato de Tzintzuntzan “con toda paz y quietud”.

La entrega del curato y el inicio de una nueva administración religiosa en Tzintzuntzan coincide con la expulsión de los jesuitas de la Nueva España y con un periodo de inconformidad social en Michoacán en contra de las medidas adoptadas por los borbones para tener el control absoluto de sus territorios en detrimento de los indios, que derivó en una serie de tumultos, entre 1766 y 1767. Aunque Tzintzuntzan tenía una fuerte tradición de defensa violenta y tumultuaria cuando se trataba de proteger sus derechos y sus bienes, en el caso de los disturbios orquestados por el gobernador de república Pedro Soria Villarroel, los tzintzuntzeños prefirieron mantenerse al margen.56

En el caso de la resistencia a la secularización, no deja de ser interesante que los interesados en conservar el curato y doctrina en manos de los franciscanos recurrieran a la retórica para recordar el pasado glorioso del convento y el beneficio que tenían los feligreses al ser administrados por los frailes. Caso similar se dio en la ciudad de México en 1764, cuando los franciscanos de la Provincia del Santo Evangelio de México, ante la muerte de fray Diego Osorio, guardián de San José de los Naturales, solicitaron conservar la doctrina para su orden, con el argumento de que la provincia a la que pertenecía había sido la primera de todas las “Américas”, desde donde se levantó el estandarte de la fe y se predicó la doctrina y evangelio en vastos dominios, precisamente, a partir de este convento. Si bien los religiosos logaron retrasar el proceso hasta 1770, no pudieron impedirlo.57 Al igual que Tzintzuntzan, “el mérito histórico” no les fue de utilidad.

Todavía están por salir a la luz más estudios de casos específicos sobre la secularización que nos permitan identificar situaciones particulares, pero también tener un panorama más amplio de este proceso, que sin duda fue coyuntural en la vida de muchos de los pueblos de indios novohispanos.

Fecha de recepción: 7 de agosto de 2014

Fecha de aprobación: 30 de junio de 2015

1 Álvarez Icaza Longoria, María Teresa, “La secularización de doctrinas de indios en la ciudad de México”, en Felipe Castro Gutiérrez (Coordinador), Los indios y las ciudades de la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, pp. 304-325.

2 Beaumont, Fray Pablo, Crónica de Michoacán, t. iii, Morelia, Balsal, 1985, p. 346.

3 Chauvet, Los franciscanos en México (1523-1980), México, Provincia del Santo Evangelio de México, 1981, p. 143.

4 Mazín Gómez, Óscar, “Secularización de parroquias en el antiguo Michoacán”, en Relaciones, vi: 26 (primavera de 1986), p. 24.

5 Morales, Francisco, “Los franciscanos en la Nueva España. La época de oro, siglo xvi”, en Francisco Morales (Editor), Franciscan presence in the Americas, essays on the Activities of the Franciscan Friars in the Americas, 1492-1900, Washington, Academy of American Franciscan History, 1983, p. 79. En este año de 1560, los franciscanos del Santo Evangelio se vieron involucrados en un pleito contra el clero secular, que desencadenó la pérdida de las visitas de San Pablo y San Sebastián. Álvarez, “La secularización de doctrinas”, p. 306.

6 Morales, “Los franciscanos”, p. 80.

7 Traslosheros H., Jorge E., La reforma de la Iglesia del antiguo Michoacán: la gestión episcopal de fray Marcos Ramírez del Prado, 1640-1666, Morelia, Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1995, p. ii.

8 Mazín Gómez, Óscar, Margarita Menegus y Francisco Morales, La secularización de las doctrinas de indios en la Nueva España. La pugna entre dos iglesias, México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

9 Urquiza, Gabriela, Convento Huexotla, reflejo de la mística franciscana, México, Plaza y Valdés, 1993, p. 31.

10 Mazín Gómez, Óscar, “Reorganización del clero secular novohispano en la segunda mitad del siglo xviii”, en Relaciones, x: 39 (verano de 1989), p. 73.

11 Mazín Gómez, Óscar, Entre dos majestades. El obispo y la Iglesia del Gran Michoacán ante las reformas borbónicas, 1758-1772, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1987, p. 38. Chauvet, Los franciscanos, p. 143.

12 Brading, David, Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 77.

13 Brading, Una Iglesia asediada, p. 77.

14 Brading, Una Iglesia asediada, p. 78.

15 En distintas ocasiones el rey solicitó apoyo económico a los pueblos de la Nueva España y a las órdenes religiosas para financiar sus guerras. Esto no era nuevo, por ejemplo, un siglo antes el monarca en turno había pedido a los franciscanos, por medio del Comisario General, limosna y donativos para financiar las grandes necesidades que tenía para las guerras, lo cual fue tratado por los religiosos en una junta definitoria celebrada en el convento de Querétaro en 1643, donde se determinó que darían la ayuda a pesar de ser una orden “tan pobre y necesitada”. Archivo Franciscano de la Provincia de Michoacán (en adelante afpm), sección gobierno, v. i, ff. 70r-71r.

16 Ricard, Robert, La conquista espiritual de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 63; Brading, Una Iglesia asediada, p. 80.

17 Brading, Una Iglesia asediada, p. 81.

18 Brading, Una Iglesia asediada, p. 81.

19 Archivo General de la Nación (en adelante agnm), reales cédulas originales, v. 7, exp. 77-78, real cédula modificante de 23 de junio de 1757.

20 Brading, Una Iglesia asediada, pp. 87 y 93.

21 Grande y Celaya. Mazín Gómez, Óscar (Preparación y estudio), El Gran Michoacán, cuatro informes del obispado de Michoacán, 1759-1769, Zamora, El Colegio de Michoacán-Gobierno del Estado de Michoacán, 1986, p. x.

22 Mazín Gómez, “Secularización de parroquias”, p. 31.

23 Fray Domingo de Ocaranza consiguió la restitución de estas parroquias que habían sido secularizadas o que se pretendía secularizar argumentando que los conventos tenían al menos 8 religiosos y que la cofradía había sido erigida mediante bula papal. Biblioteca Nacional de México (en adelante bnm), 47: 1057.19, ff. 89-89 v., “Carta de fray Domingo de Ocaranza al comisario general de Indias, fray Plácido de Pinedo”, convento de San Francisco de Querétaro, 20 de mayo 1767.

24 Las casas de recolección eran aquellos conventos en los cuales los religiosos vivían la regla y constituciones de manera más rigurosa en cuanto a los votos de pobreza, clausura, oración y penitencia para “acentuar la devoción de los seglares y conservar la pureza de la orden”. En el caso de Pátzcuaro ya había sido casa de recolección de 1585 a 1700. Escandón Bolaños, Patricia, “La provincia franciscana de Michoacán en el siglo xvii”, tesis de doctorado inédita, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 1999, pp. 134 y 140.

25 Espinosa, Isidro Félix de, Crónica de la provincia franciscana de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003, p. 427.

26 Chauvet, Los franciscanos, pp. 147-148.

27 Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (bnah), fondo franciscano, v. 134, exp. s. n. (rollo 44), ff. 76-78, “Nómina de los religiosos y conventos de la Provincia de Michoacán”, s. f.

28 Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (bcunam), fondo antiguo, materias eclesiásticas, conventos de frailes, “Copia del estado de la Provincia de Michoacán. Religión de N. P. S. Francisco”, Valladolid, 1771, en Copia de los estados de los conventos de Santo Domingo de México y la Puebla, pp. 56-66.

29 bnah, “Nómina de los religiosos”.

30 Por este tiempo Tzintzuntzan administraba los barrios de la cabecera, los pueblos de Cocupao, Ihuatzio y Cucuchucho, las haciendas de Tziranga, Sanabria y Chapultepec, al igual que los ranchos de San Bartolomé Atzimbo y San Nicolás Itziparamuco, sumando en todos los pueblos un total de 2 588 feligreses, de los cuales la mayoría eran indios y menos del 20 por ciento españoles. Relación de Pátzcuaro, de 1754. González Sánchez, Isabel, El obispado de Michoacán en 1765, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Gobierno del Estado de Michoacán, 1985, pp. 291-292.

31 En realidad nunca tuvo ni ha tenido la categoría de templo, sino de capilla.

32 Archivo Histórico Casa Morelos (en adelante ahcm), fondo diocesano, sección gobierno, serie religiosos, subserie franciscanos, caja 275, exp. 142, 136 fs. “Secularización de la doctrina y curato de Tzintzuntzan”, 1762-1767.

33 ahcm, “Secularización de la doctrina.”

34 agnm, Patronato indiano, clero regular y secular (024), contenedor 47, vol. 119, exp. 6. “Secularización del curato y doctrina de Tzintzuntzan”, 1762-1767.

35 agnm, “Secularización del curato y doctrina”. Firmaron esta carta Gaspar de Sanabria capitán de infantería, Joseph Meléndez Valdés, Juan Pablo Cuadradas, Mathías López, Jerónimo Sarmiento, Francisco de la Peña, Ignacio Díaz Barriga, Nicolás de Arriaga, Joaquín Castillo, Carlos Díaz Barriga, Ignacio Paz, Joseph de San Miguel, Juan López, Manuel Ruiz del Castillo, Antonio de Villagómez, Pedro Calderón, Pascual Díaz, Marcos Cárdenas, Esteban Urtís, Thomás Barriga. El cabildo de Tzintzuntzan estaba formado en su mayoría por vecinos españoles o de ascendencia española, a juzgar por sus apellidos. Algunos de ellos se tienen bien identificados como miembros de la cofradía de la Tercera orden, como el caso de Gaspar de Sanabria, Juan Pablo Cuadradas, Jerónimo Sarmiento y Joaquín Castillo. En el caso de la familia Díaz Barriga, Castro Gutiérrez ha hecho ver que al menos desde el siglo xvii se tiene noticia de ellos en Tzintzuntzan, propietarios de haciendas, ranchos y casas en la región. Castro Gutiérrez, Felipe, “Tzintzuntzan: la autonomía indígena y el orden político en la nueva España”, en Carlos Paredes Martínez y Marta Terán (Coordinadores), Autoridades y gobierno indígena en Michoacán, v. 1, Morelia, El colegio de Michoacán-Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003; Castro Gutiérrez, Felipe, “Indeseables e indispensables: los vecinos españoles, mestizos y mulatos en los pueblos de indios de Michoacán”, en Estudios de Historia Novohispana, 25: 25 (2001), pp. 59-80.

36 agnm, patronato indiano, clero regular y secular (024), contenedor 47, volumen 119, exp. 6, ff. 143-147, “En común del pueblo de Cocupao piden que no se desampare la primera fundación de Tzintzuntzan”, Cocupao, marzo de 1762.

37 En 1732 fue enviado a Oposura, Sonora, donde los indios del pueblo protestaron por la salida del cura anterior Marciano de Oposura. Se quejaban de haber recibido malos tratos del padre Anzo y le achacaban la ceguera de un indio y la muerte de otros. Mirafuentes Galván, José Luis, “Tradición y cambio sociocultural. Los indios del noroeste de México antes del dominio español. Siglo xviii”, en Estudios de historia novohispana, núm. 35 (julio-diciembre, 2006), p. 89.

38 Firmaron como testigos Manuel de la Campa, teniente de alcalde mayor, Matheo López, Miguel Román de Tapia, teniente capitán de infantería, Juan de Alonso, Sargento, Juan Thomas de Olmos, teniente de la Santa Cruzada, Juan Manuel de Olmos, Ignacio Liandro, Antonio Mejía. Francisco Domingo Ponce de León, Anastasio de Olmos, Antonio Silva y Constantino Ortiz del Monte. En común del pueblo de Cocupao.

39 Don Joaquín Juan de Monserrat, marqués de Cruillas, virrey de la Nueva España del 5 de octubre de 1760 al 24 de agosto de 1766.

40 ahcm, “Secularización de la doctrina”.

41 ahcm, “Secularización de la doctrina”.

42 Marqués Carlos Francisco de Croix, virrey de la Nueva España del 24 de agosto de 1766 a 22 de septiembre de 1771.

43 ahcm, “Secularización de la doctrina”.

44 ahcm, “Secularización de la doctrina”.

45 agnm, “Secularización del curato y doctrina”.

46 Manuel Gregorio González de Anzo fue el primer cura secular de Tzintzuntzan (de 1767 a 1776), le siguió Manuel Ignacio de Amaro (1777-1781), nuevamente Manuel Gregorio González de Anzo (1781-1783), Juan de Dios Malagón (1783-1786), quien en 1782 fue designado para el curato de Telpán en la tierra caliente de Michoacán, pero éste presentó cartas de algunos doctores que declaraban que el cura estaba enfermo y que el calor empeoraba su enfermedad, por lo que necesitaba de un clima frío. Su petición fue aceptada y lo enviaron a Tzintzuntzan. El siguiente cura fue Gabriel Bartholomeo Gómez de la Puente (1786-1787), quien pertenecía al cabildo catedral de Valladolid al inicio de la independencia de México, y Gerónimo Sandi (1788-1804), quien entre 1776 a 1787 estuvo en la parroquia de San Miguel Mexquitic. Se encontraba en Tzintzuntzan cuando se le pidió hacer un informe sobre la parroquia a su cargo, que después sería publicada por Bravo Ugarte como la Inspección ocular de Michoacán. Estando en Mexquitic, en 1777, emitió varias denuncias quejándose de los excesos de los indios y de sublevación (en 1777). Los primeros curas del siglo xix, además de Sandi, fueron José María Zamavillas (1804-1813 y 1815-1817) y Laureano Zaavedra (1813-1815). Archivo Parroquial de Tzintzuntzan (en adelante apt), libros 1-7 de informaciones matrimoniales; libro 1 de entierros.

47 ahcm, “Secularización de la doctrina”.

48 ahcm, “Secularización de la doctrina”. Una descripción más completa se puede consultar en Torres Vega, José Martín, y Guadalupe Salazar González, Documentos para la historia del espacio habitable en el Archivo Histórico Casa de Morelos, San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2011, p. 24.

49 ahcm, “Secularización de la doctrina”.

50 ahcm, “Secularización de la doctrina.”

51 afpm, fondo provincial, sección conventos, serie Tzintzuntzan, caja 1.

52 ahcm, “Secularización de la doctrina”.

53 ahcm, instituciones coloniales, gobierno virreinal, correspondencia de virreyes (036), v. 11, f. 306, 2 serie, “Secularización de curatos en Tzintzuntzan y Tancítaro”.

54 agnm, instituciones coloniales, indiferente virreinal, cajas 2000-2999, caja 2187, exp. 011 (clero regular y secular caja 2187), “Acuse de recibo sobre los testimonios que acreditan la secularización de los cuartos de Tzintzuntzan, Tancítaro, Almoloyan, Apaceo y división desde Zelaya”, 1767.

55 ahcm, “Secularización de la doctrina.”

56 Castro Gutiérrez, Felipe, Movimientos populares en la Nueva España, 1766-1767, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, p. 55. Mendoza Briones, María Ofelia, Los tumultos en Pátzcuaro, 1766-1767: una propuesta de investigación histórica, Morelia, Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1995.

57 Álvarez, “La secularización de doctrinas.”

José Manuel Martínez Aguilar ∙ Facultad de Arquitectura

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Correo electrónico: majmanuel999@hotmail.com

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos ∙ Número 64 (julio-diciembre 2016)

ISSN: 1870-719X ∙ ISSN-e: 2007-963X

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Historiografía sobre los ministros

del Supremo Tribunal de Justicia de Ario*

Moisés Guzmán Pérez

Resumen

Este artículo plantea la necesidad de examinar el origen, conformación y funcionamiento del Poder Judicial de la insurgencia mexicana, no sólo desde los textos constitucionales y la norma escrita; sino a partir del estudio de los ministros y jueces que integraron dicho tribunal en el pueblo de Ario en marzo de 1815, de sus prácticas jurídicas y de su propia concepción del derecho, marcados por una época de transición política. Como paso indispensable para emprender dicho estudio, sometemos a examen a los autores y obras que en distintas épocas se ocuparon de los ministros del tribunal; destacamos su origen y formación profesional, las motivaciones que los llevaron a escribir sobre ellos, analizamos sus contenidos, advertimos sus errores y confusiones, pero también valoramos sus contribuciones al conocimiento de la corporación.

Palabras clave: historiografía, ministros, Supremo Tribunal de Justicia, independencia, Nueva España

The historiography of ministers of

the Supreme Justice Tribunal in Ario

Abstract

The purpose of this article is to examine the origin, conformation and operation of the Judicial Power of the Mexican Insurgency, based on not only constitutional texts and the written law, but also on the study of ministers and judges who appertained to that tribunal in the Ario town in March, 1815. Furthermore, their legal practices and their own understanding of the law are also taken into account, both of which are marked by an era of political transition. As an important step to begin the study, we examine the authors and written works who dealt with the tribunal in other periods. In addition, we highlight their origin and vocational training, the motives that led them to write, we analyze their contents, we notice their mistakes and confusions, but we also appreciate their contributions to the knowledge of the corporation.

Key words: historiography, ministers, Supreme Court, independence, New Spain

L’historiographie des ministres

du Tribunal Suprême de Justice d’Ario

Résumé

Cet article croit nécessaire d’examiner l’origine, la formation et le fonctionnement du Pouvoir Judiciaire de l’insurrection mexicaine, non seulement du point de vue des textes constitutionnels et de la norme écrite, mais aussi à partir de l’étude des ministres et juges qui intégrèrent ce Tribunal dans le village d’Ario en mars 1815, ainsi que de ses pratiques juridiques et de sa conception du Droit marquées par une époque de transition politique. Etape indispensable pour mener une telle étude, nous examinons d’abord les auteurs et œuvres qui à diverses époques s’intéressèrent aux ministres du Tribunal ; nous soulignons leurs origines, formations professionnelles et motivations, analysons leurs contenus soulignant au passage les erreurs et confusions, mais valorisons également leurs contributions à la connaissance de la corporation.

Mots clé : historiographie, ministres, Tribunal Suprême de Justice, indépendance, Nouvelle Espagne

Un cambio de enfoque

no de los grandes vacíos que existe en la historiografía mexicana relacionada con la historia del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación establecido en Ario, Michoacán, en marzo de 1815, es el que se refiere al grupo de licenciados que lo conformaron y que durante nueve meses y en circunstancias de guerra, administraron justicia en los territorios controlados por la insurgencia.

Es extraño que siendo uno de los tres poderes constitutivos de la soberanía, ni historiadores, ni juristas, ni sociólogos, ni politólogos ni otro tipo de científicos sociales se hayan interesado en la vida de los primeros jueces de la nación mexicana independiente. Los ministros han estado, digamos, en otra esfera, lejos de las preocupaciones académicas de los investigadores; no obstante, el nuevo diseño judicial que quedó plasmado en los artículos 181 al 231 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado en octubre de 1814 en Apatzingán. Como bien lo ha expuesto Gayol, en ellos se observa la oposición a los fueros y privilegios característicos del Antiguo régimen, además del empeño por establecer una jurisdicción conceptualmente unitaria e indivisible, con la posibilidad de una “jurisdicción especial” representada por el tribunal de residencia, pero completamente acotada.1 Tal ausencia de estudios se debe a las visiones que durante años prevalecieron en un número importante de investigadores, que solían ocuparse únicamente de los grandes hombres o trataban de explicar “procesos” de continuidad o ruptura, relegando a un segundo plano a los sujetos concretos, hombres de carne y hueso, protagonistas y actores principales de los acontecimientos, sin cuyo conocimiento todo intento de explicación de nuestro pasado resulta deshumanizado, abstracto y generalizador. Pero, además, los magistrados no fueron estudiados debido a la centralidad que ocupó la institución judicial en sí misma y a la preponderancia que los juristas le dieron a los artículos del Decreto Constitucional que hablaban de su creación.

Como es sabido, los trabajos que se han realizado hasta ahora sobre el tribunal se han abocado a analizar tanto su estructura jurídica como los postulados planteados en sus artículos, privilegiando el estudio de su funcionamiento a partir de tres decenas de casos que fueron atendidos por los jueces de la corporación.2 No han faltado, desde luego, visiones tradicionales ya superadas que sostienen que las instituciones políticas de la insurgencia —entre las que se encuentra el Supremo Tribunal de Justicia—, se debieron a la decisión personal de un solo hombre: José María Morelos y Pavón.3 Por el contrario, las más recientes investigaciones han demostrado que en aquel proceso fundacional de instituciones participaron distintos actores con una formación profesional muy diversa; que después de diciembre de 1813 Morelos fue relevado del mando militar y político del movimiento para quedar subordinado al Supremo Congreso, y que cuando se instaló el Supremo Tribunal en marzo de 1815 intervinieron otros liderazgos.4

Sin embargo, lo que ha quedado pendiente de investigar es la trayectoria vital de los magistrados. Haciendo un balance de lo que se ha escrito hasta ahora, llegamos a la conclusión de que se conoce muy poco sobre la vida y actividad profesional de estos juristas de la transición, responsables de aplicar la ley y ejercer el derecho. No olvidemos que fueron hombres que vivieron en carne propia las medidas reformistas implementadas por la dinastía borbónica en los últimos años de régimen virreinal; que sufrieron directamente las consecuencias de la guerra por apoyar la independencia; que se nutrieron y adaptaron a sus circunstancias los postulados políticos del liberalismo gaditano, y que fueron protagonistas en el diseño de instituciones del nuevo modelo de país que se comenzaba a dibujar en los albores de la república.

Es relativamente sencillo hacer generalizaciones y decir que todos estudiaron en colegios y seminarios, que recibieron sus títulos en la Real y Pontificia Universidad de México y que compartían una misma cultura jurídica con el resto de las posesiones de la monarquía española. Empero, si esto fue así, ¿por qué se diseñaron instituciones de justicia diferentes en varias partes de hispanoamérica? ¿Por qué en Cundinamarca (Colombia) en 1811 el Poder Judicial lo ejercen los Tribunales Superiores de la provincia, siendo el primero de ellos el Senado?5 ¿Por qué en la Constitución de Antioquia (Nueva Granada) de 1812 el Supremo Tribunal de Justicia lo conforman cinco ministros y un solo fiscal que lleva la voz en lo civil, en lo criminal, en lo de gobierno y hacienda? ¿Por qué la presidencia de dicho poder se turna anualmente, el Tribunal entero se renueva cada tres años y se introduce la figura del “conjuez” para suplir a los ministros impedidos?6 ¿Por qué en Venezuela en 1811 tenemos una Corte Suprema de Justicia residente en la ciudad federal cuyos ministros son nombrados por el ejecutivo, con tribunales subalternos y juzgados inferiores?7 ¿Por qué en Chile en 1818 se planteó un Supremo Tribunal Judiciario formado en una cámara de apelaciones, con cinco ministros designados por el “director del Estado”, apoyado por juzgados subalternos?8 ¿Y por qué en las Provincias Unidas del Río de la Plata se estableció una Alta Corte de Justicia compuesta por siete jueces y dos fiscales, designados por el Director, con noticia y conocimiento del Senado, con una cámara de apelaciones y juzgados inferiores?9 La respuesta a esta diversidad podríamos encontrarla en la formación profesional de los juristas, en el análisis de su pensamiento político y las influencias doctrinarias que recibieron, así como en el contexto y las circunstancias específicas que vivieron y que los llevaron a plasmar en papel determinados principios de orden constitucional.

Desde nuestro punto de vista, investigar la vida y obra de cada uno de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia no es ocioso. Por el contrario, permite hacer visibles a los actores políticos de una institución fundamental de la historia de México que desde hace 200 años han permanecido olvidados. Pero además, sirve para esclarecer su origen y su calidad étnica, aspecto fundamental en la sociedad corporativa, jerárquica, estamental y racial de aquel entonces; ayuda a descubrir su formación académica y la actividad profesional que desempeñaron como pasantes o juristas antes de 1810; nos precisa la edad y posición económica que tenían en el momento de unirse a la guerra, así como el contexto, las circunstancias y los caminos alternativos por los que tuvieron que transitar hasta llegar a Ario en 1815. Asimismo, nos ayuda a entender la noción de la justicia y, en un sentido más amplio, del derecho que se tenía en ese entonces; nos explica en buena medida por qué fueron esos artículos y no otros los que quedaron impresos en el texto constitucional de Apatzingán; y desde luego, nos permite comprender el surgimiento de instituciones de justicia en el país después de la independencia, en buena medida ancladas en prácticas e imaginarios del Antiguo régimen y en las cuales los magistrados insurgentes tuvieron una participación muy directa.

Por estas razones resulta indispensable hacer investigaciones de fondo y dar a conocer al público interesado los perfiles biográficos de los primeros jueces propiamente mexicanos. Puede ser un buen camino para participar en el proceso de construcción de una memoria compartida, a menudo olvidada o a veces tergiversada por el discurso oficial con el correr de los años como nos lo ha demostrado Pérez Escutia en uno de sus más recientes estudios,10 especialmente ahora que se acaba de conmemorar en México el bicentenario de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia en el pintoresco pueblo de Ario, Michoacán.

Pero como tamaño proyecto requiere de un trabajo paciente y cuidadoso en distintos repositorios de México y el extranjero; en registros parroquiales y municipales de varias entidades de la república, y se necesita, además, estar al tanto de las producciones historiográficas recientes sobre la justicia en hispanoamérica; queremos avanzar en el tema presentando al lector un revisión historiográfica que le permita conocer el estado de la cuestión, en el entendido de que este paso resulta indispensable para caminar con pie firme cuando se emprenda el análisis del conjunto de magistrados.

Ahora bien, antes de entrar en materia es necesario decir que, de acuerdo con los artículos 181, 184 y 187 del Decreto Constitucional de Apatzingán, el Supremo Tribunal de Justicia debían conformarlo cinco personas elegidas por el Supremo Congreso, las que a su vez contarían con el apoyo de dos fiscales letrados: uno encargado de lo civil y el otro de lo criminal, además de dos secretarios. Algo muy parecido a las audiencias menores en tiempos de los borbones, pero sin archivero ni portero. Mientras los primeros se renovarían cada tres años, los segundos durarían en funciones cuatro años.11 Luego de algunos meses, gracias a la ingente labor desarrollada por José María Ponce de León, uno de los antiguos diputados del Supremo Congreso, dicho Tribunal finalmente se instaló en el pueblo de Ario (hoy de Rosales, Michoacán) en el mes de marzo de 1815 y comenzó a funcionar solamente con cuatro de los cinco individuos que debían formarlo, porque el quinto que el cuerpo legislativo había designado, jamás llegó a ocupar el empleo.

Las cinco personas elegidas por el Congreso fueron las siguientes: José María Sánchez de Arriola, Antonio de Castro y Elorza, José María Ponce de León Rincón, Mariano Tercero de la Piedra Brambila Téllez de Lara, y Rafael Argüelles Rendón; éste último, como ya se indicó, no entró en funciones. Todos ellos eran originarios de las intendencias de Valladolid, Guanajuato y Veracruz, se formaron en los colegios y seminarios que había en las capitales de las provincias de Puebla y Michoacán, y recibieron sus títulos de licenciados por la Real y Pontificia Universidad de México, previo examen ante la Real Audiencia, lo cual los hacía aptos para integrar el Poder Judicial de la insurgencia.

Lo singular del grupo es que los cinco lograron ver consumada la independencia y después de 1821 tuvieron una activa participación política en sus respectivas provincias como gobernadores, ministros de los tribunales locales o regidores de algún ayuntamiento. Analicemos ahora a los autores que a lo largo de los siglos xix, xx y xxi —ya sea de manera superficial o detallada—, nos dieron los primeros trazos biográficos de estos cinco magistrados, mismos que abordamos respetando el orden en que fueron ocupando la presidencia de dicho cuerpo colegiado.

Licenciado José María Sánchez de Arriola

El oaxaqueño Carlos María de Bustamante y el guanajuatense Lucas Alamán, historiadores “clásicos” indispensables para cualquier estudio que se quiera realizar sobre la independencia de México, fueron los primeros que en sus obras históricas se refirieron a este abogado nativo de Valladolid, pero con el nombre equivocado de Mariano. La confusión se originó a partir de los testimonios que proporcionara a Bustamante el canónigo de la catedral de Oaxaca, doctor José de San Martín, un contemporáneo que conoció y trató a José María durante la guerra y que siempre se refirió a él como Mariano. El equívoco adquirió carta de naturalidad con la publicación de la obra de Alamán, que en muchos sentidos retomó los escritos de Bustamante.12

Esta equivocación fue retomada por el historiador de origen catalán, José María Miquel i Vergés, quien en su Diccionario de insurgentes publicado en 1969 y reeditado en 1980 por la casa Porrúa, dedicó una de sus entradas a este personaje, dando a conocer además una valiosa referencia relacionada con un “Mariano Arriola” que había estado preso en la ciudad de México por divulgar escritos favorables al virrey José de Iturrigaray.13 Sin embargo, el sólo cambio de nombre nos llevó a suponer que se trataba no del juez vallisoletano, sino de otra persona con nombre y apellido semejantes, como finalmente resultó.

Aunque Sergio García Ávila y Saúl Raya Ávalos, dos historiadores estudiosos de las instituciones de procuración de justicia en Michoacán, llegaron a afirmar en uno de sus ensayos que “el caso del señor José María Sánchez de Arriola es ampliamente conocido”, la verdad es que la información que aportaron sobre su vida anterior a 1824 fue fragmentaria e imprecisa, porque sólo se ocuparon de sus actividades de insurgente utilizando datos vagos y poco claros. No obstante, su participación como miembro del Superior Tribunal de Justicia de Michoacán en el México republicano, primero como ministro y luego como presidente, sí nos parece revelador, aunque no se refieran a él particularmente.14

La primera aportación relevante acerca de este personaje la proporcionó Alejandro Mayagoitia en su excelente compendio de abogados que fueron aspirantes a ingresar al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México.15 Apoyado en el archivo de la propia institución, dio a conocer información novedosa sobre sus antecedentes familiares; señaló su paso por los colegios de San Nicolás Obispo en Valladolid de Michoacán y San Ramón Nonato en la ciudad de México, y precisó sus años de pasantía en el despacho del licenciado Agustín Villanueva Cáceres y Ovando. Asimismo, reseñó con cierta profundidad los problemas que enfrentó Sánchez de Arriola cuando quiso pertenecer a esa misma corporación; refirió los distintos escritos y memoriales que presentó para ser admitido y de la rotunda negativa de los representantes de la institución para aceptarlo.16 Lo que faltó aclarar, fueron los años en que estuvo adscrito a ambos colegios y el momento en que recibió los títulos de bachiller en artes y en cánones por la Real y Pontificia Universidad de México.

No obstante esta valiosa información, los historiadores que se ocuparon posteriormente de la vida de Sánchez de Arriola, no sólo no ampliaron las investigaciones sobre su vida y actividad política, sino que incurrieron en errores sucesivos y en imprecisiones históricas de no poca importancia, que en vez de contribuir a esclarecer los momentos más relevantes de su trayectoria, nos sumieron en el desconcierto total. Es el caso de la obra titulada: Los estudios de derecho en Morelia y los abogados de Michoacán, escrita por García Ávila y Raya Ávalos, publicada en 2007, en la que afirmaron que se incorporó a la insurgencia en 1810, cuando los testimonios documentales indican que lo hizo más tarde; dicen que en 1818 formó parte de la Junta de gobierno establecida en Huetamo, cuando en realidad rompió con ella, y lo más grave, afirman que el primero de julio de 1833 fue nombrado gobernador interino del estado de Michoacán, cuando desde el 28 de junio anterior el propio Sánchez de Arriola hizo renuncia formal al cargo y jamás entró en funciones. Únicamente acertaron en dos noticias: que fue integrante del Supremo Tribunal de Justicia insurgente, y que el 5 de enero de 1827 había sido nombrado por el Congreso del Estado de Michoacán, ministro del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.17

Fue hasta el año 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la biografía más elaborada conocida hasta ahora sobre el personaje, escrita por Moisés Guzmán Pérez y Eva Elizabeth Martínez Chávez. A través de este estudio, ambos autores se adentraron en la vida y obra del primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia establecido en el pueblo de Ario, en marzo de 1815. Pusieron al descubierto sus antecedentes familiares, los problemas de pobreza y de raza que enfrentó a finales del virreinato y sus estudios como colegial en San Nicolás Obispo y en San Ramón Nonato, los cuales fueron definiendo su perfil profesional de futuro abogado y juez. Reconstruyeron sus primeros pasos como insurgente, delinearon los momentos más importantes de su responsabilidad como presidente del Tribunal de Justicia, a pesar de su corto periodo de existencia, y trazaron los momentos de su vida como intelectual y político en la última etapa de la guerra de independencia. Finalmente, se avocaron a estudiar su participación como asesor y alcalde primero del ayuntamiento de Valladolid; su responsabilidad como ministro del Superior Tribunal de Justicia de Michoacán o “Audiencia del Estado” en 1824; los asuntos que le ocuparon como magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia de la misma entidad a partir de enero de 1827, y los años finales de su vida. Esto último les permitió valorar el aporte fundamental de Sánchez de Arriola en la creación de instituciones de procuración de justicia en Michoacán, su estado natal.18

Licenciado Antonio de Castro y Elorza

Una relación de méritos del licenciado Antonio de Castro publicada en un periódico michoacano de la primera mitad del siglo xix cuando el político moreliano aún vivía, ofreció las primeras noticias biográficas sobre su persona. Fueron escritas por el cura Juan José Pastor Morales en julio de 1830, cuando éste lo propuso ante el Consejo de Gobierno de la entidad para que ocupara un asiento en el Supremo Tribunal de Justicia que estaba vacante. Morales fue contemporáneo del licenciado Castro y Elorza. Nacido en 1776 en Tecacho, una finca del partido de Huaniqueo, en la intendencia de Valladolid, desde joven fue llevado por sus padres a la ciudad de México para inscribirlo en el seminario. Alcanzó el grado de bachiller en teología en la Universidad y fue catedrático del colegio de San Juan de Letrán entre 1795 y 1802. Fue un hombre ilustrado, amante de las letras, la historia y las antigüedades. En 1820 se estableció de manera definitiva en Michoacán para hacerse cargo de la parroquia de Coeneo.19 Después de la independencia fue diputado en el Congreso Constituyente de Michoacán en 1824-1825 y socio del Instituto de Ciencias, Literatura y Artes que funcionaba en México en 1826.20 La buena relación que tuvieron Castro y Morales, fue lo que llevó a este último a escribir con cierto detalle sobre su persona.

Por un lado, Morales destacó sus luces, su experiencia, su probidad y la estimación y confianza que se había ganado entre la gente, razón por la cual lo consideraba “un hombre adornado de virtudes sociales”, con un mérito sobresaliente que “jamás ocasionó sentimiento ni disgusto en algún pueblo. Siempre igual en la modestia y amabilidad de su trato, en la cordura y rectitud de su gobierno”.21

Por el otro, aludió a sus trabajos, a sus cargos y empleos que había desempeñado en aquella provincia desde que se incorporó a la insurgencia. Comenzó por destacar su desempeño como “ministro del Supremo Tribunal de Justicia que se instaló por disposición del gobierno americano”; luego señaló su regreso a Valladolid, no para pedir el indulto, sino para celebrar “el triunfo de la libertad” al lado de sus conciudadanos; enseguida mencionó su “ciencia en el Derecho” y su elección como diputado “en clase de letrado” al Congreso general constituyente mexicano; y sobre todo, su desempeño como “jefe político, gobernador interino y propietario”. En suma, Morales lo consideraba: “el principal instrumento para la fundación de las nuevas instituciones”. Concluyó su propuesta valorando la entereza con que renunció al gobierno en 1827 antes que poner en vigor la ley de expulsión de los españoles decretada por el Congreso general.22

Muchos años después, el licenciado Miguel Martínez, un escritor del siglo xix oriundo de Tuxpan, Michoacán, que escribió una importante obra sobre el obispo Clemente de Jesús Munguía en dos tomos, apenas mencionó la designación que hizo el Congreso constituyente del licenciado Antonio de Castro como vicegobernador del estado el 8 de abril de 1824, quien había “prestado útil y honrada cooperación en la ejecución de la independencia”. Además, señaló su nombramiento por parte del primer Congreso local como gobernador constitucional el 13 de agosto de 1825 y su renuncia al cargo unos años después, al oponerse al decreto del gobierno federal relativo a la expulsión de los españoles del territorio nacional.23

Lo que llama la atención de este autor es que, siendo un escritor detallista y meticuloso que indagó sobre el quehacer de muchos personajes michoacanos de la primera mitad del siglo xix, no haya dado a conocer más noticias sobre la vida profesional y el activismo político desarrollado por Castro y Elorza, sobre todo de su etapa anterior como insurgente y como descendiente de una de las familias de mayor prosapia en la levítica Valladolid. Como si el pasado “rebelde” de don Antonio se considerara una mancha en su historial, y que por lo mismo no valía la pena rememorar.

Posteriormente, ya avanzado el siglo xx, a Melesio Aguilar Ferreira le debemos la primera información relacionada con su papel en la política del naciente estado de Michoacán: primero, como jefe superior político de la provincia, cargo que venía desempeñando desde el mes de diciembre de 1823; luego, como “teniente de gobernador”, es decir, ayudante o auxiliar del gobernador designado por el Congreso constituyente, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, y después como “gobernador interino” a partir del 19 de julio de 1824, ante la negativa de este último a ocupar el empleo.24

Gracias a Aguilar Ferreira sabemos que Castro se mantuvo a la cabeza del gobierno de manera ininterrumpida hasta el 6 de octubre de 1825, fin del periodo preconstitucional, lo que lo convertía en “el primer gobernador del estado de Michoacán”. Pero, además, abordó la etapa en que don Antonio debía fungir como gobernador constitucional del 6 de octubre de 1825 al 5 de octubre de 1829 conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, promulgada el 17 de octubre de 1825. Ya como gobernador designado por el Congreso local desde el 13 de agosto anterior, el autor sólo se limitó a señalar que fue “hijo de distinguida familia hispana”; que el antiguo secretario del Congreso constituyente de Michoacán, José Salgado, colaboró con él en calidad de vicegobernador, y que por negarse a publicar el decreto del gobierno federal relativo a la expulsión de los españoles del país, presentó su renuncia y dejó el cargo el 9 de noviembre de 1827, razón por la cual no concluyó su mandato.25

Como se observa, lo que más le importaba a Aguilar Ferreira era lo que había hecho en la política estatal como gobernador, no su formación profesional ni tampoco lo que fue de su vida. Sus antecedentes familiares permanecían ocultos, al igual que sus estudios que lo llevaron a recibirse de abogado; nada dijo de su pasado insurgente, ni de su papel como magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, como si se tratara de un personaje que emergió a la vida pública en 1824.

Posteriormente, el profesor, historiador y constitucionalista mexicano Jesús Romero Flores volvió ocuparse de Castro en una de las entradas de su Diccionario michoacano, publicado por primera vez en 1960. Sin embargo, se basó de manera exclusiva en el estudio que había publicado Aguilar Ferreira en 1950, y sólo agregó que la toma de posesión del cargo de gobernador se verificó “conforme a un complicado ceremonial, así religioso como profano” y que en aquel tiempo “el palacio de gobierno era entonces el edificio de la factoría (hoy palacio municipal), y a la cámara de diputados se le designó el salón de la planta baja del antiguo Colegio de Jesuitas”.26

Algunos años después, en el mes de diciembre de 1969 el padre Gabriel Ibarrola publicó un valioso estudio genealógico relativo a las familias más distinguidas de la antigua Valladolid (hoy Morelia), entre las cuales se hallaba precisamente la de Antonio de Castro. Para ello consultó decenas de libros y legajos en los archivos parroquiales y notariales de la ciudad de Morelia, aportando valiosa información sobre los antecedentes consanguíneos del vallisoletano. De esta manera, reconstruyó el linaje de los Castro avecindados en la capital del obispado de Michoacán desde mediados del siglo xviii, diócesis en la que desempeñaron puestos de notarios públicos y coroneles de milicias.27

Más aún, Ibarrola reconstruyó el árbol genealógico de don Antonio a partir de su abuelo paterno, Andrés Antonio de Castro y Varela, quien casó con María Antonia de Iturria e Izaguirre, hija de un alguacil mayor y regidor de la ciudad de Pátzcuaro. Después habló de los dos hijos que procreó dicho matrimonio: el clérigo Mariano de Castro e Iturria, y del capitán y alcalde de Valladolid, José María de Castro e Iturria, este último nacido en Pátzcuaro. De la unión de José María con Andrea Elorza e Inchaurrandieta el 21 de abril de 1771 nacerían tres hijos: Mariano, que se desempeñó como administrador de diezmos en Puruándiro; Josefa, que casó con Antonio Ibarrola López de Piña, y Antonio, nuestro magistrado, que llegó a ser licenciado.28

Aunque Ibarrola no señala la fecha en que Antonio nació, sí dice en cambio que era originario de Valladolid donde realizó sus estudios en el Seminario Tridentino; de ahí pasó a la capital de Nueva España para examinarse de licenciado ante la Real Audiencia de México. Al referirse a la amistad que cultivó antes de 1809 con el capitán José María García Obeso y el alférez Mariano Michelena, Ibarrola sostuvo erróneamente que “tomó parte en las primeras conspiraciones de Valladolid” y de forma inexplicable, nada escribió de su pasado insurgente, como si fuera una mancha en su carrera política. Sólo mencionó de paso que fue gobernador del estado y que en 1827 presentó su renuncia al negarse a cumplir la ley de expulsión de los españoles.29

Después hay vacíos en la información. Ibarrola hizo alusión a su matrimonio en 1826 con María Isabel Caballero Basave, Cevallos y Santibáñez, oriunda de San Luis Potosí, así como el deceso de ésta ocurrido el 25 de diciembre de 1831 en la ciudad de Morelia. También proporcionó noticias de sus hijos Francisco de Paula y José María, ambos licenciados, residentes en la capital del estado en 1853 y 1863, respectivamente; mencionó el paso de don Antonio por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde fue ministro, de su muerte ocurrida el 29 de octubre de 1846 y de su entierro en el convento de San Agustín, en Morelia.30

No obstante las imprecisiones que hemos señalado, producto de la tradición patriótica de origen porfiriano que no de un concienzudo estudio sobre los conspiradores de Valladolid, la obra del padre Ibarrola fue la que más novedades ofreció sobre la etapa pre insurgente de Antonio de Castro, y proporcionó algunos datos más referentes a su etapa posterior como gobernador.

Lo que aquel articulista de El Michoacano Libre había comenzado a delinear en 1830, pidiendo que se reconociera el “mérito sobresaliente” de este personaje, se cumplió 178 años después con la tesis de licenciatura en historia que escribió Nely Noemí García Corona en el mes de enero de 2008. Por fin se tenía un estudio más acabado sobre la vida y el desempeño político de Castro y Elorza. Su trabajo contiene notables aportes basados en documentos de diversos archivos y en una bibliografía especializada que es necesario comentar.

En su tesis señaló que fue al gobernador y al Congreso local a quienes correspondió definir los espacios del territorio michoacano; destacó el problema que enfrentó su gobierno por la falta de recursos, así como una diversidad de asuntos que debía atender relacionados con los bienes de comunidad, la creación de nuevos ayuntamientos, el arreglo de la hacienda pública de la entidad, el ataque frontal al bandolerismo y el fortalecimiento de la figura del Ejecutivo estatal.31 Refirió sus dos periodos como gobernador del estado de Michoacán; primero en su calidad de “interino” del 17 de julio de 1824 al 5 de octubre de 1825 y después como “constitucional”, del 6 de octubre de 1825 al 9 de noviembre de 1827, en que dejó el cargo al negarse a aplicar la ley de expulsión de los españoles de México. No obstante estos valiosos aportes, la etapa de Castro como ministro del Tribunal de Justicia insurgente pasó inadvertida.

Por su parte, en el estudio que Guzmán Pérez y Martínez Chávez hicieron sobre Sánchez de Arriola en 2010, centraron la atención en el periodo en que Castro fungió como presidente del Supremo Tribunal para el trimestre julio-septiembre de 2015. Reseñaron la manera en que accedió al cargo de presidente y destacaron los sitios en que atendió varios asuntos (Puruarán y Uruapan). Además de los casos que le presentaron los vecinos de Huandacareo, Apatzingán, Uruapan y Tzintzuntzan, en Michoacán; Pénjamo, en Guanajuato; Santa María de Lagos, en la Nueva Galicia, y Aguadulce, en la provincia de Tecpan (actual estado de Guerrero), destacaron su participación en la creación de la Junta Subalterna Gubernativa creada en Uruapan en septiembre de aquel año, para el gobierno de las provincias del centro y occidente del país.32

Licenciado José María Ponce de León Rincón

Durante mucho tiempo la vida preinsurgente del licenciado José María Ponce de León fue completamente desconocida. Su lugar de origen resultaba todo un misterio, como también lo eran sus antecedentes familiares, los estudios y grados académicos que llegó a obtener, así como las razones que tuvo para unirse a la insurgencia. De igual manera, tampoco se sabía qué pasó con él después de consumada la independencia y se ignora aún la fecha y el lugar de su deceso.

El enigma sobre sus orígenes terminaba por complicarse cuando observamos que a finales del siglo xviii hubo en Puruándiro, Michoacán, varias familias de apellido Ponce de León, uno de cuyos miembros fungió como inspector general del ejército insurgente al lado de Ignacio López Rayón.33 Creció la confusión cuando nos enteramos de que en 1799 un José María Ponce de León vivía en la ciudad de México, en el callejón del Espíritu Santo y se desempeñaba como ministro ejecutor en el Juzgado General de Indios. Lo singular es que no ostentaba el título de licenciado, como sí ocurría con otros empleados del mismo Juzgado.34 Y desde luego, cuando descubrimos que en agosto de 1813, en Chihuahua, un José María Ponce de León hacía copias de los documentos expedidos por Bernardo Bonavia, comandante de las Provincias Internas de Occidente.35

Lo poco que se ha escrito sobre el personaje corresponde a la época de la guerra y por lo general se resume en la documentación oficial generada por las instituciones políticas del movimiento, de lo cual Bustamante y Alamán han dado cuenta en sus obras históricas. José Mariano Beristáin y Souza no lo menciona entre los autores de su Biblioteca hispanoamericana septentrional; tampoco lo hace Félix Osores en sus “Noticias bio-bibliográficas de alumnos distinguidos del Colegio de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso de México”, ni está en los registros de licenciados publicados por Guillermo S. Fernández de Recas y Juan B. Iguíniz.

Miquel i Vergés es de los primeros que habla de él en su Diccionario de insurgentes, pero en dos entradas diferentes, sin darse cuenta de que se trataba del mismo sujeto. De José María Ponce de León dijo que estuvo en Chilpancingo a partir de septiembre de 1813, que fue diputado por Sonora luego de incrementarse el número de diputados y que firmó la Constitución de Apatzingán. De José María Ponce y Rincón, en cambio, señaló que era alférez del Regimiento Provincial de Dragones de Puebla, que fue denunciado por sus ideas favorables a Allende y que por este motivo fue enviado a La Habana, pero con el dato erróneo de 1814.36

Enrique Cordero y Torres, profesor, historiador y periodista mexicano originario de Zacatlán, Puebla (1904-1989), sin saber que se trataba del futuro legislador insurgente, retomó la información del escritor catalán sin mencionar el año, y difundió la noticia de que era “oriundo de la ciudad de Puebla”,37 cuando José María era veracruzano. Juárez Nieto por su parte, apoyado en el listado de alumnos publicado por Jaramillo Magaña, lo hizo de ascendencia michoacana y ex alumno del Seminario Tridentino de Valladolid, versión que Guzmán Pérez y Chávez Martínez recogieron en un estudio anterior,38 pero que ponemos en duda por dos razones: primero, por el año en que recibió el grado de bachiller en artes (1773), lo cual le haría nacer veinte años atrás; y segundo, por el parentesco que tenía con Cornelio Ortiz de Zárate, cuyos antecedentes familiares se encuentran en la provincias de Veracruz, Puebla y Oaxaca, no en Michoacán.

Por su parte, el historiador Antonio Ibarra destacó algunos aspectos del proceso que se le siguió en octubre de 1810 siendo alférez del Regimiento de Dragones de Puebla, pero sin vincularlo con el diputado insurgente y dando por hecho que fue exiliado a Cuba.39 Alejandro Mayagoitia no lo contempla en su registro de individuos que ingresaron al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, y tampoco aparece entre los Ponce de Puebla que han venido estudiando los historiadores y genealogistas Javier Sanchiz y Víctor Gayol; sólo Guzmán Pérez, Martínez Chávez y Herrejón Peredo ofrecieron una breve semblanza de su actividad a partir de los documentos del Poder Judicial de la insurgencia, publicados por la etnóloga moreliana María Teresa Martínez Peñaloza; del Prontuario de los insurgentes que editó Virginia Guedea, el diario de Rayón publicado a mediados del siglo xix y una referencia proveniente del Archivo General de la Nación.40

Por último, autores como Graciela Fabián, que recientemente se ocuparon del abogado insurgente en la última de las ediciones de la obra de Héctor Fix-Zamudio, publicada por el inehrm en 2014,41 así como los responsables de escribir la semblanza biográfica de los constituyentes de 1814 para el mismo libro en sus ediciones de 2014 y 2010, en realidad nada nuevo aportaron sobre su vida; estos últimos sólo se limitaron a señalar en dos líneas que fue uno de los “diputados provinciales” y que estuvo en Chilpancingo representando la provincia de Sonora.42

Licenciado Mariano Tercero

de la Piedra Brambila Téllez de Lara

Otro de los magistrados que resulta completamente desconocido, aún para los especialistas, es el licenciado Mariano Tercero, el único de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia que no llegó a ocupar el cargo de presidente debido a la disolución de la corporación por Manuel de Mier y Terán en Tehuacán, Puebla. Bustamante y Alamán, los autores “clásicos” para el tema de la independencia, ofrecen esporádicos datos sobre este personaje; por ejemplo: dicen que formó parte de la Junta de Jaujilla instalada en Zacapu en 1817 y que firmó la exposición que dicha Junta le envió al cabildo eclesiástico de Valladolid pidiéndole aprobar la designación de un vicario foráneo que ofreciera los servicios espirituales a los rebeldes. También refieren su dimisión al empleo como vocal de dicha Junta y su posterior solicitud de indulto, para concluir con su elección para el Congreso constituyente en febrero de 1822 representando a la provincia de Michoacán junto con otros antiguos insurgentes.43 Después de estas referencias su nombre quedó en el completo olvido; no figura en la colección de Mexicanos distinguidos, obra editada por primera vez en 1884 por Francisco Sosa, ni en las Biografías de los héroes y caudillos de la independencia que con motivo del centenario de aquella efeméride publicó Alejandro Villaseñor y Villaseñor en 1910.

Fue hasta 1969 que Miquel i Vergés se refirió a su persona a partir de ciertas evidencias tomadas de las obras de William Davis Robinson y Lucas Alamán. De Tercero dijo que formó parte de la Junta de Jaujilla establecida en Zacapu en 1818, que se separó del gobierno poco antes del ataque a la fortaleza por el comandante realista Pascual Liñán, quedando en su lugar Antonio Cumplido y José de San Martín, y que a principios de 1819, luego del fusilamiento de José Pagola, solicitó y obtuvo la gracia del indulto.44 Como se observa, eran muchas más las dudas e interrogantes en torno a Tercero que lo que el autor catalán pudo haber aportado al respecto.

Posteriormente, Eugenio Mejía ofreció nuevos datos en su tesis de maestría presentada en Morelia en julio de 2007. Dice que junto con Remigio Yarza, Tercero fue secretario del Supremo Congreso Mexicano a partir del 14 de abril de 1814; que al instalarse el Supremo Tribunal de Justicia en Ario en marzo de 1815, fue nombrado uno de sus ministros, cargo en el que permaneció hasta su disolución; y que participó en las elecciones para designar vocales de la Junta Subalterna, sin obtener ninguna representación. Que también formó parte de dicha Junta cuando se estableció en el islote de Jaujilla, cerca de Zacapu junto con el licenciado Ignacio Ayala. Refirió además su separación temporal del gobierno en febrero de 1817 cuando Tercero pasó a unirse a Andrés Quintana Roo, vocal representante por la provincia de Tecpan con quien colaboraría en asuntos de gobierno. Finalmente, hizo alusión a la carta que Tercero, junto con los otros miembros de la Junta (Ayala, Villaseñor y Lojero) enviaron al cabildo eclesiástico de Valladolid, pidiéndole autorización para nombrar un eclesiástico competente que desempeñara las funciones de vicario foráneo y castrense.45

Si bien esta información es sumamente valiosa, porque prácticamente sintetizó su participación durante la insurgencia, Mejía Zavala nos quedó a deber la información relativa a su origen y antecedentes familiares; sus estudios en el Seminario Tridentino de Valladolid y el grado que recibió en la Universidad de México, así como su posición socioeconómica y el momento en que se unió a la insurgencia.

Fue hasta el año 2010 que en otra publicación Guzmán Pérez dio a conocer los datos fundamentales de su vida preinsurgente, relacionados con el lugar y año de su nacimiento. Hizo referencia a sus familiares y a sus estudios en el Colegio de San Nicolás Obispo y en el Seminario Tridentino de San Pedro, en Valladolid, donde vistió “beca de gracia”; del título de bachiller en cánones que obtuvo en la Real y Pontificia Universidad de México en 1803; de su matrimonio con María Josefa Moral en 1804 y de su residencia en Guanajuato antes de 1810, previo a unirse a las fuerzas de Miguel Hidalgo.46

Más adelante se ocupó de su indulto a finales de 1818, motivo por el cual se fue a vivir a la ciudad de Pátzcuaro. Logró seguirle la pista por Puruándiro y Valladolid, donde radicaba en 1825, y habló de sus distintos matrimonios con los que procreó una numerosa descendencia. Por último, hizo alusión a su desempeño como “ministro fiscal del Supremo Tribunal de Justicia” en 1834, hasta concluir con su muerte ocurrida en Morelia en el año de 1846.47 Aunque pareciera que los referentes esenciales de su vida quedaron señalados en los anteriores trabajos, hay aspectos de su vida y de sus relaciones políticas, tanto en la insurgencia como en el Michoacán republicano, que sólo una investigación detallada y profunda tendrá que revelar.

Licenciado Rafael Argüelles Rendón

Es hasta cierto punto normal que Rafael Argüelles haya estado ausente en los estudios históricos y que ni siquiera se le relacione con la historia del Supremo Tribunal de Justicia de Ario, porque como hemos dicho, jamás llegó a tomar posesión de su empleo. No obstante, esto no invalida la posibilidad de estudiarlo ni de tratar de entender las razones, motivos y circunstancias que le hicieron desistir de aquel cargo, es por eso que un estudio biográfico sobre el personaje se justifica a todas luces.

Aunque diversas referencias aisladas aparecen en las obras de los “clásicos” de la independencia, sólo dos autores se ocuparon de reseñar ciertos rasgos de su vida. El primero de ellos fue Miquel i Vergés en su Diccionario de insurgentes ya citado, quien señaló su origen veracruzano y su formación de abogado; asimismo, comentó su actuación en la insurgencia, primero al lado del cura Juan Moctezuma y Cortés y del licenciado Juan Nepomuceno Rosáins, y luego como asesor de José María Morelos, a quien acompañó en la toma de Orizaba en octubre de 1812 y en el ataque a Valladolid en diciembre del año siguiente. También refirió su papel como mediador en el conflicto que surgió entre Ignacio López Rayón y el licenciado Rosáins, sin ningún éxito, y del indulto a que se acogió en 1815. Finalmente, comentó que fue uno de los abogados que sobrevivió a la guerra, convirtiéndose en uno de los informantes de Lucas Alamán cuando el guanajuatense recopilaba testimonios para escribir su Historia de Méjico.48

El otro fue el historiador del derecho, Alejandro Mayagoitia, quien en una de las entradas a su lista de “Aspirantes al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México”, dio a conocer los datos familiares y genealógicos de Rafael Argüelles y sus ancestros. Por él conocemos su origen orizabeño y la fecha en que fue bautizado; de su beca de colegial en San Ildefonso y de su examen de abogado ante la Real Audiencia. De igual modo, Mayagoitia nos proporcionó los nombres de sus hermanos, el año en que nacieron y los oficios que desempeñaban antes de 1810; los nombres de sus padres, tíos, abuelos y bisabuelos por ambos lados, así como los cargos y oficios que tenían, para concluir con la aprobación de su solicitud de ingreso a dicha corporación y las dudas que generó en el comisario “sobre si era obstáculo para ingresar al Colegio el que los ascendientes del pretendiente hubieran sido boticarios”.49

Luego de estas reflexiones relativas al cambio de enfoque que hemos sugerido, y de la crítica historiográfica realizada sobre autores y obras, podemos concluir que de los cinco magistrados del Supremo Tribunal de Justicia insurgente, sólo su primer presidente, Sánchez de Arriola, ha sido objeto de una investigación histórica seria que se ha traducido en la publicación de un libro editado por primer vez en 2010 y reimpreso en 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se cuenta con una tesis de licenciatura sobre Castro y Elorza que aún no ve la luz pública, pero que se puede consultar en la biblioteca de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;50 a este respecto hay que decir que si algún día su autora decide imprimirla, deberá enriquecerla con las aportaciones historiográficas producidas por los especialistas en los últimos años.

Finalmente, tenemos a Ponce de León, Tercero y Argüelles, tres licenciados quienes están en espera de una investigación particular que, apoyada en la biografía política, la historia intelectual y la prosopografía, nos revele su propia concepción del derecho; las fuentes normativas en las que se basaron para su aplicación; las redes de poder que fueron construyendo con el paso del tiempo; en fin, el papel que estos actores jugaron en la creación de instituciones jurídicas nuevas, tanto en la insurgencia como en los primeros años de vida independiente. El hecho de que en este ensayo hayamos advertido tanto los aportes como los vacíos que persisten en la historiografía, nos parece un buen comienzo para atender esta interesante, valiosa y complicada empresa.

Fecha de recepción: 12 de enero de 2016

Fecha de aceptación: 15 de junio de 2016

1 Gayol, Víctor, “La formación del Poder Judicial en los orígenes del estado moderno en México. Identidad y antecedentes”, en Los caminos de la justicia en México 1810-2010, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010, p. 44.

2 Remolina Roqueñí, Felipe, Vigencia y positividad de la Constitución de Apatzingán, México, Federación Editorial Mexicana, 1972; Martínez Peñaloza, María Teresa, Morelos y el poder judicial de la insurgencia mexicana, Morelia, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, 1985; Martínez Peñaloza, María Teresa, “Génesis del Poder Judicial de la Nación Mexicana”, en Espacios de justicia y libertad. Del juzgado de antaño al Poder Judicial Federal, México, Consejo de la Judicatura Federal-Poder Judicial de la Federación, 2004, pp. 109-159; De la Torre Villar, Ernesto, “La génesis del poder judicial en el México independiente”, en Historia Mexicana, v. xxxv: 137 (julio-septiembre de 1985), pp. 131-172; Rangel Vargas, Verónica Silsa, “Análisis de la queja presentada por el juez nacional de Etúcuaro ante el Supremo Tribunal de Justicia de Ario”, en Marco Antonio Aguilar Cortés, Paula Cristina Silva Torres y Bismarck Izquierdo Rodríguez (Coordinadores), Supremo Tribunal de Justicia Ario 1815-2015, Morelia, Secretaría de Cultura de Michoacán, 2015, pp. 315-328; Ramos Quiroz, Francisco, “Reclamo del ciudadano Francisco Guzmán ante el Supremo Tribunal de Justicia por infracciones a la Constitución”, en Aguilar Cortés, Silva Torres e Izquierdo Rodríguez, Supremo Tribunal de Justicia Ario, pp. 331-343; Herrera Peña, José, “Un caso de reposición: Rafael Castro. Juez del Tribunal de Residencia”, en Supremo Tribunal de Justicia Ario 1815-2015, en Aguilar Cortés, Silva Torres e Izquierdo Rodríguez, Supremo Tribunal de Justicia Ario, pp. 345-359.

3 Fabián Ruiz, José, Morelos y el Supremo Tribunal de Ario, Morelia, Ediciones Casa de San Nicolás-Frente de Afirmación Hispanista A. C., 2015, (Col. Casa Natal de Morelos, núm. 43), pp. 22-23, 29, 35, 83, 96.

4 Guzmán Pérez, Moisés, y Eva Elizabeth Martínez Chávez, José María Sánchez de Arriola. El juez insurgente, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, (Serie Jueces Ejemplares núm. 2), 2010; Herrejón Peredo, Carlos, “Circunstancias de la Constitución”, en Serafín Ortiz Ortiz y José Luis Soberanes Fernández (Coordinadores), La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-2014), México, Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas-Universidad Autónoma de Tlaxcala-Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, pp. 25-46; Narváez Hernández, José Ramón, “La idea del Poder Judicial en el proceso constitucional insurgente”, en Ortiz Ortiz y Soberanes Fernández, La Constitución de Apatzingán, pp. 195-222.

5 “Constitución de Cundinamarca (30 de marzo de 1811 y promulgada el 4 de abril de 1811)”, http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12478304311266051543213/p0000001.htm#I_8_ [consultado el 9 de abril de 2015].

6 “Constitución de Antioquia, Nueva Granada, 1812”, título quinto, artículos del 1 al 17. Información proporcionada por Andrés Botero.

7 “Constitución Federal para los Estados de Venezuela, 1811”, en Textos constitucionales 1811-1999, Caracas, Asamblea Nacional, Servicio Autónomo de Información Legislativa, 2003, p. 23. http://www.clbec.gob.ve/pdf/constituciones-1811-1999.pdf [consultado el 9 de abril de 2015].

8 “Proyecto de Constitución provisoria para el Estado de Chile publicado el 10 de agosto de 1818, sancionado y jurado solemnemente el 23 de octubre del mismo”. http://www.leychile.cl/Consulta/m/norma_plana?idNorma=1005251&org=cch [consultado el 9 de abril de 2015].

9 “Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica de 1819 (22 de abril de 1819)”. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2113/13.pdf [consultado el 9 de abril de 2015].

10 Pérez Escutia, Ramón Alonso, “La figura cívica de José María Morelos”, en Salvador Rueda Smithers (Coordinador), José María Morelos y Pavón. Generalísimo de los Ejércitos de la América Septentrional, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2015, pp. 223-242.

11 Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de 1814, [Apatzingán], Imprenta Nacional, [1814], p. 25.

12 Bustamante, Carlos María de, Cuadro histórico de la revolución mexicana, comenzada en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de los Dolores, en el obispado de Michoacán, [edición facsimilar de la de 1844, introducción de Roberto Moreno de los Arcos], t. 4, México, Fondo de Cultura Económica-Instituto Cultural Helénico, (Col. Clásicos de la Historia de México), 1985, p. 511; Alamán, Lucas, Historia de Méjico. Desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, [edición facsimilar de la de 1849-1952, precedido de “Alamán historiador”, por Moisés González Navarro], t. 4, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Cultural Helénico, (Col. Clásicos de la Historia de México), 1985, p. 676.

13 Miquel i Vergés, José María, Diccionario de insurgentes, México, Editorial Porrúa, 1980, p. 536.

14 García Ávila, Sergio, y Saúl Raya Ávalos, Evolución del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y sus presidentes, Morelia, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, (Col. Jure et facto núm. 9), 1997, p. 10 y ss.

15 Mayagoitia y Hagelstein, Alejandro, El ingreso al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México: Historia, Derecho y Genealogía, México, Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana-Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 1999, p. 128.

16 Mayagoitia y Hagelstein, Alejandro, “Aspirantes al ilustre y real colegio de abogados de México: extractos de sus informaciones de limpieza de sangre (1760-1823)”, en Ars Juris, núm. 24 (2000), pp. 327-332.

17 García Ávila, Sergio, y Saúl Raya Ávalos, Los estudios de derecho en Morelia y los abogados de Michoacán, Morelia, Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, 2007, p. 348.

18 Guzmán Pérez y Martínez Chávez, José María Sánchez de Arriola, pp. 11-146.

19 “Lista de los pretendientes a la dignidad de tesorero de la santa iglesia de Valladolid de Michoacán, vacante por fallecimiento de don Agustín Ledos. Su renta 6,500 pesos”, Palacio, 22 de julio de 1820, en Archivo General de Indias (en adelante agi), Audiencia de México, leg. 2570, año 1820, fs. 198v-199r.

20 Memorias del Instituto de Ciencias, Literatura y Artes. Instalación solemne verificada el 2 de abril de 1826, t. I, [México], Imprenta del Supremo Gobierno en Palacio, 1826, p. 2.

21 “Comunicado. Consejo de Gobierno del Estado de Michoacán”, en El Michoacano Libre. Periódico político y literario, t. i, núm. 45, Morelia, miércoles 7 de julio de 1830, pp. 178-179.

22 “Comunicado. Consejo de Gobierno del Estado de Michoacán”, en El Michoacano Libre, t. i, núm. 45, pp. 178-179.

23 Martínez, Miguel, Monseñor Munguía y sus escritos. Obra completa, [edición facsimilar de la de 1870], Morelia, Fimax Publicistas, (Col. “Estudios Michoacanos” viii), 1991, pp. 39, 43, 48.

24 Aguilar Ferreira, Melesio, Los gobernadores de Michoacán. Noticias cronológicas de los hombres que han gobernado a Michoacán desde que la antigua provincia fue erigida en estado de la Federación, Morelia, Impreso en los Talleres Gráficos del Gobierno del Estado, 1974, p. 11.

25 Aguilar Ferreira, Los gobernadores, p. 12.

26 Romero Flores, Jesús, Diccionario michoacano de historia y geografía, México, Imprenta Venecia, 1972, p. 107.

27 Ibarrola Arriaga, Gabriel, Familias y casas de la vieja Valladolid, [edición facsimilar de la de 1969], Morelia, Fimax Publicistas, 2009, p. 75.

28 Ibarrola Arriaga, Familias y casas, pp. 75-76.

29 Ibarrola Arriaga, Familias y casas, p. 76.

30 Ibarrola Arriaga, Familias y casas, pp. 76-77.

31 García Corona, Nely Noemí, “Un esbozo histórico de la administración de Antonio de Castro, primer gobernador constitucional de Michoacán, 1824-1827”, tesis de licenciatura en historia, Morelia, Facultad de Historia-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008, pp. 68-74.

32 Guzmán Pérez y Martínez Chávez, José María Sánchez de Arriola, pp. 62-67.

33 Guzmán Pérez, Moisés, La Suprema Junta Nacional Americana. Ejercer la soberanía, representar la nación, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Secretaría de Cultura de Michoacán, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011, pp. 143-149.

34 Calendario manual y guía de forasteros en México, para el año de 1799, por Mariano Zúñiga Ontiveros, [México], con privilegio, en la oficina del autor, [1799], p. 60.

35 Bando certificado por José María Ponce de León, Chihuahua, 28 de agosto de 1813, en Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec.

36 Miquel i Vergés, Diccionario, p. 469.

37 Cordero y Torres, Enrique, Diccionario biográfico de Puebla, t. 2, México, Centro de Estudios Históricos de Puebla, Fotolitográfica “Leo”, 1973, p 540.

38 Guzmán Pérez y Martínez Chávez, José María Sánchez de Arriola, pp. 49, 57.

39 Ibarra, Antonio, “De los delitos políticos y la vida privada: los infidentes novohispanos, 1809-1815 (escenas cotidianas de obediencia y disidencia)”, en Anuario de Estudios Americanos, 52: 2 (1995), pp. 104-105.

40 Guzmán Pérez y Martínez Chávez, José María Sánchez de Arriola, pp. 67-70; Herrejón Peredo, Carlos, “Autores de la Constitución”, en Serafín Ortiz Ortiz y José Luis Soberanes Fernández (Coordinadores), La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-2014), México, Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas-Universidad Autónoma de Tlaxcala-Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, p. 60.

41 La segunda edición de 2014 formó parte de la Biblioteca Constitucional del Senado de la República, p. 202; la primera de 2010 fue editada por el Senado de la República y Siglo Veintiuno Editores, p. 168.

42 Fabián, Graciela, “José María Ponce de León”, en Héctor Fix-Zamudio, Reflexiones sobre el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado en la ciudad de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, (Col. Estudios Constitucionales), 2014, pp. 333-334.

43 Bustamante, Cuadro histórico, t. 4, pp. 234, 239-250, 511; Alamán, Historia, t. 4, pp. 668, 679 y t. 5, p. 480.

44 Miquel i Vergés, Diccionario, p. 165.

45 Mejía Zavala, Eugenio. “La Junta Subalterna de la insurgencia, 1815-1820. Hacia la conformación de un gobierno representativo”, tesis de maestría en historia, Morelia, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007, pp. 55, 58, 63, 86, 87, 130.

46 Guzmán Pérez, Moisés, La comunidad del Colegio de San Nicolás Obispo frente a la independencia, Morelia, Comisión Institucional para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010, pp. 55, 57.

47 Guzmán Pérez, La comunidad del Colegio, pp. 65-66.

48 Miquel i Vergés, Diccionario, p. 45.

49 Mayagoitia y Hagelestein, Alejandro, “Aspirantes al ilustre y real colegio de abogados de México: extractos de su información de limpieza de sangre (1760-1823)”, Ars Iuris, núm. 21, México, Universidad Panamericana, 1999, pp.334-335.

50 García Corona, “Un esbozo”, 2008.

* Agradezco a Andrés Botero Bernal y Víctor Gayol los comentarios, observaciones y sugerencias vertidas sobre los primeros borradores de este ensayo.

Moisés Guzmán Pérez ∙ Instituto de Investigaciones Históricas

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Correo electrónico: moisesguzmanp@hotmail.com

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos ∙ Número 64 (julio-diciembre 2016)

ISSN: 1870-719X ∙ ISSN-e: 2007-963X

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Comer, dormir y divertirse en el camino

de Tehuantepec entre 1858 y 1860

Ana Rosa Suárez Argüello

Resumen

Un viejo sueño, el de una ruta que uniera el golfo de México y el océano Pacífico por el istmo de Tehuantepec, fue un hecho entre 1858 y 1860, cuando empresarios estadounidenses organizaron un negocio que incluía barcos de vapor, carruajes y carretas, mulas y caballos, transporte de ida y vuelta para viajeros, carga y correo. El sueño duró poco, pero el camino atrajo a hombres de negocios, especuladores, profesionistas, técnicos y emigrantes deseosos de llegar a California y beneficiarse de los hallazgos de oro. El trabajo versa sobre el itinerario y sus etapas, acercándose a los viajeros a través de los pocos testimonios existentes, muchos procedentes de la prensa de ambos países, pues historiográficamente el tema no ha sido abordado.

Palabras clave: istmo de Tehuantepec, ruta interoceánica, viajes, hospedaje, “Louisiana Tehuantepec Company”

Eat, Sleep and have fun in the Road

of Tehuantepec between 1858 and 1860

Abstract

An old dream about a route through the Tehuantepec Isthmus, which linked the Gulf of Mexico and the Pacific Ocean, came true between 1858 and 1860, when American entrepreneurs set up a new business including steamboats, wagons and carriages, mules and horses, round trip transportation for travelers, freight and mail. The dream did not last long, but this route attracted businessmen, speculators, technicians and immigrants who wanted to get to California and benefit from the gold findings. This work deals with the itinerary and its stages, approaching travelers through the few existing testimonies, many of which belong to the press, both Mexican and American, because this issue has not been entered upon academically.

Key words: Tehuantepec Isthmus, interoceanic route, journeys, lodgings, “Louisiana Tehuantepec Company”

Manger, dormir et s’amuser sur la route

de Tehuantepec entre 1858 et 1860

Résumé

Un vieux rêve, le rêve d’une route qui unirait le golfe du Mexique avec l’océan Pacifique par l’isthme de Tehuantepec, fut réalisé entre 1858 et 1860, lorsque des entrepreneurs étasuniens lancèrent leur entreprise qui incluait des navires à vapeur, charrettes, diligences, mules, chevaux, transport aller-retour pour voyageurs, marchandises et courrier. Le rêve n’a pas duré longtemps mais la route attira des hommes d’affaires, des spéculateurs, des professionnels, des techniciens et des migrants désireux de profiter de la Ruée vers l’or en Californie. Cet article s’intéresse à l’itinéraire et à ses étapes, à ses voyageurs à travers les rares témoignages existants, la plupart provenant de la presse des deux pays, puisque l’historiographie a peu touché cet objet d’étude.

Mots clé : isthme de Tehuantepec, route interocéanique, voyage, hébergement, « Louisiana Tehuantepec Company »

l istmo de Tehuantepec parecía dormir el sueño de los justos al inicio de 1858, y que nunca iba a despertar. Era un territorio “tranquilo y deprimente”,1 donde ni siquiera Minatitlán, la población de llegada, ofrecía indicios de vitalidad. En esta última, describía un periodista, no había encontrado entonces más que:

[…] unos pocos soldados enfermos tendidos a la sombra de una barraca destruida; unos pocos indios tratando de cambiar su fruta por pólvora o alcohol en las dizque dos o tres tiendas del pueblo; unos pocos habitantes en pos de un trabajo inexistente que rara vez podían encontrar, o bien paseando perezosamente a lo largo de la calle solitaria […] unos pocos edificios con techo de paja, vacíos, ruinosos, que juntos forman una población casi desierta […]. La holgazanería y la pereza de años, aun de siglos […]2

Sin embargo, unos meses después, los viajeros que contagiados por la fiebre del oro en California elegían la ruta ístmica mexicana para llegar pronto a esta región y tener parte en la fabulosa riqueza minera que allí existía, resultaron beneficiados por la organización de una línea de transporte, así como por los servicios que surgieron a lo largo del recorrido, los cuales estaban dirigidos a atender a sus necesidades a la vez que, por supuesto, iniciar un negocio aparentemente prometedor.3

El objetivo de este artículo es recorrer el camino de Tehuantepec junto con aquellos que se aventuraron a hacerlo durante sus pocos meses de existencia (entre 1858 y 1860), persuadidos de que era la vía más rápida para alcanzar su destino, y conocer a su lado los establecimientos para dormir, comer y tomar una o varias copas existentes, antes de seguir la ruta con el cuerpo y el espíritu reconfortados.

Nos basaremos primordialmente en el testimonio brindado por varios de estos peregrinos, después de su travesía por el istmo, en las cartas o los relatos que dirigieron a diversos periódicos o revistas. Se trataba sobre todo de estadounidenses de origen o por adopción, deseosos de narrar su periplo a sus conciudadanos y a la vez comunicarles sus juicios sobre las ventajas y desventajas de una ruta que podía llevarlos hasta la prometedora riqueza de California. De la mayoría de estos viajeros se ignora todo, si bien de tres de ellos se sabe un poco más: del abate francés Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg; de John Mac Leod Murphy, estadounidense que había participado en una expedición al istmo en 1851 y que volvió en 1859 como superintendente del camino e integrante del cuerpo de ingenieros; de Henry S. Stevens, también estadounidense, contratado para operar el servicio de carruajes, y del estudioso alemán Matthias G. Hermesdorf.4

La bibliografía sobre el istmo de Tehuantepec es abrumadora y de índole muy variada. Tan sólo en 1949 Rafael Carrasco Puente publicó dos volúmenes de referencias que pretendían ser exhaustivas5 y de esa fecha para la actualidad las fuentes impresas y electrónicas se han multiplicado de manera exponencial. No son tantas, sin embargo, las que abordan el segundo tercio de la centuria decimonónica y, hasta ahora, no hay ninguna que toque el tema que proponemos trabajar a continuación. Sin embargo, hay que destacar la numerosa e importante obra de Leticia Reina, imposible de revisar aquí, si bien vale destacar el último volumen que coordinó, Historia del istmo de Tehuantepec. Dinámica del cambio sociocultural, siglo xix, en el que, con una visión de largo alcance, la autora analiza y sintetiza los cambios socioculturales, además de los políticos y económicos, acaecidos en los cuatro grupos étnicos asentados en la región. De los asuntos que desarrolla nos surgieron dos preguntas: por qué los viajeros no mencionan ni la privatización de la tierra y las inversiones extranjeras generadas por el movimiento de reforma que estaban teniendo lugar ni la presencia de las mujeres zapotecas, salvo el abate Brasseur quien dedica varios párrafos a la figura de la legendaria Didjazá.6

Preguntas parecidas nos provocó la obra coordinada por Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell y Carlos Sánchez Silva, Conflictos por la tierra en Oaxaca. De las reformas borbónicas a la reforma agraria (2012), donde se explican las causas y los efectos de los problemas agrarios en el estado de Oaxaca. Arrioja aborda las consecuencias causadas por la ley Lerdo en tanto que Laura Machuca Gallegos se adentra en los conflictos de los pueblos petapas que enfrentaron a liberales y conservadores en las poblaciones de Juchitán y Tehuantepec.7

Un libro que sobresale es el coordinado por Emilia Velázquez, Eric Léonard, Odile Hoffmann y M.-F. Prévôt-Schapira, El istmo mexicano: una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglos xvi-xxi) (2009), con gran diversidad de temas, perspectivas y objetos de estudio a partir de la inserción de la región en un mundo más amplio, definido por la ambición de construir una comunicación interoceánica. En “San Juan Guichicovi: cambios socioeconómicos a finales del siglo xix en una comunidad mixe del istmo oaxaqueño”, Huemac Escalona Lüttig abunda sobre la puesta en marcha de proyectos que modificaron la mecánica social, política y económica en el istmo, pero lo hace a partir de la construcción del ferrocarril interoceánico, sin relatar los antecedentes; sin embargo, sí nos llevó a preguntarnos por qué la apertura del camino de Tehuantepec entre 1858 y 1860 no incidió en el istmo de la misma manera que la línea férrea lo haría después. Asimismo, en “Las comunidades indígenas del istmo veracruzano frente al proyecto liberal de finales del siglo xix”, Emilia Velázquez aborda los cambios sufridos en Minatitlán a raíz de la exportación maderera y la apertura de monterías que hicieron florecer esa zona entre 1855 y 1890; lamentablemente tampoco aborda la ruta de nuestro interés, siendo sin duda la razón que ésta no debió de tener gran peso entre la población.8

Por último, La segunda batalla por Tehuantepec: el peso de los intereses privados en la relación México-Estados Unidos (2003) y El camino de Tehuantepec. De la visión a la quiebra (2014) constituyen un marco importante de lo que en seguida expondremos.9

El camino

Las operaciones de la “Louisiana Tehuantepec Company” (en adelante ltc), propiciaron un cambio súbito, si bien de corta duración, en el istmo mexicano. La ltc era una empresa organizada poco antes en Nueva Orleáns, con capital sobre todo neoyorquino y un importante subsidio del gobierno federal de Estados Unidos para el transporte del correo, la cual acababa de reanudar la construcción del camino de ruedas con el que se había soñado desde el siglo xviii, y en el que se avanzó por trechos durante los últimos años, pero además compró y envió diligencias y carros de correo para atravesarlo, así como vapores para navegar el golfo de México de Nueva Orleáns al litoral veracruzano, bordear el del océano Pacífico de Ventosa, Oaxaca, a San Francisco, California, y surcar el Coatzacoalcos río arriba y río abajo.

La apertura de la ruta el 1 de noviembre de 1858 pareció llevar el progreso a una zona muy rezagada, si bien la “prisa y actividad ruidosa” se sintieron desde el arribo de barcos cargados de carruajes, caballos y mulas, madera para puentes y edificios prefabricados, además de múltiples provisiones y suministros.10 El movimiento se notó a la entrada del río Coatzacoalcos y en sus márgenes, a lo largo del camino que iba a terminarse pronto y en distintos lugares y poblaciones,11 no sólo por la obra en construcción, sino por la presencia de cientos de trabajadores, de sus directivos y de hombres de negocios deseosos de vender sus servicios, a ellos y a los futuros viajeros.

La prensa de la ciudad de México refería que Minatitlán, “una aldea insignificante en que se contaban apenas unas veinte chozas techadas con hojas de palma” y donde el arribo de algún barco para cargar caoba constituía un “acontecimiento memorable”, se había convertido en una villa con “numerosas construcciones de madera o ladrillo”, en la que había “franceses, españoles, ingleses y norte-americanos”, se multiplicaban los negocios con mercancías estadounidenses, crecía el comercio de madera y los vecinos encontraban más oportunidades de empleo.12 Era, en suma, la “principal factoría” de la empresa en el istmo.13 Un ingeniero asignado a la recién inaugurada comunicación interocéanica diría a mediados de 1859 que Minatitlán había pasado de “la degradación de un pueblo indígena mexicano a la dignidad de un bullicioso pueblo estadounidense”.14

El movimiento se dio en toda la región y duró poco más de un año. Del otro lado del istmo, por ejemplo, la villa de Tehuantepec, que antes “dormía el mismo sueño que todas las ciudades alejadas”, pareció “despertar un momento al contacto de la agitación yanqui”.15

Las distancias que los viajeros transitaban a través del istmo y el tiempo aproximado para recorrerlas fueron los siguientes:

De Nueva Orleáns a Minatitlán – 1 480 Km en 84 horas.

De Minatitlán a El Súchil en vapor por el río Coatzacoalcos – 130 Km en 12 horas.

De El Súchil a Ventosa en carruajes o carretas para el correo – 190 Km en 24 horas.

De Ventosa a Acapulco en vapor – 480 Km en 24 horas.

De Acapulco a San Francisco en vapor – 2 900 Km en 168 horas.

Total: 5 180 Km en 312 horas o trece días.16

Los partidarios de la ruta de Tehuantepec hablaban de sus ventajas sobre Nicaragua y Panamá —pese al ferrocarril que recorría este istmo desde enero de 1855— y apreciaban su proximidad a Estados Unidos, los menores costos y distancias, el ambiente sano del territorio, el interés del gobierno de Washington por protegerlo de haber un conflicto y las concesiones dadas por México.1617 Sin duda lo mismo pensaron los numerosos viajeros que utilizaron la vía en ambos sentidos, de fines de 1858 a mediados de 1860.

El itinerario

Aunque sin duda cada viaje por la ruta ístmica mexicana era único, pues las circunstancias no siempre resultaban iguales, trataremos enseguida de describir un recorrido “promedio”, para después considerar los lugares de descanso, alimentación y esparcimiento a lo largo del camino.

Aquéllos que emprendían la aventura de Tehuantepec solían congregarse en el puerto de Nueva Orleáns. Allí abordaban el “Quaker City”, del que llegó a decirse que era “uno de los vapores mejor construidos y más rápidos”,18 pero que a los pocos meses debió sustituirse por tener un calado demasiado grande para rebasar con éxito la barra de entrada del río Coatzacoalcos. Lo reemplazó el “America”, al que se había renombrado Coatzacoalcos para familiarizar con esta palabra a los estadounidenses, vapor semi nuevo pero bien equipado, con cupo para 1 000 pasajeros.19

Las fechas de salida de la Ciudad del Cuarto Creciente eran los días 2 y 27 de cada mes. Los pasajeros podían avistar la entrada del Coatzacoalcos en el tercer día de viaje; allí una especie de “ferry boat” remolcaba el barco por el río hasta que, transpuesta la barra y echada el ancla, los viajantes descendían en la villa de Minatitlán. Una vez salvada la aduana, se dirigían al muelle construido por la empresa, donde, junto con su equipaje y las valijas federales de correo, abordaban el “Suchil”, un pequeño vapor hecho especialmente para surcar el Coatzacoalcos, en el que permanecerían varias horas, con comodidad, pues según relató un periódico era “de primera clase […]; con un paseo en cubierta de proa a popa; comedor en la cubierta de arriba; salón para damas en la popa, salones para caballeros y otro en la bodega para tercera clase”.20

En efecto, con casi 46 metros de largo, 10 de ancho y 1.67 de fondo, así como con el perfil de una “cola de golondrina blanca sobre el casco, encima la frase ‘La. T. Co. U. S. Mail’ y entre las letras la representación del cacto mexicano”, el “Suchil” transportaba a los pasajeros, encantados con la exuberancia de la naturaleza y los saludos de la población ribeña,21 hasta anclar en el embarcadero de El Súchil, el caserío situado en la confluencia de los ríos Coatzacoalcos y Jaltepec. En temporada de secas, sin embargo, cuando faltaba hondura a la corriente del primer río, los viajeros debían apearse y en canoas o barcas remar ellos mismos por un buen tramo. El vaporcito regresaba entonces hacia el golfo de México, después de ser abordado por quienes hacían el recorrido en sentido contrario.22

Una vez en tierra firme, quienes habían bajado emprendían la marcha hacia el litoral del Pacífico por los diversos pueblos y campamentos de la empresa. Montaban en los caballos y las mulas que los aguardaban y partían con dirección a Almoloya, punto que por un tiempo sirvió como estación central del transporte por tierra, pues el trecho de poco más de 56 kilómetros que lo separaba de El Súchil tardó en concluirse. La senda, aceptable en estación de secas, en la de lluvias implicaba andar a paso lento por atajos pantanosos, encontrarse con deslaves, vadear ríos desbordados, sufrir penurias.23 Una vez en Almoloya, en el transcurso del quinto día, los viandantes podían subir a los carruajes y avanzar con más comodidad, seguidos por el transporte del correo con “la bandera de las barras y las estrellas ondeando sobre él”.24

Los viajeros tocaban distintos pueblos y podían detenerse en las rancherías cercanas al camino. También parar en los campamentos de la empresa, distantes entre sí unos 25 kilómetros, centros vitales de la obra, dirigidos por un ingeniero, que dependían del cuartel general en La Chivela. Cada uno contaba con su propio almacén y un encargado de solicitar lo que se requería al almacén principal situado en El Súchil. La vida en ellos resultaba difícil por el calor, los mosquitos y otros múltiples y pérfidos insectos, la mala comida, el agua caliente para beber, la lluvia constante en ciertos periodos, los males estomacales y hasta los fallecimientos: “Estoy enfermo y cansado de esta vida en el ‘wilderness’, privado de toda comodidad, sujeto a todas las molestias posibles”, escribía uno de sus moradores.25 Sin embargo, los campamentos ofrecían a los transeúntes un momento de reposo, la ocasión de tomar un refrigerio sin hacer gasto alguno, por lo menos aquéllos que viajaban en los grupos organizados por la ltc.26

Un alto importante y quizá el más largo era la villa de Tehuantepec, favorecida por la prosperidad del momento, donde los viajantes podían descansar varias horas, dándose ánimos y tomando fuerzas para efectuar la última parte del recorrido, tenía lugar durante la sexta jornada. Esta vez se dejaban los carruajes abordados en Almoloya y ellos seguían a lomo de caballo o mula hasta el puerto de Ventosa, en el litoral del Pacífico, donde transponían otra vez la aduana, para enseguida subir a los botes y lanchas balleneras que los llevaban hasta el recién fondeado “Oregon”, propiedad de la Pacific Mail Steamship Company (pmsc), con la cual existía un arreglo. El “Oregon” era un barco de primera, muy amplio, que solía anclar ocho kilómetros arriba —Ventosa no era el mejor lugar para hacerlo—, a 20 metros de una angosta playa. Los botes iban y venían, casi siempre entre un fuerte viento y un fuerte oleaje; si alguien caía, “los desnudos nativos” ofrecían su ayuda, si bien era raro que alguien no terminara mojado.27

El “Oregon” zarpaba al séptimo día hacia el puerto de Acapulco, donde bajaban pasaje, carga y correspondencia para aguardar el arribo de otro vapor de la misma pmsc que, procedente de Panamá, los iba a recoger y llevar a California.28 Al fin, después de seis jornadas de navegación, los viajeros podían avistar el puerto de San Francisco. Culminaba así un periplo promedio de catorce días, que el Sacramento Union no tuvo empacho en declarar “una completa revolución en nuestras relaciones postales con el resto de la Unión” y el exaltado Alta California refirió como “uno de los sucesos más importantes de nuestro tiempo […] Un paso gigantesco en la marcha del progreso y otro impulso para la prosperidad de California”.29

El cuadro siguiente reúne y organiza los datos anteriores, aplicándolos al recorrido iniciado a fines de octubre de 1858. Permite apreciar el esfuerzo operativo y de conexiones hecho por la ltc:

27 de octubre – Salida del “Quaker City” de Nueva Orleáns.

30 de octubre – Arribo del “Quaker City” a Minatitlán, de donde salía el “Suchil”.

31 de octubre – Arribo del “Suchil” a El Súchil y vuelta a Minatitlán.

Inicio del recorrido por tierra, a lomo de mula y caballo.

1 de noviembre – Arribo de los viajeros terrestres a Almoloya y de aquí traslado en carruaje hacia Ventosa. Llegada del “Suchil” a Minatitlán.

2 de noviembre – Arribo del “Oregon” y de los viajeros por tierra a Ventosa. Llegada del “Quaker City” de Minatitlán a Nueva Orleáns.

3 de noviembre – Salida del “Oregon” con viajeros y valijas de correo a Acapulco.

5 de noviembre – Arribo del “Oregon” a Acapulco y desembarco.

5 de noviembre – Arribo del “Quaker City” a Nueva Orleáns.

8 de noviembre – Arribo del “Golden Age” a Acapulco.

14 de noviembre – Llegada del “Golden Age” a San Francisco.

Cuando el itinerario se efectuaba en sentido contrario, esto es, de San Francisco a Nueva Orleáns, la suerte de los pasajeros era parecida, aun cuando alguna diferencia procedía, por ejemplo, del descenso en el litoral oaxaqueño ya que, al llegar los botes y lanchas a unos seis metros de la orilla, los “nativos” solían cargar sobre los hombros hasta la parte seca no sólo los bultos sino a los mismos peregrinos, quienes luego salvaban la playa hasta la modesta oficina de la empresa. Allí, un empleado mexicano revisaba su equipaje y hacía los cobros aduanales.30 Después emprendían el camino hacia la villa de Tehuantepec.

Alojamiento, comida y alcohol

Hemos visto las escalas que los viajeros hacían o podían hacer a lo largo de su tránsito por el istmo de Tehuantepec. Cabe aquí aclarar que no todos eran parte de los grupos formados por la ltc, los cuales gozaban del beneficio de que la empresa se hiciera cargo de las comidas y el alojamiento, pues estos costos estaban incluidos en los precios del pasaje, sino que había quienes llegaban por su lado y debían pagar por sus consumos, a precios altos y con gajes tales como cargar con enseres para dormir y con alimentos para el recorrido.31

Miremos enseguida cómo eran estos servicios de alojamiento y comida, pues a los preexistentes en la región, en realidad muy escasos, se sumaron los surgidos en estos meses como resultado del breve “boom” económico causado por la apertura de la ruta. Para ello contamos con los testimonios de algunos viajeros, publicados más tarde como libros,32 así como con los relatos de quienes los enviaron a periódicos y revistas de Estados Unidos.

Sigamos de nuevo el camino por el istmo, pero detengámonos ahora en los “hoteles” y también a comer y brindar con los viajeros. Podremos hacerlo desde el desembarco en Minatitlán, que en esos meses contó con un hotel y “seis ‘bar-rooms’”. El abate francés Charles Brasseur de Bourbourg, quien entonces recorrió la región, nos cuenta que el hotel era una casa de tablas de madera, alzada sobre postes, rodeada de balcones toscos y perteneciente a un comerciante estadounidense.33

El pueblo de El Súchil, que ya vimos como el sitio de desembarco después de la navegación por el río Coatzacoalcos, ofrecía la ventaja de que allí estuviera el almacén general de la empresa y ahí llegaran los víveres, el vestuario y los útiles e instrumentos enviados de Estados Unidos y libres de impuestos. Sobra decir que lo último favorecía el ingreso de “una cantidad inmensa de contrabando” —alcohol, entre otros—, agravado por gerentes desordenados y deshonestos, “una pérdida continua, ocasionada por una escandalosa dilapidación” y “una francachela continua”.34

Allí había tres hoteles, que no debían de ser más que meras barracas de madera, desde luego cada uno con su “bar-room”. El visitado por el abate Brasseur era un cobertizo grande, dividido en tres partes. En la mayor estaba el dormitorio, con 20 catres de tijera, todos con mosquitero, pero apenas separados entre sí. Por el calor no había colchones, siendo la ropa de cama, habitualmente, una almohada y una sábana. El local tenía otras dos piezas, una atrás que el capitán Chamberlain, su propietario, utilizaba como cuarto y gabinete propios, y otra delante, que servía como entrada a la vez que como “bar-room”, tal cual se habituaba en los hoteles estadounidenses. El comedor se hallaba al fondo de un corral sucio y lleno de barro, donde los comensales convivían con los animales domésticos. El menú era reducido: arroz hervido en agua, huevos, sardinas enlatadas, puerco salado frito, café y en vez de pan una mala galleta de mar. Lo mejor que se podía conseguir era una “omelette” de un jamón por lo general rancio, con arroz hervido y café y, al final, “un ‘pudding’ inventado por el chef, pero que ni la peor fonducha de París o de Londres se habría atrevido a reconocer”. Eso sí, todo iba regado “con jerez, madeira, champaña y otros líquidos magníficamente titulados”. Por el alojamiento y la comida el capitán cobraba 2.5 pesos diarios.35

El siguiente punto del recorrido servía como estación principal de los vehículos de línea de la ltc y recibía el nombre de “Camp de xv Miles”. Al lado se encontraba un cobertizo construido sobre estacas, semi ruinoso, que recibía “el título fastuoso de hotel”. Sus muebles eran armazones de palos de un 1.20 cm de altura, que a la vez se usaban de camas, bancos y sillones. Había una estufa de hierro fundido donde se calentaban los frijoles —a seis reales la taza—, las tortillas y el café servidos a los viajeros. Su propietario era un médico estadounidense, el Dr. Chandler, quien lo atendía con la ayuda de un muchacho de origen zapoteco.36

Más adelante, en el poblado de nombre Paso de La Puerta, una choza recién construida cubierta de palmas aparecía como el Ladd’s Hotel. Pese a su sencillez, se trataba de una posada limpia y cómoda, que según el buen abate ofrecía “una comida tolerable”. El dueño era un joven estadounidense.37

A la vera del camino, el siguiente punto —rumbo a San Juan Guichicovi— era la posada de Sanderson, junto a otro campamento. Se trataba de una larga barraca de madera, dividida en varias secciones, con la cantina a la entrada, después el comedor y en último lugar el dormitorio, donde las camas se hallaban puestas en línea. La dirigían los hermanos Tillman, quienes para la cena servían huevos, arroz con pollo y una taza de café con leche. El “bar room” servía alcohol a cualquier hora y por la noche tornaba en ruidoso antro de juego, donde huéspedes y hoteleros se complacían en apostar,38 y ¿por qué no?, como en cualquier taberna de la frontera estadounidense, culminar en golpes o tiroteos.39

Más adelante, también a la orilla del camino, los viajeros topaban con una venta, esto es, un “rancho miserable, adornado con el nombre de hotel”, dirigido por Mr. Nash, ex colaborador del filibustero William Walker. No pasaba de ser una choza, pero estar allí era mejor que quedarse en despoblado, además que, sorprendentemente, se comía bastante bien. El exigente abate Brasseur pudo observar a Nash cocinar una buena sopa mientras un equipo de indígenas zapotecas se hacían cargo de echar las tortillas y freír los huevos y el pollo que se servirían sobre una mesa hecha con tablas y sostenida por cajas vacías. El “hotel” carecía de dormitorios; se descansaba al aire libre, con las hamacas, camas plegables, cobijas y mosquiteros portados por los visitantes; quienes preferían permanecer adentro pronto rectificaban, echados por el calor, los animales domésticos y mosquitos.40

Uno de los mejores hoteles del istmo de Tehuantepec se hallaba en el pueblo de El Barrio. Se trataba del Hotel Français, emplazado en una casa bien construida en piedra y adobe, limpia, encalada y cómoda en el interior, y administrado por dos socios: el Sr. Blanco, un mexicano, y Mr. Belcher, francés. Allí, para beneplácito de viajeros estrictos como el abate, se ofrecían comidas aceptables “a la manera europea”.41

Por fin se llegaba a la ciudad de Tehuantepec, última población importante de la ruta. Los hoteles de mayor calidad estaban cerca o frente a la plaza central. La California House pertenecía a Alexander Bell, quien la anunciaba en la prensa de California como cercana, además, al consulado de Estados Unidos y la oficina de la ltc, y la describía como “grande, bien protegida por espléndidos corredores y pórticos [con] un buen pozo de agua […]”42

El Hotel San Francisco se ubicaba en una de las casas más bellas y mejor cuidadas de la ciudad. Tenía el techo defendido por almenas, muebles suficientes para los huéspedes y un “magnífico” patio lleno de cocoteros.43 Su dueño, que además se desempeñaba como un “espléndido” cocinero, era un francés: Eugène Grygean.44

Justo enfrente de la plaza se descubría el Hotel Oriental, que Brasseur de Bourbourg describe con gusto:

Era una hermosa casa, de antiguo estilo colonial español, compuesta por una planta baja de una altura considerable […], y que a pesar de su aire envejecido y abandonado tenía un aire de grandeza que me hizo pensar en la prosperidad antigua de Tehuantepec: se veían amplios departamentos, cada uno con una o dos altas ventanas, abriéndose a balcones enrejados, sin más cierre que dos enormes postigos en vez de vidrieras, que hubiesen sido superfluas en esta región. Las puertas daban a dos arcos dentados sobre un corredor inmenso, rodeando por ambos lados un espacio plantado con dos o tres cocoteros que a cien pies de altura [aprox. 30 m] inclinaban sus largas hojas delineándose atravesadas sobre una amplia fuente llena de agua límpida.45

Las habitaciones eran amplias y estaban pintadas al temple, aun cuando el mobiliario resultaba muy sencillo: un catre de tijera cubierto con una sábana, dos sillas y una mesa con aguamanil y, en lo que sin duda era el máximo de la elegancia para el istmo y la misma ciudad de Tehuantepec, había un menú del día, “bastante bueno”. 46

No faltaban otros albergues, pero de menor calidad. Citado por los viajeros estadounidenses, el Hotel Unión brindaba pocas comodidades para dormir: hamacas, catres de tijera, mosquiteros, a veces sabanas y almohadas. Sin embargo, la comida resultaba abundante y al parecer tolerable. La dueña era una mujer.47

Ahora bien, a pesar de la oferta hotelera, cuando paraban en la ciudad muchos transeúntes, como sucedió durante los meses del “boom” de la ruta, se veían obligados a olvidarse de catres y hamacas, así como de sábanas y almohadas y sacar del equipaje lo suyo o bien conformarse con un simple petate o un suelo de baldosas desnudas o de tierra como lugar de descanso nocturno.48

La última —o la primera— parada de la ruta de Tehuantepec era Ventosa. Allí había algunas construcciones techadas con hojas de palma y erigidas por la empresa. Ninguna servía de hotel o posada, pero una sí de taberna.49

Entre población y población, los viajeros podían detenerse en los campamentos de la obra para mudar de caballos o mulas, darse un descanso o tomar un refrigerio. Sin duda, los itinerantes representaban una distracción para los habitantes de estos sitios, quienes aparte del trabajo llevaban un día a día rutinario y aburrido, sobre todo cuando el mal tiempo los obligaba a encerrarse. El alcohol —brandy, whiskey, vino, jerez, entre otros— corría en abundancia, allí y en las tabernas donde se juntaban con otros viajeros y, entre compatriotas que se topaban lejos de su país, debió de surgir una relación cordial. Así, cuando la goleta “Roscoe” bajó una carga de bebidas etílicas en Ventosa el 24 de enero de 1859, los operarios de la ltc la consideraron un “regalo de Dios”.50

Los andarines podían, asimismo, detenerse en las miserables rancherías próximas al camino o bien en lugares despoblados, y en ambos casos dormir al aire libre. A veces se alojaban en casas particulares o dentro o cerca de las alcaldías de los pueblos. De esta suerte, un reportero del Alta California nos cuenta cómo aquellos istmeños a los que trató le parecieron “muy felices y alegres, muy corteses y hospitalarios, el desconocido que pasa es invitado cordialmente a entrar en la casa, le ofrecen como lugar de descanso la hamaca que en todas las chozas está colgada en el lugar más fresco, y en pocos minutos le proponen una buena taza de chocolate, o unos huevos revueltos y tortillas […]”51

Los pros y los contras

Al aproximarnos a los sitios de hospedaje y alimentación existentes en el istmo de Tehuantepec entre 1858 y 1859, a través de los testimonios de diversos viajeros, hemos referido a cuatro temas: espacio, servicios, dueño o administrador y huéspedes.52 Nuestro objeto ha sido señalar cómo se empezaron a resolver las necesidades propias de una ruta de transporte, si bien esto duró apenas unos cuantos meses pues, apenas dejaron de llegar los recursos precisos para su sobrevivencia, todo se vino abajo, sin al parecer dejar huella o al menos una enseñanza para el porvenir.

Los hoteles que encontramos fueron de dos tipos. Había las viejas casas, amplias y distintivas de las poblaciones más importantes de la región, hechas de piedra y adobe, con ventanas, balcones, anchos corredores y grandes patios, divididas para responder a los requerimientos del negocio. Pero también se contó con cobertizos erigidos para el momento, con armazones y planchas de madera importadas de Estados Unidos por la empresa. En ningún caso se menciona la existencia de un moderno cuarto de baño, si bien en casi todos se puede constatar la presencia de una barra para servir alcohol.53

Aun cuando en los primeros hoteles —acaso algunos preexistentes a la obra del camino— el mobiliario estaba en mejores condiciones, en todos resultaba escaso y austero. Y sin duda en los recién surgidos era improvisado e incómodo; nada tenían que ofrecer del estadounidense y/o el lujo europeo.54

Con respecto a los servicios de estos lugares, tal parece que eran normados por la Real Ordenanza de Intendentes de 1786, aun cuando quienes entonces cruzaron el istmo de Tehuantepec no vieron que sus disposiciones se cumplieran, esto es, no hallaron “mesones [de…] suficiente capacidad, con la competente provisión de víveres, camas limpias, y lo demás preciso al buen hospedaje, asistencia y alivio de los caminantes, a la menor costa posible”.55 Salvo en los hoteles principales, el resto no se distinguía por su limpieza, abundaban los insectos de distinto tipo y en muchas ocasiones era preciso convivir con los animales domésticos. Escaseaban las camas y la ropa de cama, si acaso había la suerte de compartir una habitación con otros muchos y disponer de catres de tijera, hamacas o petates y mosquiteros. Casi todos servían alimentos, si bien éstos eran siempre los mismos y bastante simples. El único entretenimiento estaba en ir a los “bar-rooms”, donde gracias al contrabando favorecido por la franquicia comercial de la ltc, los vinos y licores sobraban. Algo común fue que se jugara y apostase en ellos.

¿Quiénes eran los individuos que poseían y/o administraban estos hoteles y bares y cobraban por ello sumas elevadas? Se trataba, desde luego, de personas deseosas de emprender un negocio, en su mayoría estadounidenses, quienes al enterarse de la apertura del camino, se trasladaron al istmo de Tehuantepec con la mira de hacer fortuna. Debieron de ser dueños de algunos recursos, pues establecer un hotel o un “bar-room” implicaba adquirir o rentar un predio y/o una casa y, aunque en varios casos lo hicieron en terrenos concedidos a la empresa y los inmuebles erigidos eran preconstruidos y, por ende, más baratos, tuvieron que amueblarlos y dotarlos de diversos enseres.56

Asimismo, una vez que se contaba con la infraestructura necesaria, se requería de la obtención de una licencia, luego del pago de los impuestos correspondientes y después dar cumplimiento continuo a una serie de disposiciones legales, como la que disponía que los hoteleros llevaran un informe diario y detallado de sus huéspedes.57 Había también que tratar con las difíciles autoridades locales y desde luego atender a los huéspedes, esto es, vigilar el suministro y la preparación de los alimentos y bebidas e impedir los alborotos que podían provocar borrachos, pendencieros y apostadores, después pasar varias horas en el “bar-room”. A veces tenían ayuda doméstica, esto es, los buenos oficios de indígenas de la región, de lo contrario ellos hacían de prácticamente todo.

Sin embargo, hubo posaderos europeos y mexicanos, que pusieron su solicitud en establecimientos de mayor reputación y por lo general dieron mejor servicio y debieron de gozar de más oportunidades de supervivencia que los primeros.

¿Quiénes se hospedaron y comieron en estos lugares? En su mayoría eran itinerantes estadounidenses y europeos —casi todos hombres, aunque había mujeres—, deseosos de hacer fortuna en California, aunque también ingenieros, operarios y administradores contratados por la empresa para manejar y concluir el camino, así como para estudiar su posible transformación en ferrocarril. Aunque también había los que regresaban decepcionados de la aventura del oro.

¿Qué les podían parecer estos servicios a quienes estaban acostumbrados como estaban a los más cómodos y modernos de sus países de origen? La respuesta es que, por lo general, nuestros viajeros reconocían la superioridad del nuevo camino sobre Panamá y Nicaragua en cuanto a tiempo y distancia, sin dejar por eso de quejarse por motivos distintos: que si los vapores que encallaban a la entrada y a lo largo del Coatzacoalcos, sin alcanzar El Súchil en tiempo de secas, obligándolos a subir a canoas y barcas y a remar ellos mismos contra la corriente; que si el estado del camino era rudimentario, por lo cual no siempre podían valerse de los carruajes y tenían que ir a caballo o en mula y hasta caminar sobre pésimas veredas; que si los vientos volvían inaccesible a Ventosa; que si los empleados y funcionarios mexicanos cometían abusos; que si debían esperar mucho en Acapulco para hacer la conexión con la pmsc o en otros sitios del istmo por aguardar los carruajes, etcétera. En suma, los disgustaban la insuficiente organización por parte de la ltc; las ausencias de sus agentes y del encargado del correo de Estados Unidos así como la falta de cuidado y seguridad.

Y, desde luego, en cuanto a los servicios de hospedería y alimentación —la mayoría atendidos por sus propios compatriotas— los hicieron sufrir las comidas sencillas y humildes, y muchas veces caras; los hoteles sucios, primitivos y ruidosos, donde era preciso hacinarse en las habitaciones que carecían de camas, jabón, toallas, entre otros, o los insectos múltiples y muchas veces venenosos.58

De ahí que un reportero del Alta California advirtiera: “No recomiendo la ruta ni a los petimetres a la moda ni a las mujeres muy exigentes, en especial las de mentalidad terca, al menos por uno o dos meses, por temor a que pudieran ensuciar sus polainas, pero sí al viejo minero duro, que podrá reírse de los petimetres y ‘burlarse cuando los venza el miedo’”.59

Ahora bien, al no sobrevivir la ruta de Tehuantepec a la suspensión del apoyo económico enviado desde Estados Unidos, tampoco perduró la mayoría de los establecimientos que brindaron hospedaje, alimento y diversión a quienes habían elegido recorrerla. Así, cuando Claude-Joseph-Desiré Charnay, un viajero francés visitó el istmo en 1860 refirió que el camino estaba cubierto de vegetación e inundado por los ríos desbordados. Se topó con unos cuantos estadounidenses, aquéllos que no habían podido partir, quienes —describió— “pálidos y famélicos, paseaban por las calles sus famélicas personas, sin deber más que a la caridad el sostén de una vida miserable”.

Conclusión

La prometedora ruta de Tehuantepec pareció convertirse en realidad en 1858, al inaugurarse el servicio de transporte de la “Louisiana Tehuantepec Company” y abrirse los distintos establecimientos de alojamiento, alimentación y entretenimiento que los viajeros requerían y que presuntamente coadyuvarían a un mayor progreso de la región. En los relatos que publicaron después de su travesía, describieron estos últimos como resultado del esfuerzo y el espíritu angloamericano, que una vez más demostraba ser capaz de portar el estandarte de la civilización. Sin embargo, los “nativos” —léase aquí los nacidos en México— sólo asoman en un segundo o tercer plano, ya como criados en las posadas, ya como los cargadores del equipaje. Es cierto que nuestros itinerantes apenas dispusieron de tiempo para apreciar el entorno por el que transitaban —y al paso percatarse de los cambios que poco a poco las reformas liberales iban generando así como de la reacción contraria en algunas poblaciones—, pero también que la letra impresa en que plasmaron sus experiencias definió cómo cientos, acaso miles de lectores en Estados Unidos, verían y valorarían el istmo de Tehuantepec en ese momento y en los años siguientes.

A pesar de que, por un momento, pareció que el camino de Tehuantepec iniciaría la reorganización espacial de la región y daría valores capitalistas a sus habitantes, como sugería el surgimiento de nuevos negocios, su corta existencia impidió que fuera así. De donde todos desaparecerían, dejando apenas unas cuantas pistas en los periódicos y los testimonios viajeros.

Fecha de recepción: 24 de noviembre de 2014

Fecha de aprobación: 7 de junio de 2016

1 Hermesdorf, Matthias G., “On the Isthmus of Tehuantepec”, en The Journal of the Royal Geographic Society, 32 (1862), pp. 536-554, p. 536. Vid. “Letter from Tehuantepec”, Minatitlán, 30 de junio de 1859, Sacramento, 18 de julio de 1859.

2 Citado en Eslava al editor, Minatitlán, 1 de enero de 1858, Picayune, Nueva Orleáns, 6 de noviembre de 1858.

3 Se utilizarán los términos hotel y “bar-room”, que fueron los más socorridos por los viajeros del camino, aunque por su tamaño y servicios los hoteles fueran equivalentes a las posadas, mesones y ventas del mundo hispánico, y los “bar-rooms” a las cantinas y tabernas.

4 Brasseur había sido capellán de la legación francesa en México; era un trotamundos experimentado que en 1859 viajó a América bajo los auspicios del Ministerio de Instrucción Pública del emperador Napoleón iii, y de mayo de este año a octubre de 1860 recorrió el istmo de Tehuantepec, Chiapas y Guatemala. Tenía como fin escribir Voyage sur l’isthme de Tehuantepec, dans l’état de Chiapas et de la République de Guatemala, cuya primera parte —la correspondiente al istmo de Tehuantepec— apareció poco después y ha sido editada en español en 1981 y 1984. Por su parte, Murphy publicó en 1859 “The Isthmus of Tehuantepec. Its inhabitants and resources” en el Journal of the American Geographical and Statistical Society; Stevens varios artículos en California Farmer, San Francisco, 25 de marzo de 1859 y Hermesdorf escribió “On the Isthmus of Tehuantepec”, que apareció en 1862 en el Journal of Royal Geographical Society, revista de la Royal Geographical Society de Londres. Brasseur, Charles, Viaje por el istmo de Tehuantepec, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, (Lecturas mexicanas), pp. 7-8; Ferrer Muñoz, Manuel, “Brasseur de Bourbourg ante las realidades indígenas de México”, pp. 261-286, en Manuel Ferrer Muñoz, La imagen del México decimonónico de los visitantes extranjeros: ¿un Estado-nación o un mosaico plurinacional?, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 261-266; Murphy, John Mac Leod, “The Isthmus of Tehuantepec. Its inhabitants and resources”, Journal of the American Geographical and Statistical Society, 1-6, 1859, pp. 162-177; Suárez Argüello, Ana Rosa, El camino de Tehuantepec. De la visión a la quiebra, 1854-1861, México, Instituto Mora, 2013, (Historia Internacional), pp. 235-236. Vale aquí señalar que, años después, además del interés por utilizar la ruta de comunicación interoceánica, se sumaría el deseo de encontrar otros recursos en el istmo. Si bien esto tendría lugar, más bien durante el porfiriato, ya desde los años del segundo imperio John McLeod Murphy, ex colaborador de la fallida empresa del camino de Tehuantepec, se daría a la búsqueda de chapopoteras, interesado en incursionar en la explotación petrolera en la región. Al respecto consultar el muy completo artículo de Gerali, Francesco y, Paolo Riguzzi, “Entender la naturaleza para crear industria. El petróleo en la exploración de John McLeod Murphy en el istmo de Tehuantepec, 1865”, en Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 67, 2 (2015), pp. 1-17.

5 Carrasco Puente, Rafael, Bibliografía del istmo de Tehuantepec, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1948, 2 v.

6 Reina, Leticia, Historia del istmo de Tehuantepec. Dinámica del cambio sociocultural, siglo xix, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2014; Brasseur, Viaje por Tehuantepec, pp. 176-193.

7 Arrioja Díaz Viruell, Luis Alberto, y Carlos Sánchez Silva, (Coordinadores), Conflictos por la tierra en Oaxaca. De las reformas borbónicas a la reforma agraria, México, El Colegio de Michoacán-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2012.

8 Velázquez, Emilia, Eric Léonard, Odile Hoffmann y M.-F. Prévôt-Schapira, (Coordinadores), El istmo mexicano: una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglos xvi-xxi), México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Institut de Recherche pour le Développement, 2009.

9 Suárez Argüello, Ana Rosa, La segunda batalla por Tehuantepec. El peso de los intereses privados en la relación México-Estados Unidos, 1848-1854, México, Dirección General del Acervo Histórico Diplomático Mexicano-Secretaría de Relaciones Exteriores, 2003 y Suárez Argüello, El camino de Tehuantepec, 2013.

10 “Letter from Mexico”, Alta, San Francisco, 17 de septiembre de 1858.

11 Webster a Cass, Tehuantepec, 5 de octubre de 1858, en naw, Despatches from Consuls… Tehuantepec, microfilm M305, documento 11; Benjamin a P. A. Hargous, Nueva Orleáns, 14 de septiembre de 1858, en ajhs, Collection of Judah P. Benjamin, P-45, caja 2, fólder 3; “The Tehuantepec route”, Picayune, Nueva Orleáns, 5 de septiembre de 1858; “S” al editor, [s. l., s. f.], Times, Nueva York, 10 de septiembre de 1858; “Letter from Mexico” y “The news”, Alta, San Francisco, 17 de septiembre y 17 de octubre de 1858; “Don Luis Hargous” y “Tehuantepec”, Sociedad, México, 5 y 6 de septiembre de 1858; “Minatitlán”, Diario, México, 7 de septiembre de 1858.

12 “Tehuantepec”, Diario y Siglo, México, 24 y 25 de junio de 1858; “Camino a través del istmo de Tehuantepec”, México, Sociedad, 24 de junio de 1858.

13 Carta al editor, “Suchil”, noviembre de 1858, “Incidents of travel”, 1859, p. 40.

14 Murphy, “The Isthmus of Tehuantepec”, 1859, p. 172.

15 Charnay, Désirée, Ciudades y ruinas americanas, México, Dirección General de Publicaciones-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, (Mirada viajera), p. 264.

16 “The Tehuantepec route”, Alta, San Francisco, 9 de agosto de 1858. Los datos aparecen en millas en el original; la aproximación a kilómetros es nuestra.

1617 “The Tehuantepec route”, Times, Nueva York, 1 de junio de 1858; “Tehuantepec” y “The Tehuantepec Company”, Bee, Nueva Orleáns, 18 de octubre de 1859.

17

18 “The Tehuantepec route”, Herald, Nueva York, 5 de julio de 1858; “The California mails”, Alta, San Francisco, 30 de julio de 1858; “Opening of the Tehuantepec route”, Sacramento, Sacramento, 31 de julio de 1858.

19 Judah P. Benjamin a Peter Amédée Hargous, Nueva Orleáns, 10 y 16 de noviembre y 16 de diciembre de 1858, 14 de enero y 18 de febrero de 1859 y Benjamin a Lewis Heyliger, Nueva York, 21 de diciembre de 1858, en ajhs, Collection of Judah P. Benjamin, P-45, caja 2, fólders 3 y 4; [Boardman a Robert W. Shufeldt], Nueva York, 19 de noviembre de 1858 y Hargous a Shufeldt, Nueva York, 25 de noviembre de 1858 y Hargous a Shufeldt y W. H. West a Shufeldt, Nueva York, 7 y 18 de enero de 1859, en lc, The papers of Robert W. Shufeldt, caja 11; “The Tehuantepec route” y “A weekly Tehuantepec mail”, Courrier, Nueva Orleáns, 30 de diciembre de 1858; carta al editor, El Súchil, noviembre de 1858, “Incidents of travel”, 1859, p. 40; Diket, Albert L., “Slidell’s Right Hand: Emile La Sere”, Louisiana History, 4, 1963, Lafayette, pp. 77–205, pp. 195-196; Morrison, Andrew, The industries of New Orleans her rank, resources, advantages, trade, commerce and manufactures, conditions of the past, present and future, representative industrial institutions, historical, descriptive, and statistical, Nueva Orleans, J. M. Elstner, 1885, pp. 383-384; Congressional, Washington, 6 de enero de 1859, pp. 232 y 262 y Journal of the Senate, 35 Congreso, 2da. sesión, Washington, 6 y 7 de enero de 1859, pp. 110-115, http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lawhome.html; “Maritime”, http://www.maritimeheritage.org/ships/steamships.html [consultado el 11 de julio del 2013].

20 “Opening of the Tehuantepec route”, Sacramento, Sacramento, 31 de julio de 1858; “Sea and ship news. The new Tehuantepec steamer”, Times, Nueva York, 30 de septiembre de 1858; Eslava al editor, Minatitlán, 1 de noviembre de 1858 y J. S. R. al editor, Minatitlán, 2 de noviembre de 1858, Picayune, Nueva Orleáns, 6 y 11 de noviembre de 1858; Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, p. 22.

21 “Sea and ship news. The new Tehuantepec steamer”, Times, Nueva York, 30 de septiembre de 1858.

22 “Telegraphic intelligence”, “From the isthmus of Tehuantepec. Arrival of the Quaker City” y J. S. R. al editor, Minatitlán, 2 de noviembre de 1858, Picayune, 5, 6 y 11 de noviembre de 1858; “Dépêches télégraphiques transmises à L’Abeille”, Bee, 6 de noviembre de 1858; “The Tehuantepec route open. Arrival of the Quaker City at New Orleans” y John K. Hackett al editor, [s. l., s. f.], Times, Nueva York, 6 de noviembre de 1858 y 28 de marzo de 1859; Diket, “Slidell’s Right Hand”, 1963, pp. 195-196.

23 Benjamin a Hargous, Nueva Orleáns, 10 de noviembre de 1858, en ajhs, Collection of Judah P. Benjamin, P-45, caja 2, f. 3; A. B. al editor y Veritas al editor, Tehuantepec, 18 y 30 de noviembre de 1858, Alta, San Francisco, 3 y 19 de diciembre de 1858; “The Tehuantepec route”, “Tehuantepec route”, Lacy al editor del San Francisco Weekly Pacific, vapor Coatzacoalcos, 20 de abril de 1859 e “Interesting from Tehuantepec”, Almoloya, 18 de mayo de 1859, Sacramento, Sacramento, 6 y 20 de diciembre de 1858 y 25 de mayo y 7 de junio de 1859; “The Tehuantepec route open. Arrival of the Quaker City at New Orleans”, “The Tehuantepec route” e “Isthmus of Tehuantepec”, Times, Nueva York, 6, 8 y 21 de noviembre de 1858 y 1 de enero de 1859; “Telegraphic intelligence” y J. S. R. al editor, Minatitlán, 2 y 11 de noviembre de 1858, Picayune, Nueva Orleáns, 5 de noviembre de 1858; “Dépêches télégraphiques transmises à L’Abeille”, L’Abeille, Nueva Orleáns, 6 de noviembre de 1858; “El tránsito de Tehuantepec”, Diario, México, 13 de noviembre de 1858; “Noticias sueltas”, Sociedad, México, 15 de noviembre de 1858; Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 82-84; Glick, Edward B., Straddling the Isthmus of Tehuantepec, Gainesville, University of Florida, 1959, (Latin American Monographs), pp. 25-26; Mack, Gerstle, The land divided. A history of the Panama canal and other isthmian canal projects, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1944, pp. 227-228.

24 “The Tehuantepec transit”, Sacramento, Sacramento, 19 de noviembre de 1858.

25 “Life on the isthmus. By one of the engineers”, [s. l., s. f.], en lc, The Caleb Cushing Papers. Vid. Charles R. Webster a Lewis Cass, Tehuantepec, 29 de enero de 1858, en naw, Despatches from Consuls… Tehuantepec, microfilm 305, n. 3; “The luxury of Central American life”, Sacramento, Sacramento, 12 de julio de 1859; Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 81-82.

26 A. B. al editor y Veritas al editor, Tehuantepec, 18 y 30 de noviembre de 1858 y 17 de enero de 1859, Alta, San Francisco, 3 y 19 de diciembre de 1858 y 30 de enero de 1859; “The Tehuantepec route” y Lacy al editor del San Francisco Weekly Pacific, vapor Coatzacoalcos, 20 de abril de 1859, Sacramento, Sacramento, 6 de diciembre de 1858 y 25 de mayo de 1859; “The Tehuantepec route. First through trip from California to New Orleans. Description of the route”, Times, Nueva York, 21 de noviembre de 1858.

27 Lacy al editor del San Francisco Weekly Pacific, vapor Coatzacoalcos, 20 de abril de 1859, Sacramento, Sacramento, 25 de mayo de 1859. Vid. ibid., 6 de diciembre de 1858; A. B. al editor, Tehuantepec, 19 y 30 de noviembre de 1858, Alta, San Francisco, 3 y 19 de diciembre de 1858 y 13 de enero de 1859.

28 “More mail facilities”, “The crossing at Tehuantepec”, “The Tehuantepec transit”, Sacramento, Sacramento, 22 de octubre, 17 y 19 de noviembre de 1858; “The time made on the Tehuantepec route” y Veritas al editor, Tehuantepec, 30 de noviembre de 1858, Alta, San Francisco, 15 de noviembre de 1858 y 19 de diciembre de 1858; “Puerto de la Ventosa”, Sociedad, México, 22 de noviembre de 1858; “Noticias sueltas” y “Puerto de la Ventosa”, Sociedad, México, 17 y 22 de noviembre de 1858; “Tehuantepec”, Diario, México, 18 de noviembre de 1858; Otis, Fessenden, Illustrated history of the Panama railroad, Bedford, Applewood Books, 2009, p. 148.

29 “The news”, Alta, San Francisco, 15 de noviembre de 1858 y “Fourteen days”, Sacramento, Sacramento, 22 de noviembre de 1858. Vid. “Arrival of the Golden Age” y “Political advices”, ibid., 15 y 17 de noviembre de 1858; “The time made on the Tehuantepec route” y “The success of the Tehuantepec route”, Alta, San Francisco, 15 de noviembre y 17 de diciembre de 1858; “Acapulco”, Sociedad, México, 27 de noviembre de 1858; Bulletin, San Francisco, 15 de noviembre de 1858; Hafen, Leroy, The overland mail, 1849-1869; promoter of settlement, precursor of railroads, Nueva York, ams, 1969, p. 120.

30 John K. Hackett al editor, [s. l., s. f.], Times, Nueva York, 28 de marzo de 1859; “Tehuantepec”, Diario, México, 25 de abril de 1857 y “Gacetilla”, Sociedad, 27 de abril de 1859.

31 “The Tehuantepec route. Detailed narrative of a journey across the Tehuantepec isthmus”, Times, Nueva York, 23 de agosto de 1859; Veritas al editor, Tehuantepec, 30 de noviembre, Alta, San Francisco, 19 de diciembre de 1858.

32 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984; Hermesdorf, “Isthmus of Tehuantepec”, 1862; Charnay, Ciudades y ruinas, 1984; Murphy, “Isthmus of Tehuantepec”, 1859.

33 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 38, 44.

34 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 78-79, 81-83. Los viajeros llevaban alcohol. Así, el Alta California relata la historia de una dama que bajó en Ventosa con nueve baúles; cuando los aduaneros los abrieron hallaron botellas de whiskey “en lugar de los miriñaques y las enaguas y otros artículos necesarios para un viaje femenino”. A. B. al editor, Tehuantepec, 17 de enero de 1859, Alta, San Francisco, 30 de enero de 1859.

35 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 76-79, 86. Vid. Carta al editor, “Suchil”, noviembre de 1858, “Incidents of travel”, 1859, p. 40; “Letter from Tehuantepec. No. 3”, Minatitlán, 16 de abril de 1859, Sacramento, Sacramento, 4 de mayo de 1859.

36 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 89-90.

37 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 91-92.

38 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 92, 95-96.

39 Sismondo, Christine, America walks into a bar. A spirited history of taverns and saloons, speakeasies and grog shops, Nueva York, Oxford University, 2011, p. 103.

40 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 99-101.

41 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 106-107. Vid. [John M. Murphy] a [Matthew] Perry, La Chivela, enero de 1859, en lc, The Papers of Robert W. Shufeldt, caja 1; John K. Hackett al editor, [s. l., s. f.], Times, Nueva York, 28 de marzo de 1859; Carta al editor, “Suchil”, noviembre de 1858, “Incidents of travel”, 1859, pp. 41, 58.

42 Bell acabaría por ofrecer su posada en renta, debido a “su extrema mala salud”. Anuncio, Alta, San Francisco, 3 de mayo de 1859. Vid. A. B. al editor, Tehuantepec, 18 de noviembre de 1858 y 17 de enero de 1859, Veritas al editor, Tehuantepec, 30 de noviembre de 1858 y Anuncio, ibid., San Francisco, 3 y 19 de diciembre de 1858 y 13 y 30 de enero de 1859; The New Orleans Bee, apud. “Tehuantepec”, Sociedad, México, 24 de agosto de 1858; Lacy al editor del San Francisco Weekly Pacific, vapor Coatzacoalcos, 20 de abril de 1859, Sacramento, Sacramento, 25 de mayo de 1859; Charnay, Ciudades y ruinas, 1994, p. 263.

43 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, p. 190.

44 Carta al editor, Tehuantepec, 6 de marzo de 1859, Herald, Nueva York, 2 de abril de 1859.

45 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, p. 136.

46 Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 136-137.

47 Veritas al editor, Tehuantepec, 30 de noviembre, Alta, San Francisco, 19 de diciembre de 1858.

48 Veritas al editor, Tehuantepec, 30 de noviembre, Alta, San Francisco, 19 de diciembre de 1858.

49 Lacy al editor del San Francisco Weekly Pacific, vapor Coatzacoalcos, 20 de abril de 1859, Sacramento, Sacramento, 25 de mayo de 1859 y Veritas al editor, Tehuantepec, 30 de noviembre, Alta, San Francisco, 19 de diciembre de 1858.

50 [Murphy] a Perry, La Chivela, enero de 1859, en lc, The Papers of Robert W. Shufeldt, caja 11. En efecto, las diversiones eran escasas, de donde se organizara el “Glass Eye Club” para conmemorar el tránsito del primer correo por el istmo y se valorase cualquier novedad local, como los “fandangos”, en los que se bailaba, bebía y apostaba en el popular juego del monte, o los funerales. H. H. P. al editor, Minatitlán, 15 de noviembre de 1858 y John K. Hackett al editor, [s. l., s. f.] Times, Nueva York, 21 de noviembre de 1858; “The Tehuantepec route. Detailed narrative of a journey across the Tehuantepec isthmus”, Times, Nueva York, 23 de agosto de 1859; Carta al editor, “Suchil”, noviembre de 1858, “Incidents of travel”, 1859, pp. 41-42; Sismondi, America, 2011, pp. 108, 113.

51 Veritas al editor, Tehuantepec, 17 de diciembre de 1858, Alta, San Francisco, 15 de enero de 1859. Vid. Glantz, Viajes en México, 1964, p. 38.

52 En el análisis que sigue, nos apoyamos en el excelente trabajo realizado por Martínez Figueroa, Paulina denominado “Sitios de hospedaje en el México del siglo XIX: una revisión general (1786-1885)”, manuscrito, adaptándolo y abundando en el caso de Tehuantepec.

53 Hermesdorf, “Isthmus of Tehuantepec”, 1862, p. 548.

54 Lacy al editor del San Francisco Weekly Pacific, vapor Coatzacoalcos, 20 de abril de 1859, Sacramento, Sacramento, 25 de mayo de 1859 y Veritas al editor, Tehuantepec, 30 de noviembre, Alta, San Francisco, 19 de diciembre de 1858.

55 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de exército y provincia en el reino de la Nueva-España, Madrid, Por órden del rey, 1786, pp. 76-77. Vid. Martínez Figueroa, “Sitios de hospedaje”.

56 Hernández Soubervielle, José Armando, “Sin un lugar para pernoctar en ‘la garganta de Tierra Adentro’. Los mesones en San Luis Potosí”, Relaciones, 132 bis (2012), pp. 151-190, p. 168.

57 Desde el 5 de septiembre de 1846. Dublán, Manuel, y José María Lozano, Legislación mexicana, o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, México, Dublán y Lozano, 1876-1912, 53 vols., v. 5, p. 159.

58 Frederick Johnson a su gobierno, Acapulco, 29 de febrero de 1859, en pro Foreign Office Papers/50, rollo 149, v. 337, ff. 225-226, núm. 7; “How matters are managed at Tehuantepec. Extract of a letter from the Bulletin”, Memphis, [s. f.], en lc, The Caleb Cushing Papers; Veritas al editor, Tehuantepec, 30 de noviembre y 17 de diciembre de 1858, Alta, San Francisco, 19 de diciembre de 1858 y 15 de enero de 1859; Lacy al editor del Weekly Pacific de San Francisco, vapor Coatzacoalcos, 20 de abril de 1859, “By the Southern overland mail”, St. Louis, Missouri, 9 de mayo de 1859 y C. R. Payne a Office Freeman and Co.’s Cal. Express, Acapulco, 5 de junio de 1859, Sacramento, Sacramento, 25 de mayo, 2 y 15 de junio de 1859; “Communicated. Tehuantepec route to California”, Delta, Nueva Orleáns, 22 de febrero de 1861; John K. Hackett al editor, [s. l., s. f.], Times, Nueva York, 28 de marzo de 1859; “Tehuantepec”, Diario, México, 25 de abril de 1857 y “Gacetilla”, Sociedad, 27 de abril de 1859; Brasseur, Viaje por Tehuantepec, 1984, pp. 72, 79, 83-84; Mack, Land divided, 1944, pp. 227-228.

59 A. B. al editor, Tehuantepec, 18 de noviembre de 1858, Alta, San Francisco, 3 de diciembre de 1858. Cabe aquí señalar que, acaso por que el paso por el istmo era bastante rápido y por ende superficial, y con la salvedad —como señalamos arriba— del abate Brasseur, estos viajeros no se ocupan ni de la mujer zapoteca ni de su vestimenta. Respecto a este tema vale la pena revisar lo escrito por Reina, Historia del istmo, 2014, pp. 258-284 y por Machuca Gallegos, Laura, “El papel de las mujeres en la historia colonial y en el siglo xix del istmo de Tehuantepec”, en Laura Machuca Gallegos y Judith Zeitlin, (Coordinadoras), Representando el pasado y el presente del istmo oaxaqueño: perspectivas arqueológicas, históricas y antropológicas, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Universidad de Massachusetts, Boston, 2013, pp. 219-235.

Ana Rosa Suárez Argüello ∙ Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Correo electrónico: asuarez@mora.edu.mx

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos ∙ Número 64 (julio-diciembre 2016)

ISSN: 1870-719X ∙ ISSN-e: 2007-963X

E

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El nacimiento de la Escuela de Enfermería

en la ciudad de México (1888-1911)

Josefina Torres Galán

José Sanfilippo y Borrás

Resumen

Durante el siglo xix en la ciudad de México la atención a los pacientes hospitalizados y convalecientes en su domicilio, fue realizado por clérigos y monjas, con el apoyo de mujeres contratadas como sirvientas. En 1888 la Escuela Nacional de Medicina pretende, sin éxito, establecer una escuela de enfermería; se retomó la idea diez años más tarde, con la contratación de enfermeras estadounidenses, quienes dieron inicio a la lucha presentada por las enfermeras del Hospital General de México para ser reconocidas como personal “inteligente” de apoyo a los médicos.

Palabras clave: enfermería, escuela teórico-práctica, responsabilidad femenina, Escuela Nacional de Medicina

The birth of the Nursing School in Mexico City (1888-1911)

Abstract

During the 19th century, it was priests and nuns in Mexico City who cared for hospitalized patients and convalescents in their homes, with the support of women hired as servants. In 1888, the National School of Medicine tried to establish a nursing school, however, without success. The same idea was taken up ten years later by hiring American nurses, who started a fight in the General Hospital of Mexico in order to be recognized as “intelligent” support staff to the physicians.

Key words: Nursing, Theoretical and practical school, Female responsibility, National School of Medicine

Naissance de l’École de soins infirmiers

de la Ville de Mexico (1888-1911)

Résumé

Pendant le xixe siècle dans la ville de Mexico, les soins aux parents hospitalisés et aux convalescents à domicile, étaient donnés par des prêtes et des religieuses, avec l’appui de femmes engagées comme domestiques. En 1888, l’École Nationale de Médecine essaya sans succès d’établir une école de soins infirmiers. Cette idée fut reprise dix ans plus tard avec l’engagement d’infirmières étatsuniennes qui provoquèrent la lutte des infirmières de l’Hôpital Général de Mexico pour être reconnues comme personnel « intelligent » appuyant les médecins.

Mots clé : soins infirmiers, école théorico-pratique, responsabilité féminine, École Nationale de Médecine

radicionalmente el cuidado de los enfermos en los hospitales en la ciudad de México estaba a cargo de hombres y mujeres del clero regular, mientras que en los domicilios las mujeres familiares o sirvientas contratadas para tal fin, cuidaban a los aquejados por alguna enfermedad, mientras que las madres, esposas, hermanas e hijas, generalmente cumplían con la función de proveer los cuidados primarios cotidianos y, en caso de enfermedad, los cuidados paliativos.1

Es posible afirmar que durante el siglo xix una parte de la sociedad aceptaba el trabajo femenino en las ciencias de la salud,2 especialmente en la enfermería, desde la idea del servicio, atención y cuidados a los enfermos; pero cuando la mujer ingresó a trabajar o estudiar se encontró ante el mismo desafío que sus compañeras médicas, dentistas y farmacéuticas.

Desde la concepción sociocultural de la época, la mujer tenía limitado su campo de acción a la familia y podía contribuir a la economía de ésta, condicionada al cumplimiento de sus obligaciones de madre y esposa, puesto que se le cuestionaba sobre su calidad moral si los incumplía:

¿Qué clase de madre dejaba a [sus hijos] por atender heridos que no eran familia suya? ¿Qué clase de mujer era esa que quería andar haciendo cosas de hombres? ¿Qué no le bastaba con organizar su casa? Una familia era suficiente tarea […] además de ser esposa.3

Es importante aclarar que la enfermera del siglo xix mexicano era una sanadora cuya práctica estaba basada en saberes empíricos, que bajo la idea de asistencia se contrataba en los hospitales como parte de la servidumbre. Los estudiantes de medicina necesitaban hospitales para hacer sus prácticas; los médicos desempeñaban sus funciones en los hospitales, ambos grupos sabían que requerían del apoyo de enfermeras en las instituciones.

Este trabajo pretende rescatar las vicisitudes acaecidas para el establecimiento de una escuela de enfermería en la ciudad de México, desde la idea en 1888 del doctor Eduardo Liceaga4 de formar a hombres y mujeres en un curso de cuidados paliativos; consiguiendo en 1898 la autorización presidencial para que el curso de enfermería se desarrollara en la Casa de Maternidad y, con la inauguración del nuevo Hospital General de México en 1905, trasladar la escuela a esas instalaciones en donde permaneció hasta lograr su incorporación a la recién creada Universidad Nacional de México en 1911 para formar profesionistas.

Desde ese fallido intento por ver el nacimiento de la enseñanza de la enfermería mexicana hasta la culminación de un plan de estudios orientado a la formación de profesionales en el área, pasaron más de veinte años. Aunque con instalaciones propias, la Enfermería volvió a depender de la Escuela de Medicina, alejadas por los conflictos entre los directivos de ambas escuelas.

La carencia de personal de apoyo eficiente llevó a los médicos a reconocer la necesidad de establecer la capacitación de hombres y mujeres que los auxiliaran aplicando las técnicas y conocimientos médicos necesarios. La Enfermería pasó de ser considerada una actividad de servidumbre a ser calificada como un oficio y de aquí se encumbró al nivel de profesión cuando la Escuela fue parte de la Universidad Nacional de México.

Seguiremos los pasos de las enfermeras extranjeras que desarrollaron los planes de estudio y desafiaron al sistema educativo que pretendía adiestrar mujeres con mínimos conocimientos médicos, mediante la revisión de documentos de archivo y publicaciones periódicas sobre las peripecias vividas por mujeres conocidas y anónimas dedicadas a hacer de la Enfermería una profesión universitaria. Con un estudio deductivo-inductivo de carácter histórico documental, se construye el devenir de los desafíos presentados por las enfermeras contratadas para establecer sus planes de estudio de acuerdo a las labores que las futuras enfermeras debían aprender para apoyar a los médicos en su práctica hospitalaria.

La aportación de este trabajo está centrada en el rescate de los desafíos desplegados por Rosa Crowder y Rosa Warden ante las pretensiones de Eduardo Liceaga de continuar con la formación de enfermeras como cuidadoras y el deseo de ambas mujeres por convertir a la enfermería en una profesión, así como la intervención de las alemanas Maude Dato y Gertrudis Friedrich en la construcción del plan de estudios que permitiría la creación de la nueva enfermería universitaria mexicana.

El modelo europeo vs. el empirismo mexicano

Una de las primeras congregaciones religiosas que asistieron a enfermos hospitalizados fue la institución de las hermanas de la caridad o hijas de san Vicente de Paul quienes dedicaban el servicio “a los pobres y particularmente a los enfermos”5 como parte inherente de la tradicional caridad cristiana, inserta en el modelo de beneficencia social mexicana del siglo xix.

Hacia 1831 la condesa doña Ana María Gómez de la Cortina inició una serie de trámites para que religiosas de esta orden vinieran a México, contando con el apoyo de “las señoras Doña Faustina y Doña Julia Fagoaga y los señores General Don Ciro Gómez Anaya y Don Manuel Andrade y Pastor”.6 Tras trece años de gestiones, el 4 de noviembre de 1844 llegaron a la ciudad de México nueve religiosas europeas, las hermanas de la caridad de la orden de San Vicente de Paul7 para asistir en los centros de beneficencia, especialmente en la organización y servicio de los hospitales San Andrés, San Pablo y de Jesús. Estas religiosas fueron las primeras mujeres capacitadas para despachar en las farmacias y realizar labores de enfermería en las instituciones y en los domicilios en los que fuera requerida su asistencia; sor Micaela Ayanz desempeñó su labor en el Hospital Juárez de manera excepcional, mientras que el Hospital de San Andrés contó con la administración de sor Juana Antía. Las acompañaban sor Agustina Inza, superiora; sor Josefa Ramos, sor Mariana Elio, sor Micaela Ayanz, sor Gregoria Bota, sor Magdalena Latiegui, boticaria; sor Teresa Corritido, sor Luisa Mariadet y sor Juana Bautista.8

Para fundar la orden con jóvenes mexicanas que dedicaran sus servicios de manera eficaz y desinteresada en hospitales, cárceles y otras instituciones de beneficencia, debían cumplir con las condiciones exigidas en Europa:

Ser soltera y tener de 16 a 28 años de edad; hallarse sana de cuerpo y espíritu, sin defecto corporal y esencialmente de la vista; proceder de legítimo matrimonio y contar con una ascendencia sin mancha en el honor y la fama; poseer la suficiente fuerza física para soportar las fatigas propias de su nuevo estado; ser instruida en los principios religiosos; saber leer y escribir y, por último, gozar de la buena fama que da una conducta intachable [y una dote que no pasara] de doscientos pesos.9

Mujeres de familias de la clase alta se unieron a esta congregación; apellidos “como Fagoagas, Vivancos, Moncadas, Molinas del Campo, Blancos, Sanromán y otros muchos”10 se oían en las instituciones de beneficencia. Al estar al cuidado de los enfermos se les prohibía mostrar repulsión ante las enfermedades contagiosas o las de aspecto repugnante, siempre y cuando no sintieran que éstas ofendían el pudor femenino. Entre sus obligaciones estaba dar “alimentos y medicinas a los enfermos y los auxilios de la religión a los moribundos”11 en los hospitales que asistían en la capital: Divino Salvador, San Pablo, San Andrés, San Juan de Dios; además de cuidar a los mecenas de estas instituciones como una prerrogativa de la piedad mostrada hacia los desvalidos.

El presidente Benito Juárez replicaba: “¿Con quiénes sustituimos a estas caritativas mujeres?” En el decreto del 26 de febrero de 1863 se refiere a la supresión de comunidades religiosas existentes, excepto a las hermanas de la caridad consagradas al servicio de la humanidad doliente: las dejó continuar con su labor. Es hasta enero de 1874 que salieron del país las 410 religiosas, entre ellas 53 europeas y 357 mexicanas, en cumplimiento a lo establecido en las leyes de reforma, con Sebastián Lerdo de Tejada en la presidencia de la república.

Por otro lado, en Alemania, en 1836 se establece el Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth para instruir a las mujeres en enfermería, siendo Gertrude Reichardt la primera diaconisa egresada. Se toma la decisión de nombrarlas así porque las mujeres europeas dedicadas a este oficio lo habían desprestigiado al tratar de forma déspota y altanera al paciente. A este instituto asistió Florence Nightingale (1820-1910), de 1851 a 1853, para recibir la capacitación necesaria en su deseo de apoyar la atención de los enfermos.

Al regresar a su país fundó la Nightingale Training School del Hospital Saint Thomas, de la cual egresaron las primeras enfermeras en 1865, con una capacitación técnica orientada al apoyo de los médicos que contemplaba la atención al enfermo en primer lugar, así como las condiciones ambientales en que estaba, haciendo énfasis en la limpieza, iluminación, ventilación y alimentación.

México no fue el único país que durante el siglo xix enfrentó los desafíos de las mujeres por ingresar a las carreras de las ciencias de la salud, los prejuicios sociales y culturales impedían el paso de las mujeres por las aulas en todo el mundo. La restricción en la educación femenina se fue diluyendo y dio oportunidades a las jóvenes de instruirse en artes, oficios y pedagogía, aunque el acceso a las carreras superiores lo obtuvieron en los últimos decenios del siglo xix y el primero del xx.

Las dos últimas décadas del siglo xix son importantes para las ciencias de la salud porque se sistematiza la separación de las enfermedades y se reconoce la necesidad de personal de enfermería capacitado para realizar las curaciones de los enfermos, deslindando así sus acciones de servidumbre tan características de los años precedentes.

El cuidado de los enfermos

Desde los tiempos virreinales, los hospitales de la ciudad de México contrataban religiosos como apoyo para el cuidado de los enfermos. Estas personas no necesitaban estar capacitadas como sanadoras, pues se dedicaban a alimentar, abrigar, lavar, colocar paños fríos o refrescar la boca de los enfermos, puesto que, como digo antes, estaban consideradas parte de la servidumbre. Los médicos también eran apoyados por damas de la clase alta que prestaban sus servicios como parte de sus obras de caridad.

Durante la mayor parte del siglo xix, la Enfermería no se veía como un oficio, cualquier persona podía contratarse como sirviente en un hospital y realizar funciones como las ya mencionadas, además de una labor específica. En los hospitales existían varias clases: enfermera-lavandera, enfermera-cocinera, enfermera-mandadera y en la categoría más alta estaba la enfermera partera, que no por esto dejaba de estar subordinada al médico.

En los hospitales de la ciudad de México, las hermanas de la caridad vieron la necesidad de capacitar a hombres y mujeres capaces de realizar los cuidados necesarios para cierta clase de enfermos, como por ejemplo los afectados por demencia en los Hospitales del Divino Salvador y de San Hipólito o para las actividades específicas de los llamados “hospitales de sangre” San Andrés y San Pablo, posteriormente llamado Juárez (1872).

A pesar de que la creencia popular y religiosa daba más importancia al espíritu que al cuerpo y que era de suma importancia el cuidado a los pobres, desvalidos, menesterosos y enfermos, sor Micaela Ayanz consideraba que los médicos debían participar en la formación de enfermeras y enfermeros. Por primera vez en México, las monjas brindaron adiestramiento a hombres y mujeres en la atención del enfermo.

Pero en 1874, con la expulsión de todas las órdenes religiosas de México, los médicos se vieron ante una problemática que debían resolver: la formación de recursos humanos idóneos como apoyo. La única educación ofrecida por la Escuela Nacional de Medicina como soporte de las actividades médicas era la carrera de profesora de obstetricia, que desde 1833 aceptaba únicamente mujeres; la profesionalización de una actividad de mujeres para atender mujeres pretendía, de acuerdo con Ana María Carrillo,12 la subordinación de esta práctica y la medicalización del embarazo para facilitar la intervención de los médicos, logrando que las egresadas cumplieran funciones específicas y tuvieran una jerarquía dentro del sistema hospitalario. Sin el soporte de religiosas ni suficientes personas habilitadas, los médicos se enfrentaron a la necesidad de capacitar de forma elemental en Enfermería a individuos que les asistiera en su labor clínica.

Atisbos de la luz

La información con respecto al primer curso ofrecido en 1888 en el Hospital de San Andrés, bajo la supervisión de la Escuela Nacional de Medicina, es sumamente escasa; solamente encontré la solicitud de Concepción B. Briseño13 fechada el 15 de mayo de ese año para ingresar a la Escuela de Enfermeras y una mención a este curso hecha por Liceaga diez años más tarde, cuando se convocó a un nuevo curso.

Después de este intento, la asistencia a los enfermos continuó igual, sin el apoyo adecuado de la enfermería; los hospitales perpetuaron la costumbre de contratar servidumbre para realizar las funciones de auxilio paliativo. Preocupado por esta situación el doctor Eduardo Liceaga propuso al gobierno de Porfirio Díaz la creación de una escuela especialmente dedicada a la formación del personal auxiliar del médico, para lo cual recurrió a la ayuda de sus amigos estadounidenses, solicitándoles que lo contactaran con una enfermera capaz de dirigir una escuela para enfermeras que funcionaría en el Hospital de Maternidad.

Probablemente en respuesta a su petición, en el número de julio de 1896 de la revista Trained Nurse and Hospital Review aparece el artículo “Why are not trained nurses sent to Mexico?”,14 con profusos ejemplos sobre el patético cuidado brindado a los enfermos mexicanos debido a la carencia de enfermeras capacitadas. Tres meses más tarde el Ministerio de Gobernación mexicano recibió la solicitud de empleo de la enfermera Margaret Simpson, quien no fue contratada porque no hablaba español.15

La petición siguiente se recibió en julio de 1897, enviada por la enfermera Eva Cunningham, de 22 años, con cuatro años de “capacitación y práctica rigurosa” en el Memorial Hospital de Brooklyn de Nueva York. En su carta mencionaba que, a pesar de haber vivido en la ciudad de México con su familia necesitaba estudiar el idioma durante un lapso de 8 a 12 meses previos a su contratación.

Considerando que las instalaciones del nuevo Hospital General estarían listas en diez meses, el general Manuel González Cosío, secretario de Gobernación, instruyó a Liceaga para que la contratara como profesora con $100 mensuales de salario, más hospedaje y alimentos, a partir del 17 de julio de 1897.

No sabemos más de la carrera de la enfermera Cunningham en México, pero seguramente dejó su puesto como directora de una escuela inexistente antes del término de 1897.16

Para fines de ese mismo año, Liceaga recibió la visita de Alfred y Lillie Cooper, enfermeros titulados, egresados en enero de 1896 del Medical and Surgical Sanitarium Training School for Nurses en Battle Creek, Michigan.

Alfred Cooper presentó cartas de recomendación, en las cuales destacaban sus habilidades en la atención de los enfermos, en higiene doméstica e individual, en los usos médicos del agua, de la electricidad y de los masajes, además de sus destrezas en Enfermería general, quirúrgica y obstétrica.

Es hasta 1898 que la instrucción de enfermería queda bajo el cuidado de la Escuela Nacional de Medicina, cuando el doctor Eduardo Liceaga consigue la aceptación del presidente Porfirio Díaz para su proyecto de una Escuela Teórica-Práctica de Enfermería adscrita al Hospital de Maternidad e Infancia, ubicado en la Calle de Revillagigedo (esquina con la actual calle Artículo 123):

[…] el Presidente se ha servido acordar que se establezca la Escuela Práctica y Gratuita de Enfermeras cuyas lecciones se darán en el Hospital de Maternidad e Infancia en los días y horas indicadas por usted.17

La práctica habitual establecida en los hospitales disponía que las salas de hombres fueran atendidas por hombres y las de mujeres por mujeres, respectivamente, así que la convocatoria emitida el 20 de abril de 1898, estaba dirigida a:

[…] personas de uno y otro sexo [entre 15 y 30 años de edad] que tengan bastante cultura social, revelada por sus sentimientos humanitarios, su trato afable con los enfermos, sus hábitos de limpieza personal [...]18

Debían cumplir con la instrucción primaria y presentar un certificado de buenas costumbres, siendo recomendable, aunque no necesario, que las solicitantes hubiesen estudiado en la Escuela Normal o contar con la carrera de obstetricia y que los jóvenes hubiesen cursado la Escuela Preparatoria o trabajado en alguna oficina pública.

Las personas de cualquier sexo que estuvieran desempeñando funciones de enfermería en los hospitales de la ciudad de México debían presentar una constancia firmada por el director del hospital respectivo, con la cual se avalara su entusiasmo, asiduidad y perseverancia en el trabajo, trato afectivo, sencillo y amable con los pacientes, así como de sus costumbres de higiene personal.

Asimismo, por indicaciones del doctor Eduardo Liceaga se hace un llamado a las señoras y señoritas que hubiesen presentado exámenes de enfermeras en 1888.19

Aunque los requisitos mencionados en la convocatoria fuesen cumplidos, había otros detalles en los que se fijarían los profesores: la solicitante debía tener buena memoria, gozar de buena salud mental, tener dedos largos y delicados, usar las uñas cortas, ser trabajadora, paciente, optimista y empática con la atención de los enfermos hasta su sanación. También debían comprometerse a servir en el hospital cuando menos por un año, gozando de un sueldo de $4 mensuales, realizando curaciones básicas, así como las observaciones necesarias para la elaboración de informes generales sobre las condiciones de la sala, del personal, de la alimentación y del enfermo destinados al médico y a la enfermera en jefe.

En el mismo Hospital de Maternidad e Infancia se realizaron las inscripciones del 1 al 15 de mayo, de 12 a 13 horas; el primer curso comenzó el día 16 con lecciones de tres a seis de la tarde, de lunes a viernes en las diferentes salas del hospital, así como en el anfiteatro, en tanto que las lecciones de operaciones eran de 9 a 12 de la mañana. Estaba contemplado que duraría dos años con una visión eminentemente médica, según el programa elaborado por el doctor Liceaga, director de la Escuela Nacional de Medicina y presidente del Consejo Superior de Salubridad.

Los esposos Cooper, contratados como profesores durante seis meses con un sueldo mensual de $75 a cada uno, fueron quienes dieron inicio a los cursos de la Escuela de Enfermería, aunque se desconoce el plan de estudios, podemos conjeturar que implantaron uno similar al de su escuela de origen, la Medical and Surgical Sanitarium Training School for Nurses. Sin embargo, al haber sido dotada con insuficientes recursos, la escuela no pudo prorrogarles el contrato y al término de éste, los Cooper dejaron la ciudad de México.20

Con la escuela sin profesores enfermeros capacitados durante 1899 y 1900, el doctor Liceaga se vio nuevamente envuelto en la búsqueda de titulares, y resuelto a modernizar la enseñanza de la enfermería, decidió traer a México los avances establecidos por Florence Nigthingale en el oficio. Para tal fin contacta a la enfermera Rose Crowder,21 se compromete a proporcionarle el pago de los viáticos desde Estados Unidos a la ciudad de México, el hospedaje, los alimentos y un sueldo de $50 dólares mensuales para que ocupara el puesto de profesora y directora de la Escuela de Enfermeras; las condiciones laborales y el salario establecido para su contratación fue aprobado personalmente por el presidente Porfirio Díaz.

La joven enfermera Rosa Crowder, de 25 años realizó sus estudios en la Eastern Illinois Hospital Training School for Nurses; llegó a la ciudad de México en marzo de 1900; mostró certificados de una capacitación especial en enfermedades mentales, y un año de ejercicio en Illinois Charitable Eye and Ear Infirmary, cumpliendo con la atención específica en cirugía ocular.

Como parte de su adiestramiento profesional estaba habilitada en: dirección general, además de las áreas propiamente de enfermería: asepsia general, asepsia quirúrgica, obstetricia, administración de medicamentos, administración de enemas, baños, masajes, enfermería general y cirugía.

El plan de enseñanza de enfermería que Rosa Crowder presentó al doctor Liceaga contemplaba:

Cuadro 1. Plan de estudios de Enfermería, 1900

Limpieza, orden y sistema

de la enfermería.

El propósito de las diferentes duchas, su aplicación y la importancia de la asepsia.

Esterilización y su valor mediante antisépticos

y por calor.

Buena disposición y apariencia uniformada de las enfermeras.

Elaboración del informe sobre la conducta del paciente.

Fabricación de materiales quirúrgicos.

Atención del enfermo en cama.

Preparación y supervisión de la ingestión de las dietas con especial atención a las líquidas.

Cuidado de las cirugías abdominal y craneal.

Hacer las camas adecuadamente, cómo y cuándo hacer el cambio de sábanas.

Preparación y administración de las diferentes clases de enemas, primero los de agua simple y clara, después los purgantes para concluir con los nutritivos.

Preparación y mantenimiento de materiales para la cirugía aséptica.

Conocer las ventajas de lo anterior para los distintos casos y sus enfermedades.

Administración de medicamentos vía oral.

Cirugía menor

y vendajes en general.

Cómo y cuándo cambiar la ropa del paciente, otorgándole la mayor comodidad y evitándole todo esfuerzo posible.

Aplicación de hipodérmicas.

Cuidado de las heridas limpias y/o infectadas.

Observación de síntomas y toma de signos (pulso, temperatura, respiración).

Aplicación de medicamentos externos y sus efectos.

Trabajo en quirófano.

Para qué y cómo se dan los distintos baños y sus efectos a diferentes temperaturas.

Preparación de soluciones antisépticas y sus usos.

Trabajo en obstetricia.

Fuente: ahss, sp, ee, caja 1, exp. 8. Rosa Crowder.

Plan de estudios de la enfermería para el Hospital General de la ciudad de México.

Esta propuesta termina con la siguiente nota:

Hay algunos principios importantes que enseño a las alumnas desde los primeros días hasta su graduación, estos son: asepsia, bondad y la cortesía ante todo y para todos, alegría, y tanto en la formación como la práctica de la Enfermería, la importancia de seguir las órdenes de los asesores médicos de forma explícita. Recordar que la enfermera no es un doctor.22

Rosa cumple con sus funciones de acuerdo al sistema que había aprendido, procediendo a establecer un ordenamiento técnico-médico para las lecciones en las que enseñaba: la “preparación de soluciones antisépticas y su empleo, la esterilización [y] manejo de aparatos quirúrgicos, asepsia quirúrgica, cirugía menor, curaciones, limpieza de heridas y conducta en sala de operaciones”.23

Sin embargo, las dificultades enfrentadas por Rosa Crowder no se limitaron al ámbito escolar y hospitalario, sino que el proceso de adaptación a la ciudad se le complicó. A su llegada se instaló en una casa de huéspedes porque la habitación prometida en el Hospital de Maternidad e Infancia no estaba lista y el pago de su salario se retrasaba constantemente, ocasionando que no pudiera pagar su hospedaje ni sus alimentos, además, ¡el colmo!, ¡se lo redujeron!

La profesora y directora Crowder se cansó de pedir el cumplimiento del contrato, hospedaje, alimentos y sueldo, por lo que en mayo de 1902 anunció al doctor Liceaga su decisión de renunciar a partir del 4 de junio de ese año, a lo que el director de la Escuela de Medicina reaccionó ordenando que se respetaran las condiciones estipuladas, pidiéndole que se quedara; sin embargo, la paciencia de Rosa había llegado a su límite y se mantuvo firme en su decisión.

El doctor Liceaga justificó esta situación ante el Ministerio de Gobernación argumentando que la resolución de la profesora era inquebrantable “porque no se avenía con algunos de los médicos del Hospital de Maternidad y se quejaba de la comida que se le daba”.24

Ese mismo mes, Liceaga le ofreció el puesto a la enfermera graduada M. Bowman, “con once años de experiencia, dos de ellos en las Filipinas, por lo que hablaba algo de español”.25 Pero las dificultades vividas por Rosa Crowder ya eran de sobra conocidas en el mundo de la enfermería y lo que Liceaga recibió fue un contundente rechazo a su propuesta:

Deseo informarle de que no quiero aceptar el cargo de Enfermera Jefa de la Casa de Maternidad con las mismas condiciones que la señorita Crowder ha tenido. Ni por un momento consideraré la posición con el mismo sueldo que Usted ha estado pagando a la señorita Crowder. En cuanto a la comida, me moriría de hambre en una semana si yo tratara de vivir de las comidas que se sirven ahí. La Srita. Crowder ha sido más que considerada al soportar lo que ninguna otra enfermera estadounidense ha sufrido.26

El doctor Eduardo Liceaga volvió a recurrir a sus conocidos en la frontera mexicana y en Estados Unidos. Los médicos chihuahuenses Mariano Samaniego y N. Márquez le escribieron al doctor Liceaga para notificarle que en El Paso, Texas, vivía “una señorita profesora [enfermera] titulada, de la que nada hay ya que desear, pues hasta posee el idioma español, su trato es muy fino, su físico muy agradable (es muy guapa), joven, pues cuenta sólo con 24 años”,27 dispuesta a viajar a la ciudad de México.

Se trataba de la enfermera Rosa Warden,28 a quien Liceaga contacta para ofrecerle el puesto en la Escuela de Enfermería. Una vez establecido el convenio entre ambos, Rosa llegó a la ciudad de México en julio de 1902, con las mismas condiciones ofrecidas a las señoritas Crowder y Bowman, fungiendo como directora y profesora de la escuela desde esta fecha hasta 1904. Rose Warden había egresado ese mismo año de 1902 de la Escuela de Enfermería del Hospital Hotel Dieu de El Paso, Texas; hablaba español por haber vivido con su padre en la Hacienda de Toluquilla, en Omealco, Veracruz.

De manera colegiada los profesores de la Escuela de Medicina resolvieron que la señorita Warden era la directora perfecta para la Escuela de Enfermería. Sin embargo, continuaban con el problema no resuelto de las habitaciones destinadas para ella en el hospital: estaban sin terminar.

Al principio, tanto Liceaga como Warden se mostraron mutuamente complacidos, pero paulatinamente surgieron los problemas. Esta nueva directora tomaba decisiones sin consultarlo, “insistió en la contratación de personal para ayudar a supervisar a las estudiantes en sus dormitorios”;29 así como en mejorar las condiciones de los mismos y del comedor de alumnas y enfermeras; igualmente solicitó la compra de vendas, algodón y compresas, de equipos de desinfección y esterilización, así como de uniformes para las alumnas y el aumento en las pensiones que las alumnas recibían a $16 mensuales,30 todo ello sin previo acuerdo con el director de la Escuela de Medicina, quien en los hechos actuaba también como director de la Escuela de Enfermería.

Por su cuenta y saltando la autoridad de los directores del hospital y de la Escuela Nacional de Medicina, la directora Warden decidió contactar directamente al Ministerio de Gobernación para solicitar el cambio de sede de la escuela al Hospital de San Andrés, que tenía mayor cantidad de casos de medicina general y de cirugías mayores favorables para la educación de las estudiantes.

Reaccionando ante esta situación Eduardo Liceaga decide de manera unilateral, en contra de la petición de Rosa Warden, que la intervención de las estudiantes se limitaría al área clínica de pediatría de la Casa de Maternidad. Entonces Rosa pidió la asignación de las enfermeras en el Hospital de San Andrés, dejando el de maternidad sin el servicio de enfermería. Posteriormente consideró que las salas de cirugía mayor y de medicina eran insuficientes para desempeñar su trabajo, por lo que solicitó le dejaran participar en todas las salas del hospital.

Aunque reconoció lo pertinente de la situación, el doctor Liceaga no soportó verse desplazado por una enfermera que sin consultarlo y sin su autorización obtuvo el consentimiento de Gobernación. La actitud de la directora Warden no le agradó, considerándola una insubordinación, así que el 15 de marzo de 1904, le envió un escrito pidiéndole su renuncia para no desprestigiarla, a pesar de considerarla una ingrata y merecedora del cese, en “una actitud magnánima”, se compromete a pagarle un mes de sueldo en caso de quedarse en la ciudad o el pago de viáticos si deseaba regresar a El Paso, Texas.31

Ante esta situación, y con la finalidad de comportarse políticamente correcta, escribe una justificación al gral. Manuel González, insistiendo que su intención:

[…] era solamente preparar un cierto número de jóvenes que pudieran completar su educación más tarde, pero que fueran capaces de atender a los enfermos, de dar a los médicos las reseñas que necesitaran, de hacer la administración de los pabellones y de encargarse de cada pabellón en los que se hubieran distinguido.32

En su misiva omite mencionar el desacuerdo habido entre ellos, así como que, gracias a Rosa, las enfermeras se presentaban a trabajar uniformadas y que su instrucción se había perfeccionado. Además de quejarse por otra serie de acciones insignificantes, sin haber sido consultado previamente por la directora Warden, en su calidad de director del Hospital de Maternidad e Infancia y de la Escuela de Medicina, igualmente se lamentó del cambio de los horarios de las guardias hospitalarias y del tipo de relación que el personal de Enfermería tenía con los médicos. Asimismo, dijo que Rosa no sabía imponer su autoridad con las alumnas ni disciplinarlas, y que no había prestado suficiente atención al registro adecuado de las sábanas limpias y sucias.

A pesar de todos los reclamos y quejas en contra, a Liceaga no le quedó más que reconocer a Rosa como “una enfermera muy inteligente, muy instruida, de muy buen carácter y muy agradable en sociedad, yo mismo la recomendaré por todas partes”.33

Ella implementó el primer examen en su área y le tocó encargarse de egresar a la primera generación de Enfermería compuesta por 43 estudiantes mujeres más un hombre, de los cuales únicamente 22 mujeres y el hombre aprobaron el examen en agosto de 1903.

Rosa Warden presenta su renuncia con fecha 30 de marzo de 1904, alegando la enfermedad de su madre,34 pero se queda con la habitación asignada en el Hospital de Maternidad e Infancia en las calles de Revillagigedo, motivando de nueva cuenta el descontento de Liceaga que le pide salga de allí porque debía ser ocupada por la nueva directora, cosa que ella hace hasta junio de ese año.35

Aún con el discurso sobre la modernización de la enfermería, el doctor Liceaga sostenía y promovía el entrenamiento en enfermería con características pertinentes para ser asistente, conservando el modelo de la enfermera-sirviente con un desarrollo básico de su práctica y controlada por los médicos; en tanto que Rosa Warden pretendía la profesionalización de la carrera. Estos puntos tan divergentes provocaron la ruptura entre ambos, junto con la sensación de Liceaga de verse ignorado por la directora de la Escuela de Enfermeras, que se conducía con suficiencia y determinación en la toma de decisiones en su trabajo.

El principio de una nueva escuela

El 1 de abril de 1904, la tercera directora de la Escuela de Enfermería fue presentada, la alemana Maude Dato, quien se comprometió a transmitir sus conocimientos como enfermera titulada en la escuela Victoria-Hausfur Krankenpflege de Berlín. Acepta acatar las órdenes y disposiciones del doctor Liceaga sobre la enseñanza y la administración de la Escuela de Enfermería; en caso de desacuerdos, ella dejaría la escuela mediante aviso con un mes de anticipación y se le pagaría un mes más como gratificación.

Por su parte, Liceaga accedió a mejorar el sueldo y la categoría de Maude Dato cuando se inaugurara el Hospital General, mientras tanto le entregaría una gratificación mensual de $150.36 Después de las experiencias con las anteriores directoras, Liceaga decidió que este convenio fuese firmado por ambos y sellado por el Ministerio de Gobernación.

Pronto se integró al equipo de trabajo de la Escuela de Enfermería otra enfermera alemana, Gertrudis Friedrich. Así, ellas organizan a las egresadas de los primeros cursos que se contrataron para asistir a los médicos en los pabellones del nuevo Hospital General de México en proceso de construcción en la parte sur de la Ciudad, que sería inaugurado el 5 de febrero de 1905. De la misma manera, se hicieron cargo del traslado de la Escuela de Enfermería hacia el nuevo hospital.

Ambas enfermeras se conocían, puesto que habían trabajado en el Hospital Friedrichshain en Berlín y en México. En el Hospital de Ferrocarriles Nacionales en Acámbaro, Guanajuato,37 laboraron de mutuo acuerdo, permanecieron al frente de la Escuela de Enfermería hasta consolidar la organización de los servicios del nuevo hospital con 30 enfermeras primeras y 18 segundas, con las cuales se realizó la inauguración.

El personal de apoyo médico con el que dieron inicio las actividades del Hospital General de México se formó con las egresadas de la Escuela de Enfermería dirigida por estas cuatro enfermeras extranjeras con la supervisión de la Escuela Nacional de Medicina (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Enfermeras fundadoras

del Hospital General de México, 1905

Primeras

Segundas

Parteras

Francisca Aguilar

Sofía Álvarez

Mercedes Bravo

Esther Camargo

Eulalia Correa

María Cortés

Sara De la Rosa

Sara Delgado

Francisca Estrella

Concepción García Luna

Carmen Hernández

Eulalia Hernández Lora

Paz Hernández Lora

Rosa Hernández

Guadalupe R. Hidalgo

Vicenta Islas

Ana Lara

Ángela Montes

Jovita Muñiz

Gregoria Muñoz

Carlota Ortega

María G. Palencia

María Quiroz

Eufracia Raso

Soledad Rosas

Eugenia Rubio

Eulalia Ruiz Sandoval

Eduviges Sánchez

María Sierra

Ángela Trujillo

Herminia Benítez

Simona Cruz

Soledad Doreins

Macedonia Hernández

Gregoria Navarro

María Palacios

Josefina Peñaflor

Carolina Perea

Elena Rodríguez

Felipa Rodríguez

María Saldaña

Primera:

Ángela Anaya

Segunda:

Dolores Osorio

Tercera:

Juana F. de Ocampo

Alumna:

María Anaya

Fuente: ahss, sp, ed, ee., caja 1, exp. 33. Elaborado por Josefina Torres Galán. Véase Francisco Fernández del Castillo, El Hospital General de México. Antecedentes y Evolución. Reseña histórica. México, Instituto para la Organización de Congresos. 1946, pp. 106-108.

En el imaginario social, o sea en la vida diaria, en la práctica laboral las enfermeras eran parte de la servidumbre, aunque paulatinamente se reconoció que estas mujeres estaban capacitadas para brindar apoyo en el área de las ciencias de la salud, motivando el cambio en los nombramientos que les otorgaban una jerarquía o una categoría; en los hospitales no siempre se apegaban a las nuevas condiciones de contratación. A principios de la década de 1880, los directores empezaron a solicitar la creación de plazas de enfermera mayor o primera y enfermera menor o segunda; por ejemplo, el doctor Ángel Gutiérrez, director del Hospital Morelos manifestó el 4 de febrero de 1881: “la necesidad urgente de crear una nueva plaza de enfermera segunda para el departamento de pensionistas con un sueldo de $5.00 mensuales”38 y otra para la sección Pasalagua con sueldo de $11.97 más raciones.39

El 22 de febrero de 1903 en El Imparcial40 se insertaron dos avisos solicitando personal femenino para enfermeras segundas y servidumbre, de manera separada. Pero como siempre ocurre, existía resistencia a los cambios; el 31 de mayo de 1905, el doctor R. Macías, director del Hospital Morelos escribió:

Como una explicación a la conducta seguida por esta dirección en el nombramiento de enfermeras mayor y menores para la “Sala Andrade” y que motivó el oficio de esa superioridad número 58-36, me permito hacer presente a esa Dirección General que es a su digno cargo, que las enfermeras tanto mayores como menores se habían considerado hasta esta fecha como sirvientes, no necesitando por lo tanto nombramiento firmado por el Señor Ministro [de Gobernación].41

Como vemos, no fue cosa fácil quebrar la resistencia social al cambio en la concepción del papel de las enfermeras por parte de los médicos; se modifica el nombramiento y se les da la categoría de enfermeras mayores y menores, pero dentro de los hospitales, se les seguía considerando parte de la servidumbre hasta principios del siglo xx.

La formación de las enfermeras estaba sujeta a los reglamentos del Hospital de San Andrés y del Hospital Juárez, que consideraban un periodo de internado para los estudiantes de medicina; para el caso de las alumnas de enfermería se traducía en residir en el hospital de manera permanente, situación injusta, pues no se les pagaba por el servicio que prestaban.

El siglo xx: cambios en la asistencia sanitaria

Una vez establecida la Escuela de Enfermería en el Hospital General de México en 1905, las jefas, las enfermeras primeras y segundas, así como las alumnas, empiezan un gran desafío contra los paradigmas de la práctica médica. En primera instancia lograron separarse de la tutela que la Escuela Nacional de Medicina ejercía.

La Escuela de Enfermería dejó esta dependencia para estar subordinada al Hospital General de México. Es desde este ámbito que dio inicio el segundo reto: su independencia del ámbito hospitalario y regresar al escolar. Aquí las estudiantes cubrían guardias de 24 horas, recibían clases del personal médico, las profesoras-enfermeras dejaron de existir en la plantilla de la escuela, el administrador del hospital designaba personal especial para vigilar a las estudiantes y el director estaba vinculado con Instrucción Pública y Bellas Artes para validar los estudios allí realizados.

Poco tiempo después de haberse instalado la Escuela de Enfermería en el Hospital General de México, en 1906, la directora y la subdirectora fueron sustituidas por las estadounidenses María McClaud y Ana Hambori, “quienes consolidaron la docencia y el servicio en un mismo sistema de trabajo”,42 favoreciendo a médicos y estudiantes de medicina en su práctica clínica con enfermeras capacitadas para intervenir en curaciones pequeñas y en el control de signos entre otros soportes técnicos.

Pero, ¿qué pasó con la rivalidad entre Warden y Liceaga? Aparentemente éste se impuso y dejó la formación de este sector en manos del personal médico hospitalario.

¿Cómo recuperar los avances de la enfermería moderna planteada por Nightingale? Si bien las enfermeras debían obedecer las indicaciones de los médicos, también podían contribuir en la atención del paciente desde sus propias habilidades y capacidades, diferentes de las del médico y con una actitud propositiva.

Renacimiento de la Escuela de Enfermería

Tras desafiar el estado en que había caído la formación de las enfermeras, elaboraron un plan de estudios que contemplaba aspectos técnicos, clínicos, científicos y humanísticos, de acuerdo a los criterios de médicos de gran prestigio, profesores de la Escuela de Medicina. Estas acciones estaban encaminadas a la creación de una escuela con independencia económica y administrativa que mantuviera los vínculos académicos con la medicina.

En octubre de 1906 obtuvieron la aprobación de la Dirección General de Beneficencia Pública a las bases generales para el establecimiento de una escuela de enfermería, con un plan de estudios de tres años (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Plan de estudios, 1907

Año

Asignatura

Primero

Anatomía

Fisiología

Curaciones

Segundo

Higiene

Curaciones en general

Tercero

Pequeña farmacia

Cuidados de los niños, parturientas y enajenados

Fuente: Iñiga Pérez Cabrera y María Cristina Castañeda Godínez, 100 años de la eneo, 1907-2006. 100 años de la educación formal de la enfermería, v. 2, México, eneo, 2006, p. 30.

La Escuela de Enfermeras se inauguró el 9 de febrero de 1907 en el Hospital General de México con el discurso del director, doctor Fernando López. Para esta primera generación se convocó a señoritas con primaria superior, con el compromiso de otorgar un diploma al concluir los estudios, avalados por la Dirección General de la Beneficencia Pública: “naciendo así un sistema de educación profesional de Enfermería que se extendió por el territorio nacional”.43

En este nuevo plan de estudios se tenían contempladas las cátedras de curaciones, anatomía y fisiología para el primer año; higiene y curaciones en general durante el segundo año; y pequeña farmacia, curaciones, cuidados para los niños, las parturientas y los enajenados en el tercer año de acuerdo al sistema establecido por Florencia Nigthingale de un aprendizaje basado en la práctica. Creando la fusión escuela-hospital con clases teóricas impartidas por médicos, la obligación de ejercitarse físicamente y de vestir el uniforme reglamentario, así como la prohibición de usar perfume y maquillaje, además del compromiso de dirigirse a los médicos con respeto, llamándolo “señor doctor”.44

La primera enfermera que concluyó la carrera con este plan fue Hermelinda García, quien obtuvo su diploma y certificado oficial el 28 de febrero de 1910,45 por lo que es considerada como la pionera, a pesar de no ser todavía universitaria.

En 1908 la escuela pasa a incorporarse de la Dirección General de la Beneficencia Pública a la Secretaría de Educación. Con la reapertura de la Universidad Nacional de México que acoge a la Escuela de Medicina, el 26 de mayo de 1911, se toma la decisión de retomar la enseñanza de la enfermería, con lo cual la Escuela de Enfermería adoptaría el mismo reglamento y ocuparía las mismas instalaciones de la Escuela de Medicina.

Francisco León de la Barra, como presidente interino, dispuso que la Escuela de Enfermería pasara a depender de la naciente Universidad bajo custodia de la Escuela de Medicina el 28 de junio de 1911. Con gran entusiasmo, las alumnas de Enfermería se trasladaron a su nueva sede el 30 de diciembre de 1911, con el primer plan de estudios de dos años a nivel universitario en la mano, un plan académico de contenido científico y humanístico, mismo que entró en vigor al año siguiente. El requisito seguía siendo contar con estudios de primaria, y se vio la oportunidad de integrar la carrera de obstetricia impartida en la Escuela de Medicina desde 1833. Así nace la Escuela de Enfermería y Obstetricia en 1912, ofreciendo las dos carreras: para obstetricia se continuaba con el plan de dos años y para enfermería los dos años del nuevo plan de estudios propuesto y aceptado.

Esta nueva carrera llamó la atención de algunas alumnas de obstetricia, que al concluir pidieron ser aceptadas en enfermería; por ejemplo, Josefina Tinoco46 y María Guadalupe Rivera Monteón,47 quien se gradúa de su segunda carrera el 15 de octubre de 1915.

Conclusión

Los cuidados primarios prodigados por la mujer se hacen extensivos —en caso de enfermedad—, a los cuidados paliativos, guiados por el mismo instinto sin experiencia ni formación profesional, dan paso al primer acercamiento del quehacer de la enfermería. El cuidado general del paciente como parte del proceso sanador durante el siglo xix era realizado por personas sin educación académica, incluso analfabetas; por ejemplo, en la nómina del Hospital Morelos del 15 de julio de 1890, las enfermeras menores Leonila González e Ysabel Ramírez no firmaron por no saber hacerlo, cobraban $2.50.

La decisión del doctor Eduardo Liceaga de traer a México la enfermería implementada por Florence Nightingale en Europa, fue un gran paso en la profesionalización de la enfermería mexicana; los médicos y los pacientes de finales del siglo xix, tanto como los del Hospital General de México, a principios del xx, agradecieron la voluntariosa energía y el empeño de Liceaga.

Los ásperos inicios para formar una escuela de enfermería, la confrontación del doctor Liceaga con “las dos Rosas” en su colisión por tratar de establecer la enfermería como un proceso educativo independiente de la medicina, desembocó en un conflicto de intereses, “en complicaciones de género en la toma de decisiones”48 que culminaron con la renuncia de la enfermera Crowder y el despido de Warden; hechos que constatan la autoridad y el control de los médicos “sobre las enfermeras y su formación profesional”.49

La integración de la Escuela de Enfermería a la Escuela de Medicina y a la Universidad brindó a las estudiantes la oportunidad para dejar el espacio unidimensional brindado por el hospital-escuela, así como para desafiar los paradigmas socioculturales que las encasillaban en el servicio, dándoles la oportunidad de demostrar que podían manejarse sin la presencia y gobierno de los médicos, recordando el compromiso contraído con los pacientes, los servicios hospitalarios y, por supuesto, con los médicos.

La enfermería fue ganando autonomía a medida que los valores de atención y cuidado de los pacientes fueron resueltos satisfactoriamente para todos los involucrados en el proceso salud-enfermedad, teniendo presente siempre las palabras de Rose Crowder: “la enfermera no es un médico”.50

Fecha de recepción: 27 de abril de 2015

Fecha de aprobación: 14 de julio de 2015

1 El concepto de cuidados paliativos es reciente; en 1990 la Organización Mundial de la Salud (oms) lo definió como el “cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo. El control del dolor y de otros síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial”. Véase “Definición de cuidados paliativos”, http://www.cuidadospaliativos.info/rdr.php?catp=0&cat=252&sel=269 [consultado el 3 de noviembre de 2014].

2 Considerando este concepto de ciencias de la salud desde la actualidad “son el conjunto de disciplinas dedicadas a la adquisición de conocimientos para su aplicación en la promoción de la salud biopsicosocial y espiritual de los individuos, organizadas en el estudio e investigación y en la aplicación de los conocimientos técnicos para lograr mantener, reponer y mejorar la salud”. Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud [consultado el 3 de noviembre de 2014].

3 Lavín, Mónica, Las rebeldes, México, Random House Mondadori, 2013, pp. 231-232.

4 Eduardo Liceaga (1839-1920). Médico (1866), profesor (1862-1911) y director (1902-1909) de la Escuela Nacional de Medicina; presidente del Consejo Superior de Salubridad (1885); director del Hospital de Maternidad e Infancia; presidente de la Academia Nacional de Medicina (1879 y 1906); introdujo en México la vacunación contra la rabia (1888); promovió la creación del Hospital General de México (1895-1905). Véase “Forjadores de la ciencia en México. Eduardo Liceaga”, http://www.quiminet.com/articulos/forjadores-de-la-ciencia-en-mexico-eduardo-liceaga-2601278.htm [consultada el 7 de julio de 2014].

5 García Cubas, Antonio, El libro de mis recuerdos, 7ª ed., México, Patria, 1978, p. 52.

6 García Cubas, El libro, p. 52.

7 Archivo Histórico de la Ciudad de México [en adelante ahdf], fondo ayuntamiento gobierno del Distrito Federal [en adelante agdf], sección beneficencias y asilos [en adelante ba], v. 423. exp 5. F. 1. Las monjas fueron recibidas el 12 de octubre de 1844 en el Peñón de los Baños de la ciudad de México.

8 García Cubas, El libro, p. 52.

9 García Cubas, El libro, p. 53.

10 García Cubas, El libro, p. 54.

11 García Cubas, El libro, p. 54.

12 Carrillo, Ana María, “Nacimiento y muerte de una profesión. Las parteras tituladas en México”, en Dynamis. Aria Hisp. Med. Sci. Hist. Illus., 19 (1999), pp. 145-166.

13 Archivo Histórico de la Secretaría de Salud [en adelante ahss], fondo salubridad pública [en adelante sp], sección ejercicio de la medicina [en adelante ee], caja 1, exp. 3, f. 1.

14 Mignerez, A. U., “Why are trained nurses not sent to Mexico?”, en Trained Nurse Journal, 16: 7 (1896), pp. 356-358.

15 ahss, sp, Hospital General, caja 1, exp. 1-7.

16 Nance, Douglas, “En busca de la modernidad: el inicio de la Enfermería en México”, en Revista de Enfermería del imss, 19: 2 (2011), p. 111.

17 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 5, f. 8.

18 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 34, f. 1.

19 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 34, f. 1.

20 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 8.

21 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 8.

22 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 8. Rosa Crowder. Plan de estudios de la enfermería para el Hospital General de la ciudad de México.

23 [Obra anónima:] Revista Enfermería Universitaria eneo-unam, v. 4, 1 (enero-abril, 2007), p. 4.

24 ahss, sp, ee, exp. 8.

25 Nance, “En busca de la modernidad”, p. 112.

26 ahss, sp, ee, exp. 35.

27 Nance, “En busca de la modernidad”, p. 114.

28 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 32.

29 Nance, “En busca de la modernidad”, p. 114.

30 ahss, bp, eh, ee, caja 3. leg. 2. exp. 28. “Nómina correspondiente al mes de julio de 1903”. En la que se encuentran enlistadas las alumnas siguientes: Manuela Altamirano, Herlinda Álvarez, Concepción Aparicio, Hermelinda Aragón, María Bazán, María Calderón, Concepción Garraci, Soledad Lizaliturri, Elodia Manzano, Celia Mendoza, Concepción Ortiz, Guadalupe Ortiz, Luz Ortiz, Magdalena Ortiz, Luz Reyes y Margarita Tovar, más Enedina León, sin remuneración.

31 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 32, ff. 67-71.

32 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 32, ff. 67-71.

33 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 32, ff. 67-71.

34 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 32, ff. 67-71.

35 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 32, ff. 67-71.

36 ahss, sp, ee, caja 1, exp 10, f. 14.

37 ahss, sp, ee, caja 1, exp14.

38 ahss, sp, hm, caja 1, leg. 1, exp. 24.

39 ahss, sp, hm, caja 1, leg. 1, exp. 22.

40 El Imparcial. t. xiv, núm. 2347, México, 22 febrero 1903, p. 4.

41 ahss, sp, hm, caja 1, leg. 6, exp. 2. f. 4.

42 [Obra anónima:] Revista Enfermería Universitaria, p. 5.

43 Torres-Barrera, Sara, y Elvia Zambrano-Lizárraga, “Breve historia de la educación de la Enfermería en México”, en Revista de Enfermería imss, 18: 2 (2010), p. 107.

44 [Obra anónima:] eneo, 100 años, 1907-2006, México, unam-CD interactivo.

45 Editorial, “100 años de Enfermería en México”, en Gaceta de Comunicación Interna de la Secretaría de Salud, 55 (febrero 2007), pp. 3-5.

46 Archivo Histórico de la Facultad de Medicina-unam [en adelante ahfm], fondo Escuela de Medicina y Alumnos [en adelante femya], leg 77, exp. 19.

47 ahfm, femya, leg. 77, exp. 21.

48 Nance, “En busca de la modernidad”, p. 116.

49 Nance, “En busca de la modernidad”, p. 116.

50 ahss, sp, ee, caja 1, exp. 8. Rosa Crowder, Plan de estudios de la enfermería para el Hospital General de la ciudad de México.

Josefina Torres Galán ∙ Departamento de Historia y Filosofía

de la Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México

Correo electrónico: josietoga@yahoo.com.mx

José Sanfilippo y Borrás ∙ Departamento de Historia y Filosofía

de la Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México

Correo electrónico: jsanfilippob@msn.com

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos ∙ Número 64 (julio-diciembre 2016)

ISSN: 1870-719X ∙ ISSN-e: 2007-963X

T

¿Cómo se tomó la decisión de suspender

el culto en México en 1926?

Jean Meyer

Resumen

Todos los historiadores consideran que la suspensión del culto público por parte de la Iglesia católica fue un factor decisivo en el levantamiento cristero. ¿Cómo tomó el episcopado mexicano, cómo aprobó la Santa Sede decisión tan grave? La apertura de los archivos permite ahora aclarar un episodio bastante confuso y algo misterioso. Estaba lejos de existir unanimidad entre los obispos y en el seno de la Curia romana, pero una minoría radical logró convencer al Papa de que existía, de modo que él aprobó la suspensión, contra el parecer de su Secretaría de Estado. Unos jesuitas mexicanos tuvieron un papel decisivo, moviéndose en México y en Roma.

Palabras clave: suspensión del culto, jesuitas, obispos, curia, Pío xi

How was the decision made to put

a halt to public worship in Mexico in 1926?

Abstract

All historians agree that putting a halt to public worship by the Catholic Church was a decisive factor in the “cristero” uprising. How the Mexican bishopric made such an important decision and how the Vatican approved of it? The recent opening of all the archives in Rome and Mexico allows us to understand this confusing and mysterious episode. The division was very deep between the Mexican bishops and inside the Roman Curia, but a small and radical minority was able to convince the Pope that there was unanimity in favor of the suspension. Some Mexican Jesuits were able to win that battle both in Mexico and in Rome.

Key words: Suspending worship, Jesuits, bishops, Curia, Pius xi

Comment fut prise la décision

de suspendre le culte au Mexique en 1926 ?

Résumé

Tous les historiens sont d´accord pour penser que la suspension du culte public, décidée par l´épiscopat mexicain en 1926, avec l´approbation de Rome, a mis le feu aux poudres et conduit au soulèvement des Cristeros. Comment fut prise une telle décision aux conséquences tragiques ? L´ouverture récente des fonds d´archives à Rome et au Mexique permet d’éclairer un épisode resté confus et mystérieux. L’unanimité manquait parmi les évêques et au sein de la Curie romaine, mais un petit groupe radical, essentiellement composé de jésuites mexicains actifs à Mexico et à Rome, réussit à convaincre le Pape du contraire. Leurs manœuvres aboutirent, contre l´opinion de nombreux évêques et du Secrétariat d´Etat Romain.

Mots clé : suspension du culte, jésuites, évêques, Curie, Pie xi

No, no digo nada extraño, no busco la paradoja

Ad Diogn, 10, 1

Algo por elucidar

odos los historiadores están de acuerdo, como lo estuvieron en su tiempo los mexicanos: la suspensión del culto público el 31 de julio de 1926 por parte de la Iglesia católica para protestar contra la ley Calles que entraba en vigor, llevó a su vez el gobierno a cerrar los templos para hacer los inventarios y a prohibir el culto privado. El resultado casi inmediato fue el gran levantamiento católico que pasó a la historia como “la Cristiada”. ¿Cómo propuso esto el episcopado mexicano? ¿Cómo aprobó la Santa Sede decisión tan grave? Cuando terminé de redactar, en 1971, mi tesis de doctorado sobre la Cristiada, no había podido consultar los archivos vaticanos y tampoco los del episcopado mexicano. La poca información que encontré estaba en los archivos diplomáticos franceses, en el archivo de don Miguel Palomar y Vizcarra, en el de la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, así como en el archivo de la Compañía de Jesús que estaba entonces en el seminario de Puente Grande, Jalisco.

¿Qué pude concluir en aquel entonces? Pensaba que la responsabilidad de tan grave decisión recaía sobre el episcopado mexicano en general y que Roma se había dejado llevar, a última hora y con mucha reticencia, a aprobar tal medida. En gran parte me dejé guiar por el diplomático francés Ernest Lagarde, hombre sagaz que mantenía excelentes relaciones tanto con el gobierno como con la Iglesia. Su famoso informe del 18 de septiembre de 1926 “à son Excellence, M. Aristide Briand, Paris” me permitía oponer a un episcopado intransigente y radical, una Roma que no compartía sus miras combativas. Llegué a hablar de “la línea de conciliación impuesta por Roma” y a decir que “Roma frenaba”.1 Anoté que monseñor Tito Crespi, encargado de la Delegación Apostólica después de la expulsión del delegado Giorgio Caruana, insistía vivamente a favor de una solución de conciliación, incluso después de la publicación, el 2 de julio de 1926, de la ley Calles en el Diario Oficial, y que para esa fecha, principios de julio, había una mayoría en el seno del episcopado favorable a la contemporización.2

Luego, citando a Lagarde, señalaba que en la tarde del 11 de julio hubo “un cambio completo de la situación” y que por primera vez los obispos pensaban en suspender el culto. En Roma, el cardenal Gasparri, secretario de Estado, “personalmente opuesto, incapaz de desaprobar, aunque advirtiese el grave peligro que había en parecer que no se tenía en cuenta la opinión de los obispos, no dejó, sin embargo, de buscar por medio de conversaciones directas, la posibilidad de un arreglo”.3 Lagarde organizó y participó en dicho intento.

Lo que escribí en las páginas 264 y 265 del mismo tomo, estaba apuntalado en las otras fuentes mencionadas:

Los directores de la Liga y sus consejeros jesuitas pensaban que era preciso mirar la realidad de frente. Era ciertamente el enfrentamiento; pero el Episcopado no se decidía. De acuerdo en resistir, los obispos dudaban en cuanto a la manera de resistir. Algunos temían que la suspensión del culto impulsara a los pueblos, ya muy agitados, a la violencia y a la desesperación […] Roma no sabía qué hacer y temía sobre todo imponer una solución a unos obispos divididos. Durante ese tiempo, se activaba la Liga con éxito, movilizando a los católicos en todo el país. Su resistencia impresionó a los [obispos] moderados […] Esto es lo que explica el endurecimiento de Mons. Díaz. Crespi; se quedó solo, y el 11 de julio el Comité Episcopal decidió suspender los cultos, si Roma daba su aprobación. Mons. Orozco […] era tan poco partidario de la suspensión de los cultos que fue preciso que el P. Méndez Medina, sj, fuera a Guadalajara para convencerlo de que diera su aprobación.4

Eso me lo contó el mismo jesuita, el 23 de mayo de 1967. No me dijo, o no me fijé, que estuvo recorriendo toda la república para convencer a los numerosos obispos reticentes.

El Comité Episcopal informaba a la Santa Sede que pedía su aprobación para “el único medio que cree eficaz, y que consiste en que, unidos todos los obispos, protesten contra ese decreto […] y suspender el culto público en toda la nación […]”. Roma tardó en contestar, hasta que el 23 de julio llegó el telegrama firmado por Gasparri: “s.s. condena ley a la vez que todo acto que pueda significar o ser interpretado por pueblo fiel como aceptación o reconocimiento de la ley. A tal norma debe acomodarse Episcopado México en su modo obrar de suerte que tenga la mayoría y si posible la uniformidad y dar ejemplo de concordia”. Concluía yo que había sido necesaria toda la energía de un Calles para unir a los obispos en la resistencia, esto temporalmente y jamás sin restricciones. En la indefinición del telegrama romano que no mencionaba la palabra “suspensión de los cultos”, creía adivinar que la Santa Sede, mal informada y dubitativa, se dejaba torcer el brazo por el episcopado mexicano. Y siempre pensé que si Roma no hubiese aprobado, implícitamente, la medida, el conflicto religioso hubiera tomado otro curso, sin esa terrible guerra de tres años, prolongada en los años 1930 por una interminable guerrilla.

Pasaron muchos años. Recientemente se abrieron todos los archivos. Trabajé en el riquísimo Archivo Histórico del Arzobispado de México. Carmen José Alejos Grau, el padre Juan González Morfín e Yves Solis me compartieron generosamente documentación consultada en el Archivo Secreto Vaticano y un artículo de Paolo Valvo que me convencieron de que era tiempo de volver a la pregunta de cómo se tomó la decisión fatal de julio de 1926; especialmente cuando leí lo que monseñor Tito Crespi escribía al superior suyo, monseñor Giorgio Caruana, el 5 de agosto de 1926:

Circa questa misura [la suspensión de los cultos] la cantata maggioranza [de obispos] è una turlupinatura stile mexicano […] è una truffa.5

Paolo Valvo, a quien debo de conocer ese documento muy importante, sostiene que “lejos de ser deseada por la mayoría del Episcopado mexicano, esa decisión crucial parece ser el resultado de una maniobra política llevada por un pequeño grupo de jesuitas radicales que fueron capaces de contornar la red diplomática de la Santa Sede para obtener el consenso directo de Pío xi en persona”.6 Al leerlo me acordé de lo que me había dicho el padre Alfredo Méndez Medina, sj, en 1967, y de la importancia de los jesuitas en las organizaciones católicas más importantes, movimientos de Acción Católica, tan caros a Pío xi, sindicalismo católico y, algo esencial, en la Liga, la cual llamaría a un levantamiento general en enero de 1927.

Cuarenta y seis documentos enumerados en anexo, que van del 25 de octubre de 1924 al 6 de agosto de 1928, permiten reconstruir la maniobra y situar a los protagonistas: se dividen en dos bandos, el de los “transigentes ultra modum”, que sus enemigos llamarían a partir de agosto de 1926, concretamente después de la entrevista entre el presidente Calles y los obispos Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz, “traditores”, “herejes”, “arreglistas”; el de los “intransigentes” que sus adversarios calificarían también de “integristas”, “radicales”, “partidarios del todo o nada”. Los primeros forman “el partido de la economía” (en palabras de monseñor Ignacio Valdespino, obispo de Aguascalientes) y los segundos el “partido jesuita” o “liguero”.7 La frontera entre los dos bandos era permeable y en medio se encontraban los indecisos que esperaban la decisión romana para acatarla sin discutir.

Un repaso de los acontecimientos

El 11 de enero de 1923, en presencia del delegado apostólico monseñor Ernesto Filippi, se puso la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete. El gobierno federal reaccionó con la expulsión del representante de la Santa Sede, por tratarse de una ceremonia religiosa fuera de los templos. Prudentemente el Vaticano manifestó una gran moderación, al grado de considerar que había sido una imprudencia por parte de la Iglesia mexicana; en octubre de 1924, la celebración en la ciudad de México de un Congreso Eucarístico Nacional, provocó una crisis semejante y la misma crítica romana; hay que saber que en el mismo momento el presidente Obregón había entablado contactos diplomáticos discretos con la Secretaría de Estado, de modo que el 25 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores, Aarón Sáenz, escribía al cardenal Gasparri que podía mandar un nuevo delegado apostólico, el cual tendría todas las garantías y no correría el riesgo de ser expulsado.

Pocas semanas después el nuevo presidente, Plutarco Elías Calles, cuya toma de posesión casi coincidió con la llegada de monseñor Cimino, el nuevo delegado apostólico, manifestó claramente que no iba a seguir esa línea; fue tan así que permitió el 21 de febrero de 1925 la creación violenta de una Iglesia Católica Apostólica Mexicana, una Iglesia cismática que, si bien no prosperó, asustó e indignó a los católicos mexicanos y preocupó a Roma. La primera consecuencia de lo que Álvaro Obregón no dudó en calificar de grave error, fue el surgimiento de la Liga en marzo; la segunda, la salida en mayo del descorazonado delegado Cimino. En la fundación de la Liga, varios jesuitas tuvieron una participación decisiva; era un viejo proyecto del padre Bernard Bergoend, sj, ahora acompañado de los padres Arnulfo Castro, asesor de la Confederación Nacional Católica del Trabajo, Mariano Cuevas, Leobardo Fernández, Carlos María de Heredia, Rafael Martínez del Campo, Ramón Martínez Silva y Alfredo Méndez Medina, director fundador del Secretariado Social. El obispo de Aguascalientes, Ignacio Valdespino, pudo escribir sin exagerar: “Los jesuitas han tomado una parte muy activa en la organización de la Liga, de la que puede decirse que ha sido el alma [de la lucha] […] La Liga es su misma creatura”.8

Un buen testimonio de la reacción del partido moderado es lo dicho por el arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores al arzobispo de Puebla, Pedro Vera y Zuria: “Lamento, indignación, tristeza y esperanza […] abrigo temores de que la chispa provoque incendio […] por los choques inevitables a que suelen dar lugar las pasiones populares. Pero mayor aún es el temor que me inspiran estos sucesos por la natural desconfianza que en el pueblo católico tienen que producir el no disfrutar de las garantías a que tiene derecho”.9 Un segundo testimonio es el del arzobispo de Antequera (Oaxaca), José Othón Núñez, quien escribía el 1 de abril de 1925 al arzobispo de México, el impetuoso José Mora y del Río, que convocaba a “una reunión de todos los obispos para uniformar nuestro criterio respecto a la conducta que debemos seguir en los actuales difíciles momentos. Si lo delicado de mi salud no me lo impide, iré a la reunión, para celebrar la cual es obvio suponer que se consideró maduramente el pro y el contra y que por consiguiente, se juzgó que producirá mayores bienes que los males de que puede ser pretexto; pues los enemigos, suspicaces y malignos […] dirán que se adoptaron resoluciones contrarias a ellos y lo que después de las juntas se haga por los católicos se atribuirá a los prelados, todo lo cual quizá empeoraría la situación angustiosa de la Iglesia en México. Ojalá que hubiese otro medio más expedito para el fin deseado”.10

Los diplomáticos romanos no pensaban de otra manera, si hemos de creer el comentario de monseñor Cimino a la carta colectiva publicado por el episcopado contra la Iglesia cismática: “mi impresión es que el tono de la carta aparece por una parte demasiado agresivo […] Si un solo obispo no estuviese conforme, entonces que nada se publique en forma colectiva”. Aludía al hecho de que la carta pastoral, presentada como colectiva, no lo era.11

Al final del año 1925, el novísimo y joven arzobispo de Durango José María González y Valencia, muy instruido, con temperamento de líder político, dominador, inquieto y el obispo de San Luis Potosí, Miguel de la Mora, valeroso e infatigable organizador, viajaron a Roma y entregaron al Papa una carta fechada a 12 de noviembre. Lo interesante es que la encíclica del 21 de febrero de 1926, “Paterna Sollicitudo Sane”, por la cual Pío xi manifestaba su preocupación inquieta por la Iglesia mexicana, se inspira en gran parte de dicha carta, y refleja la intransigencia que caracterizó siempre a monseñor González y Valencia. ¿Será exagerado deducir que el Papa tenía su línea propia sobre la cuestión mexicana? Lo que no se puede negar es que no coincide con la moderación constante de Pietro Gasparri, cardenal secretario de Estado, que tenía un contradictor en la persona del cardenal Boggiani, considerado como el especialista de México, por haber sido delegado apostólico en tiempos de Madero y hasta 1914; por cierto, sus informes de aquellos años eran bastante críticos para el clero y los fieles mexicanos, hasta con tintes racistas.

El año de 1926 empieza con la decisión tomada por el presidente Calles de reglamentar el artículo 130 de la Constitución; el 7 de enero pide poderes extraordinarios al Congreso para hacer aprobar su ley reglamentaria. 2 de febrero: encíclica sobre México; 4 de febrero: El Universal publica una declaración de monseñor Mora y del Río, “no reconoceremos y combatiremos los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución”. El presidente ordena en seguida la expulsión de los sacerdotes extranjeros, el cierre de los conventos, luego el cese de la enseñanza en escuelas confesionales. El día 23 de febrero, el intento oficial de cerrar, en la capital, el templo de la Sagrada Familia provoca un motín y la muerte de siete feligreses. Luego la decisión de los gobernadores de Colima y Michoacán de limitar el número de sacerdotes y de exigir su registro civil, conduce a la suspensión de los cultos en las dos diócesis.12

Una pausa antes del enfrentamiento

Ernest Lagarde, bien informado por el delegado apostólico, señala que el episcopado está profundamente dividido; califica el arzobispo de México, número 1 en la jerarquía, de “anciano decrépito, amigo de las intrigas políticas”, y Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla, Castellanos, obispo de Tulancingo, Lara y Torres, obispo de Tacámbaro, de “ligueros, exaltados e impulsivos”, como González y Valencia. Vera, de Puebla, Banegas de Querétaro, los hermanos Guízar, de Chihuahua y Veracruz, Fulcheri de Zamora, Uranga de Cuernavaca, Tritschler de Mérida: “moderados y conciliadores”, como

[…] el arzobispo de Morelia, monseñor Leopoldo Ruiz, teólogo notable, hombre enérgico y de una gran dignidad de vida; él y De la Mora, de San Luis Potosí, han hecho ambos de su diócesis y de su clero los mejores de México; Orozco de Guadalajara, batallador, ambicioso, irreflexivo, hostil a toda conciliación, hasta el punto de que Roma ha tenido que reprenderlo con frecuencia; [Pascual] Díaz [de Tabasco], jesuita, inteligente, ambicioso, intrigante, intolerante, que en las funciones de secretario del Comité Episcopal […] tiende a desempeñar un papel cada día más importante en los asuntos religiosos.13

A la distancia, el historiador puede apreciar positivamente el cuadro pintado por el diplomático francés, con una sola discrepancia: el juicio sobre el jesuita y obispo Pascual Díaz, cuyos cambios de línea necesitan un estudio serio. Hay que notar que Lagarde estaba fuertemente prevenido contra la Iglesia mexicana por sus informantes de la red diplomática vaticana. Lo que sigue pudo haber sido escrito por los delegados apostólicos sucesivos, en particular por los últimos, monseñor Caruana y su asistente monseñor Tito Crespi: “Celoso de su independencia [el clero] se resiente de todo control y tolera difícilmente la tutela de Roma […] una de las virtudes más vigorosas de la raza, en el Episcopado, es más viva aún y no hay historia más uniformemente dolorosa que la de los representantes de la Santa Sede en México […] No existe únicamente conflicto entre la Iglesia y el poder civil, sino también entre el clero local y la santa Sede”.14

Según Lagarde, y eso lo confirma el Archivo Secreto Vaticano,

El Vaticano deseaba el apaciguamiento […] se inclinaba a una política de contemporización, de arreglo tácito, que hubiera dejado subsistir intactos los textos incriminados, pero hubiese permitido, al no colocarse en el terreno de los principios, esperar que de hecho no fuesen aplicados.

Eso se logró, pero doce años después, a partir de 1938 y hasta la reforma constitucional de 1991:

A los obispos mexicanos que, en sus incesantes visitas ad limina apostolorum, fatigaban a la Secretaría de Estado con sus fulminantes anatemas […] aconsejaba la moderación y el apaciguamiento. Por todas esas razones la Curia lamentaba que el clero mexicano, liguero y batallador, en lugar de buscar junto con los poderes públicos un acomodo de hecho, se mantuviera en una hostilidad abierta.15

Más que de “el Vaticano”, era el punto de vista de la Secretaría de Estado, del cardenal Gasparri quien “resistió durante largo tiempo a los vehementes reproches de los dos prelados [monseñor González y Valencia y Miguel de la Mora en noviembre de 1925] que acogió con bastante buen talante […] Se inclinaba, y con él el cardenal de Lai, Mons. Borgongini-Duca y todos los miembros auxiliares de la Curia que conocían México, a la contemporización”.16 Pero Pío xi hizo más que recibir a los dos prelados “con bastante buen talante”, puesto que lo convencieron de elaborar la encíclica del 2 de febrero de 1926.

Al 15 de marzo de 1926, 202 sacerdotes extranjeros habían sido expulsados del país, 118 colegios católicos y 83 conventos cerrados; sin embargo, en muchos estados, obispos y gobernadores fueron capaces de llegar a un compromiso aceptable; en desorden alfabético: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Huajuapam de León (Oaxaca), Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, o sea 14 estados. Eso acabó de convencer al presidente Calles de que tenía que imponer a todos los estados la ley reglamentaria federal del artículo 130. A la vez que explicaba por qué era imposible conseguir la unanimidad entre los obispos: cada estado era un mundo, cada diócesis también.

El caso ejemplar de Michoacán

En Colima, la crisis que había empezado a fines de febrero con la limitación a veinte del número de sacerdotes y su obligatorio registro ante el gobierno, subió a los extremos con los siete muertos del 5 de abril, cuando la gigantesca manifestación católica fue dispersada a balazos; el 7 de abril el viejo obispo Amador Velasco suspendió el culto y no hubo compromiso posible. El caso de Michoacán es a la vez semejante y diferente. Semejante, porque a fines de febrero el Congreso local limitó el número de sacerdotes e impuso su registro, porque los católicos se movilizaron y se suspendió el culto el 18 de abril. Diferente, porque el gobernador ofreció una solución de compromiso que el arzobispo aceptó. El culto se reanudó el 15 de mayo.

Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores manejó el conflicto con prudencia y pedagogía para con su clero y los fieles, a quienes dirigió, a lo largo del conflicto, varias cartas e instrucciones, cinco entre el 18 de marzo y el 19 de mayo. Cuando suspendió los cultos, después de agotar todos los recursos, ordenó dejar los templos abiertos y confiados a los laicos, organizó la vida sacramental en casas privadas, elaboró la petición de reforma de la ley que firmaron decenas de miles de personas, prohibió toda violencia; incluso, en circular del 30 de abril, después del motín de Zitácuaro (26 de abril) que había causado la muerte de cuatro civiles y un oficial, pidió se suspendieran las manifestaciones pacíficas.

Cuando el gobernador le ofreció entregarle directamente para todos sus sacerdotes las tarjetas oficiales, en blanco para que él las llenara, aceptó, puso fin a la suspensión de los cultos y mandó, el 19 de mayo, una “instrucción reservada a los sacerdotes” para explicar su decisión. El 23 de mayo escribió al Papa, con copia a monseñor Pascual Díaz, secretario del Comité Episcopal. El 25 del mismo mes escribió en latín al cardenal Gasparri para decirle que su experiencia demostraba lo deseable que sería tener una regla común para todos los obispos: “uniformis ratio procedendi ac se gerendi in his difficultatibus quibus Episcopi Mexicani implicamur”. Y lo difícil para lograrla puesto que cada estado sigue una línea diferente.17

Monseñor Ruiz y Flores, el futuro delegado apostólico de 1919 a 1937, quien firmaría los “arreglos” de junio 1929 con el presidente Emilio Portes Gil, en compañía de monseñor Pascual Díaz, fue aprobado por los moderados y rudamente criticado por los intransigentes; así, el 4 de junio, monseñor José María González y Valencia plantea directamente al Papa nueve preguntas en latín: las 7 y 8 critican al “compromiso” michoacano porque crea un precedente peligroso de “transacciones tentare”.18 El arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, mandó a sus hermanos obispos unas “Observaciones sobre la reglamentación del culto que reverentemente expone el arzobispo de Guadalajara al Episcopado nacional”.19 A la pregunta de si se puede

[…] admitir la reglamentación [por el gobierno] en cualquier forma que se presente, en mi humilde concepto, yo digo que no podemos ni debemos admitirla […] Respeto cualquier opinión en contrario, pero como se busca […] lo que más convenga para salvar tal vez para siempre, los intereses capitales de la Iglesia, los cuales están en riesgo inminente y el honor del Episcopado mexicano […] admitir la reglamentación es admitir una autoridad extraña y esto es cismático.

Más adelante afirma que “la razón de que pueden venir males mayores en la intransigencia no vale, porque es mayor mal el escándalo que se produce con las capitulaciones con el gobierno”.

Así que el arzobispo de Morelia resultaba “cismático”, culpable de “capitulaciones” mientras que se exaltaba la “intransigencia”. Monseñor Ruiz y Flores contestó y el secretario del Comité Episcopal, Monseñor Pascual Díaz, mandó copia de su argumentación a los obispos el 18 de junio de1926:

La tolerancia de un mal no sanciona el mal mismo, ni mucho menos el principio en que se funda. Nuestra aceptación del acuerdo del gobernador no es pues el acatamiento de una ley justa, sino una pura tolerancia […] La licitud de la tolerancia de un mal proviene de la imposibilidad moral de evitarlo, y de los mayores malos que se evitan tolerándolo […] La suspensión provocará la clausura y confiscación de todos los templos y es ocasión de perjuicio espiritual de los fieles […] A cada prelado toca resolver en su caso, porque ni las leyes son idénticas, ni idénticas las circunstancias en cada lugar.20

Si el cardenal Pietro Gasparri estaba de acuerdo con la conducta del arzobispo de Morelia, parece que en Roma no todos pensaban lo mismo. Cuando el delegado Giorgio Caruana fue expulsado de México el 16 de mayo de 1926 —había llegado en marzo—, propuso a don Leopoldo Ruiz y Flores como sucesor; su moderación explica que el Papa creyera mejor que no se le nombrase. Pío xi esperó tres años para hacerlo, a la hora de los arreglos.21 Y cuando

[…] el Comité Episcopal decidió enviar a Roma un representante por medio del cual se informara a la Santa Sede del curso de los acontecimientos, en la junta del Comité en que se designó ese representante, el Sr. arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, pidió permiso para poner su veto al Sr. arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores, alegando que era demasiado condescendiente, opinión que él se formó sin duda por los acontecimientos de Morelia al darse la ley de limitación de sacerdotes por el gobernador General Ramírez en la cuaresma de 1926.22

Anteriormente, el 21 de abril, el episcopado había publicado una Pastoral colectiva muy firme, consignando el “non possumus” y pidiendo una urgente reforma de la Constitución. El gobierno contestó el 10 de mayo con la orden de expulsión del delegado apostólico, quien salió para La Habana, dejando la delegación en manos de monseñor Tito Crespi. Antes de salir, aconsejó crear un Comité Episcopal de cinco miembros: presidente, el arzobispo de México Mora y del Río, secretario monseñor Pascual Díaz, vicepresidente monseñor Ruiz y Flores, con dos consejeros, monseñor Orozco y Jiménez, monseñor Vera y Zuria. Dos radicales, Mora y del Río y Orozco, dos moderados, Ruiz y Flores y Vera, y el obispo jesuita por definirse, de quien Lagarde decía: “jesuita, inteligente, ambicioso, intrigante, intolerante”. Resultaría ser, con monseñor Ruiz y Flores, jefe de fila de los moderados y tolerantes, abominado de los “intransigentes” por lo mismo; los ligueros lo calificaron de “ex jesuita”.

El 2 de mayo el cardenal Gasparri contestó a una consulta del arzobispo de México sobre cuál conducta adoptar frente a las medidas gubernamentales:

Cattolici potrebbero firmare dichiarazioni qualora non sieno contrario diritti di Dio, ed evitaranne di dare información che potrebbero essere pericolosi ai Viscovi e ai sacerdoti. Perció

1) non e permesso ai Viscovi dare l´elenco dei sacerdoti.

2) i maestri non dovrebbero permettere di non dare intrusiones religiosa.

3) nob é loro permesso di adoptare testi del Governo quando questi sono “contra fidem”.

4) non é loro permesso di dichiarare di non appartenere a no’essun culto.

5) non possono permettere che ispettori intervenggne in scuole per esigere cuanto si propongono.23

El cardenal Gasparri, nombrado secretario de Estado en 1914, hombre de 74 años, había sido delegado en Perú, Bolivia, Ecuador; diplomático, jurista, papabile en 1914 y 1922, defendió siempre la línea moderada. Tenía como subsecretario al cardenal Giuseppe Pizzardo, una figura clave en la Curia romana. Su sobrino, monseñor Francesco Borgongini-Duca, era el secretario de Asuntos Extraordinarios, dependencia de la Secretaría Papal. Posiblemente bajo la influencia del cardenal Gasparri, el segundo mensaje del Papa a los obispos mexicanos (14 de junio) predicaba tanto la firmeza como la paciencia, pero la publicación del decreto reglamentario del artículo 130, el 2 de julio, en el Diario Oficial del gobierno federal, llevó Pío xi a manifestar su preocupación, vía el cardenal Gasparri.

Al pie del muro

El 14 de junio el presidente Calles había firmado la famosa ley que entraría en vigor el 31 de julio. El mismo día, el P. Rafael Martínez del Campo, sj, escribía a monseñor Francesco Borgongini-Duca y su colega Alfredo Méndez Medina, sj, escribía al padre general W. Ledóchowsky. El encargado de la delegación en México, monseñor Tito Crespi, denunció a su jefe monseñor Giorgio Caruana, “la intromisión preponderante de muchos jesuitas en los asuntos de las diócesis”. Habla de un “partido jesuita” al cual pertenece el obispo Pascual Díaz, sj, pasado del moderantismo al radicalismo.24 Aparentemente no sabía, en ese momento, que varios jesuitas habían logrado la entrega de un breve memorial al Papa, por conducto del obispo Vicente Castellanos y Núñez, de Tulancingo. Habían tomado un atajo para evitar el camino oficial y el filtro de la Secretaría de Estado.25

Por su lado, y en la misma línea, el 1 de julio, el arzobispo Mora y del Río, en su calidad de presidente del Comité Episcopal, y monseñor Pascual Díaz, secretario del Comité Episcopal, mandaron a Roma una carta “pro memoria” que afirmaba que “el único camino es la intransigencia absoluta y uniforme”, y pretendía que dieciocho obispos estaban ya de acuerdo: “y es casi seguro que es la opinión de todos”. Algo que realmente era por verse.

De hecho, los obispos estaban más y más divididos. A principios de julio, con la cuenta para atrás en marcha, el episcopado se declaró “en reunión permanente y secreta”, bajo dirección del Comité Episcopal, en realidad del arzobispo de México y de Pascual Díaz, los otros tres residían en provincia. Al principio, la mayoría de los obispos estaba claramente a favor de la moderación, según informaban Tito Crespi y Ernest Lagarde. Habían tomado abiertamente posición en contra de una suspensión de los cultos en toda la república: trece obispos, los de Aguascalientes, Cuernavaca, Chihuahua, Chiapas, Guadalajara, Guanajuato, Morelia, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Zamora. Vale la pena subrayar la presencia del intransigente Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, en dicho grupo. Mantuvo su oposición a la suspensión hasta el final con argumentos muy bien fundamentados. En el seno mismo del Comité Episcopal había una mayoría en contra, a la cual pertenecía monseñor Pascual Díaz.

En una nueva reunión, el 11 de julio, de cinco arzobispos y cuatro obispos, según el padre provincial Luis Vega, sj, se votó la intransigencia. La mayoría aprobó tres decisiones que aparecerían redactadas en la carta pastoral colectiva del 25 de julio: 1) no se admitía el registro de los sacerdotes ante el gobierno civil; 2) se suspenderían los cultos en todas las iglesias del país el día 1 de agosto, y 3) se informaría a la Santa Sede sobre esas resoluciones, con la provisión de que el silencio de Roma sería considerado como una aprobación implícita. Monseñor Orozco y Jiménez no había asistido a la reunión y el padre Alfredo Méndez Medina, sj, tuvo que ir a Guadalajara para convencerlo de inclinarse frente a la dizque “mayoría”.26

A la distancia, monseñor Leopoldo Ruiz y Flores apunta: “El Comité Episcopal estudió detenidamente el asunto, vio que no había más remedio que suspender el culto, consultó al Papa, por conducto de Mons. Caruana, Delegado Apostólico para México, expulsado del territorio y residente en La Habana: el Papa contestó que el Episcopado obrara como creía conveniente”. 27

El 12 de julio monseñor Tito Crespi informaba a monseñor Liberati Tosti, delegado apostólico en las Antillas, de la decisión tomada por un grupo de obispos y aconsejaba que Roma tomara tiempo antes de responder al Comité Episcopal. El 15 de julio, el cardenal Gasparri recibió un telegrama de monseñor Rafael Guízar que manifestaba su oposición a la suspensión (“Humildemente opino suspensión cultos en toda república es sumamente perjudicial”), y una consulta semejante de su hermano monseñor Antonio Guízar (Chihuahua) preguntando qué hacer con la obligación del registro de los sacerdotes, otra forma de no estar de acuerdo con la suspensión. El 18, el delegado en las Antillas mandó a Roma el mensaje del Comité Episcopal con ese telegrama: “Mayoría Episcopado Mexicano intenta cerrar iglesias 31 corriente al no poder ejercer el culto según canon entrando en vigor nueva ley 31 corriente. Episcopado pide aprobación s.s. Persona en cargo espera contestación Habana. Delegado será aquí esta semana”.28

Monseñor Tito Crespi hizo lo imposible para que la Santa Sede no diera contestación positiva a los mexicanos. Pasando por París, es decir utilizando los buenos oficios de Ernest Lagarde para escapar al espionaje del gobierno mexicano, mandó en francés el siguiente telegrama al cardenal Gasparri; reenviado por París a Roma el 19 de julio (la fecha es importante), dice lo siguiente:

Informé al Delegado Apostólico en La Habana que el Comité de Prelados revisó su postura inicial bajo la presión de un pequeño grupo y de jesuitas, y decidió suspender el culto para protestar contra el último Decreto; ausencia de respuesta por parte de la Santa Sede se considerará como la aprobación de esta medida.

Me permito informar Vuestra Eminencia que el Decreto fija la aplicación de las penalidades al 1° de Agosto […] que el gobierno está dispuesto a tomar medidas extremas, que los obispos no están todos de acuerdo […] Opino que es preferible antes de tomar tan grave decisión que los católicos esperen la reglamentación del artículo 130 o, mejor aún, el resultado de los trabajos que apuntan a una reforma de la constitución. El Encargado de Negocios de Francia [Ernest Lagarde] negocia amigablemente el asunto con el Secretario de gobernación y dice que aquél le asegura que el Gobierno y el Congreso tomarían en serio una petición legal de reforma. Me propone arreglar una entrevista con el Secretario de gobernación. Ruego V. E. hacerme saber si autoriza tal conversación.29

El cardenal autorizó la entrevista entre monseñor Tito Crespi y Adalberto Tejeda, en presencia de Ernest Lagarde, pero el 21 de julio, la Secretaría de Estado mandó el siguiente telegrama (repetido el 22 y el 25), al arzobispo de México, presidente del Comité Episcopal:

Ricevuto cifrato 10 Santa Sede condanna legge ed insieme ogni atto che possa significare od essere interpretato dal popolo fedele come accetazione o riconoscimento legge stessa. A tale norma tutto episcopado mexicano debe conformare sua azione in modo da ottenere la Maggiore possibile uniformità a dare ejemplo di concordia. Cardinal Gasparri.30

¿Cómo se logró una “mayoría”?

Dos años después, el 6 de agosto de 1928, en un “Memorándum estrictamente confidencial para el Padre Provincial Luis Vega, S.J.”, monseñor Pascual Díaz, sj, ya en calidad de intermediario oficial entre el delegado apostólico en Washington, monseñor Fumasoni-Biondi, encargado de los asuntos mexicanos, y el episcopado de México, empezaba así:

Acabo de saber que un miembro del Episcopado mexicano sostuvo hace cuatro o cinco días una conversación acerca de la cuestión religiosa en la que indudablemente sacó la peor parte la Compañía [de Jesús], no sólo porque se le puso la responsabilidad de lo que ha ocurrido y ocurre a nuestros hermanos, sino porque la persona con quien tuvo la conversación es persona de importancia y además poco aficionada a la misma Compañía.

El aspecto en que en la actualidad varios obispos, además del arriba mencionado, le ponen la culpa de la situación actual, es decir declaran que la suspensión de cultos la promovieron y sostuvieron los PP. Méndez Medina y Martínez del Campo; que los campeones de la lucha armada han sido los nuestros en Guadalajara, especialmente los dos citados y el P. Martínez Silva, en México, y varios de los nuestros en el Sur de los Estados Unidos.31

El “partido jesuita”, así bautizado por monseñor Tito Crespi en su mensaje a monseñor Giorgio Caruana, el 28 de junio de 1926, fue calificado de “partido liguero” por monseñor Ignacio Valdespino, moderado obispo de Aguascalientes, amigo y hombre de todas las confianzas de monseñor Pascual Díaz, sj. Varios jesuitas formaban la parte eclesiástica del “partido” que contó con el apoyo indefectible de tres obispos, José María González y Valencia, de Durango, Leopoldo Lara y Torres de Tacámbaro y José Manríquez y Zárate, el volcánico, incontrolable, irresponsable obispo de Huejutla.32 Al principio seguían la misma línea monseñor Emeterio Valverde, de León y Jenaro Méndez de Tehuantepec.

El grueso del contingente laico lo formaban la plana mayor de la Liga y los “muchachos”, ya no tan muchachos de la acjm. En la Liga, más importante que el anciano presidente Rafael Ceniceros y Villareal, Miguel Palomar y Vizcarra, el vicepresidente tapatío, antiguo diputado del Partido Católico Nacional, quien estaba muy ligado a los jesuitas del “partido”, en particular al grupo formado en Europa, compuesto del francés Bernard Bergoend, inspirador del Partido Católico Nacional en 1911 y fundador de la acjm en 1913; Arnulfo Castro, asesor de la cnct, Carlos María de Heredia, Rafael Martínez del Campo y Alfredo Méndez Medina. Al grupo pertenecía también el historiador Mariano Cuevas, sj, Rafael Martínez Silva, sj, consejero de la Liga, el padre Ocampo, sj, sub asistente eclesiástico de la acjm, el padre Jacobo Ramírez, sj, director de las congregaciones Marianas con el arzobispo de Durango; el padre provincial Luis Vega (1925-1931) y el subprovincial Carlos Mayer compartían su radicalismo intransigente, como muchos “hermanos”, quizá la mayoría, sin que se pueda decir cuántos de los 300 jesuitas mexicanos eran radicales y cuántos moderados. El obispo Pascual Díaz, secretario del Comité Episcopal, era jesuita como ellos y se ganó con el delegado apostólico y Ernest Lagarde la fama de oportunista por sus cambios de línea en 1926: moderado, luego intransigente en julio, moderado en agosto, y definitivamente moderado en 1927 y hasta su muerte. Hay otra explicación que el oportunismo. El hecho de ser jesuita y sometido a la presión de los “hermanos” explica mucho.

Hasta 1925, el provincial había sido el italiano Camillo Crivelli, un moderado que frenaba a los jesuitas radicales y apoyaba al delegado apostólico. En 1923, en un memorándum al padre general Ledóchowsky señaló la exageración nacionalista de aquéllos, en particular del padre Mariano Cuevas. Lo sustituyó el padre Luis Vega, sj, quien compartía discretamente el punto de vista de los intransigentes y los cubrió a lo largo del conflicto. El historiador jesuita José Gutiérrez Casillas reconoce que “cuando los católicos mexicanos no tuvieron otro recurso que recurrir a las armas […] ningún jesuita siguió este camino. Sin embargo, puede decirse que mediante las instituciones por ellos fundadas, parte de la responsabilidad de la oposición armada cayó sobre sus hombros. Como entre los laicos, entre los jesuitas había profunda división de criterios, y no formaban un frente único”. Menciona a la acjm y a la Liga como “asociaciones en las que tuvieron parte indirecta los jesuitas y a las que particularmente prestaron todo su apoyo […] Los fundadores de la Liga provenían en su mayor parte de asociaciones fundadas o sostenidas por los jesuitas […] En general, se puede decir que la inmensa mayoría de los jesuitas se inclinaba y apoyaba la defensa armada”.33

El Comité Episcopal, presidido por el arzobispo de México que simpatizaba con el “partido jesuita”, confió en 1926 misiones importantes a dos jesuitas; nombró al padre Rafael Martínez del Campo intermediario oficial entre el Comité Episcopal y la Liga. Monseñor Ignacio Valdespino comentó: “Tiene papel dominante el P. Martínez del Campo, sj, quien se cree trae de oreja a la Liga. Intenta arrastrar al Comité y poner a v.i.i. [monseñor Pascual Díaz] una riendita para que vaya al campo que del Campo quiere. El Hermano Mayor [monseñor Mora y del Río, arzobispo de México] es incontrolable, imprevisible, impolítico, errático pero más bien intransigente”.34

El papel del padre Martínez del Campo está confirmado en el memorial en latín que él mismo mandó al padre general, el 12 de septiembre de 1927, para reivindicar con orgullo su papel.35 El segundo nombramiento fue el del padre Alfredo Méndez Medina, quien recibió en junio de 1926 el encargo de visitar todos los obispos para recoger su opinión sobre la conducta por tener frente a la inminente aplicación de la ley Calles. Se trataba de un sondeo preliminar a cualquier toma de decisión. Paolo Valvo al analizar el cuestionario redactado por el padre Méndez Medina y presentado a los obispos, concluye que es “capcioso”; presenta implícita, pero inevitablemente la intransigencia como la única vía posible. Admite que la tolerancia a las medidas gubernamentales podría ser, en algunos casos, “lícita”, “decorosa”, “conveniente”, pero para afirmar que en el caso presente resultaría “peligrosa”, “escandalizaría al pueblo, a quien difícilmente se le haría comprender la licitud y conveniencia de dicha tolerancia […] dificultaría la posición de los Prelados que quisieran resistir resueltamente […] dividiría el criterio del Clero y daría lugar a que pierda la confianza en los Prelados”.36 Obviamente, la conclusión implícita es que moderación y tolerancia causarán puros desastres, y que la intransigencia, a saber la suspensión de los cultos, se impone como la línea que todos, sin excepción deben seguir. En esos mismos días de junio, hay que recordar que monseñor Orozco y monseñor González y Valencia atacaban rudamente al arzobispo de Morelia, Ruiz y Flores, culpable de “tolerancia”.

Informado por un padre Méndez Medina, orgulloso de haber convencido a monseñor Orozco, el arzobispo Mora y del Río escribió al Papa, el 1 de julio, que “los obispos ya interrogados, que hasta el momento son 18, optan por la intransigencia absoluta, y es casi seguro que es la opinión de todos”.37 Esa carta fue oportuna y directamente entregada al Papa por el obispo Vicente Castellanos de Tulancingo que se encontraba en Roma. Mientras tanto, por el más lento canal diplomático vaticano oficial, una carta de monseñor Ruiz y Flores era transmitida el 28 de junio por monseñor Crespi al delegado Caruana en La Habana: el padre Méndez Medina, sj, autorizado por el Comité Episcopal propone “a los obispos un cuestionario que me parece muy tendencioso porque está destinado a desaprobar lo que se hizo en Morelia, y con el cuestionario venía una comunicación de Mons. Orozco (la que cité más arriba) en la cual se aconsejaba la intransigencia absoluta. Sin embargo la única respuesta intransigente se reducía a la suya. He visto las respuestas de Puebla, Huajuapam de León, Monterrey, Cuernavaca, Querétaro y otras que no recuerdo, todas en el sentido de la tolerancia”.38

¡Qué contraste entre las dos cartas! ¿A quién creer, al arzobispo de México o al de Morelia? El primero dice 18 intransigentes (“y es casi seguro que es la opinión de todos”); el padre Martínez del Campo, sj, dice también 18 en su carta del 14 de junio a monseñor Borgongini-Duca. Interesante coincidencia aritmética. Se puede dudar de la información transmitida por el padre Méndez Medina, pero no de sus esfuerzos, exitosos en el caso de monseñor Orozco, para lograr una mayoría, por pequeña que fuese, a favor de la “intransigencia absoluta”. Después de la suspensión efectiva de los cultos, el 9 de agosto de 1926, el padre provincial Luis Vega reportó al padre general W. Ledóchowski que el padre Méndez Medina había convencido, uno por uno, a la mayoría de los obispos, los cuales estaban dispuestos a tolerar las nuevas disposiciones antes de su intervención; que había insistido siempre en la necesidad de la “uniformidad”. Luis Vega habla de la decisiva reunión episcopal del 11 de julio,39 la que se decidió a favor de la suspensión; dice que asistieron cinco arzobispos y cuatro obispos —un documento posterior (1928) de la Liga habla de once— y que, al principio, la mayoría estaba todavía inclinada hacia la sumisión. El provincial explica el cambio de la siguiente manera: “Para gloria de Dios creo que podemos decir que la situación actual de firmeza en que se encuentra la Iglesia mexicana y que ya está aprobada por la S. Sede, se debe a la Compañía”.40

Al final de esa junta se mandó al delegado en La Habana el documento para conseguir la aprobación de la Santa Sede; si bien el documento mencionaba como un hecho que la mayoría de los obispos estaba a favor de la suspensión, monseñor Díaz mandó copia a todos los prelados para conseguir su aprobación. Hasta ahora no se ha encontrado una lista nominativa, ni la cifra final de los que aprobaron. Es más, el 12 de julio, monseñor Tito Crespi telegrafió a La Habana:

Comité Episcopal cambió primera decisión como resultado intrigas pequeño grupo y de jesuitas que buscaba formar mayoría para cerrar templos República si Roma no contesta proposición antes fin mes. Oportuno indicar Obispos esperar instrucciones positivas Roma antes actuar.41

En seguida después de la suspensión de los cultos, el 5 de agosto, el mismo Tito Crespi, cuyo consejo no había sido escuchado en Roma, escribió con amargura:

Circa questa misura la cantata maggioranza è una turlupinatura stile mexicano. Avevo preparato un rapporto alla S. Sede circa questo fatto, ma lo ritenni anche perché una volta precipitate le cose è inútiles indignarci sul passato irrimediabile. Sta il fatto che la cantata maggioranza è una truffa […] Dopo la ultima decisiones le dirretive dell`episcoato dalle persone più prudenti sono passate agli elemento che finora erano stati considerati como impulsivi. Vedreme gli effeti Della nuova situazione che fa Molto trepidare.42

¿Cómo se tomó la decisión en Roma?

El 28 de junio, monseñor Tito Crespi advertía a su jefe monseñor Giorgio Caruana, en La Habana, que “la parte que desea una resistencia decisiva busca provocar nuevas instrucciones por parte de la Santa Sede”. En efecto, este era el sentido de las cartas mandadas directamente al Papa, por encima de la Secretaría de Estado, un Papa que había, en noviembre de 1925, prestado una benévola atención a lo dicho y escrito por el arzobispo de Durango González y Valencia.

El 18 de julio se reunió en Roma la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios convocada desde el día 11 para estudiar la cuestión mexicana; la sesión, suspendida al fin de la jornada, concluyó dos días después, el 20 de julio.43 Participaron, activamente o en silencio, los cardenales Bisleti, Tommaso Boggiani (delegado apostólico en México de 1912 a 1914), De Lai, un integrista en la línea de Pío x, Fruewirth, el secretario de Estado Gasparri, Merry del Val, ex secretario de Estado, responsable del Santo Oficio, muy reaccionario, y Sbarretti. No tomaron la palabra Fruewirth, Merry del Val y Sbarretti.

Se tomó como base de discusión los informes del delegado Caruana y las cartas de los prelados mexicanos Mora y del Río, González y Valencia, a favor de la intransigencia, de Ruiz y Flores, defendiendo la tolerancia. El primero en intervenir fue el cardenal De Lai para defender el compromiso acordado en Michoacán entre el gobernador y el arzobispo. Gasparri habló en el mismo sentido, precisando que había contestado por escrito a las críticas hechas por el arzobispo de Durango al de Morelia. De hecho, el secretario de Estado, fiel a su moderación habitual, hizo suya la postura de monseñor Ruiz y Flores, a la escala del país: “In questo senso non est illicitum nonnullas transactiones tentare”.

Tommaso Boggiani rechazó categóricamente las “transacciones”, después de presentar la situación jurídica mexicana desde las Leyes de Reforma hasta la ley Calles. Según él, monseñor Ruiz y Flores estaba totalmente equivocado y sería “un error gravísimo hacer concesiones que desaprobarían los buenos mexicanos”. El punto clave de su argumentación fue que había que conseguir una “conducta uniforme” por parte de los obispos, puesto que el único criterio válido era no someterse a una legislación vejatoria. Invocaba el antecedente de la Revolución Francesa para decir que la Iglesia mexicana debía seguir el ejemplo de la Iglesia de Francia: rechazar absolutamente la Ley, ejercer el culto de manera privada y si eso fuese imposible, “sufrir en Dios […] el pueblo mexicano es profundamente católico y estará encantado de sufrir por su fe y la libertad de la Iglesia”.

El cardenal de Lai le contestó que en teoría Boggiani tenía la razón, “pero la aplicación es otra cosa”, con los templos cerrados y el ministerio impedido, “el daño sería gravísimo”. Aconsejaba, “hic et nunc”, hacer como en Michoacán. Los cardenales Bisleti y Gasparri apoyaron la propuesta, lo que provocó Boggiani a pedir que el Papa en persona condenara la ley, como Pío x había condenado la ley francesa de 1905. Volvió a hablar de la Revolución Francesa, luego de la crisis francesa de 1905 (separación de la Iglesia y del Estado, cancelación del Concordato, ruptura de relaciones diplomáticas), algo que parece haber impresionado mucho a un Pío xi, sensible a la continuidad anticatólica de las revoluciones francesa, bolchevique (fue nuncio en Varsovia) y mexicana. El Papa levantó la sesión después de aprobar al cardenal Boggiani; tres de los cuatro cardenales que hablaron, lo hicieron a favor de la moderación, sólo uno propugnó la intransigencia, pero Pío xi habló en su sentido. “Roma locuta, causa finita”.

El 19 de julio llegó a la Santa Sede el telegrama en francés, reenviado desde París, en el cual monseñor Crespi denunciaba la maniobra ejecutada “bajo la presión de un pequeño grupo y de jesuitas” y aconsejaba esperar. No hay mención de dicho telegrama en el acta de las sesiones del 18 y del 20 de julio. Queda claro que todo estaba dicho a finales del 18, con la decisión del Papa a favor de la línea Boggiani. Gasparri preparó el texto del telegrama para el Comité Episcopal, pero el Papa lo corrigió personalmente.44 No cabe duda que, para esa fecha, Pío xi impuso su propia línea a la Secretaría de Estado, mientras que en 1924 y 1925, había sido la moderación de Gasparri la dominante. El Papa dio la victoria al “partido jesuita” de la Liga. Lo que no se sabe es si el ex delegado en México, monseñor Boggiani, tuvo contactos con dicho “partido” antes del 18 de julio; en noviembre de 1925 había recibido la visita del arzobispo de Durango, eso sí.

Monseñor Tito Crespi pudo escribir al delegado Giorgio Caruana, el 5 de agosto: “Los últimos acontecimientos me han dejado muy triste. Mi expulsión ha sido una liberación y no me duele en cuanto a mi persona. Lo que más me hace sufrir es la poca o ninguna sinceridad con la cual fueron tratados los últimos y decisivos asuntos. Con tales métodos no solamente se irá a la perdición, se perderá además todo lo que se conservaba en las antiguas derrotas, o sea el honor”.45

Dudas finales

La primera versión de la respuesta de la Santa Sede, redactada por Gasparri, reza así:

Santa Sede condanna legge come pure condanna qualunque atto che importi si apure implícitamente accettazione legge. Episcopato mexicano si regoli in conseguenza. È sommamente desiderabile azione concorde episcopado, ma i Vescovi non debbono essi stessi chiudere le chiese.

La segunda, corregida del puño y letra del Papa, es bastante diferente:

Santa Sede condanna legge ed insieme ogni atto que possa significare od essere interpretato da popolo fedele como accettazione o riconoscimento legge stessa. A tale norma tutto episcopado debe conformare sua azione in modo da ottenere la Maggiore possibile uniformità e dare esempio di concordia.

Que se puede traducir como: “Santa Sede condena la ley a la vez que todo acto que pueda significar o ser interpretado por el pueblo fiel como una aceptación de la ley misma. Los obispos deberán ajustarse a esta norma, procurando obrar con el consentimiento de la mayoría y, si es posible, de la unanimidad para dar ejemplo de concordia”.

Todos los obispos no simpatizaban con la suspensión de los cultos, pero todos, disciplinados, firmaron el decreto: ocho arzobispos y veintiocho obispos, “al tenor de la petición hecha por el cardenal Gasparri”. Vale la pena notar que en el telegrama romano no aparecen las palabras “suspensión de los cultos”, algo que me ha fascinado desde la primera vez que leí el texto. Sin embargo, fue suficiente para que la minoría intransigente logre la unanimidad deseada por Roma. El padre Juan González Morfín comunicó recientemente mi sentir a Paolo Valvo, quien contestó en mayo de 2015:

“Lo que afirma Meyer es formalmente correcto: en el telegrama del cardenal Gasparri de 21 de julio no se hace mención de la suspensión del culto público. Pero hay muchos indicios que muestran que el pontífice aprobaba la decisión tomada por la ‘mayoría’ del episcopado [cuando] el cardenal Boggiani habló explícitamente de ‘regresar al ejercicio privado del culto’ y Pío xi aprobó su postura intransigente contra la posición moderada de Gasparri.” El texto del telegrama es exactamente el mismo de la “provista” que fue escrita en el verbal a conclusión de la sesión de la aes y que citaba palabras textuales del cardenal Boggiani: “Sabemos que en la mañana del 21 de julio —antes de que el telegrama de respuesta fuese enviado a Cuba— el Papa recibió en privado al obispo de Tulancingo, monseñor Vicente Castellanos y Núñez, que había sido encargado por el Comité Episcopal de representar la posición del episcopado mexicano ante la Santa Sede y el Papa.” Según las cartas del Archivo Vaticano y del Archivo de los Jesuitas, este encuentro fue decisivo para convencer a Pío xi de las razones de los intransigentes.

Claramente el texto del telegrama es general e implícito, pero invita a los obispos mexicanos a hacer frente común y a no cumplir actos que puedan significar —o ser entendidos por el pueblo fiel— como una aprobación de las leyes impías. Yo creo que es difícil pensar que el Papa, enviando este telegrama, no haya pensado que los obispos iban a entender sus palabras en el sentido de la intransigencia, es decir, la suspensión del culto público.

Efectivamente, monseñor Vicente Castellanos, enviado a Roma en lugar de monseñor Ruiz y Flores, vetado por los intransigentes, se encontró con el Papa el 21 de julio, “en el buen lugar, en el buen momento”, en palabras del provincial Luis Vega, sj.46 La presencia de don Leopoldo Ruiz y Flores pudo haber cambiado el curso de los acontecimientos. Le tocaría a él y a Pascual Díaz, sj, asumir la responsabilidad de los “arreglos” de junio de 1929, después de una trágica guerra civil que pudo no tener lugar.

El “partido jesuita” había ganado, pero ésa no era sino la primera batalla. La segunda se libró a favor y en contra de la “defensa armada” a lo largo de los tres años de la Cristiada; la tercera en oponer intransigentes y moderados se dio antes de los “arreglos”, para impedirlos, y después de los “arreglos” para criticarlos. El “partido jesuita” no ganó la segunda y perdió la tercera batalla, porque el Papa acabó convenciéndose de que la suspensión de los cultos tenía que terminar cuanto antes y, una vez concluidos los “arreglos”, prohibió la lucha armada en defensa de la Iglesia.

Anexo

Lista de documentos por orden cronológico

Carta del secretario de Relaciones Exteriores de México, Aarón Sáenz, al cardenal Gasparri, 25 de octubre de 1924.

José Othón, arzobispo de Antequera a José Mora y del Río, arzobispo de México, 1 de abril de 1925, Archivo Histórico del Arzobispado de México (en adelante aham).

Dictamen del delegado apostólico sobre el documento colectivo del Episcopado, agosto de 1925, Affari Ecclesiastici Straordinari (Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, en adelante aes).

Carta de monseñor González y Valencia y monseñor Miguel de la Mora al Papa, 12 de noviembre de 1925, aes.

Encíclica Paterna Sollicitudo Sane, 2 de febrero de 1926, folleto, aes.

Sexta Pastoral de monseñor Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla, 10 de marzo de 1926, aham.

Instrucción pastoral a los católicos de la diócesis de Michoacán, 18 de marzo de 1926; Carta del arzobispo Ruiz y Flores a su clero, 22 de marzo y Segunda carta a los fieles; Circular a clero y fieles, 30 de abril; Instrucción reservada a los sacerdotes, 19 de mayo de 1926. (Michoacán). Los tres documentos son citados por Matthew Butler, Matthew, Popular Piety and Political Identity in Mexico´s Cristero Rebellion. Michoacán, 1927-1929, Nueva York, Oxford University Press, 2004.

Pastoral colectiva, “Non Possumus”, 21 de abril de 1926, folleto, aham.

El cardenal Gasparri contesta a la consulta del arzobispo de México, 2 de mayo de 1926.

Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores al Papa, 23 de mayo de 1926, aham.

El mismo al cardenal Gasparri, 24 de mayo de 1926, aham.

Monseñor González y Valencia al Papa, 4 de junio de 1926, aham.

Monseñor Orozco y Jiménez, Observaciones sobre la reglamentación del culto que reverentemente expresa al Episcopado nacional, 5 de junio de 1926, aham.

Monseñor Ruiz y Flores defiende su línea, carta a los obispos, 18 de junio de 1926, aham.

Breve memorial a la Curia de algunos Jesuitas y carta del padre Rafael Martínez del Campo, sj, a monseñor Francesco Borgongini-Duca, 14 de junio de 1926, aes.

Del P. A. Méndez Medina, sj, al padre general Ledóchowsky, 14 de junio de 1926, aes.

Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores a monseñor Tito Crespi, sin fecha (fines de junio), transmitido al delegado Caruana el 28 de junio, aham.

Monseñor Crespi a monseñor Giorgio Caruana, 28 de junio de 1926, aes.

Carta pro memoria de monseñor Mora y del Río al Papa, 1 de julio de 1926, aham.

Monseñor Crespi a monseñor Liberati Tosti, delegado apostólico en las Antillas, 12 de julio de 1926, aes.

Telegrama de monseñor Rafael Guízar al cardenal Gasparri, 15 de julio, aes.

Telegrama de monseñor Antonio Guízar al cardenal Gasparri, mismo día, aes.

Monseñor Tosti transmite por telegrama al cardenal Gasparri la decisión del Comité Episcopal, 18 de julio. Memorial en cuatro puntos del Comité Episcopal al Papa, aham.

Telegrama en francés de monseñor Crespi al cardenal Gasparri, 19 de julio aes.

Contestación de la Santa Sede a los obispos mexicanos, 23 de julio, aham, aes.

Pastoral colectiva anunciando la suspensión de los cultos, 25 de julio, folleto, aham.

monseñor Crespi al delegado Caruana, 5 de agosto de 1926, aes.

El provincial mexicano Luis Vega, sj, al padre general Ledóchowsky, 9 de agosto de 1926, aes.

Informe del Comité Episcopal al cardenal Gasparri, fin de agosto de 1926, aham.

Carta del mismo Comité Episcopal al cardenal Tommaso Boggiani, fin de agosto de 1926, aham.

Informe de Ernest Lagarde al ministro de Asuntos Exteriores de Francia, 18 de septiembre de 1926. 100 largas páginas mecanografiadas. Quai d’Orsay, París.

Memorial en latín del padre Rafael Martínez del Campo, sj, al padre general Ledóchowsky, 12 de septiembre de 1927, aes.

Carta de monseñor Pascual Díaz al provincial Luis Vega, sj, 6 de agosto de 1928, aham.

“Relación del obispo de Aguascalientes Mons. Valdespino sobre el conflicto religioso”; manuscrito mecanografiado incompleto (faltan las primeras 25 páginas) escrito cada día, en forma de diario. Termina a fines de 1927, aham.

Fecha de recepción: 4 de agosto de 2015

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2015

1 Meyer, Jean, La Cristiada, t. ii, México, Siglo xxi, 1973, p. 242.

2 Meyer, La Cristiada, p. 262.

3 Meyer, La Cristiada, p. 263, entrecomilladas, citas del informe de Lagarde.

4 Meyer, La Cristiada, pp. 264-265.

5 “Turlupinatura”, “entourloupette” en francés, jugarreta, mala jugada en español. “Truffa” significa engaño. Valvo, Paolo, “‘Una turlupinatura stile messicano’. La Santa Sede e la sospensione del culto pubblico in Messico (Iuglio 1926)”, en Quaderni di Storia, 78 (2013), p. 212.

6 Valvo, “Una turlupinatura stile messicano”, p. 195.

7 Archivo Histórico del Arzobispado de México (en adelante aham), Conflicto religioso, Obispos, caja v, Valdespino a Pascual Díaz, 29 de julio de 1927.

8 aham, “Relación del obispo de Aguascalientes sobre el conflicto religioso”, p. 21.

9 Vera y Zuria, Pedro, Cartas a mis seminaristas, Puebla, s.p.e, p. 159.

10 aham, Fondo José Mora y del Río, Correspondencia con los obispos de Oaxaca, 1905-1925.

11 aham, Conflicto religioso, C-G, Carta del arzobispo Mora y del Río al obispo Pascual Díaz, 18 de agosto de 1925, citando el “Dictamen del Delegado apostólico contra el documento colectivo del Episcopado Mexicano”.

12 Meyer, La Cristiada, pp. 248-253.

13 Lagarde, Ernest, “Informe al ministro de Relaciones Exteriores de Francia”, 18 de septiembre de 1926, pp. 36-37.

14 Lagarde, Ernest, “Informe al ministro de Relaciones Exteriores de Francia”, 18 de septiembre de 1926, pp. 8-9.

15 Lagarde, Ernest, “Informe al ministro de Relaciones Exteriores de Francia”, 18 de septiembre de 1926, pp. 15-18.

16 Lagarde, Ernest, “Informe al ministro de Relaciones Exteriores de Francia”, 18 de septiembre de 1926, p. 29.

17 aham, Conflicto religioso, Obispos, caja M-R, exp. Ruiz y Flores y exp. Pascual Díaz, “Hoja Dominical, semanario católico”, publicado en Morelia, núm. 31, domingo 25 de abril de 1926, pp. 2-3.

18 Puntos 7 y 8 citados por Valvo, “Una turlupinatura stile messicano”, p. 198.

19 aham, Conflicto religioso, Obispos, exp. Pascual Díaz.

20 aham, Conflicto religioso, Obispos, exp. Pascual Díaz.

21 Affari Ecclesiastici Straordinari (Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, en adelante aes), Messico, 1925-26, Pos 507-508 P.O. Fasc 31, comunicado por la Dra. Carmen José Alejos Grau.

22 aham, fondo Luis María Martínez, caja 26, exp. 1, Ruiz y Flores, Leopoldo, “Lo que yo sé del conflicto religioso en 1926 y su terminación en 1929”, p. 1.

23 aham, fondo José María Mora y del Río, caja 18, exp. 25.

24 aham, fondo arzobispo Pascual Díaz, copia de la carta del provincial jesuita Luis Vega al padre general Ledóchowsky, del 9 de agosto de 1928, transmitida por el padre general al obispo padre Díaz en su doble calidad de jesuita y secretario del Comité Episcopal.

25 aham, fondo arzobispo Pascual Díaz, carta del padre Luis Vega, sj, al padre general, 23 de septiembre de 1926; Valvo, Paolo, “La Santa Sede e la Cristiada (1926-1929)”, en Revue d’Histoire Ecclésiastique, 108, 3-4 (2013), p. 856.

26 Meyer, La Cristiada, pp. 265 y 358.

27 aham, fondo Luis María Martínez, caja 26, exp. 1, Ruiz y Flores, “Lo que yo sé del conflicto religioso”, pp. 1-2.

28 aes, Messico, 1925-1926 Pos. 507-508 P.O. Fasc 31, f. 19, Tosti a Gasparri, 18 de julio. Documento comunicado por Carmen José Alejos Grau.

29 aes, Messico, 1925-1926 Pos. 507-508 P.O. Fasc 31, f. 46.

30 aes, Messico, 1925-1926 Pos. 507-508 P.O. Fasc 31, ff. 20-23, minutas de respuesta al telegrama. Lo que sale al final en f. 20. Citado en español al principio del presente artículo.

31 aham, fondo Pascual Díaz, Memorándum de Pascual Díaz a Luis Vega, Nueva York, agosto 6 de 1928.

32 Para los tres obispos, aham, Conflicto religioso, Obispos; cada uno tiene su expediente con sus pastorales, cartas al Comité Episcopal y a Roma.

33 Gutiérrez Casillas, José, Jesuitas en México durante el siglo xx, México, Porrúa, 1972, pp.172-173.

34 aham, Ignacio Valdespino.

35 Memorial citado por Valvo, “Una turlupinatura stile messicano”, p. 203.

36 Valvo, “Una turlupinatura stile messicano”, pp. 204-207. Méndez Medina envió copia de su cuestionario al padre general el 14 de junio de 1926.

37 aes, Messico, pos. 509ª PO. Fasc. 35, ff. 81-82.

38 aham, Conflicto Religioso, fondo Pascual Díaz, copia de la carta sin fecha, para el secretario del Comité Episcopal. Entre los que no recuerda Ruiz y Flores están los obispos de Chiapas, Chihuahua, Querétaro, Veracruz, Yucatán que escribieron su inconformidad a lo largo del mes de julio.

39 Con mucha precisión Paolo Valvo demuestra que la junta, o bien tuvo lugar el 10 de julio, o que monseñor Díaz, secretario del Comité Episcopal puso una fecha anterior al documento.

40 Documento citado por Valvo, “Una turlupinatura stile messicano”, p. 208. Archivo de la Compañía de Jesús en Roma, Provincia Mexicana, Cartas, 1008, 1926, n. 13.

41 Documento del aes, citado por Valvo, “Una turlupinatura stile messicano”, p. 210.

42 Documento del aes comunicado por la Dra. Carmen José Alejos Grau, asv, Delegación Antillas, Crespi a Carana, 5 de agosto de 1926, ff. 22-23.

43 aes, Rapporti delle sessioni, 1926, n. 1292, stampa 1155, sin numeración de fojas. Documento comunicado por el Dr. Yves Solis y estupendamente analizado por Valvo, “Una turlupinatura stile messicano”, pp. 212-220.

44 Valvo, “Una turlupinatura stile messicano”, p. 220.

45 Documento trasmitido por la Dra. Carmen José Alejos Grau, aes, Messico, Pos. 509ª P.O. fasc. 35, f. 23.

46 Archivo de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, Luis Vega al padre general Ledóchowsky, 23 de septiembre de 1926.

Jean Meyer ∙ Centro de Investigación y Docencia Económicas

Correo electrónico: jean.meyer@cide.edu

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos ∙ Número 64 (julio-diciembre 2016)

ISSN: 1870-719X ∙ ISSN-e: 2007-963X

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos ∙ Número 64 ∙ julio-diciembre 2016 ∙ ISSN: 1870-719X ∙ ISSN-e: 2007-963X

T

El México callista y la Italia fascista, sus relaciones

Rogelio Josué Ramos Torres

Resumen

La relación bilateral México-Italia es en general un tema muy poco explorado. El trabajo propone, desde una óptica política, la reconstrucción histórica de las relaciones con México, bajo la influencia callista y su contraparte fascista italiana. Se busca poner de manifiesto la tónica y términos en que se dio la relación diplomática, los contactos comerciales y los que se dieron entre los particulares y los Estados. Se pone, sin embargo, particular énfasis al grado y tipo de intereses que el fascismo italiano generaba en los círculos del gobierno callista. La investigación está basada no únicamente en las relaciones diplomáticas oficiales, sino también en los testimonios de figuras políticas y partes militares, ambos mexicanos. De manera tangencial, el artículo tiene el cometido secundario de contribuir a la delimitación de la posible influencia que pudo haber llegado a tener el fascismo italiano sobre los regímenes de gobiernos mexicanos de aquel periodo.

Palabras clave: callismo, fascismo, relación diplomática, intereses, política

The “callista” Mexico, the fascist Italy

and their relationship

Abstract

The relationship between Mexico and Italy is in general a poorly explored issue. What this work proposes is, from a political perspective, the historical reconstruction of the relationship between the two countries, during the “callista” period in Mexico and its fascist counterpart in Italy. The purpose is to show the nature of this diplomatic relationship, as well as expose some of the business contacts and those between the individuals and the States. However, particular emphasis is put on the kind and intensity of the interests that the Mexican government had in Italian fascism. The study is based not only on formal diplomatic exchanges, but it also considers the testimonies of Mexican politicians and military reports. Indirectly, the article represents a contribution in clarifying the possible influence fascism could have had on Mexican political regimes during the given period.

Key words: callismo, fascism, diplomatic relationship, interests, politics

Le Mexique sous Calles

et l’Italie fasciste : leurs relations

Résumé

Les relations entre le Mexique et l’Italie sont peu connues. Ce travail propose d’un point de vue politique une reconstruction historique des relations entretenues par le Mexique sous Calles et l’Italie fasciste. L’article s’intéresse non seulement aux relations diplomatiques, mais aussi commerciales et aux liens qui unissaient personnes et Etats. La focale sera placée sur le degré et le type d’intérêts que le fascisme générait dans les milieux gouvernementaux callistes. Cette recherche se base non seulement sur les correspondances diplomatiques mais aussi sur des rapports militaires et des témoignages de figures politiques mexicaines. De manière tangentielle, cet article vise à délimiter de possibles influences du fascisme italien sur les gouvernements mexicains de la période.

Mots clé : callisme, fascisme, relations diplomatiques, intérêts, politique

El Jefe Máximo, por su política socialista y control

político de las masas era comparable a José Stalin

o a Benito Mussolini, pero ciertos hechos mostraban

que Calles sentía mayor afinidad con Roma que con Moscú.

Ezequiel Padilla

l fascismo italiano, pionero europeo de esa fórmula totalitaria compuesta, entre otros elementos, por un nacionalismo exacerbado, no circunscribió sus alcances ni sus proyectos dentro de los confines itálicos. Desde su conquista del poder, y con el mito de Roma corriendo entre los ejes ideológicos del fascismo, la agenda de Mussolini había adoptado una naturaleza imperial, lo que comportaba entre otras cosas la extensión de la influencia fascista hacia otras partes del mundo, entre ellas América Latina. Pero al mismo tiempo, el propio surgimiento de un modelo de organización social y política que confrontaba de forma directa al bolchevismo y de modo tangencial al liberalismo, sugería desde sus inicios que el fascismo no sería un tema exclusivamente europeo.

El régimen fascista italiano consideraba que en Latinoamérica tenía sobre los viejos colonizadores anglosajones y franceses, la ventaja de la afinidad religiosa, étnica y cultural. Latinoamérica representaba en lo general para el fascismo italiano la posibilidad de alternar las fuentes de abastecimiento de recursos naturales, y en menor grado, la posibilidad de tender lazos diplomáticos que le permitieran ganar influencia en la región, contribuyendo de este modo a la triangulación de sus relaciones de frente a potencias adyacentes a su ámbito territorial como Inglaterra o Francia.

Con el propósito de extender su esfera de influencia, el fascismo italiano se valió en algunos casos de las comunidades de italianos emigrados en América del Sur; es el caso de Brasil, Argentina y Perú, países en donde el fascismo tuvo a su vez un más grande impacto. Para los gobiernos de algunos de estos países Italia significaba a su vez la posibilidad de adquirir material de proveedores distintos a los de Estados Unidos, Francia o Inglaterra, países de los que prácticamente toda Latinoamérica no sólo dependía económicamente sino de los que también desconfiaba.1

El intensificarse de los contactos entre Italia y México, a partir de los años veinte del novecientos, debe ser por tanto entendido como parte de un complicado intento italiano de penetración continental, en búsqueda de simpatías políticas, pero sobre todo de contactos comerciales y de fuentes de abastecimiento material fuera de Europa.

Desde el lado mexicano, la relación reviste importancia, pues tiene lugar en un momento histórico de conformación estructural gubernamental. En este proceso, Italia representó a su vez uno de los varios modelos que las élites políticas mexicanas tomaron en cuenta, para darle forma al institucionalismo sobre el que se habría de montar el desarrollo nacional para los años venideros.

La relación México-Italia

El México de inicios del siglo xx era un caso particular en América Latina. La revolución y su aparatosa lucha armada lo habían cancelado temporalmente como meta para migrantes y empresarios de casi todo el mundo. Sin embargo, como enclave geopolítico, el país sí despertaba una cierta ambición para algunas potencias europeas, sobre todo por su colindancia con los Estados Unidos, lo que ya desde la primera guerra mundial lo presentaba como un enclave susceptible de influencia.2

En el caso de los italianos, México nunca fue en realidad meta de sus grandes olas migratorias, pero para los años veinte del novecientos, el italianismo había igualmente permeado hondo en algunos sectores de la sociedad mexicana. Para ese entonces muchas familias italianas se habían insertado exitosamente en las elites sociales. Entre los empresarios estaban, por ejemplo, los Lodigiani, que eran propietarios de la fábrica de chocolates “La Suiza”, en la ciudad de México; o los Cusi, terratenientes en Michoacán; entre los artistas destacaba Adolfo Ponzanelli, el escultor florentino que trabajó con Adamo Boari en la edificación de Bellas Artes, pero también había italianos dentro del activismo, como Tina Modotti, o entre la masonería, como Nanni Leone Castelli, e incluso dentro del ámbito atlético o deportivo como el esgrimista Rómulo Timperi, maestro de armas del político mexicano Alfonso Reyes.3 Y había también familias de italianos, que sin ser sus fortunas espectaculares ni tener una destacada presencia en las elites de la sociedad, habrían de dar a México una activa descendencia, profesional y políticamente hablando, como lo fue el caso del emprendedor piamontés Vincenzo Lombardo, quien legaría a la política mexicana un personaje lo mismo controvertido que determinante, es decir, su nieto Vicente Lombardo Toledano.4

La política y la diplomacia

Al México inmediato a la revolución le interesaba ciertamente ser reconocido diplomáticamente, pero Italia no figuraba entre sus mayores intereses. Sin embargo, el emerger del fascismo suscitó de inmediato una gran curiosidad en prácticamente todo el mundo y México no fue la excepción. El impacto del fascismo en este país repercutió al cabo de unos meses en la creación del Partido Fascista Mexicano en 1923, imitación discordante y lejana de su original.

La relación diplomática México-Italia en los años de la posrevolución, osciló entre el acercamiento comercial y el desencuentro político debido en parte a los violentos y continuos cambios de gobierno ocurridos en México luego de la caída de Huerta, y en parte también a la creciente animadversión entre los revolucionarios y la Iglesia católica. Estos altibajos llegaron a contaminar también las relaciones comerciales y entre privados, contribuyendo de este modo a crear un escenario de lejanía más que de proximidad.

En la primera mitad de los años veinte el acontecimiento más importante en la relación bilateral México-Italia, ocurrió en 1924 con la llegada a México de la misión propagandística de la Nave Italia a Veracruz, a cargo del embajador extraordinario Giovanni Giuriati, y que tocó el puerto mexicano como parte de una extensa gira por América Latina con el fin de llevar a cabo una amplia difusión de todo lo que la Italia de la época representaba, y que comprendía desde la cultura hasta su organización militar y naval, pasando por la producción artesanal, agrícola e industrial.5

Se trataba del lance más visible que llevó en esos años la Italia fascista para extender sus influencias a tierras trasatlánticas en búsqueda de simpatías políticas, puertos comerciales, contactos económicos y recursos naturales, tanto entre las poblaciones de migrantes italianos asentadas en los diferentes países del continente, como entre las sociedades oriundas.

Cabe hacer un paréntesis para mencionar, que en la acción propagandística y al lado de los rubros industrial y agrícola, la función ideológica del fascismo era una parte importante del proceso de neocolonización en tierras americanas. Por ello, el régimen fascista no escatimó auspiciar misiones culturales, académicas o científicas, con el objeto de demostrar lo que en el ideario fascista se consideraba la superioridad histórica de Roma en cuanto madre de la civilización latina.6

La primera de estas misiones se había llevado a cabo en mayo de 1923, cuando un grupo de profesores italianos propuso a Giovanni Gentile, entonces ministro de educación, una misión italiana universitaria a embarcarse en el verano de ese año con rumbo a Brasil, Argentina y Uruguay. La misión se compuso de diez profesores universitarios pertenecientes a las facultades de leyes, ingeniería y química de diferentes universidades en Italia. Ésta partió de Génova en el Duca de Aosta el 12 de septiembre de 1923, y llegó a Buenos Aires el 1 de octubre de ese año. La relación final de la visita habla de la gran acogida que prodigaron a la misión las autoridades políticas y académicas de las naciones visitadas, quienes a decir de Franco Vittorio Cremascoli, secretario general de la misión, no escatimaron en honores, atenciones, banquetes e invitaciones para con los visitantes italianos. En Argentina, la misión —nombrada por argentinos y uruguayos la “embajada de la juventud”— se entrevistó con el presidente Alvear, en Uruguay con el presidente Serrato, y en Brasil —donde se bautizó a la misión como “embajada de la Inteligencia”— con el presidente Pessoa; encuentros que reflejaron la importancia que le dieron los respectivos gobiernos a la visita de los italianos. Por su parte, a juicio de los impulsores de la misión, “magníficos terrenos y oportunidades se abrían para una próxima inmigración italiana”. Y aunque reconocían que Italia no era del todo bien conocida en aquellas tierras, en cambio sí se podía constatar, aseguraban, el respeto y la admiración que ésta levantaba en ámbitos universitarios e intelectuales de la América Latina.7

En el caso de la expedición de la Nave Italia, el 10 de septiembre de 1924, el capitán Carlo Grenet, notificaba mediante un reporte haber alcanzado el puerto de Veracruz el 24 de agosto a las ocho de la mañana, y en el mismo exponía sus quejas sobre las condiciones sanitarias del lugar, mismas que lo llevaron a prohibir todo suministro de agua que llegara de tierra, para lo que proveyó de cantimplora a todo aquel que debió bajar de la nave. Para aquel México Grenet ciertamente no tuvo las mejores palabras, su testimonio representa la impresión que una buena parte de los italianos —y europeos en general— de entonces tenían sobre este país:

El gobierno mexicano es de tendencias más bien bolcheviques, si de tendencias se puede hablar en un país donde los partidos son de carácter destacadamente personal, los intereses por el poder ligados a raterías y malversaciones, las revoluciones a la orden del día […]

Y continuaba el mismo Grenet más adelante en su reporte, hablando de las ventajas que ofrecía México:

De conversaciones tenidas con personalidades y periodistas,8 comprendí cuanta ignorancia había sobre las verdaderas condiciones de Italia y del fascismo, y como sería fácil, con propaganda inteligente, crear un estado de ánimo favorable a nosotros, dadas las innegables simpatías que el nombre de Italia despierta.9

Por lo demás Grenet se quejó también en su misiva del atraso de las estaciones de repetición mexicanas y su mal funcionamiento, calificando al Golfo como la peor zona para las radiocomunicaciones debido a las intensas descargas atmosféricas que ahí se verifican, lo que sin embargo compensaban las transmisiones provenientes de los Estados Unidos, que informaban, entre otras cosas, de las condiciones meteorológicas.10

A pesar de estas impresiones, para varios de los representantes políticos a bordo de la embarcación, la etapa mexicana del trayecto fue considerada, más allá de algunas dificultades logísticas,11 todo un éxito según lo escrito en un telegrama del embajador extraordinario Giovanni Giuriati.12

El éxito de la misión de la Nave Italia confirmaba también el hecho de que ya en noviembre de 1924, Eugenio Coselschi, futuro organizador de los fasci en el extranjero, solicitaba la autorización de Mussolini para llevar a cabo una nueva misión a América Latina, esta vez con la participación de profesores, estudiantes universitarios, profesionales, etcétera, con el objeto de “lograr una penetración cultural de más amplio alcance”.13

La expedición de la Nave Italia generó entusiasmo en los círculos oficiales mexicanos. Con motivo de la visita, notas, avisos e informes fueron girados por la Secretaría de Relaciones Exteriores a varias secretarías más, tales como Educación Pública, Guerra y Marina, de Industria, Comercio y Trabajo, a la Confederación Nacional de la Cámara de Comercio, entre otros. El propio Álvaro Obregón pronunció unas palabras de bienvenida a los visitantes en la capital, y en general, el gobierno mexicano recibió con grande simpatía la llegada de la embarcación, dispensando al representante italiano de su majestad —Giuriati— todas las facilidades y distinciones de que se le consideraba acreedor.

Los años posteriores inmediatos a la misión italiana de 1924, es decir, los primeros años del gobierno de Plutarco Elías Calles, la relación bilateral pareció bajar de intensidad. Esto se debió a la imagen negativa con que la prensa italiana retrataba al presidente mexicano y a su marcado anticatolicismo, pero también era consecuencia del mal concepto en que las organizaciones sindicales mexicanas autoproclamadas socialistas, aliadas de primera importancia del presidente, tenían al gobierno de Mussolini, y enemistarse con esos grupos era la última cosa que el régimen callista quería. Sin embargo, el gobierno permitiría en 1927, la creación del fascio mexicano, probablemente, como sugiere Savarino, porque lo consideraba un asunto exclusivo de la exigua población migrante italiana y no veía en él riesgo alguno. Así lo sugería también el hecho de que el gobierno callista llegara a incluir migrantes italianos dentro de algunos de sus proyectos de desarrollo. Fue el caso de las nuevas zonas irrigadas para las que en ocasiones se necesitaban colonizadores dispuestos a producir, tarea para la cual, a decir del propio Calles, además de los italianos, se privilegió la invitación a alemanes, polacos y húngaros.14

Si bien las misiones y la diplomacia del fascismo tenían como cometido el de tocar temas sociales, culturales y políticos que le permitieran ampliar su influencia, en el caso de México, particularmente atractivas para el régimen italiano fueron las posibilidades que ofrecía el acercamiento de carácter comercial y en materia de recursos naturales.

En septiembre de 1926, una propuesta llamó la atención de la Presidencia del Consejo de Ministros en Italia; ésta no llegaba a través de los tradicionales canales diplomáticos, en lugar de pasar por el Ministerio del Exterior, como era estilo, llegaba directamente a las oficinas centrales del régimen. La misiva la suscribía el abogado Joaquín Cándido Acevedo, a la sazón cónsul honorario de México en Sao Paolo, Brasil, y director de un periódico en esa misma ciudad. La iniciativa del cónsul proponía al gobierno de Italia la creación de una sociedad italosudamericana para agilizar el creciente comercio de mercancías entre estos dos polos. El asunto interesó sin duda a las autoridades italianas, quienes ordenaron investigar al interlocutor latinoamericano a través del Ministerio de Asuntos Extranjeros italiano y la policía brasileña. Finalmente, la desconfianza que el personaje le generaba al régimen italiano impidió la conclusión del proyecto.15

El gobierno de México tampoco menospreciaba los posibles intercambios y sociedades comerciales que esporádicamente pudieron surgir entre firmas mexicanas y la Italia fascista, pero fueron mayormente los novedosos sucesos en terreno político lo que le generaba curiosidad a los jerarcas del régimen. Ahora bien, es muy probable que en México, aun ya entrados en los años de Cárdenas —como escribió Arnaldo Córdova— pocos conocieran de bien a bien lo que sucedía en lo sociedad y en la política de Italia a partir del surgimiento del fascismo,16 pero también es cierto que el paulatino afirmarse de éste en Italia atrajo cada vez más el interés de la clase política mexicana, que se empeñó desde un inicio, como las de muchos otros lugares, dicho sea de paso, en explicarse su naturaleza. Esta curiosidad exigía una intensa labor de seguimiento y recolección de información por parte del personal diplomático, tarea que a partir de 1923 llevarían con menor o mayor grado de detalle y cuidado todos los diplomáticos mexicanos de primera línea despachados en Italia.17

Uno de los primeros informes de los que se tiene noticia, entre los recibidos por los órganos del ejecutivo federal en aquel periodo, lo es el reporte que el 31 de enero de 1926 escribía el consejero diplomático de Rafael Nieto:

Se le considera (al fascismo) como un movimiento de las derechas por tratarse de una “reacción” al comunismo y al bolchevismo. Se inició, no como una agrupación de individuos que sostienen un programa determinado, sino por la fuerza producida por la coalición de dos mentalidades y de dos espíritus opuestos; es un movimiento netamente italiano, que representa una corriente enteramente en la nueva historia mundial, pues no es conservador ni reaccionario, no es de las derechas ni tampoco es democracia. Es un movimiento que tiene diversos tiempos y diversos aspectos; es reaccionario y revolucionario, conservador y progresista, es la síntesis de todos los medios y de todas las funciones de todos los partidos políticos, que no sigue un plan definido sino que norma su conducta de acuerdo con las contingencias cotidianas, sin que por ello desconozca la propia ruta.18

Los años entre 1925 y 1928 fueron en general de una nutrida actividad informativa en los canales diplomáticos y algunos periodísticos cercanos al régimen mexicano. Los ministros de la embajada, o a su falta los consejeros y/o encargados de negocios en turno, se abocaron a la investigación y al estudio con el objeto de profundizar en informaciones, sistematizar, teorizar y allegarse de todo tipo de material útil para lograr una mejor visión del fenómeno del fascismo.

Como se ha mencionado, en ese mismo periodo y sobre todo gracias a la prensa —la religiosa, la laica y la oficialista— la imagen de México en Italia decayó notablemente debido a la feroz persecución que desató el callismo contra los católicos. Se habló entonces en Italia, como en muchas otras partes del mundo, de un Plutarco Elías Calles siniestro, tan radical como intransigente, con lazos con el Partido Laborista y con los sindicatos socialistas, ganándose así la difamadora —e inmerecida— etiqueta de bolchevique. Un par de ejemplos de este tipo de linchamiento periodístico lo constituyen los artículos Al di lá dei mari, de Piero Belli, y L’America Latina attraverso il mio occhio, de Manlio Miserocchi, en los que se pintaba a México como un país salvaje, sin instituciones consolidadas ni prensa honorable, e indefectiblemente marcado bajo el sello bolchevizante. Estos artículos, según lo publicó El Universal en una nota del 5 de mayo de 1926, fueron la causa de un incidente violento que hizo víctimas en Milán a dos funcionarios del consulado mexicano en esa ciudad.19

Al igual que la prensa católica, lo mismo hicieron muchos periódicos oficialistas a partir de 1928, cuando Mussolini iniciaba la fase de conciliación con las autoridades de la Iglesia romana, preámbulo de los pactos de Letrán. Al fascismo mediático, el conflicto mexicano le sirvió como un medio más para acercarse a la jerarquía católica a través de invectivas contra el gobierno callista, mostrando así una actitud solidaria y moderada.

Por ese tipo de críticas y en los mismos años, el gobierno de México protestó ante el gobierno de Italia a través de su agregado militar, el teniente coronel Vicente Peralta, por motivo de la presentación de la obra “La Porpora del Re”, de un tal Abramo Massima, en la que se criticaba nuevamente al gobierno de Calles con motivo de la persecución religiosa.20

No obstante, los golpes de la prensa y su repercusión en la relación bilateral, el gobierno de México no dejó de seguir estudiando al fascismo italiano. En junio de 1928, a la vigilia de las elecciones, cuando era inminente el triunfo de Álvaro Obregón, Luis Rubalcava, representante ad ínterin de México en Italia, sondeaba de cerca el conducirse del fascismo frente a la Iglesia católica, probablemente ya también como parte de la búsqueda de una solución obregonista al conflicto religioso mexicano. En sus comunicaciones, Rubalcava enviaba recortes de periódicos que según su opinión reflejaban dos actitudes del fascismo: la primera mostraba la intención de este último para congraciarse con el Vaticano, y la segunda acerca del desdén del Vaticano frente a los avances del fascismo.21

En general, 1928 fue un año en que la información política de los diplomáticos mexicanos en Italia fluyó de manera constante. Los partes diplomáticos reportaban los mayores adelantos del fascismo, pero también incluían traducciones de los más importantes discursos de Mussolini, como el que dio en el Congreso Industrial Italiano de Roma en julio de 1928; noticias relevantes sobre el gobierno italiano, como la crisis ministerial, también de julio de 1928 y que llevó a la dimisión de casi todos los ministros que fueron consiguientemente reemplazados por adeptos incondicionales del fascismo; o la discusión en Palazzo Chigi, en octubre de ese mismo año para la constitucionalización del Gran Consejo Fascista, llevando adjunto el reglamento aprobado y que regulaba la relación partido-Estado; o incluso traducciones de artículos periodísticos de carácter propagandístico como el titulado “El fascismo en marcha a los ojos del mundo”.22

Para finales de los años veinte, el fascismo ensanchaba su presencia y dinamismo en Europa y fuera de ella. Entre 1928 y 1929 se crearon setenta nuevos consulados, se nombraron ciento veinte cónsules fascistas y se dictó un nuevo estatuto para los fasci del exterior.23 El régimen italiano endurecía así el control sobre sus representaciones, toda actuación diplomática debería contribuir al enaltecimiento del fascismo como fuerza rectora de la nación.

El gobierno callista de México, autoproclamado al igual que el fascista de Mussolini, como “renovador”; estaba, a semejanza de su par italiano, empeñado en reconstruir las instituciones públicas después de la violenta sacudida revolucionaria. Por ello, ejemplos y modelos en materia de administración y de políticas públicas de otras partes del mundo servían muchas veces de patrón para la creación y/o transformación de estructuras gubernamentales envejecidas y obsoletas. La Secretaría de Relaciones Exteriores turnaba permanentemente los partes diplomáticos que recibía de sus embajadas a las diferentes secretarías según fuera el argumento. De esta manera los informes de la representación mexicana en Italia fueron reenviados a las direcciones generales de las secretarías de Hacienda, de Agricultura y Fomento, de Pensiones Civiles de Retiro, de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, de Guerra, de la Universidad Nacional, etcétera. Y no eran pocos los titulares de esas dependencias quienes respondían a estos informes pidiendo a su vez que se abundara en temas de interés precisos.

En esta dinámica, la embajada de México en Italia recibía a menudo solicitudes de información respectiva a leyes, estadísticas, estructuras institucionales, políticas públicas, normatividad y demás documentación similar que permitía observar el funcionamiento de los mecanismos estatales italianos en diferentes áreas y materias. Los ejemplos son numerosos, uno de ellos lo constituyen las solicitudes que en octubre de 1930 la Dirección General de Pensiones Civiles dirigió a la embajada de México en Italia a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que le fueran enviadas legislación, publicaciones y estadísticas acerca de las pensiones civiles en aquel país. Esta petición, como muchas otras, fue atendida de primera mano por el entonces ministro Ezequiel Padilla, que en diciembre de ese mismo año hizo llegar a la Dirección de Pensiones un paquete de documentación con folletos sobre legislación diversa en materia de pensiones: seguro obligatorio contra el desempleo involuntario; seguro obligatorio contra la tuberculosis; disposiciones sobre la Casa Nacional de la Maternidad y para la tutela de las obreras y empleadas durante la gravidez y el puerperio; seguro obligatorio para la invalidez y la vejez, legislación sobre las pensiones civiles y militares y, finalmente, informe de actividades del año 1929 de “La Caja Nacional de Seguros Sociales de Italia”. Toda esa documentación fue recibida por el que fuera —desde 1925— el primer director general de Pensiones Civiles para el retiro de México, Maximiliano M. Chabert.24

En aquel proceso de reinvención institucional, no era tampoco raro que miembros de la clase política mexicana en viaje por Europa, ya fuera por motivos recreativos —como el del general Arnulfo Gómez en 192525— u oficial, como el de Abelardo Rodríguez, que en los primeros meses de 1930 recorrió Palestina, Constantinopla, Egipto, Grecia, Italia y España, se dirigieran personalmente a Elías Calles para comunicarle los pormenores de su periplo,26 informándole y dando sus impresiones sobre la política y sociedades que tenían oportunidad de observar.

Tal fue también el caso de Marte R. Gómez, quien en julio de 1930 en misión oficial por Europa, visitó la legación mexicana en Roma y en agosto de ese mismo año, desde París, remitió también directamente al ex presidente Calles un informe bastante detallado sobre la génesis, naturaleza y obras del fascismo, así como la personalidad de su líder. El político tamaulipeco confesó que al llegar a Italia, estaba “lleno de prejuicios en contra del fascismo”, pero tras su primer contacto con éste, poco después de penetrar en el país desde Francia, cambió repentinamente su visión. 27

A menudo los mismos diplomáticos, por iniciativa propia enviaron propuestas que a su juicio podían ser aplicables en México, bajo el fundamento de su eventual utilidad o beneficios. Muestra de ello es, entre otras, la misiva número 952, del 26 de diciembre de 1931, enviada por Ezequiel Padilla a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la cual acompañaba la fundamentación de una sugerencia para la adopción de un sistema de promoción turística que siguiera la imagen del implementado en Italia. El ministro Padilla proponía la creación de “zonas completas de atracción, en vez de lugares aislados”, y hacer del Distrito Federal, con Coyoacán, San Ángel, Xochimilco y Pirámides incluidos; o bien de la región de los lagos en Michoacán, zonas turísticas al estilo de la Partenopea en el sur de Italia. Y explicaba los mecanismos de funcionamiento y estrategias de publicidad turística que el régimen italiano operaba, proponiéndolos como modelo para México.28

En la primavera de 1931 pasó por Roma otro visitante distinguido: el ex presidente de México y ex dirigente del Partido Nacional Revolucionario (pnr), Emilio Portes Gil, quien se dirigía a París para encargarse de la legación en Francia en sustitución de Alberto J. Pani. En Roma, Portes Gil se entrevistó con el ministro Ezequiel Padilla y aprovechó para observar de cerca el fascismo italiano. En abril de ese año Portes Gil envió a Elías Calles una nota fechada el día 3, que ilustra por sí sola el interés oficial por las creaciones que había echado a andar el fascismo en Italia, al encontrarlas afines a los objetivos de algunas instituciones nacionales, tales como el partido oficial:

Muy estimado general y fino amigo: Hoy he hecho el envío al general Cárdenas [presidente a la época, del pnr] de dos folletos que se refieren a la organización de una institución que aquí existe y que se denomina “Dopolavoro”, siendo el organismo de acción del Partido Fascista. Tal institución desarrolla funciones muy importantes en los aspectos educativo, de cultura popular, artística, física y asistencia social y humanitaria. La labor que desarrolla esta institución no difiere mucho de la que lleva a cabo el Partido Nacional Revolucionario, pero dichos folletos contienen datos muy importantes que creo podrán ser de gran utilidad. Estoy documentándome con mayores detalles sobre estas actividades y que igualmente tendré el gusto de enviarle al general Cárdenas la documentación respectiva. Con mis más afectuosos saludos, soy de usted como siempre su amigo y seguro servidor. Emilio P. Gil.29

El gobierno de Italia por su parte no se interesaba en grado equiparable en México, al menos no en el aspecto político, pero en ocasiones la información también viajó en sentido opuesto. En abril de 1932, por ejemplo, en el ámbito de la difusión universal de su colosal obra de organización juvenil, la legación de Italia en México, a través de su representante, Gianfranco Viganotti Giusti, solicitó a Relaciones Exteriores todas las disposiciones legales en materia de educación física y juvenil, y le extendió adjunto un cuestionario a la Secretaría de Educación Pública para que ésta hiciera favor de responderlo.30

En diferente episodio, el mes de abril de 1932, la legación de Italia en México le dirigió a Manuel Téllez, entonces titular de Relaciones Exteriores, un oficio mediante el cual le solicitaba entregase al “Ministro del Interno” —refiriéndose al secretario de Gobernación— los ejemplares que el gobierno mexicano había solicitado a su par italiano del Código Penal y de Procedimientos Penales, así como un ejemplar del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Seguridad Pública.31

Pero si bien Italia no concedía a México el mismo nivel de importancia en temas de política, gobierno o sociedad, sí lo llegó a hacer en aspectos comerciales. En el tema de los recursos naturales México representaba, en concreto para los fascistas, la posibilidad de tener un abastecimiento alterno, particularmente de petróleo. La Italia mussoliniana carente del mineral en su propio territorio siempre estuvo atenta a cualquier oportunidad de hacerse del preciado recurso. Éste era quizá el único plano en el que México despertaba un real o más grande interés para Italia, después de todo no era casualidad que para los años veinte, dos de las representaciones consulares italianas se ubicaran una en Tamaulipas y otra en Veracruz, estados que a la época poseían ya dos de los mayores desarrollos petrolíferos mexicanos. El interés comercial de Italia generaba una relación conveniente para ambos hemisferios, pues México adolecía a su vez de compradores a gran escala que le permitieran arrancar una parte del control petrolífero a las compañías americanas.

Fue así que en mayo de 1932, interesado tanto en la explotación petrolera como en encontrar nuevos destinos de colonización para los migrantes italianos, lo que podría redundar en un crecimiento de su influencia, el Ministerio del Exterior fascista sondeaba la situación laboral en Tamaulipas, la cual, de acuerdo a lo que respondía el reporte de la representación consular, se encontraba atravesando uno de sus peores momentos debido en buena parte a la lucha político electoral a desarrollarse en la entidad el mes de julio siguiente. En el mismo reporte se hablaba de que la oportunidad de trabajo para los extranjeros en México era cada vez más difícil a causa de la nueva Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 9 obligaba a los patrones a contratar en no menos del 90 por ciento la primera vez que el fascismo italiano fijaba su atención en México buscando abastecimiento petrolífero. Ya en 1931 Leona Patroni Griffi, una viuda italiana caída en bancarrota, había ofrecido a su gobierno la venta de una extensión de tierra heredada de su marido en Ciudad del Carmen, Campeche, conocida como Santa Cruz de Cárdenas. La oferta interesó mucho a las altas esferas del gobierno italiano, pues según lo dicho por la oferente, los de la región se presumían terrenos aptos para la extracción de petróleo. La Presidencia del Consejo de Ministros pidió entonces al Ministerio de Asuntos Exteriores investigar el asunto y emitir su parecer. Asuntos Exteriores pidió a su vez a los agentes consulares en México que investigaran la cuestión por su cuenta.32 El negocio demoró un par de años, debido también a la lentitud de las vías de comunicación. En el proceso de investigación, en octubre de 1933 y previniendo la conclusión de las tratativas en sentido favorable para Italia, la legación de ésta pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores le remitiera copias de la legislación existente en materia de explotación de terrenos petrolíferos, así como la existente en materia de crédito agrícola, solicitudes que atendieron la Secretaría de la Economía Nacional y el Departamento Agrario, respectivamente, respondiendo la primera en noviembre de ese mismo año y la segunda, con lujo de dilación, en enero de 1934, proporcionando ambas los documentos requeridos.33 Al final, después de diversos acercamientos con la señora Griffi y exhaustivas investigaciones por parte de los agentes consulares italianos en México, éstos desalentaron la compra de los terrenos, pues se descubrió entre otras cosas que sobre ellos pesaban enormes gravámenes que habrían elevado los costos de manera tal que, de adquirirse, el negocio terminaría por ser muy poco conveniente para el gobierno italiano.34

El intensificarse de los intereses de Italia por los recursos de México, obedecía también a otro hecho. A partir de julio de 1932, fecha en que Mussolini toma en sus manos la cartera del Ministerio de Asuntos Extranjeros, Roma emprendió una más agresiva política expansionista y colonizadora. En este propósito, Mussolini se valió de España como vía para acrecentar las relaciones económicas y culturales con América Latina, la cual tenía una creciente importancia para el dictador, por ser al mismo tiempo refugio para la migración italiana y mercado para la cada vez más grande industria productora italiana. En consecuencia, Italia abrió entonces nuevos consulados en Estados Unidos, México y Brasil. Y con ayuda de capital británico, tendió además cables submarinos propios.35

En correspondencia, en noviembre del mismo año, la legación mexicana en Italia informaba a la Secretaría de Hacienda sobre los diversos avances que reportaba el fascismo en el tema económico.36 Precedentemente, en septiembre de ese mismo año, la legación italiana había enviado en forma propagandística al secretario de Gobernación una copia de un volumen de los “Actos parlamentarios, discusiones” de la Cámara de Senadores de Italia, acompañados de su respectiva traducción.37

Entre los informantes mexicanos hubo quienes sin dejar de acusar al fascismo de ser un régimen impositivo y autoritario, reconocían en Mussolini el elemento necesario de un sistema político organizado en torno a la figura del líder como nodo central de la acción. Uno de éstos fue Octavio Reyes Spíndola, diplomático mexicano que en noviembre de 1932 envió en su informe político una relación en la que hace diversos cuestionamientos al fascismo italiano, mismo que, a su parecer, no podía existir realmente sin la figura central de Mussolini. A este último le reconoce, sin embargo, su obra de disciplina y organización de Italia como un ejemplo digno de imitarse gracias al dinamismo y a la genialidad de su líder.38 Y antes de que terminara aquel año, el mismo Spíndola envió mediante reporte confidencial a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe de la célebre y simbólica visita del jefe del gobierno italiano al Papa.39

Las campañas publicitarias impulsadas desde el poder, que cubrían de espectacularidad las empresas del Duce, rindieron entre sus dividendos, el de elevar a Italia, a ojos del mundo, al nivel de otras potencias. Así lo percibía en México Ezequiel Padilla, quien en un discurso del año 1932, pronunciado ante la xxxv Legislatura Federal, en el marco de la creación de la Secretaría de la Economía Nacional, el destacado orador guerrerense hacía un encomiástico recuento de las prácticas económicas de Estados Unidos, Rusia e Italia como principales centros irradiadores de ideología en el mundo. Ahí, Padilla se refirió al fascismo italiano como el formidable ejemplo de lo que significaba en la vida moderna la construcción económica sobre principios claramente definidos. El fascismo italiano, dijo, a diferencia de Rusia y Estados Unidos, busca el equilibrio, la coherencia, la cooperación de las clases. He allí su premisa fundamental.

El sistema Fascista —dijo— descansa fundamentalmente en el sistema de las corporaciones, y las corporaciones son un conglomerado de sindicatos; allí no preocupa la libertad individual; es necesario encontrar el órgano en donde todas las clases de la producción se coordinen, y se ha hecho obligando al sindicalismo de toda la Italia, de todas las fuerzas económicas, y al mismo tiempo a la coordinación de los sindicatos pertenecientes a una línea de actividades, en una corporación, que es la que juzga todos los conflictos, que es la que resuelve todos los encuentros y todos los choques entre los distintos sindicatos. Allí el trabajador no está abandonado, y en esto es necesario en gran parte combatir prejuicios. En la corporación fascista el trabajador no está aislado; en la corporación fascista el contrato colectivo que representa la conquista máxima práctica dentro de la lucha de clases, porque ya no es el hombre abandonado y solo con su debilidad, sino que ya obra solidarizado en un sindicato que tiene personalidad y fuerza, es una conquista definitiva; la corporación, como digo, coordina todos los sindicatos; de la corporación se asciende a un Consejo de Corporaciones y por último se llega al Ministerio de las Corporaciones que es el eje del Gobierno Fascista.40

Episodios como el anterior ilustran la persistencia con la que se mantuvo el tema corporativista en México, tanto en los informes diplomáticos como en la mesa de los políticos, quienes aun concluido oficialmente el periodo de gobierno de Elías Calles, continuaron observando el fascismo en cuanto modelo de organización política y de masas, siguiendo con particular atención el sistema de las corporaciones.

Otro tema recurrente en muchos de los jefes del régimen mexicano, lo fue el de las estructuras internas del Partido Fascista —no hay que olvidar que eran los años en que se pulía aún la incipiente estructura del pnr en México— con sus vertientes juveniles afiliadas a la Opera Nazionale Balilla y más tarde a la Gioventú Italiana del Littorio.41

Para conocer y estudiar aquel tipo de modelos se aprovecharon todas las invitaciones a eventos, lo que no era muy complicado, pues el gobierno de Italia, por su parte, no dejaba de lanzar proyectos para exhibir al mundo la renovación de la que se decía portador. El 3 de mayo de 1933 por ejemplo, la legación de Italia comunicó a Relaciones Exteriores una invitación dirigida a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Confederación Nacional de Estudiantes, para participar tanto en los Juegos Universitarios Internacionales de Turín, como en la Confédération Internationale des étudiants a llevarse a cabo en Venecia.42 En el mismo mes, el ministro de la legación de Italia en México, le remitió al secretario de Relaciones Exteriores, Puig Cassauranc, dos ejemplares de una muestra gímnico-atlética de los dopolavoristi. De esas copias, una estaba destinada al presidente de la República —Abelardo Rodríguez— por haberle manifestado al ministro italiano, el día de la presentación de las cartas credenciales, su “alto interés por la Opera Nazionale Dopolavoro”. Y en efecto, el 4 de julio de 1933, la oficina de la presidencia de la República, a través del secretario particular, acusaba de recibo, mencionando además que el folleto de referencia “ha sido ya remitido al departamento del trabajo para su estudio.” 43

En otros temas, relativos a la política social italiana, llegaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en abril y en agosto de 1933, sendos informes de la legación mexicana. En el primero de éstos se incluye una relación de los avances de las campañas de alfabetización, con comparativos numéricos entre el siglo xix y el xx al año de 1931. Pero en el mismo documento se informaba también acerca de las campañas contra la tuberculosis, de la reducción de los flujos migratorios de italianos al extranjero, de la producción industrial, de los avances en el intercambio comercial, así como sobre la presencia formal de bancos en Italia. Mientras que en el segundo informe, el de agosto, Manuel Téllez describía el panorama político de Italia comenzando por el nuevo rol de Mussolini al frente de las fuerzas armadas y su aparente fascistización, las maniobras militares italianas, el congreso socialista en París y la política internacional italiana.44

De igual forma, en junio de 1933 Horacio Uribe describía puntualmente los trabajos que en materia de acción social y cultural llevaba a cabo el fascismo, destacando por el lado cultural los Carri di Tespi, que llevaban espectáculos teatrales a campesinos y obreros de toda Italia. Mientras que por el lado de infraestructura urbana y previsión social, Uribe resaltaba con sorpresa la construcción de más de mil apartamentos, sólo en Roma, para los empleados ferroviarios, así como la creación del Ente Nacional para la Maternidad y la Infancia, “que proveía servicios de casa cuna, consultorios para las madres, asilos infantiles y refectorios para madres y niños, para un total de 1100 institutos creados en sólo un año en edificios ex profeso y con las mejores calidades de higiene y salubridad.” Y subrayaba, además, entre sus cifras, que mientras de 1925 a 1929 la población italiana había aumentado en un 4 por ciento, la producción en cambio creció en un 11 por ciento.45

De nuevo, en julio de 1933, Manuel Téllez envió un informe detallado acerca del primer año de funcionamiento del Instituto del Mobiliario Italiano, que se constituía para apoyar a empresas en crisis, información que fue girada para su conocimiento al secretario de la Economía Nacional.46 Y en agosto de 1933, la legación de Italia en México pedía al secretario de Relaciones Exteriores hiciera favor de entregar al presidente de la república las publicaciones a él personalmente dirigidas, de: “Utilización de las artes populares para los ‘loisirs ouvriers’, “Viterbo y su tierra”, “El fascismo para los trabajadores de la tierra”, “Costumbres, Música, Danza y fiestas populares italianas” y algunas más.47

En aquel mismo mes de 1933, Manuel Téllez finalizó uno de sus reportes con un apartado sobre León Trotsky y el fascismo, cuyos dirigentes, ante la persecución de que era víctima el político ruso en Francia, le insinuaban a través de Il Popolo d’Italia de Milán, que podía escoger, si así lo deseaba, Capri como residencia alternativa, lugar donde vivía tranquilamente y desde hacía años Máximo Gorki.48

En su informe político de septiembre de 1933, Téllez abordó de nueva cuenta los temas de la educación y formación de la infancia y juventud italiana. Hacía referencia a los centros estivos de mar, de montaña, lacustres, etcétera, donde año con año eran mandados los niños a hacer “vida sana”. Contaba Téllez en su informe que aquel año en particular el Partido Fascista había pagado los viáticos de tres mil niños, hijos de italianos residentes en el extranjero, así como de austriacos y alemanes, quienes pasaron un mes en Italia. Y refería también que al Grupo Universitario Fascista (guf) se le asignó un barco para emprender un recorrido turístico por varios países de Europa, con precios accesibles y a costas tanto del partido como de fondos privados. Téllez exponía con claridad y detalladamente las actividades deportivas y artísticas que se llevaban a cabo en esos campamentos, así como las de la Opera Nazionale Balilla, a la que, según lo escrito en sus informes, juzgaba de modelo sumamente interesante y se comprometía a seguir proveyendo informes de su estructura y funcionamiento.49

Nuevamente en 1933, en el mes de diciembre, Manuel Téllez redactó un recuento de la Obra Asistencial del Partido Fascista, la que entre muchas otras funciones, dijo en sintonía con el anticatolicismo campeador en los círculos de gobierno mexicanos, tenía la de ayudar a los desempleados sin hacerlos sentir la ayuda bajo la “forma de la caridad cristiana que rebaja tanto al individuo”.50

Finalmente, en su informe de noviembre de 1933, Manuel Téllez abundó en las corporaciones de categoría y habló de su formación, estructura, funcionamiento y reglamentación, así como de la disciplina en las relaciones colectivas. El informe incluía la ya para entonces célebre Carta del Lavoro, publicada en abril de 1927, la reforma del 20 de marzo al Consejo Nacional de las Corporaciones, haciendo tanto una descripción del mismo como de su conformación. Esta información llegó a través de Relaciones Exteriores hasta cada una de las “autoridades competentes”, según respondió con fecha del 26 de enero de 1934 la misma sre.51

En el tema del corporativismo de las asociaciones de trabajadores, de fundamental interés para el aparato político del régimen mexicano, “[lo] que se considera de importancia inmediata —comentaba Manuel Téllez en 1934— es que el gobierno de México esté informado paso a paso del giro que vaya tomando la organización corporativista, acto del gobierno italiano que entraña una verdadera acción revolucionaria de innegable valor histórico”.52

En eso coincidía Horacio Uribe, encargado de negocios ad ínterin de la embajada, quien en octubre de 1934, redactó una extensa relación (33 fojas), donde hacía un análisis del tema de las corporaciones y describía meticulosamente su estructura, su objeto, su composición, espíritu y funciones dentro del régimen. Y aunque hacía una crítica sustentada en la que calificaba de inocente el propósito de fondo de la teoría económica fascista, reconocía, sin embargo, que el aspecto político de la corporación era el más importante y profundamente revolucionario del sistema, por tratar de introducir el trabajo en la organización del Estado. Afirmaba el diplomático que el aspecto económico era el más interesante del sistema corporativo, pues reconocía que la iniciativa y la propiedad privada eran los ejes del progreso humano, pero que era, asimismo, indispensable la intervención del Estado.53 En un informe más, fechado el 31 de diciembre de 1934, Horacio Uribe describía la labor del Instituto Superior de Estudios Corporativos, del Trabajo y de Previsión, que se dedicaba prácticamente a la formación del obrero para defender sus intereses de clase, ideologizándole acordemente a los nuevos institutos.54

Iniciando el año 1934, en el mes de febrero, la legación de Italia entregó a Relaciones Exteriores tres ejemplares de la Carta del Lavoro, cuya introducción y comentarios corrían por cuenta de Arnaldo Mussolini.55 Mientras que en el informe político firmado el 31 de ese mismo mes de febrero, el ministro Manuel Téllez abordó de nuevo — ya lo había hecho Ezequiel Padilla en 1931— el tema del turismo, que tanto había crecido en Italia durante los años del régimen fascista, lo que era mérito en buena parte, a decir de los remitentes, de la Compañía Italiana de Turismo, creada en 1926. Téllez proporcionaba en su informe algunas cifras y advertía a las autoridades mexicanas cómo el turismo en Italia había llegado ya a la cantidad de 2 millones 500 mil visitantes en el 1933, lo que se traducía en ganancias para muchas empresas controladas por el Estado, como por ejemplo las derivadas de la adquisición de boletos de ferrocarril. Decía Téllez en su informe que todo esto obedecía a la atención que el gobierno le prestaba al tema, pues se había descubierto que el turismo bien organizado era una verdadera fuente de ganancia.56

Por último, en diciembre de 1934, cuando ya el maximato abría paso a la administración cardenista, Horacio Uribe mandó a México un informe más acerca de la formación política de la juventud, una de las tareas fundamentales del régimen y que en México estaba incluida en los estatutos del pnr. Esta labor estatal, decía Uribe en su informe, estaba basada en el aspecto intelectual, físico, moral y político, y a la postre habría de permitir al Estado mismo seleccionar a los elementos mejor dotados para el liderazgo político. “El fascismo —escribió Uribe— al preparar a los jóvenes para su política preserva la revolución.”57

Pero una última orden llegó a la legación de México en Italia antes de acabar ese año. En el mismo mes de diciembre, el día 6, el Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió a su representación, no se sabe con qué fines, que enviara urgentemente un estudio con detalles precisos sobre el sistema de propaganda internacional que empleaba el gobierno italiano.58

Por su parte, el 15 de diciembre de ese mismo año, la legación de Italia en México le comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que desde el día 9 de ese mismo mes habían comenzado a transmitirse a través de la estación a onda corta de Prato Smeraldo, Italia, los programas de radio para América Latina, y le proporcionaba las coordenadas donde podían estos ser escuchados. No se tiene información acerca de si Relaciones Exteriores giró a su vez este promocional a organismos de difusión pública abierta, pero sí obra en constancias que la noticia fue comunicada mediante nota oficial a las oficinas generales del Partido Nacional Revolucionario, quien le acusó por su parte de recibido en febrero de 1935.59

La sociedad

Contactos de otro tipo, por fuera de la política y la diplomacia, lo fueron las comunicaciones de algunos miembros de la sociedad civil con intereses en los proyectos fascistas. Uno de estos casos es el del doctor Jorge B. Carpio, director del hospital civil de Zumpango, quien, por ser probablemente un descendiente de italianos, participara como fiduciario organizador de un peregrinaje que el fascismo planeó en 1931 a instancias de la Asociación Nacional Arma de Caballería, con el objetivo de mantener vivos los sentimientos sociales y patrióticos de los ex militares italianos, y cuyo propósito era el de llevar en una visita a Italia a los ex combatientes italoamericanos en los meses de octubre y noviembre de 1932.60

Ejemplo de penetración cultural en sentido inverso, es decir de México a Italia, lo fue, en 1934, el proyecto personal que corrió a cargo de un célebre historiador y abogado mexicano, el licenciado Ramón Mena Isassi, quien proyectaba difundir la cultura mexicana en el mundo, y como parte de ese plan ofreció —por un precio de doscientos dólares— al ministro de Educación en Italia, una serie de películas referentes a la cultura azteca y fundación colonial de México, cuya primera proyección llevaba por nombre “La Piedra del Sol”. Pero la Italia fascista rechazó la oferta argumentando que, primero, no contaba con programas orientativos al estudio de la cultura mexicana, y después —decía, y era cierto— porque entre los idiomas en que dichas películas estaban traducidas no se contaba el italiano.61

Ulteriores esfuerzos de difusión cultural por parte del régimen fascista lo constituyen las misivas que durante el año de 1934 el Ministerio de Asuntos Extranjeros y la Oficina de Servicios de Propaganda adscrita a la sección de prensa del jefe del Gobierno, enviaron a las diferentes representaciones diplomáticas de Italia en México y al Fascio constituido en la ciudad de México. Esas comunicaciones se acompañaban de diversas películas para su proyección y difusión, entre las que se contaban “Campamentos del Año ix”, “Año ix”, “Discurso del Duce en Turín”, “Umbria”, “Giornale n° 439”, “Stramilano”, “Giornale Die n° 2 parte tercera”. Estas películas fueron proyectadas y difundidas con gran éxito entre diversas personalidades mexicanas, así como entre los “camaradas del fascio mexicano”, no sólo en la ciudad de México sino también en Tampico, Monterrey y Chipilo, según lo referido por Ponzanelli, secretario fascista de la zona en la misiva 439 del 7 de agosto de 1934.62

Un envío más tenía como destinatario final a un público que incluía personajes del ejército. El 12 de octubre de 1934, el ministro de la legación italiana en México solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el envío de algunas publicaciones en lengua española con motivo de una petición realizada por parte del general Amezcua y “otras personalidades locales”. Las publicaciones que se especificaban eran: la “Carta del Trabajo”; el “Discurso de Mussolini sobre la constitución de las Corporaciones”; “Del desarrollo y la actividad del ordenamiento corporativo en el primer decenio de la Era Fascista” y “otras publicaciones de ese tipo”.63

Conclusiones

La de México e Italia durante los años del callismo y del fascismo fue una relación diplomática más bien complicada, de desencuentros y desconfianza entre los gobiernos, que llegó a impactar también en la política y las relaciones comerciales. Sin embargo, hubo siempre, subyacente y velado, un interés de la clase política mexicana por el fascismo que contrariaba a la retórica socialista del régimen, cuyos discursos comportaban la oposición oficial al régimen de Mussolini, Ello no impidió, sin embargo, que en México algunos sectores de la sociedad continuaran mostrando un interés o simpatía por el fascismo que los llevaba a acercarse a las instancias oficiales y de representación italianas.

El estudio de formas de gobierno como lo era el fascismo, se debe en buena parte a las necesidades que la fase de reconstrucción nacional posrevolucionaria callista debía afrontar, lo que daba pie a la exploración y en algunos casos a la imitación de modelos operativos que funcionaran para México. Por su parte, la Italia mussoliniana de los primeros años atrajo la curiosidad e incluso la admiración de muchos, como se puede intuir a partir del interés que el fascismo generaba en la propia sociedad mexicana. Esto no sugiere que la Italia fascista determinara las conductas y políticas del gobierno callista mexicano, que si bien reprodujo ejemplos de otros países en temas específicos, también fue muchas veces conductor de procesos endémicos que arrojaron resultados originales sin referente en alguna otra parte del mundo.

Lo que los partes diplomáticos y las misivas de políticos de visita en Italia ponen de manifiesto, es que políticos y funcionarios mexicanos de los años del callismo quisieron comprender el fascismo y se interesaron por algunos aspectos particulares de éste. Ahora bien, ¿sirvieron esos modelos, o parte de ellos, de ejemplo para el gobierno mexicano? La frecuencia y detalle de los informes en materias como la organización de corte corporativista y obras como la del Dopolavoro y las agrupaciones de jóvenes, así parecen sugerirlo, pero la pregunta merece aún estudios más profundos. Hasta ahora no puede responderse a cabalidad ni en un sentido ni en otro.

Fecha de recepción: 2 de marzo de 2015

Fecha de aprobación: 1 de julio de 2015

1 Scarzanella, Eugenia, Fascistas en América del Sur, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 103 y 104.

2 Un ejemplo de ello lo representa el asunto del telegrama Zimmerman, de 1917.

3 Reyes, Alfonso, Obras completas: Memorias, t. xxvi, México, Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 46.

4 Savarino, Franco, Política y diplomacia en la época del fascismo, 1922-1932, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2003, p. 49.

5 Un recuento completo sobre el entero viaje de la Nave Italia se encuentra en Savarino, Franco, y Joáo Fabio Bertonha, El fascismo en Brasil y América Latina, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2013, pp. 67-96.

6 Savarino, Política y diplomacia en la época del fascismo, pp. 37-38.

7 Archivio Centrale dello Stato (en adelante acs), Presidenza del Consiglio di Ministri, 1924, N. 3.14.351

8 Grenet decide, “por las condiciones sanitarias del puerto”, no desembarcar de la nave ni acompañar a Giovanni Giuriati, el embajador extraordinario, a la capital. Lo sustituye al efecto el comandante Cattani. Archivio Storico della Marina Militare (en adelante asmm), exp. 2423.

9 asmm, exp. 2423.

10 asmm, exp. 2423.

11 Juan Andrew Almazán prohibió a la legación italiana bajar de la nave con sus camisas negras puestas, buscando prevenir una posible confrontación violenta con elementos de la crom, que se manifestaban en contra de la visita de la Nave Italia con motivo del reciente asesinato de Giacomo Matteotti.

12 Texto del telegrama en Savarino, Política y diplomacia en la época del fascismo, pp. 61-65.

13 acs, Presidenza del Consiglio di Ministri, 1924, N.3.14.351.

14 En entrevista concedida al periodista Isaac F. Marcosson, del Saturday Evening Post de Filadelfia en febrero de 1927. En Ibarra Hernán, Gabriela, Plutarco Elías Calles y la prensa norteamericana, 1924-1929, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1982, p. 88.

15 acs, Presidenza del Consiglio di Ministri, 1926 N.3.8.4.2299.

16 Córdova, Arnaldo, La revolución en crisis, la aventura del maximato, México, Cal y Arena, 1995, p. 387.

17 Eduardo Hay encabezó esta lista, seguido por Julio Madero, Leopoldo Blásquez, Rafael Nieto, Alfonso Herrera Salcedo, Carlos Puig Cassauranc, Alfonso Acosta, Luis N. Rubalcava, Manuel Denegri, Bernardo Gastélum, Luis Padilla Nervo, Ezequiel Padilla, Manuel C. Téllez, así como Octavio Reyes Spíndola y Horacio Uribe, todos diplomáticos durante los años del callismo y consiguiente maximato.

18 Archivo Histórico “Genaro Estrada” de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante ahge-sre), exp. 39-7-68.